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Las fallidas ANP, en Quintana Roo
en el estado, muchas ANP de la entidad quedaron en un limbo regulatorio al carecer de Programas de Manejo, algunos de los cuales tardaron décadas en construirse, tal fue el caso de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, decretada el 20 de enero de 1986, cuyo Programa de manejo se decretó el 23 de enero de 2015. 29 años después de su decreto; Arrecifes de Sian Ka’an, decretado en 1998, cuyo Programa de Manejo fue decretado en 2011, 13 años después; Isla Contoy, decretada el 02 de febrero de 1998, y su Programa de Manejo el 09 de julio de 2015, 17 años después; Yum Balam, decretada el 06 de junio de 1994, cuyo Programa de Manejo se decretó el 05 de octubre de 2018, 24 años después. ¿Cuál era la urgencia de decretar un área para manejarla, conservarla y protegerla, si tomó casi 30 años, en el caso de Sian Ka’an, crear el instrumento que precisamente permite hacerlo de manera clara, transparente y fundamentada? El Programa de manejo es tan importante en un área natural protegida que los propios decretos establecen un promedio de 6 meses a un año como máximo para la creación y decreto de dicho programa, pero como lo demuestran los casos arriba mencionados, prácticamente ninguna agencia responsable de las ANP lo vieron así, prioritario. La urgencia, pareció ser en todo momento tomar el control del sitio, aunque no se trabajara con reglas, en algunos casos, casi por tres décadas.
El estado de Quintana Roo posee 5’021,200 hectáreas de territorio continental. De esa superficie, el 21% del territorio estatal está incluido en un ANP. Es decir, 2 de cada 10 hectáreas de la superficie estatal están bajo control de alguna autoridad ambiental, principalmente las zonas costeras / turísticas. Esto sin contar con las 6’383,701.59 hectáreas de mar territorial que CONANP, con respaldo de las ONGA como Amigos de Sian Ka’an, A.C., se adjudicó bajo administración en Banco Chinchorro, Arrecifes de Xcalak, de Puerto Morelos, pero sobre todo con la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, que en 2016 colocó como ANP un total de 5’754,055.36 hectáreas de mar territorial frente a la costa de Quintana Roo. Déjenme ser más específica, CONANP colocó como ANP gigantesca TODO el litoral de Quintana Roo, todo lo que no estaba en ANP marina / costera previamente, quedó incluida en esta ANP.
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Valdría la pena mencionar que resulta increíble que, para establecer y decretar una reserva de este alcance y de este calibre, haya tomado 5 meses (de julio a diciembre de 2016) desde su estudio justificativo hasta su decreto y programa de manejo incluido, y que a pesar de que afectaba una superficie mayor a la de todo el Estado fue presentada y promovida por la CONANP y ejidatarios de la Reserva de Yum Balam, que no se vieron afectados por su decreto porque ellos tenían la reserva de Tiburón Ballena y Yum Balam, pero dieron la validación social para enjaretarle una ANP al resto del litoral hasta el límite con Belice. CONANP podrá decir cumplió con la consulta para opinión pública, que se realizó solo de manera virtual, tal y como se cita en el informe de MarFund, unos cuantos días, y tomando en consideración que afectaba a TODOS los habitantes, usuarios, prestadores de servicios y a todo aquel cuya propiedad colindara con esta reserva y ahora va a tener que pedir su bendición a CONANP para cualquier proyecto o negocio que quiera desarrollar en el área colindante o en el litoral que incluye esa reserva, prácticamente nadie se enteró. La Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, cuya gestión y consulta pública pasó desapercibida para la mayoría de las personas, tiene una superficie marina mayor a toda la superficie terrestre del estado. Lo que quiere decir que ahora CONANP tiene el control y dictamina lo que se puede y no se puede hacer en TODO el litoral de Quintana Roo, cuando le plazca y según sea el caso/cliente.
Es casi insultante lo que confirma MARFund en su reporte ¿La justificación? esta ANP tuvo un fast track porque le urgía al gobierno de México, en ese entonces presidido por Enrique Peña Nieto, para hacer el show y tener algo que mostrar en la inauguración de la 13 Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica. Este decreto permitiría la actividad turística en la zona, pero la blindaría contra la exploración y explotación de hidrocarburos. A su vez, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que con el decreto se protegían 37 mil hectáreas de selva y manglares. 5 meses incluyendo la revisión y estructuración del Programa de Manejo y no solo el decreto. La aprobación en 5 meses incluyó un Programa de manejo que deja muchísimas dudas y levanta muchas preocupaciones. Como un ejemplo, establece de manera tajante en su Regla 53. “Queda prohibida la construcción de muelles, espigones, rompeolas, escolleras, embarcaderos, plataformas o cualquier infraestructura, a excepción de arrecifes artificiales; que afecte formaciones coralinas, pastos marinos, dunas o
modifique la dinámica costera”, o sea en toda la costa. Las implicaciones de esas líneas son increíblemente complejas. Los procesos y consecuencias de este decreto hiperrápido merecen una investigación y un libro completo. Por contraste, muchas de las áreas naturales protegidas estatales y municipales en Quintana Roo, a la fecha de esta investigación, no contaban con un programa de manejo en su mayoría, es decir el gobierno del estado y el gobierno municipal habían estado decretando áreas naturales protegidas desde 1983 sin tomarle igual importancia a la obligación de generar y decretar el programa de manejo, creando áreas naturales protegidas como una forma de acopiar hectáreas bajo su control, sin reglas escritas, sin zonificación. ES entendible, porque como le pasa a la CONANP, el estado, ahora con el IBANQROO (Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Q. Roo) nunca tiene fondos suficientes para operar adecuadamente sus ANP. Un territorio fértil para el caos y la corrupción. Estas áreas naturales protegidas se establecieron utilizando solo representantes de grupos de las comunidades, en nombre de toda la comunidad; sobreexplotando lo mediático para construirse discursos a la medida, con procedimientos y zonificaciones diseñados a gusto del cliente, para acrecentar prestigio o garantizar obtención de fondos, manipulando la información que proporcionan, maquillando la participación comunitaria como si realmente existiera, e insistiendo que las ANP funcionan, sin dar argumentos sólidos, son solo algunas de las estrategias de los promotores de estas áreas naturales protegidas, cuando los informes nacionales de México a entidades internacionales y comités de expertos no son otra cosa que listados de excusas de porque no se han cumplido compromisos, la inexistencia de parámetros reales de desempeño o su medición objetiva, mientras se siguen decretando más ANP. También está el modelo de Área Destinada Voluntariamente a la Conserva-ción (ADVC), que es una estrategia adicional de generación de áreas prote-gidas en territorios de propiedad privada o social para continuar acumulan-do superficie, que justifique el cumplimiento de los compromisos de país ante la comunidad internacional, con la promesa de beneficiar a los poseedores de los territorios con los mismos beneficios que reciben las reservas, consolidando la gobernanza local y protegiendo la biodiversidad, pero solo contribuyó a la compulsión maniática de
CONANP de acumular hectáreas, sin detenerse a verificar que estas nuevas ANP privadas comunitarias se fortalezcan, y creando esquemas nuevos de presión o de incentivos (que parecen mucho a condicionamiento / amenaza) para que los propietarios sociales y privados “se animen” a incluir sus territorios como ADVC. Y como el esfuerzo es acumular hectáreas, mientras la CONANP se apunta más estrellitas a costa de los locales, las ADVC se van sumando a las ANP de papel, con honrosas excepciones gracias a los propietarios, no a la a la tríada. Pero ese es tema de otro documento.
Cuando se revisan los decretos estatales y estatales en conjunto, se puede fácilmente determinar cómo opera la tríada en ellos, revisando los elementos en común entre ellos:
• La vigilancia y administración está a cargo de alguna de sus instancias en materia ambiental, SEMA o la instancia estatal asignada, en este caso sería el IBANQROO para el estado y SEMARNAT, en este caso
CONANP, para la federación. • Los planes o programas de manejo quedan a cargo de la autoridad y alguna ONGA, y se convoca a otras autoridades, investigadores o académicos: NUNCA a las comunidades. • La autoridad queda cargo de autorizar todo tipo de aprovechamiento en el ANP (aunque antes no haya sido de su competencia). • La autoridad estatal o federal a cargo puede hacer “convenios” con terceros que desarrollen actividades dentro del ANP incluyendo administración o aprovechamiento (y generalmente esto significa otorgarse concesiones entre actores de la tríada). • Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, o en su zona de influencia, deberá contar con la autorización de las instancias “administradoras” de las áreas y deberá estar en congruencia con los lineamientos que establezca el Programa de Manejo que, como mencionamos anteriormente, puede tomar más de 20 a 30 años en decretarse, lo cual somete a las poblaciones locales y otros actores, fuera de la tríada, que deseen intervenir en el territorio, a un vacío legal y merced de este grupo, por décadas. Cuándo se analiza a detalle la superficie del territorio Estatal en áreas naturales protegidas ya sea de administración federal o estatal, podemos darnos cuenta que poco más del 70% de la superficie es más administrada,
manejada y controlada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un total de 7,140,318.63 hectáreas o 71,403.1863 km2, equivalente a la suma de las superficies de los estados de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala y la Ciudad de México, que debe ser administrada, vigilada y gestionada (en teoría articulada a las acciones y políticas de otros sectores) por la CONANP de Quintana Roo, que cuenta con un número limitado de personal, entre 50 y 200 personas, con infraestructura y equipamiento deficiente, y siempre sin dinero para operar. ¿Por qué decimos que siempre está quebrada? Porque en los informes como Ramsar sigue respondiendo a la pregunta ¿Qué necesita? Dinero.
El estado tiene el mismo problema con aún menos personal es responsable de la gestión integral de 312,860.61 hectáreas. Este último punto es clave, cuando se quiere entender ¿por qué tanta insistencia en decretar un ANP en Bacalar? De manera simplista los seguidores de la tríada tienden a considerar la reacción de oposición al decreto del ANP en el cuerpo lagunar de Bacalar como “ignorancia” de parte de los habitantes y usuarios históricos, pero desconocen que el asunto clave no es el decreto del ANP, ni la protección, ni la conservación. La clave de imponer un ANP es el darle “jugada” al estado o federación en la autorización de proyectos en el ANP y en la zona de influencia. El ANP es clave porque le da poder y control a la tríada para lograr sus objetivos materialistas, mientras simulan conservar o proteger. Realmente lo que se promueve es “salvar a la naturaleza para negociar con ella”. Los defensores podrían argumentar que establecer el ANP es algo positivo porque evitaría los impactos ambientales negativos, pero olvidan que ya existen regulaciones para evitar eso, que ya hay instrumentos de planeación y regulación y que, en el caso de Bacalar, el municipio no ha cumplido con su obligación de crear los instrumentos clave para regular el desarrollo urbano: como el Programa de Desarrollo Urbano y los reglamentos de construcción o reglamentos clave para actividades económicas en su ámbito de actuación. Dado que es precisamente el municipio quien tiene la responsabilidad directa del área urbana, colindante con la Laguna. Las ANP en Quintana Roo ¿han servido para detener la contaminación? No lo parece, como ejemplo Sánchez et al (2013) al realizar un estudio sobre el contenido de isótopos estables de Nitrógeno producto de
actividades antropogénicas en varios cuerpos de agua en Thalassia testudinum, un alga muy común en todas las zonas costeras del estado, no solo encontraron, como era de esperarse, este componente en las muestras que ya sabemos se encuentra afectadas por contaminación de descargas de aguas residuales como la Laguna Nichupté, en Cancún; también encontraron que:
“… La Reserva Yum Balam y la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an mostraron valores d15N más altos, aunque se encuentran en áreas de bajo desarrollo y con la actividad turística restringida…” Pues me van a disculpar los investigadores, que tal vez quisieron matizar el hallazgo, pero Yum Balam y Sian Ka’an, no son simples áreas de bajo desarrollo y con la actividad turística restringida, son Áreas Naturales Protegidas desde hace por lo menos 30 años, como para mostrar este tipo de valores de Nitrógeno. Este hallazgo es especialmente relevante, porque Luisa Falcón ha utilizado el argumento del aumento de Nitrógeno en el agua de la Laguna de Bacalar como una de sus justificaciones para continuar promoviendo el establecimiento del sitio Ramsar, tal y como lo declaró para un periódico, en mayo de 2021
“…Falcón conoce bien la laguna. Llegó por primera vez en 2004 a hacer una tesis de maestría. Entonces, el nivel de nitrógeno en el agua cristalina era tan bajo que no podía detectarse en sus medidores. Desde entonces ha viajado tres veces por año para seguir el monitoreo y ha comprobado el crecimiento drástico y acelerado de sustancias en el agua. “Llevamos años diciendo que los niveles de nitrógeno y fósforo están aumentando”, expresa indignada. “Solicite la ANP en 2017, pero necesitaba el consenso social de la comunidad de Bacalar. Trabajamos esa propuesta durante años y no prosperó, nunca salió de las oficinas porque no quieren un estatus de protección para la laguna”, añade. Con todo, no se rinde. Hay en marcha una solicitud para que la laguna se sume a los 142 parajes designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar) en México. Pero Falcón teme que el compromiso de conservación llegue tarde al ritmo de deterioro del ecosistema…” Más adelante, en el tomo III presentamos “El discurso cambiante de Luisa Falcón” donde analizamos, con la metodología del análisis del discurso y más de cerca, con las propias declaraciones mediáticas como ha ido cambiando su estrategia mediática, en las que medios de comunicación tan prestigiosos como El País®, la BBC® y El New York Times®, han caído en