1.2.1. La coordinación con el Órgano Judicial

precedentes, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América se concretó a través del Convenio Bilateral de Donación bajo la denominación de Contrato No. 525-0312, cuyo brazo ejecutor era la AID.

El propósito del Convenio fue brindar el apoyo económico necesario al gobierno de Panamá para optimizar la operación y coordinación del sistema de justicia en las etapas que componen el proceso penal (fase de instrucción del sumario o de investigación y la fase plenaria o de juicio). El Procurador Valdés tuvo la importante tarea de dar continuidad y desarrollo a tan relevante obra de innovación, en temas como la coordinación con el Órgano Judicial, la Carrera Judicial por medio del desarrollo de un detallado currículo de Instrucción Judicial, brindar apoyo a la Procuraduría de la Administración y la sistematización de la instrucción sumarial.

En el aspecto financiero el proyecto contó con el aporte de doce millones de dólares de parte de los Estados Unidos de América, y la República de Panamá, en contraparte, se comprometió a aportar fondos en un monto no inferior a tres millones novecientos mil balboas. La duración del proyecto se estimó en cinco años con una fecha probable de culminación del primer trimestre de 1996.

1.2.1. La coordinación con el Órgano Judicial

Dentro del Proyecto de Mejoramiento se estableció una sección de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Para hacer efectiva la labor coordinadora, cada institución designó un representante. El Órgano Judicial designó a la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz y en el caso del Ministerio Público la coordinación general recayó en mi persona, como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), cargo que ejercí por cinco años, mientras que la AID nombró a Aura Feraud, como la Administradora del Proyecto.

39

A partir de la designación de los encargados de la coordinación se inició un trabajo de colaboración a través de reuniones semanales para el seguimiento de las actividades del proyecto. Estas reuniones periódicas se realizaron alternadamente en ambas sedes, con la participación de los jefes de presupuesto, contabilidad y planificación de ambas instituciones. El énfasis se dio en el desarrollo de la Institucionalización de una estrategia coordinada en las instituciones de la Administración de Justicia.

Las labores de coordinación incluyeron Dotación de Información y Material Jurídico, para lo cual se dispusieron nueve bibliotecas en diferentes lugares y como ente coordinar de éstas se sugirió la Biblioteca de la Escuela Judicial.

Adicionalmente, se realizaron actividades de Apoyo a la Escuela Judicial. El deseo de fortalecer la labor de la Escuela Judicial vino dado por el destacado papel de ésta en la formación integral de todo el personal de la Administración de Justicia, tanto del Órgano Judicial como del Ministerio Público. Se le dotó de un local y se designó a Hipólito Gill como el primer Director de la Escuela. Por el Ministerio Público, se designó como coordinador a Adolfo Montero.

La Dirección de la Escuela Judicial estuvo a cargo del Consejo Consultivo, del cual formaba parte el Ministerio Público a través de la participación de seis funcionarios, tal como lo dispuso el artículo 9 del Acuerdo No. 5 de 1993: un miembro del despacho del Procurador General, un Fiscal Superior, un Fiscal de Circuito, un Personero Municipal, un representante de la PTJ y la jefa de Personal de la institución. Las primeras designaciones recayeron por el Despacho del Procurador, en Mercedes De León; el Fiscal Superior Adolfo Montero; la Fiscal de Circuito, Doris de Cigarruista; el Personero Municipal Armando Fuente; por la PTJ, Roxana Sanjur y la jefa de Personal del Ministerio Público, Gladys Porter.

40