EDITORIAL
El nuevo gobierno debe promover
la producción nacional y el empleo de los colombianos Alfredo Castellanos, presidente de Junta Directiva de Acopi BogotáCundinamarca
A
l escribir estas líneas han transcurrido un par de días desde que Gustavo Petro ganó la contienda electoral por la presidencia de la República. En la etapa de Consultas, y en alguna medida en la primera vuelta, los precandidatos hicieron propuestas de gobierno y se debatió sobre ellas. En ese contexto, por primera vez fue tema de campaña la revisión de los TLC, asunto que fue planteado por el senador Jorge Robledo y que necesariamente tuvieron que abordar los demás candidatos. Solo Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez dijeron que no los revisarían. Tanto Petro como Hernández terminaron admitiendo la perentoria necesidad de revisarlos, dados los impactos negativos que han generado para la producción y el empleo nacionales. Eso, sin duda, fue un avance. Para la segunda vuelta, los programas de gobierno de los candidatos pasaron a segundo plano. Las campañas dedicaron más esfuerzos a la descalificación de su contenedor que a controvertir propuestas. Así, los colombianos nos quedamos sin tener claridad plena sobre los planteamientos de cada candidato. Para bien del país, Rodolfo Hernández reconoció prontamente su derrota y despejó el camino para que la transición en el poder se encausara en forma ordenada. Se le abona. Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas esperamos que
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Gustavo Petro realmente trabaje en pro del cambio que los colombianos indicaron en las urnas. En su discurso de triunfo, Petro fue claro en manifestar que propiciará el desarrollo del capitalismo nacional, que fomentará la producción industrial y agropecuaria, y que planteará a los Estados Unidos una nueva forma más equilibrada en las relaciones con Colombia. Si bien temas como el del cambio climático y la protección ambiental son importantes, para el gobierno entrante debe ser claro que la producción nacional y el empleo de los colombianos son asuntos vitales para el desarrollo económico y social del país. Por tanto, para cumplir con lo prometido en campaña, la revisión del TLC debe ser tema clave de las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. La expectativa de los colombianos es que Petro conforme su equipo de Gobierno con personas que representen el tan anunciado cambio, y que no vaya a caer en la tentación de, so pretexto de buscar gobernabilidad, dar cabida en la dirección de los destinos del país, a los mismos con las mismas. Hacerlo sería un grave error y una inconsecuencia de talla mayor. De igual manera, es urgente que los llamados a la paz y a deponer pugnacidades, se traduzcan en la instauración de un ambiente democrático, que permita la discusión de los problemas en forma oportuna y constructiva, sin que se coarte el derecho a analizar y criticar las acciones del Gobierno.
El Presidente electo tiene una inmensa responsabilidad con la historia, por ser el primer mandatario elegido sin el respaldo de los partidos tradicionales y sus derivados, aunque algunos de sus miembros fueron reclutados, y por haber sido elegido por los colombianos a partir del compromiso de reversar la aplicación del modelo neoliberal, que llevó a Colombia a ser uno de países más desiguales de Latinoamérica y del mundo. En el rumbo de atenuar desigualdades y sanear las finanzas públicas, la reforma tributaria que se anuncia debe incluir la progresividad del impuesto de renta, tal como lo ordena la Constitución, de modo que las empresas pequeñas paguen una tasa inferior, pues no es justo que se les aplique un porcentaje igual al de las megaempresas. Así mismo, debe haber un incentivo tributario para las empresas que generan valor agregado -las de manufactura- sin importar su tamaño. Acopi BogotáCundinamarca formula votos porque el presidente Petro tenga tino y sabiduría para regir los destinos de Colombia. Manifiesta que continuará trabajando por la defensa de la industria nacional y el empleo de los colombianos y mantendrá su independencia, tanto para apoyar las iniciativas de Gobierno que considere beneficiosas para las empresas afiliadas y el país, como para criticar y rechazar las que no considere acertadas
