Propuesta ANP Bacalar

su territorio” en 2005, y cuando el ejido se negó, solo procedieron a decretar un ANP por su cuenta, sin consultar a los propietarios. Si bien la suspensión del decreto de ANP se emitió en 2018, y sentó un precedente, la ficha y el polígono de la Reserva de ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA ESTATAL SISTEMA LAGUNAR CHICHANKANAB continúa apareciendo en la página del IBANQROO y la Bitácora Ambiental de SEMA.

Si bien, en 2014 se detuvo momentáneamente la propuesta de Ramsar para Bacalar, y la laguna ya contaba con una instancia administrativa (APIQROO), los actores de la tríada no quitaron el dedo del renglón y regresaron en 2017 con otra propuesta. Si recordamos la propuesta de sitio Ramsar de 2014, denominada Corredor Transversal Costero Bacalar - Bahía de Chetumal, un polígono de 97,591 hectáreas, propuesto de manera unilateral por Luisa Falcón y ECOSUR, estaba constituido por tres polígonos: 1. Una zona de humedales, en el centro de la laguna, de 5,499 hectáreas 2. Una zona de 87,092 hectáreas que era el ANP estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal y 3. Una zona de 5,000 hectáreas propuesta por la CONANP que se localizaba sobre el cuerpo de agua de la laguna de Bacalar De nuevo el Instituto de Ecología de la UNAM y ECOSUR, ahora con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la organización ambientalista Amigos de Sian Ka’an, AC, quienes se aliaron a su vez con legisladores federales del Partido Verde Ecologista de México y funcionarios de SEMARNAT y CONANP, y de nuevo arremetieron tratando de justificar un decreto de un Área Natural Protegida (ANP) competencia de la Federación, a la que denominaron Área de Protección de Flora y Fauna Bacalar (APFFB), la cual contaba con una extensión de 219 mil hectáreas que abarcaba los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco en territorio de 12 ejidos y 18 localidades.

En la propuesta de 2017 regresaron los mismos actores, algunos en diferentes instituciones, pero con una propuesta más extensa y agresiva. La propuesta de ANP de 2017, afectaba territorios de los ejidos de Bacalar, Aarón Merino Fernández, Laguna Guerrero, Calderitas, La Península, Úrsulo Galván, Santa Elena, Buenavista, Pedro A. Santos, quienes contaban con superficies de reservas forestales importantes que alcanzan las 11,800 hectáreas aproximadamente, la mayoría con registros ante SEMARNAT y SEMA, con un promedio de 13 Unidades de manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para la reproducción y aprovechamiento de especies normadas de flora y fauna, ecoturismo, la mayoría de los ejidos contaban con un Ordenamiento Territorial Comunitario, programas de reforestación y sanidad forestal, servicios ambientales, brigadas comunitarias contra incendios forestales, protección y conservación del mangle, todos ellos apoyados con la asistencia de la CONAFOR, SEMARNAT, SAGARPA, INAES (Instituto Nacional de Empresas Sociales) y el Gobierno del Estado. De igual manera existían en ese entonces 27 proyectos de ecoturismo y turismo alternativo de bajo impacto, unos activos y otros suspendidos por falta de apoyos para su operación, más de 12 proyectos de acuacultura, que a partir de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Othón P. Blanco en el 2015, había permitido que esta actividad tuviera un crecimiento sostenido en la región. Los ejidos de Calderitas, Úrsula Galván, Laguna Guerrero, La Península, Tollocan, Calderas Barlovento, estaba de por sí ya inmersos en el área natural protegida estatal, conocida como Bahía de Chetumal, con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica Santuario del Manatí con un total de 281,320 hectáreas ubicadas en su totalidad en el Municipio de Othón P. Blanco, en la que desde su creación en 1999 había sumido a los productores en la necesidad casi obligada de asistencialismo dado que más de 10,000 ha de sus territorios productivos habían sido separados por el decreto del ANP como zona núcleo intocable. Y eso sin considerar los terrenos privados, nacionales y en posesión que quedaron dentro del polígono. Eran prácticamente los mismos actores. En este momento este grupo trabajó la estrategia mediática para la opinión pública de decir que esta iniciativa era parte de solicitudes de grupos ambientalistas y de la sociedad civil organizada. Sin embargo, como lo admitió en una entrevista en 2021,

esta iniciativa surgió de la solicitud directa de Luisa Falcón de la UNAM, como ella lo menciona regularmente en algunas notas de prensa, con el apoyo de Alfredo Arellano, entonces secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, ex director regional de la CONANP. En el estudio de factibilidad para el establecimiento del ANP, realizado por Amigos de Sian Ka’an, se menciona que su elaboración se financió con recursos del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (FMAN) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que maneja el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), como mencionamos anteriormente, quienes en la página de CONANP se informa se les autorizaron $400,00.00 para llevar a cabo un Estudio previo justificativo para declaratoria de ANP (identificada como RPC Bacalar), Estudio de Tenencia de la Tierra y con fondos propios de Amigos de Sian Ka’an A.C., en colaboración con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (SEMA) que estaba a cargo de Alfredo Arellano Guillermo.

Como mencionamos Alfredo Arellano Guillermo, el secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo que promovió la iniciativa de ANP había sido previamente director regional de la CONANP en el Norte de Quintana Roo, así que estaba muy familiarizado con los mecanismos para establecimiento de áreas naturales protegidas, los financiamientos y los beneficio que podían obtenerse de ellas. Es un personaje controversial sobre el que penden muchas denuncias por corrupción. Cuando las comunidades se reunieron para protestar contra esta iniciativa se hizo claro que NO habían sido consultadas o sus opiniones tomadas en cuenta para incluir, en algunos casos, sus territorios completos dentro de un Área Natural Protegida. De manera repetitiva en todas las propuestas de la tríada para imponer los instrumentos de política ambiental, para justificar acciones como el establecimiento de un sitio Ramsar o un ANP, siempre hay cuatro elementos:

1. Un recuento de recursos naturales o especies que es “urgente” salvar, con declaraciones muy generales sin justificar con datos dichos enunciados. 2. Uno o varios grupos de actores que se criminalizan y señalan como causa.

3. Un peligro inminente, y 4. La mención de que el instrumento es LA MEJOR SOLUCIÓN. Hacían su recuento de cosas que era urgente salvar argumentando que las 219,000 hectáreas eran necesarias porque permitía la presencia de especies emblemáticas y protegidas que estaban en riesgo de supervivencia como los estromatolitos, caracol chivita, gavilán caracolero, mariposas, reptiles y aves, así como mamíferos y peces. Subrayo los estromatolitos porque son piedras, lo que está vivo y puede considerarse “especies” son los microorganismos que habitan en el milímetro o dos de tapete microbialítico en su superficie, y que ni el meteorito de Chicxulub puso en peligro, pero construirles un mito para su protección y urgencia por salvar estas piedras construidas por acumulación de sarro, se volvió pieza clave en su discurso mediático. También argumentaban que debido al potencial turístico de la zona y el desarrollo que se veía venir, en un medio tan frágil hacían urgente un área protegida. Pero si regresamos a la presentación de los beneficios del sitio Ramsar para la tríada que presentó Luisa Falcón, está la capacidad de las cianobacterias como base de biotecnología para procesar contaminantes. Es muy fácil evaluar y demostrar cómo cambia el discurso de la tríada, dependiendo de a quién se le esté vendiendo la naturaleza. También argumentaron que, al sumarse al programa de ordenamiento ecológico local, al plan de desarrollo urbano, a un programa estricto y adecuado de colecta y tratamiento de aguas residuales haría posible el desarrollo sustentable de los municipios de Othón. P. Blanco, Bacalar y, en general, del sur de Quintana Roo.

Si quitamos del texto la frase: el área natural protegida, todo lo demás ha sido una solicitud de la población local desde hace muchos años. La tríada puso como eje central de su llamado el ANP y lo enlazó con lo demás, argumentando que el decreto iba a ser un mecanismo para facilitar la gestión institucional de otros procesos para la preservación de los valores ambientales de los ecosistemas, representados dentro del área, como instrumento jurídico idóneo y termina con el chantaje emocional su exposición: “…para proteger a una serie de ecosistemas que rodean la laguna de Bacalar, un cuerpo de agua único en México y en el mundo, por su extensión, belleza paisajística, biodiversidad y conectividad con la selva maya y el arrecife mesoamericano, dos ecosistemas de relevancia continental y global…”

Cuando se analizan los discursos de este tipo puede verificarse que se repiten en decretos, solicitudes y en toda la mercadotecnia ambientalista de las ONGA, las agencias gubernamentales de medio ambiente y los científicos, para convencer a la opinión pública de que se está actuando en pro de salvar a la naturaleza, de manera desinteresada, altruista y casi heroica.

Ese servilismo ante los títulos académicos y los puestos de gobierno hace que la población no se haga preguntas y no se atreva a cuestionar cosas como:

• ¿Cómo el ANP va a hacer eso? Si quitamos de la ecuación el ANP, el resto de los instrumentos, implementados correctamente y para lo que fueron creados, por sí solos, solucionarían cualquier tipo de impacto negativo que se estuviera generando sobre el cuerpo de agua.

• ¿Cómo entra en la ecuación el ANP que la vuelve clave para que ahora lo que no ha funcionado, funcione? De las respuestas se desprenden otros cómo, que los promotores no se toman la molestia de explicar.

• ¿Cómo van a ponerse de acuerdo las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores, si no han sido capaces de ponerse de acuerdo anteriormente?

• ¿Cómo otro instrumento más de política ambiental, ya hay tres y vienen dos más (ver más adelante) va a articularse para hacer la diferencia?

• ¿Cómo va a impactar positiva y negativamente a la población? Con indicadores y proyecciones, no con sueños y esperanzas.

• ¿Cómo se piensa que se van a asumir los costos para la protección / conservación (no solo económicos, pero sociales, productivos, técnicos, patrimoniales, ambientales)?

• ¿Quién va a asumir los costos?

• ¿Cómo vamos a evitar corrupción, como ha sucedido en otras

ANP?

La opinión pública continúa asumiendo que los promotores de la tríada tienen la respuesta, pero rara vez es así. Más allá de una declaración mercadológica de tintes heroicos, las declaraciones de investigadores y de ONGA aseveran algo que no se ha podido demostrar de manera práctica

y concreta con las ANP y otros instrumentos de política ambiental en el país los últimos 44 años. Para entender el modelo de las ANP en México, habría que hablar del origen del modelo de las áreas naturales protegidas el siglo XIX, particularmente en los Estados Unidos; cuya finalidad era “proteger la vida salvaje (wilderness) amenazada por una creciente expansión de la civilización urbano-industrial concebida como destructora de la naturaleza y de cómo este concepto de áreas naturales protegidas chocó con la realidad de los países “tercermundistas” de Latinoamérica, donde los pobladores no sólo viven de manera cercana con la naturaleza, pero además coexisten con ella, pero eso lo trataremos más adelante cuando hablemos del mito de la capacidad de carga turística, porque están enlazados. Irónicamente, muchos de los discursos de los promotores de estas áreas se basan en una idea romántica del paraíso en peligro, como sucedía con los naturalistas del sigo XIX, de donde provienen las ANP. Se maneja prácticamente el mismo discurso de los naturalistas y reservistas de esa época – hace dos siglos-: la única forma de proteger la naturaleza era apartarla del hombre, por medio de islas desde donde “los que amaban la naturaleza” podían admirarla. Cuando uno escucha con atención las justificaciones de la tríada que involucran conceptos espiritualoides, new age, son discursos centenarios, desde la visión colonialista de los paraísos fuera del alcance de los salvajes, para el disfrute y uso de la gente civilizada (pudiente) que requiere de esos lugares paradisíacos para reponer sus energías gastadas de la vida estresante de las ciudades y del trabajo monótono…y que pagan muy buen dinero por ello, vemos que seguimos prácticamente en e l mismo sitio que hace 200 años. Me encanta la reflexión que nos deja Diegues (2000) en su investigación donde dice que esta situación se debe a una reproducción actualizada del mito del paraíso perdido y buscado por el hombre después de su expulsión del Edén. Este neomito, o mito moderno, viene, sin embargo, impregnado del pensamiento racional representado por conceptos como el de ecosistema, diversidad biológica, etc. El pensamiento técnico-racional parasitado por el pensamiento mítico y simbólico. Para la propuesta de ANP de Bacalar las comunidades se defendieron haciendo un análisis técnico, social y político de la propuesta y promoviendo una serie de acciones dirigidas a sensibilizar a la opinión pública. El 22 de octubre de 2018 las autoridades de los ejidos Pedro Antonio