En Defensa de Bacalar, versión narrada (coloquial)

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS En 2017, estando a la cabeza del sector ambiental en el estado de Quintana Roo un controversial exdirector regional de la CONANP, surgió la propuesta de establecer un Área Natural Protegida sobre la Laguna de Bacalar.

Las comunidades no habían terminado de respirar por el cansancio que implicó pelear contra la tríada y la opinión pública manipulada por la tríada cuando ya tenían una ANP a punto de ser montada sobre la Laguna. Esta propuesta fue promovida unilateralmente por Luisa Falcón, otra vez, del Instituto de Ecología de la UNAM, como ella misma lo estableció en una entrevista periodística, dado que ya había fracasado en su intentona de liderar la propuesta de sitio Ramsar entre 2011 y 2014. Esta propuesta era aún más ambiciosa que la del sito de Ramsar, que era ambiciosa de por sí.

La ambición de las propuestas de colocar territorio bajo el esquema de área natural protegida, propuestas que comenzaron en 5,893 hectáreas como sitio Ramsar, para 2017 se habían convertido en 219,000 hectáreas en ANP, con territorios comunitarios y privados, incluidos.

Lodger Brenner, en su artículo de 2010, “Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las Áreas Naturales Protegidas mexicanas” ejemplificaba la forma en la que las comunidades y actores locales no son considerados como actores capaces de decidir, analizado desde lo que sucedió con el establecimiento y administración de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, pero aplicable a todas las demás ANP mexicanas.

En su investigación los actores de la tríada consideran que la solución de un problema socio–ambiental, como la gestión eficaz de una Reserva de la Biosfera, es responsabilidad exclusiva y preponderante de uno o varios actores particulares – miembros de alguno de sus grupos-, los cuales deben lograr ciertos objetivos, apoyándose en una gama de recursos de poder político, económico, social y moral a su alcance. Para ellos "el resto de la sociedad" es considerado como un conjunto de actores influenciables, sin capacidad ni legitimidad para evaluar la naturaleza o la severidad de los problemas ambientales; y mucho menos para resolverlos, lo cual no sólo 63