1.2.4. Hacia la sistematización de la instrucción judicial

propósito era la creación de una estructura legal para legitimar los nuevos objetivos, funciones y procesos que le correspondía desempeñar dentro de la gestión pública.

Para 1998, el gobierno de Panamá suscribe un convenio de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para continuar en el logro de su meta de mejoramiento de la Administración de Justicia que había iniciado en 1991. Recayó en la Procuraduría de la Administración emprender el Subprograma B que tenía como objetivo apoyar al país en el mejoramiento de la calidad, eficiencia y transparencia de los actos y procedimientos legales de la Administración Pública, a fin de mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad.

1.2.4. Hacia la sistematización de la instrucción judicial

Antes de mi llegada a la Procuraduría, entre los meses de octubre de 1991 y septiembre de 1992, se ejecutó un Contrato Puente con la empresa Management Sciences for Development que desarrolló estudios, seminarios y talleres que sirvieron de base para la contratación del Grupo Development Associates / Checchi como los asesores, a largo plazo, del Proyecto de Mejoramiento de la Administración de Justicia en Panamá. A finales de 1992, ingresé al Proyecto y se unieron igualmente como parte del grupo de asesores a largo plazo, Alicia Warde, Timothy Cornish, Asesor Jurídico de la AID y Richard Griscon.

El grupo asesor desarrolló un Plan Anual de Trabajo integrado por cinco componentes, el cual se presentó oficialmente el 1 de noviembre de 1992 y cuya ejecución concluyó el 31 de octubre de 1993.

El papel protagónico dentro del Proyecto de Mejoramiento de la Administración de Justicia, sin duda, lo tuvo el objetivo tendiente a Acelerar el Manejo de Casos. Éste consistió en ejecutar la compleja tarea de organizar administrativamente los despachos judiciales, unificando la información y las

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estadísticas por medio de instrumentos previamente elaborados que serían utilizados para la posterior automatización del proceso penal.

Para el logro de este propósito se elaboró un Plan Piloto denominado Agilización de Casos y Estadísticas Judiciales, para lo cual se escogieron los despachos judiciales ubicados en el sector de San Miguelito, debido en gran medida a la cercanía geográfica entre las oficinas del Ministerio Público, el Órgano Judicial y la PTJ (hoy DIJ). El Plan abarcó seis oficinas: dos fiscalías, una personería y tres juzgados.

El objetivo principal del Plan Piloto era poner en práctica, en un escenario real, la agilización de casos, por medio de la utilización de formatos preelaborados y formularios uniformes, así como el diseño de una nueva tarjeta (sistema de tarjetarios), libros de entrada y salida de expedientes, que facilitaran un mejor control del ingreso de casos y su seguimiento respectivo. Adicionalmente, se trabajó en el diseño de una carátula única y denominación estándar por la asignación de un número único de caso, con el fin de sistematizar los archivos y la búsqueda de expedientes en los despachos judiciales para lograr agilización y transparencia en la comunicación interinstitucional. Igualmente se planeó que los formularios uniformes contribuyeran en la recolección de estadísticas judiciales.

Puedo afirmar que el Plan Piloto tuvo éxito, pues recibió el respaldo irrestricto del procurador general Jorge Ramón Valdés y de la magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, así como, del magistrado Fabián A. Echevers de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Este apoyo sustancial del procurador Valdés se concretó en la Resolución No. 8 de 28 de julio de 1993, mediante la cual se autorizaron los métodos y las prácticas relativas al Sistema de Agilización de Casos y se adoptó el Sistema de Tarjetarios, formularios, registros y Carátulas Únicas para Expedientes y se

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ordenó la implementación, divulgación y apoyo logístico al nuevo sistema, dándole de esta manera permanencia y continuidad.

El 1 de septiembre de 1993 los despachos del Ministerio Público iniciaron paulatinamente la implementación del nuevo sistema, para lo cual se planificó y desarrolló un programa progresivo del uso de la carátula única con número único de expediente, libro de registro preimpreso y empastado, tarjetario preimpreso, técnicas de archivo y formas estadísticas.

En una primera fase, se constituyó un Comité compuesto por Fiscales de considerable experiencia, para ajustarlos de tal manera que se lograra una implementación ágil. A modo de incentivo, la empresa Consultora Development Associates / Checchi, donó los primeros archivadores y la papelería necesarios para la implementación del nuevo sistema.

Lo anterior, fue seguido de una intensa segunda etapa de capacitación, al personal de los despachos de San Miguelito, para que asistieran como capacitadores de calidad a los otros despachos de Instrucción, sobre su experiencia en el uso del nuevo sistema y la realización de estadísticas. Se proyectó ejecutarlo primero sólo en las Personerías y Fiscalías de Circuito, para luego, a partir de enero de 1994, extenderlo a las Fiscalías Superiores, con el fin de hacer más fluida su puesta en marcha.

Otra área temática importantísima dentro del Proyecto de Mejoramiento, fue la labor de sistematización para el desarrollo de una red nacional de informática jurídica que interconectara varias instituciones, que de alguna u otra manera, jugaban un rol o impactaban la administración de justicia. Las instituciones incluidas inicialmente fueron el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, el Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal CONADEC (hoy la Dirección del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal – DNSIEC) y la División de Estadísticas y

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