DIALOGO SOCIAL PARA EL TRABAJO DECENTE

Representación gremial

Por: Yecyd Parado Leal Miembro de Junta Directiva de Acopi Bogotá- Cundinamarca

En desarrollo de los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, en especial las líneas emanadas por la OIT sobre Oportunidades de empleo, Derechos fundamentales del Trabajo, Protección social y Dialogo social, en el país se ha venido generando una serie de normas que se conocen como política pública sobre el trabajo decente y digno, el cual tuvo importante impulso en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, así como en la política pública local, como fue el caso del Decreto 380 de 2015 en el Distrito de Bogotá.

En Cundinamarca también se hacen importantes esfuerzos para llevar la política pública que desarrolla los postulados del trabajo decente y digno a las diferentes provincias, con el liderazgo del Gobierno Departamental y los entes locales.

Un articulador de primer orden en el desarrollo de la política pública es el dialogo social, que tiene fundamento en el tripartismo. De acuerdo a la metodología desarrollada en el dialogo sectorial para el trabajo decente realizado en la Villa de San Diego de Úbate, con el dialogo social “se busca promover la participación de los representantes del tripartismo en la región (representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores), y demás interlocutores sociales clave, abordando la temática desde diferentes perspectivas. Por tanto, los panelistas invitados corresponden a expertos que promueven el trabajo decente desde diferentes ámbitos: hacedores de política pública, implementadores de programas de desarrollo, generadores de empleo, garantes de los derechos de los trabajadores”.

Para Acopi Bogotá-Cundinamarca ha sido importante tomar vocería a favor de las mipyme en el dialogo social que permite el tripartismo, haciendo parte de los comités regionales de concertación, mediante las Subcomisiones de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tanto de Cundinamarca como de Bogotá.

El 7 de octubre se conmemoró el Día Internacional de Trabajo Decente, entendido como el “trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que se plasma a través del respeto de los principios de igualdad de género y no discriminación”. Allí se abordaron paneles que desarrollaron dos temas de gran importancia: la formalización laboral y protección a los trabajadores, y la generación de empleo y seguridad social.

Sobre lo anterior, queda llamar a la reflexión del Gobierno Nacional en el sentido de que se piense si el Estado está generando el ambiente propicio para que el mismo, como generador de empleo, incentiva y promueve el trabajo digno, o por el contrario, abusa de figuras como los outsourcing o los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Por otra parte, reflexionar si están dadas las condiciones como país para generar un aparato productivo robusto, fortalecido y con garantías de desarrollo para que el sector privado abandere y promueva las buenas prácticas laborales. En ese sentido, me pregunto ¿dónde está la coercibilidad del Estado para apretar los fenómenos de informalidad, o, mejor dicho, promover la formalidad laboral y empresarial? ¿cuál es el incentivo que estamos dando como país para que los informales abandonen esas prácticas restrictivas, desleales y perjudiciales para la seguridad jurídica del país?

Los retos siguen siendo grandes, y más en la provincia. Necesitamos resolver esos interrogantes para que la política pública de trabajo decente desplegada en las Subcomisiones de Concertación Laboral y desarrolladas en los paneles de dialogo social como los de Ubaté, en Cundinamarca, sean eficaces, aplicables a las dinámicas laborales, y no se queden como políticas de Dinamarca para aplicar en Cundinamarca.