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1.3.1. La labor del CONAPRED
1.3.1. La labor del CONAPRED
CONAPRED es un organismo técnico-administrativo del Gobierno, creado mediante la Ley de Drogas No. 23 de 30 de diciembre de 1986, para el estudio de los instrumentos de prevención de las actividades ilícitas relacionadas con drogas y para la rehabilitación de estas conductas.
La Comisión estuvo conformada desde sus orígenes por diez representantes, entre instituciones del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, identificadas así: el Presidente de la Comisión es el Procurador General de la Nación, en representación del Ministerio Público; otros de sus miembros son el personal designado por el Ministerio de Gobierno y Justicia (hoy dividido en Ministerio de Gobierno y Ministerio de Seguridad), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), la PTJ (hoy DIJ), el Tribunal Tutelar de Menores (hoy Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia), la Cruz Blanca panameña, la Universidad de Panamá y la Iglesia Católica.
En CONAPRED tuve el honor de liderarla ocupando la posición de Secretaria Ejecutiva por cinco años. Resulta importante resaltar el apoyo brindado a la Comisión y al Gobierno panameño en la lucha contra el narcotráfico, por la Dirección de Asuntos sobre Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de América.
El procurador Valdés no sólo continuó la labor que ya venía realizando la institución, sino que la reforzó dando dinamismo a las estrategias y lineamientos trazados, por lo que el año 1993 fue productivo y se obtuvieron destacados logros. El más relevante de éstos fue el impulso conceptual y operativo dado a las actividades de CONAPRED, dirigido hacia la puesta en marcha de un sistema nacional de prevención integral y de participación de todos los sectores nacionales. Seguidamente y no menos importante, está el logro de una coordinación de
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actividades más eficaz de las entidades que conformaban la Comisión.
Haciendo gala de sus conocimientos diplomáticos, Valdés puso siempre mucho énfasis en el desarrollo de acciones para unificar criterios y posiciones en el plano nacional e internacional. Esto llevó al establecimiento de frentes comunes de prevención de los delitos relacionados con drogas, que incluso incluyeron las instituciones financieras del país. Esto constituyó un aporte trascendental, pues permitió desarrollar herramientas eficientes para prevenir el uso del Centro Financiero panameño como plataforma de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La educación constituyó la piedra angular de los esfuerzos de prevención de la Procuraduría General bajo la coordinación de CONAPRED. En este sentido, la capacitación y el desarrollo de conocimientos en la sociedad, se consideró como una verdadera barrera social contra el flagelo de las drogas. Para lo cual se desarrollaron políticas de prevención integral, mediante la movilización de la comunidad a través de capacitaciones masivas de los estudiantes a todos los niveles, desde la primaria hasta la Universidad. Las capacitaciones nacionales incluyeron igualmente a funcionarios, públicos, personal de clubes cívicos y de la empresa privada. Tanta fue la extensión de los paneles de educación, que durante el año 1993 se capacitaron cerca de diez mil personas.
En el área de fortalecimiento institucional se trabajó en varias esferas. El refuerzo de la capacidad del capital humano responsable en la instrucción de los sumarios se puso como primera línea de defensa. Adicionalmente, el Ministerio Público solicitó al entones Ministerio de Planificación la elaboración de un Proyecto para ejecutar un Sistema Nacional de Prevención para el Estudio de los Delitos Relacionados con Drogas, cuyo objetivo era insertar en la estructura del Ministerio Público, organizaciones permanentes de estudio y prevención de los delitos de drogas.
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En el tema de combate del narcotráfico se encaminó el esfuerzo y brindó apoyo a la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, por medio del establecimiento de oficinas regionales de la Secretaría de Drogas en Chiriquí, Los Santos, Coclé, Colón y Darién. La directriz seguida consistió en especializar a los agentes del Ministerio Público encargados de la instrucción de los sumarios de los delitos relacionados con drogas.
El afán conjunto y unificado permitió la creación de un banco de datos mantenido con la entrada de manera organizada y científica de información obtenida de la comisión de este tipo de delitos en el todo el territorio nacional. Por medio del estudio de los datos, se implantó un estudio de las variables criminológicas de los delitos de drogas, incluidos referencias de sexo, edad, escolaridad, lugares de mayor incidencia, nacionalidad, composición familiar, entre otros.
Conscientes de que el delito del narcotráfico se perfecciona por medio de operaciones transnacionales, una lucha eficaz dispuso la elaboración de acciones de colaboración internacional. En el caso panameño se realizaron varias operaciones conjuntas con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, el Interpol y la Policía alemana, para mencionar algunas. Producto de estas operaciones se logró el decomiso de una cantidad apreciable de bienes y la desarticulación de carteles internacionales.
La intensificación de las actividades delictivas hizo necesario la adecuación del derecho patrio al marco internacional. Con la incorporación de la República de Panamá a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, mediante la Ley 20 de 7 de diciembre de 1993 (Convención de Viena), surgió la urgencia de realizar los ajustes técnico-jurídicos a la Ley de drogas de 1986 para compatibilizarla con los nuevos tipos penales y las formas de combatir el narcotráfico y los delitos
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conexos incorporados en el marco de la Convención de Viena.
El procurador general Ramón Valdés dispuso la creación, en 1993 de una comisión técnica de funcionarios del Ministerio Público que revisara íntegramente la ley vigente de drogas, con el fin de adecuarla a los nuevos delitos contenidos en la Convención de Viena. A esta compleja tarea se unieron miembros de la Iglesia Católica, del Ministerio de Gobierno y Justicia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda y Tesoro y de la Cruz Blanca Panameña. La labor de la Comisión concluyó con la presentación el 13 de octubre de 1993 de una iniciativa legislativa por el Procurador General a la Asamblea Legislativa (hoy Asamblea Nacional), que contenía un texto único incluyendo la prevención, represión y la rehabilitación de los delitos relacionados con drogas.
Esta Comisión estuvo integrada por Noberto Castillo de la Secretaría de Drogas; Julia Correa de la Secretaría Ejecutiva del CONAPRED; Adolfo Montero, Fiscal Primero Superior; Milciades Méndez, Fiscal Cuarto Superior; Edgardo Arias, Fiscal Segundo de Circuito; Doris de Cigarruista, Fiscal Sexta de Circuito; Belinda de Urriola, Fiscal Séptima de Circuito; Jaime Abad, Director de la PTJ; Mercedes de León, Procuradora General de la Nación; Rosendo Miranda de CONAPRED; Greta Marchosky, de CONAPRED; Eliécer Olmos de la Secretaría de Drogas; Ramiro Jarvis de la PTJ; Rolando Reina de la PTJ y Luis Romer de la PTJ.
Esta iniciativa se concretó con la aprobación íntegra de la Ley No. 13 de 27 de julio de 1994 que modificó, adicionó y derogó parcialmente la Ley No. 23 de Drogas de 1986. Entre las modificaciones relevantes introducidas estuvo la modernización de la denominación del hecho delictivo de “comisión de delitos relacionados con drogas” a “comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas, sustancias
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sicotrópicas o delitos conexos”. Asimismo, se aumentó la pena de prisión de dos a cinco años por la de cinco a ocho años.
En cuanto a las adiciones, se introdujo por ejemplo el artículo 2A que modificó el artículo 256 del Código Penal cambiando con ello la definición de droga hacia una definición más científica y abarcadora que incluyera toda sustancia que produjera dependencia física o psíquica, como los narcóticos, fármacos, estupefacientes, incluyendo los precursores utilizados en su elaboración, transformación o preparación. También se introdujeron circunstancias agravantes a la compra, venta o traspaso de drogas, como cuando se utiliza violencia o armas y cuando se haga valiéndose de la condición de servidor público (modificación del artículo 258 del Código Penal). Se penalizó el uso del sistema bancario para el lavado de dinero de transacciones provenientes del tráfico de drogas, mediante la adición de los artículos 236B, 263C, 263D y 263F del Código Penal.
En materia de investigación y persecución de los delitos de drogas se adicionaron los artículos 21A y 21C que permitió la realización de operaciones encubiertas y entregas vigiladas de drogas ilícitas en la persecución de estos delitos. Se modificó el artículo 25 de la Ley No. 23 de 1986, que permitió el inicio de investigaciones penales en caso de drogas, en cooperación o por petición de un Estado extranjero en el que se hayan cometidos tales delitos.
Muy relevante para CONAPRED fue la adición del artículo 25B, el cual ordenaba que en caso del comiso de bienes, instrumentos, dinero o valores que hayan sido utilizados o provengan de la comisión de los delitos de drogas, el juez en la sentencia ordenará que éstos sean puestos a disposición de CONAPRED, que los adjudicará a los distintos organismos que la integren o los rematará públicamente, para constituir un fondo que se destinará a las campañas y programas de prevención, rehabilitación y represión de los delitos relacionados con drogas.
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En materia de asistencia tecnológica, en 1993, la Procuraduría General logró una donación de relevancia histórica, no por su volumen, sino porque marcó el inicio de la automatización de los procesos en la institución. Se donaron tres computadoras Macintosh Classic II con sus respectivas impresoras Style Writer II, las cuales permitieron el inicio de una base de datos en las oficinas encargadas de la prevención y combate de los delitos de drogas.
En el tema de la prevención, existe una larga lista de actividades, incluidas capacitaciones juveniles en escuelas y comunidades, así como capacitaciones profesionales, que CONAPRED organizó a nivel nacional. No menos numerosa fue la participación en eventos como Ferias y Simposios, enfocados en la concienciación de la sociedad en el tema de uso ilícito de drogas.
En el ámbito internacional, la Procuraduría General por medio de CONAPRED, asistió a reuniones del Grupo Especial sobre la Estrategia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y otros eventos que éste ente internacional realizó en países del área, como México, Costa Rica y Perú.
Especial mención merece la realización conjunta entre el CONAPRED, CICAD y el gobierno de los Estados Unidos de América, del Seminario Multinacional sobre la Adopción y Aplicación del Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá del 29 de junio al 2 de julio de 1993.
Para la organización de este Seminario se trabajó intensamente dentro del Ministerio Público. La comisión organizadora estuvo integrada por Julia Correa, Secretaria Ejecutiva del CONAPRED, Noberto Castillo, Secretario General de Drogas; Eudoro Jaén Esquivel, Director Ejecutivo de la Comisión Bancaria Nacional; Bolívar Dávalos Moncayo,
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