¿QUÉ TAN CONVENIENTE SERIA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE CORABASTOS?

Actualidad gremial

Por. Héctor Veloza Director Ejecutivo de Conalco –Corporación Nacional de Comerciantes de Corabastos Miembro de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca

Hace un mes, en medio del debate de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2019, se incluyó en el cuerpo del proyecto de ley el artículo 136, cuyo objetivo era la venta de paquetes accionarios que la Nación tiene en las centrales de abastos. La medida se consideró justificada para el Gobierno, toda vez que con los recursos captados se podría pagar del déficit fiscal y se podría realizar inversión estatal. A contrario sensu, expertos en el tema han asegurado que la venta de Corabastos no ayudaría mucho en el pago de la deuda y no “le haría ni cosquillas” a ese faltante. De otra parte, se aprobó que el Presupuesto General de la Nación iría destinado en más de la mitad para el pago de la deuda estatal, en contraste con un porcentaje muy mínimo (menor incluso que el de los gobiernos anteriores) para la agricultura.

Corabastos en la actualidad es una sociedad de economía mixta, es decir, cuenta con patrimonio privado y patrimonio estatal (de todos los colombianos). El 58% es privada y el 42% de la Nación.

La idea de privatizar completamente la central no es nueva, puesto que ya se había ventilado en 2007, época en la cual el Gobierno de entonces justificó que “no representa un riesgo para la seguridad alimentaria de los colombianos, dado que la seguridad alimentaria del país no depende de la participación del Gobierno en estas centrales, ya que éstas administran y arriendan bodegas y espacios a los comerciantes, pero no producen alimentos ni vende alimentos. La seguridad alimentaria depende de la reactivación económica del campo, y eso se logra con inversión en las zonas rurales”.

Esa premisa se cae de su propio peso si tenemos en cuenta que Corabastos, la central de abastos más importante del país ubicada en Bogotá, es actualmente eje determinante en nuestra cadena de producción y comercialización de alimentos (25% de la comercialización nacional), a la que diariamente entra un promedio de 12.400 toneladas de alimentos. Debido a ello, se ha convertido en formadora de precios a nivel nacional, y es hoy en día bastión del campo colombiano, puesto que ha permitido que muchos productores agrícolas nacionales accedan al mercado interno en medio de las dificultades propias de su gremio, como la falta de tecnología, pocos incentivos por parte del Estado, insumos costosos, la gasolina más cara de la historia, peajes impagables, además de la competencia desleal de los productos extranjeros que antes se cultivaban y ahora ingresan

Fuente: eltiempo.com

al país libres de aranceles, gracias a los TLC. De igual manera Corabastos es el principal abastecedor de las tiendas de barrio, restaurantes, minimercados, etc.

En resumen, gracias a la central se permite a la mayoría de la población del país el acceso a alimentos saludables y frescos. Es decir que la seguridad alimentaria sí depende en gran medida de Corabastos.

Pese a que la propuesta de privatizar completamente la central se hundió en el Congreso, el debate al respecto se volvió a abrir y las dudas empezaron surgir, y, tal como en 2007, muchos empezaron a preguntarse acerca de los riesgos y beneficios que podría traer una eventual venta de las acciones estatales de la principal central de alimentos del país.

“¿Sería bueno para nosotros?”, se preguntan los más de 6.500 comerciantes de la central y una población que se estima en más de 100.000 personas y que dependen directamente de Corabastos. Hay que aclarar que los comerciantes de la central ejercen su actividad bajo la figura de arrendatarios, y poseen una prima comercial gracias a la acreditación de sus negocios durante más de cuatro décadas. Por esta razón, para la mayoría de comerciantes resultaría atractiva la idea de la enajenación total de la central, pero única y exclusivamente para ellos, quienes pasarían de ser subarrendatarios y se convertirían en dueños de sus locales, una ilusión valida, teniendo en cuenta que han sido generaciones las que han comercializado en Corabastos.

De acuerdo a la Ley 226 de 1995, existe un grupo preferente al que se le venderían en primera instancia las acciones, en el que estarían los trabajadores de la central y las cooperativas de comerciantes de la central, planteamiento que alimenta aún más la expectativa para los comerciantes, que con justa razón anhelan ser dueños de la central.

Sin embargo, se presenta el problema de que este grupo no tiene el musculo financiero para comprar la totalidad de las acciones puestas a la venta, quedando entonces a merced de los grandes pulpos económicos. También hay que tener en cuenta que el mercado de valores trae consigo distintos riesgos como los de liquidez, inflación, interés, etc., difíciles de sortear para neófitos que nunca se han sumergido en los océanos del mercado de valores, en donde pululan los llamados Lobos de Wall Street.

¿Para los usuarios existiría algún riesgo? La Ley 226 de 1995 prevé que los nuevos dueños podrían cambiar los estatutos y el objeto social de la central. De ser así, estaríamos ante la quiebra total de las tiendas de barrio que hoy en día se mantienen vivas pese a la competencia desleal de grandes cadenas, la desaparición de pequeños restaurantes, la monopolización del mercado de alimentos por parte de algunas grandes superficies, quienes al no tener competencia impondrían los precios al consumidor, y como corolario, la quiebra del agro nacional. En conclusión, se pondría en grave riesgo la seguridad alimentaria de todos los colombianos.

Queda abierta la discusión, no solo sobre el tema de la privatización total de Corabastos, sino de la importancia de la central de alimentos más importante del país, que al igual que el sector agrícola, ha visto el olvido crónico de un Estado que cada vez más se olvida del bienestar de su población.