las metas y máximas que le dan sentido y legitimidad social a dicha actividad, así como las virtudes y valores que deben cultivar los funcionarios de la institución. Para esto me valgo de dos tradiciones filosóficas: una es agathológica y la otra es deontológica. La primera aristotélica, del bien al que tienden las actividades humanas y la segunda kantiana, de las exigencias éticas de justicia que deben ser satisfechas169. Lo anterior significa que a la luz de la hermenéutica crítica lo que el Ministerio Público debería buscar en un sistema de justicia penal no es precisamente la rapidez de los trámites judiciales (sin que esto faltara claro está), sino determinar a partir de sus actividades, las que constituyen los hilos con los que se teje el quehacer institucional (la vida humana, personal y colectiva), si éstas tienden al “bien” y si satisfacen la exigencia ética de justicia de la sociedad. 5.1.2. Rasgos éticos En este sentido, lo que se busca desde el punto de vista de la ética aplicada, es tratar de adentrarse en la actividad correspondiente y averiguar cuáles son sus rasgos éticos y cómo tienen que acomodarse a ellos las instituciones. Pero esas actividades del Ministerio Público (y de cualquier otra institución dentro de la sociedad) ciertamente no se desarrollan en el vacío, sino en el marco de los principios morales propios de la ética (y de una ética cívica como dice Cortina) de cada sociedad, por lo que el actuar ético institucional tiene que ser criticado desde los principios éticos filosóficamente fundados de dicha sociedad170. De ahí que para desarrollar una actividad moralmente en una sociedad moderna, sea preciso atender al menos a cinco puntos de referencia: las metas sociales que le dan sentido y legitimidad social, los mecanismos adecuados para alcanzarlas en una sociedad moderna, el marco jurídico169 170
Ibid., p. 46. Ibid., p. 46.
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