CARGAS IMPOSITIVAS ¿UN IMPEDIMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS PYME EN COLOMBIA?

Dossier: Reforma tributaria

Por. Shehiner Rodríguez Investigador Asociado

Es evidente que para Colombia el petróleo es más que la autosuficiencia energética. Durante los últimos 16 años, la estabilidad económica ha dependido de las exportaciones petroleras. Para agosto de 2018 las ventas externas del país fueron de 3.611,2 millones de dólares FOB y presentaron un aumento del 13,1% con relación a agosto de 2017, con una participación total del 58,5% del valor FOB de las exportaciones, mientras para las manufacturas, la participación es apenas del 20%, productos agropecuarios, alimentos y bebidas representaron el 17,4% y otros sectores el 3,7%. Principalmente el crecimiento proviene del incremento de las ventas externas del grupo de combustibles y demás productos de las industrias extractivas, según las cifras emitidas recientemente por el DANE.

Ante esta situación, la economía nacional debería inclinarse por las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a lo manifestado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

Las pyme fomentan el desarrollo económico y social del país, son grandes generadoras de empleo, tienen flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del sector productivo y también son capaces de liderar procesos complejos de estructuración empresarial. Adicionalmente pueden lograr menores costos de producción como consecuencia del contacto cercano con clientes y la toma de decisiones más rápidas.

Dicha entidad también presupuesta que las pyme cuentan con condiciones de acceder a mercados diversificados a través de la exportación o ventas a cadenas de grandes superficies, y cadenas de valor globales, beneficiándose de las transferencias de tecnología. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este tipo de empresas se han convertido en la base empresarial, no solo colombiana sino a nivel mundial (Comisión Económica para América Latina).

El objetivo principal con la creación de las pyme según el artículo 1 de la Ley 590 de 2000 es: “Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos”.

En Colombia, para el año 2014, se crearon 67.564 empresas, mientras que para el primer trimestre de 2015 la cifra aumento a 86.980, de estas, el 95% del total de las compañías en Colombia son pyme (Misión Pyme, 2015).

Las pyme se crearon para que personas con pequeños capitales puedan ser dueños de sus propias compañías, además puedan generar empleo y desarrollo económico. Una de las principales barreras que impiden el desarrollo de estas empresas es la inestabilidad de las normas que regulan las cargas tributarias para estas compañías.

Según estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF-, aunque las cargas tributarias promueven el desarrollo socioeconómico, también es cierto que en Colombia deben enfrentarse a situaciones que limitan e impiden el progreso, pero sin lugar a dudas una de las grandes dificultades que afrontan las pyme para su desarrollo es el sistema tributario nacional. El problema de la inestabilidad jurídica genera estancamiento económico, al verse esta clase de empresas, obligadas a desistir de su actividad comercial repercutiendo e impactando de manera negativa en la sociedad.

En este contexto, las pyme se han consolidado como uno de los ejes principales para el impulso del sector empresarial colombiano y por tanto de la economía nacional. Para el año 2002 Asobancaria presentó un informe donde las pyme representaban el 96% del total de las empresas del país, generando cerca del 63% del empleo y aportando el 25% del PIB. Actualmente, la relevancia que han adquirido estas empresas ha sido de tal magnitud que soportan el 40% del PIB nacional sin incluir que se constituyen como el corazón del sector empresarial colombiano porque para el año 2015 ya se encontraban registradas alrededor de 2,9 millones de pyme en las Cámaras de Comercio del País (Redacción Dinero, 2015).

Para ese mismo año el panorama no fue nada alentador. Podemos evidenciar más de 90 mil empresas que cerraron sus actividades, dichas empresas tenían en sus nóminas a 30.687 empleados y acumularon pasivos por 5.821 millones de pesos. Los sectores más afectados fueron el manufacturero, con el 33,21%, del comercio con el 25,9% y servicios con el 14,94%. (Redacción Portafolio 2016).

La excesiva carga fiscal para las pyme, ya ha sido objeto de estudio por otros autores en el pasado en la que se consolida una sola posición: la carga tributaria desmedida provoca el ahogamiento de las mismas, obligándolas a cerrar o a operar al margen de la legalidad aumentando la competencia desleal.

En el 2010 Morales Sarmiento identificó varias problemáticas a partir de cifras oficiales, relacionadas con la ineficacia del sistema tributario colombiano y su impacto en las pyme. Al respecto, el autor indica: “Este adverso posicionamiento es efecto de la alta tasa impositiva que representa Colombia. Según el informe, es del 78,7% y, (…) se posiciona como la tercera tasa más alta entre los países latinoamericanos, superando significativamente el promedio global y latinoamericano calculado, y cuyo mayor grado de afectación se da por efecto de los impuestos laborales y contribuciones, además de los otros impuestos y el impuesto a las ganancias ocasionales”.

Así las cosas, una pyme ubicada en Colombia debe destinar casi el 80% de sus utilidades generadas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e impuestos laborales y demás contribuciones. Sin tener en cuenta los gastos que se deben asociar para poder cumplir con dichas obligaciones.

El sistema tributario nacional se caracteriza por su complejidad, la diversificación de tributos, mecanismos de recaudos agresivos, ausencia de cultura y orientación tributaria clara, altas tarifas e inestabilidad jurídica, también presenta fenómenos preocupantes de bajo recaudo, alta evasión y elusión tributaria. Todas estas situaciones aparte de tener adversos efectos macroeconómicos y generar situaciones de inequidad social y pobreza, dificultan la creación, sostenimiento y expansión de empresas.

En el informe realizado por la firma Pricewaterhouse Coopers 2016 (PWC), se indica que las pequeñas y medianas empresas, de cada 100 pesos de sus utilidades destinan 66,2 pesos para el pago del impuesto de renta, es decir, que el 19,9% de sus ganancias termina en el pago del impuesto de renta, teniendo en cuenta los descuentos, y que el resto de las compañías destinaron a impuestos 75,4% de cada 100 pesos de utilidades, ubicando a Colombia como el tercer país de la región con mayor tasa de tributación luego de Argentina (137,3%) y Bolivia con el (83,7%).

En el pasado se han realizado reformas para tratar de aliviar las cargas, como, por ejemplo, la reforma tributaria del año 2012 en la cual se pretendían la disminución de costos no salariales. Sin embargo, el panorama respecto a los demás países del mundo es desalentador y preocupante: Colombia paga más impuestos que el promedio mundial que es del 40,9%.

De acuerdo a este panorama, los empresarios encuentran un impedimento al momento de crear una empresa, restándoles competitividad y estancamiento económico y social. El empresario pyme está siendo regido por las mismas normas de cualquier empresa grande, lo cual produce sobrecostos en sus operaciones, porque además de la carga impositiva, por lo general estos empresarios no son expertos en temas contables y financieros, por lo cual deben encargar y pagar a un profesional idóneo y especializado para que se haga cargo de esa área específica.

Se puede evidenciar cómo la alta tributación se convierte en un factor que entorpece y estanca el desarrollo económico, social y tecnológico del país ya que debido a esto las personas le apuestan más al trabajo informal que no tiene tantas trabas y genera mayores ingresos.

La Ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional será la reforma tributaria número 14 en los últimos 28 años, lo que ha convertido a la legislación colombiana en una colcha de retazos como ya alguna vez lo habían mencionado (Castro Jaime y Figueroa Alfredo), en cuanto a reformas constitucionales y enmiendas se refiere.

La mayoría de las reformas se realizan para aumentar los recaudos y evitar graves problemas fiscales y de tesorería. Debido a los constantes cambios de la normatividad frente a las cargas tributarias impuestas a micro, pequeños y medianos empresarios, más de 90 mil empresas han cerrado sus operaciones, de las cuales el 95% total de compañías en Colombia son pyme, según datos del Ministerio de Industria y Comercio.

Esto puede tener como consecuencia el incumplimiento de políticas de desarrollo, ya que el progreso económico de un país depende del Producto Interno Bruto y del aumento de la renta per cápita, lo que se logra cuando las empresas incrementan la utilidad. De esta forma, es posible que, si el gobierno mantiene los tributos excesivos, los recursos de los empresarios disminuyan, lo cual conlleva a la evasión excesiva de impuestos, pudiendo inducir a los dueños de las pymes a la ilegalidad, de lo que solo se logra la disminución de ingresos de recursos estatales generando desempleo, pobreza, inseguridad, informalidad empresarial, violencia, entre otros.