Editorial
Fuerte nubarrón amenaza al empresariado Como dice la canción del Binomio de Oro, “un fuerte nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta” impositiva para el empresariado nacional, especialmente el de Bogotá porque tanto el Gobierno Nacional con el Proyecto de Ley de Financiamiento como la Alcaldía de Bogotá con el Cobro de Valorización se despachan con medidas impositivas que afectarán en forma grave el desempeño de las empresas. Aunque el Proyecto de Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que una reforma tributaria no estructural como la requeriría el país, contempla la reducción del impuesto de renta para las empresas, los efectos nocivos para ellas serán grandes al contraer la demanda, y a que a pesar de que hoy 23 de noviembre cuando se esto se escribe, la prensa anuncia que se cayó el IVA a la canasta familiar, se trata de una verdad a medias pues igual se anuncia que los alimentos procesados y los insumos a la cadena productiva industrial agropecuaria, algunos de los cuales no tenían IVA o lo tenían mas bajo, serán unificados con IVA del 19 por ciento, no solo afectando a los consumidores, sobre todo el de los menos favorecidos, sino que al reducir drásticamente la demanda se caerán las ventas y por ende las utilidades de las empresas. ¿Qué gana la PyME con rebaja de impuesto a las ganancias si estas se reducen drásticamente o desaparecen por los efectos del IVA? De paso, ¡demagógicamente el Congreso aprueba una prima extra de medio salario que encarece más la carga prestacional que deben asumir las empresas! Y más, la Ley de Financiamiento le coloca IVA a la cadena productiva de la industria farmacéutica nacional y elimina el IVA a estos mismos productos importados. ¡El Colmo! Es como si el contrabando, los TLC y la rebaja unilateral de aranceles no hubieran causado los ya indiscutibles estragos que vienen generando en la industria nacional. Acopi insiste en un tratamiento diferencial en temas fiscales para la PyME, el Proyecto solo habla del SIMPLE que es igual al fracasado monotributo que grava los ingresos y no las ganancias y que -en gracia de discusión- tendría aplicación para las microempresas pero no para las PyME. Lo que solicitamos al Gobierno y al Congreso es una tasa inferior de impuesto de renta para la PyME, que haya la progresividad ordenada por la Constitución y un alivio tributario para las empresas de manufactura. Esto existe en
Alfredo Castellanos Presidente de la Junta Directiva muchos países con los que Colombia compite o le tocará en el futuro, pues existe el temor de que el gobierno Duque continúe las negociaciones con otros TLC que asfixiarán la producción nacional. El costo para el fisco sería muy pequeño y en cambio el beneficio para la PyME y la economía del país sería grande. Fijar una tarifa de impuesto de renta del 30 por ciento para todas las empresas sin importar su tamaño, realmente beneficia solo a las grandes empresas como bancos y otras grandes generadoras de utilidades que no necesitan estímulos para quedarse en el país. Pero si por lo nacional llueve, por Bogotá no escampa. El alcalde Peñalosa logró, todo indicaría que tal vez a punta de mermelada, la aprobación del Acuerdo, para el cobro de valorización a varios sectores de la ciudad. Ese esperpento de Acuerdo fue aprobado sin estudios previos de capacidad de pago de los contribuyentes y a pesar de que no todas las obras a financiar con anteriores cobros de valorización fueron ejecutadas. A los predios comerciales se les fijó hasta 2.5 veces el último predial. Esto agrava la situación de las empresas en Bogotá y propiciará aún más el traslado de las empresas bogotanas hacia municipios vecinos. Acopi-Bogotá agradece a los concejales de diferentes vertientes políticas que votaron en contra del Acuerdo, condena la actitud de los concejales que facilitaron ese injusto cobro y anuncia que seguirá luchando contra ese cobro de valorización junto a otros gremios como Fenalco, Asempto, Asociación de Empresarios de Las Américas y con todas aquellas organizaciones de empresarios con quienes se coordinaron acciones de protesta para rechazar el Acuerdo.
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