con el desprestigio y la desconfianza en el Sistema de Instrucción Judicial, profundizando sus carencias y con ello el deterioro de la administración de justicia. 4.3.
Sistema acusatorio y organización de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público
La implementación administrativa del nuevo sistema penal se dio por medio de la emisión de varias resoluciones. Una de las iniciales fue emitida por el procurador general de la Nación Ayú Prado en el 2011. La Resolución No. 5 de 28 de enero de 2011 creó la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio conformada por un Coordinador Técnico designado por el Secretario General de la Procuraduría. Bajo la administración de Porcell se designó a un Fiscal Superior para realizar la tarea de coordinación151. A esta oficina se le dio una estructura organizativa que incluía una Dirección de Recursos Humanos, así como otros Departamentos y Direcciones como la de Capacitación y Desarrollo, Servicios Generales, Informática, Divulgación, Estadística, Secretaría de Asuntos Legales y una Coordinación de Proyectos Especiales del Área Judicial. Adicionalmente, se le asignaron funciones de coordinación, asesoramiento, organización, priorización y redireccionamiento de recursos. La procuradora Porcell, en agosto de 2015, emitió otra Resolución adoptando el “nuevo Modelo de Gestión para los despachos del Ministerio Público en los Distritos Judiciales donde se implemente el Sistema Penal Acusatorio”. La Resolución No. 72 de 25 de agosto de 2015 reconoció que el nuevo sistema penal implicaba cambios en los paradigmas institucionales, por lo que presentó la necesidad de un replanteamiento en la cultura organizacional del Ministerio Público. Se cambió la nomenclatura de las Unidades Regionales a Fiscalías Regionales y se estructuró la institución
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Resolución No. 2 de 11 de enero de 2016.
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