Fue en esa ocasión que conocí a Ricardo Arias Calderón; me impresionó mucho su claridad, profundidad y fluidez; gran conversador, muy interesado en todos los programas que realizaba la Procuraduría General de la Nación como parte del sistema de justicia. Para mi sorpresa estaban también un grupo de fiscales y futuros fiscales quienes se llamaban entre ellos los Top Ten. Recuerdo especialmente a Rosendo Miranda, quien en ese momento era el Secretario de Drogas, quien fue designado Fiscal Primero Superior y a Guillermina McDonald. El lunes siguiente, a mediados de septiembre, comenzó la transición en la oficina que el procurador Jorge Ramón Valdés habilitó con personal secretarial, nombrándola oficialmente como la Oficina de Transición. El período de transición culminó el 2 de enero de 1995 cuando formalmente Jorge Ramón Valdés entrega la Procuraduría General de la Nación a José Antonio Sossa Rodríguez con un breve, pero amigable discurso. Un dato poco conocido fue el momento en que Jorge Ramón Valdés, sale de la Procuraduría solo sin guardaespaldas y sin carro, a esperar un taxi que lo llevara a su residencia; dos personas bajamos las escaleras de la casita de la Procuraduría detrás de él, Gretta Marchosky y yo para verlo salir y despedirnos. 2.1.
La instrucción penal como política de Estado
Es común afirmar, cuando se examinan las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, que una de las más importantes se refiere a la persecución de los delitos, entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del Estado como defensor de los intereses de la sociedad en la conservación de la paz social. Esencialmente, apunta a que el Ministerio Público es la entidad a la que recurre la sociedad para proteger sus bienes jurídicos más preciados35. 35
Artículo 220 de la Constitución Nacional.
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