2.1.4. Estrategia nacional en materia de drogas

sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso.

En este marco de ideas queda perfectamente justificada la introducción de reformas al Código Judicial con las figuras del Principio de Oportunidad y de la Concertación Social. Son en sí, herramientas de paz social que ayudan a reducir la tensión entre el derecho penal y los derechos humanos.

2.1.4. Estrategia nacional en materia de drogas

La década de los noventa vivió un incremento alarmante en los delitos relacionados con drogas, por lo que de manera particular la lucha se centró en perseguir con éxito a los traficantes y a los lavadores del dinero proveniente de ese despreciable negocio 64 . Con estas palabras, el más alto representante del Órgano Ejecutivo reconoció desde el inicio de su mandato, la necesidad de fortalecer la estructura institucional de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público, para transformarlos en entes modernos, dinámicos y efectivos en la persecución de los delitos.

Como primer paso en este camino, Sossa se enfocó en la especialización de la gestión transformando la Secretaría de Drogas hacia una Fiscalía Especializada, designando a partir del 5 de enero de 1995, al nuevo Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Rosendo Miranda, quien hasta ese momento había ocupado la posición de Secretario General de Drogas. Un año después, en enero de 1996, se crea la Fiscalía Delegada de Drogas, adscrita y subordinada al Fiscal de Drogas con mando y jurisdicción en Colón y la comarca Indígena de San Blas (hoy comarca Guna Yala). La sede de la Fiscalía delegada se estableció en la ciudad de Colón65 .

64 Ibid. 65 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Ministerio Público, Informe sobre la Marcha de la Instrucción Judicial. Diez años de Gestión 1995-2004, Panamá, noviembre de 2004, p. 65.

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Posteriormente, mediante la Resolución Ejecutiva No. 87 de 12 de septiembre de 1996, se reforma la estructura de personal y se crea la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, que estuvo a cargo de Patricio Candanedo, quien fue designado en octubre de ese mismo año. Sólo algunos meses después, en marzo de 1997, la Procuraduría General de la Nación crea y regula el funcionamiento de la Fiscalía Especializada de Drogas con mando y jurisdicción en las provincias de Herrera y Los Santos, con sede en Las Tablas66 .

Con este nuevo marco jurídico y la creación de nuevos despachos administrativos, se va perfilando una estrategia que busca perseguir el narcotráfico nacional e internacionalmente desde una plataforma eficiente sustentada en tres pilares: especialización y capacitación, coordinación e integración67 .

El primer pilar se perfiló hacia una capacitación que empoderara a los funcionarios de las Fiscalías Especializadas y las Fiscalías Delegadas en el uso de herramientas y técnicas especializadas en la lucha contra el narcotráfico. Las capacitaciones se extendieron para incluir a los miembros de los estamentos de seguridad que participaban en la investigación de los delitos de drogas. Es así como se crearon grupos especializados en la Policía Nacional, el Servicio Marítimo Nacional, el Servicio Aéreo Nacional (ambas instituciones constituyen hoy en día un solo cuerpo denominado Servicio Nacional Aeronaval), la Dirección de Aduanas y la División de Estupefacientes de la PTJ68 .

El segundo pilar consistió en el mantenimiento de una coordinación interinstitucional eficiente. Para ello se designaron a las Fiscalías de Drogas como entes de supervisión y dirección de la instrucción penal69 .

66 Ibid. 67 Ibid. 68 Ibid. 69 Ibid.

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Como elemento aglutinador de los otros dos pilares se utilizó la integración de los estamentos policiales entre sí y de éstos con las Fiscalías de Drogas. Ésta (la integración) le dio el impulso que necesitaba la estrategia de lucha contra el narcotráfico, en materia de optimización de los recursos, promoción del intercambio de información y establecimiento de metas definidas y alcanzables70 .

La política de especialización que emprendió Sossa llevó a la creación de Unidades Especiales, sobre todo en la investigación de los delitos conexos al tráfico de drogas, como los delitos de blanqueo de capitales. Es en este contexto que se crea la Unidad de Investigación Financiera, como cuerpo policial adscrito administrativamente a la PTJ, pero que operativamente funcionaba bajo la dirección técnica de las Fiscalías de Drogas.

En esta misma línea, se crearon en el año 2000 grupos de tarea conjunta tanto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como en los puertos del área Atlántica en Colón. En estos grupos participaban funcionarios de la Policía Nacional, Aduanas, Migración y la PTJ. Su objetivo era realizar las diligencias preliminares de investigación en los casos de narcotráfico y lograr una coordinación expedita y certera con las Fiscalías de Drogas71 .

Asimismo, se creó la Unidad de Investigaciones Sensitivas (UIS) para adelantar investigaciones de narcotráfico que involucraran organizaciones trasnacionales o carteles. Esta unidad policial funcionaba dentro de la PTJ y por el grado de especialidad de su labor se le dotó con tecnología de punta, para realizar vigilancias por medios electrónicos, videos y escuchas telefónicas72 .

70 Ibid. 71 Ibid., p. 66. 72 Ibid.

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Durante el período de Sossa, el CONAPRED también jugó un papel importante en el fortalecimiento institucional, por lo que se trabajó arduamente en la elaboración y desarrollo de la Estrategia Nacional en Materia de Drogas que tuvo una vigencia de cinco años de 1996 al 2001. Esta Estrategia se sustentó en escrupulosos estudios sobre la situación en torno a la oferta y la demanda de la droga en el país. Igualmente, en dicha Estrategia se delinearon planes generales de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas narcodependientes.

Complementariamente y en línea con las funciones del Ministerio Público se incluyeron en la Estrategia, medidas coordinadas de represión e incautación de tráfico ilícito y acciones para evitar la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico (medidas antilavado de dinero) y de los delitos conexos.

Las actividades de prevención integral del uso indebido de drogas, demandó la activa participación de entes gubernamentales, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Desde el Despacho de la Primera Dama se organizaron acciones concretas de prevención como el “Pacto por la Niñez Panameña73” y la Coalición de Panamá “Por una Comunidad Libre de Drogas”74 .

73 El Pacto por la Niñez fue firmado el 1 de noviembre de 1994, bajo la dirección del Despacho de la Primera Dama de la República, con la participación de instituciones públicas vinculadas con el sector social, organizaciones no gubernamentales, entidades cívicas y de UNICEF. El Pacto se constituye en una convocatoria nacional a todos los sectores, a fin de reivindicar los derechos de la niñez panameña en todos sus aspectos y tuvo como propósito “aunar esfuerzos más allá de los organismos gubernamentales, para lograr que todos los niños y las niñas tengan acceso real a la seguridad y al disfrute de los derechos inherentes a su condición, los que se encuentran consignados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990)”. SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL, Informe Nacional sobre el Seguimiento de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, Panamá, diciembre, 2000, p. 6.

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Participación destacada, dentro de la sociedad civil, fue la de la Cruz Blanca Panameña, organismo consultivo de la Naciones Unidas. Realizó un ingente trabajo voluntario en materia de prevención a través de programas dirigidos a la niñez y jóvenes. Adicionalmente, prestó apoyo por medio de una línea de auxilio y un programa de tratamiento ambulatorio y de orientación. En julio de 1998, debido al valioso trabajo realizado por la Cruz Blanca, el Procurador General, por medio del CONAPRED, revierte dineros del narcotráfico y realiza una donación de cincuenta mil balboas (B/.50,000) entregados a la entonces presidenta de dicha organización Margarita Reátegui. La donación estuvo destinada a apoyar a la Cruz Blanca en la adquisición de una propiedad para las instalaciones de la organización.

En lo que respecta al aporte de CONAPRED en la lucha coordinada a nivel regional contra el narcotráfico, fui invitada como Secretaria Ejecutiva de esta comisión, por el entonces Coordinador de la Comisión Presidencial de Alto Nivel Contra el Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico, Gabriel Castro, a participar de las evaluaciones que el Comité de Acción Financiera del Caribe (CFATF por sus siglas en inglés) realizaría en Panamá. Como parte de las acciones impulsadas por el CFATF, Panamá aceptó en julio de 1996 someterse voluntariamente a una evaluación mutua sobre los logros

UNICEF, Evaluación del Pacto por la Niñez Panameña, Panamá, octubre, 1995. 74 El Despacho de la Primera Dama constituyó la Coalición de Panamá “Por una comunidad libre de drogas”, en la cual se convocó a los sectores más activos de la sociedad: instituciones gubernamentales, clubes cívicos, gremios y organizaciones no gubernamentales. Esta coalición estuvo orientada al fortalecimiento organizacional de la juventud del campo y de la ciudad; a la producción de conocimientos sobre el consumo de drogas de preadolescentes y adolescentes, al estudio de la violencia en el medio escolar, a la elaboración y puesta en marcha de servicios básicos en beneficio de las personas jóvenes en las áreas de salud preventiva, educación, cultura, trabajo, saneamiento ambiental, recreación, deportes y desarrollo organizacional de la juventud.

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alcanzados hasta el momento en la lucha contra los delitos relacionados con drogas. Se designó para esta evaluación un “Comité Examinador” de tres expertos que sostuvieron reuniones de alto nivel con representantes de los sectores públicos y privados panameños. Estuve acompañando como parte de la delegación panameña a estos expertos durante su evaluación, quienes rindieron un informe de la gestión panameña sobre la estructura y legislación en materia de prevención y represión del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En lo que respecta a la cooperación legal internacional para facilitar la tramitación de solicitudes de extradición y la asistencia jurídica mutua, Sossa creó en diciembre de 2000, la Secretaría de Asuntos Internacionales (hoy elevada a rango de Fiscalía). La Secretaría Internacional estuvo a cargo de la experimentada abogada Mercedes De León, junto al equipo formado por Gretta Marchosky, Elvia Jaramillo y las excelentes secretarias Itzy Rangel y Nelda Staff, quienes apoyaron siempre en la realización de los congresos nacionales e internacionales.

Esta Secretaría jugó un rol importante en la persecución del narcotráfico en el marco de los convenios bilaterales relativos a drogas y al lavado de dinero suscritos por la República de Panamá75 .

La administración de Sossa realizó un trabajo ingente e integrado en pro, no sólo de crear una estructura organizacional y un marco legislativo para el mejor ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Ministerio Público, sino que también supo que eran necesarias infraestructuras y adecuaciones de espacios físicos para lograr ese fin. Paso entonces a exponer las edificaciones más destacadas que fueron erigidas y acondicionadas bajo el mandato de Sossa y que coadyuvaron en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales en materia de instrucción penal del Ministerio Público.

75 Ibid., p. 35.

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