PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL
Gloria Di Rienzo en julio dio una charla en el Centro Miguel Mozé: de la autoamnistía militar a la condena de los genocidas
MEMORIA Y JUSTICIA
Este trabajo habla sobre la impunidad de los delitos considerados de lesa humanidad, tras la restauración democrática de 1983. La impunidad ocurre cuando a las víctimas se les niega el derecho a la investigación de los hechos, la reparación por el daño sufrido y no se procesa a los responsables. Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos, procurar el restablecimiento del derecho vulnerado o reparar los daños producidos. La historia argentina lleva el estigma insalvable del genocidio desde antes de constituirse como nación. Así lo demuestran el aniquilamiento insensible de las poblaciones indígenas durante la conquista, colonización y conformación del Estado moderno en el siglo XIX y el recurso a los asesinatos políticos a los opositores al régimen faccioso, oligárquico y liberal, en la larga lucha tras la primera independencia.
por Gloria Di Rienzo (1) El genocidio argentino El término genocidio, es un concepto que se fue instalando en nuestro léxico en los últimos años de manera casi imperceptible. Se abrió camino mientras se dejaba de lado la idea de que las fuerzas represivas se excedieron en su accionar, o que los secuestros, torturas y tratos denigrantes, apropiaciones de bebés y violaciones, fueron obras de malvados y locos. El genocidio del siglo XX en Argentina, fue la forma práctica del plan sistemático de aniquilamiento de los opositores políticos que alcanzó su mayor envergadura durante la última dictadura - justificada con el argumento de la necesidad de la lucha contra la subversión- en el marco de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, ligada a la estrategia de expansión capitalista. A partir de 1983 la magnitud de los crímenes producidos imposibilitó que la transición se efectuara sin la intervención de la justicia, como ocurrió en dictaduras anteriores. Esta diferencia constituyó un hecho inédito nacional y latinoamericano y a la vez un problema ineludible durante las
PARTE UNO
gestiones de gobierno posteriores. Sin embargo, en el plano ideológico, la formulación de la teoría de los dos demonios fue el recurso para minimizar las responsabilidades de los genocidas y sus cómplices y aunque resulte delicado establecer elementos de continuidad entre la dictadura y la democracia, hubo rasgos de ajuricidad en la restauración del Estado de Derecho, que favorecieron el mantenimiento de la impunidad con la producción y sanción de leyes a contrapelo del derecho internacional y de la reforma constitucional de 1994. En todo caso, hay que decir que el gobierno argentino, debía aceptar, y no lo hizo, las obligaciones que las leyes y tratados internaciones le imponen de juzgar a los genocidas o extraditarlos si un país legitimado para enjuiciarlos así lo solicita. Los militares, tras la derrota en Malvinas, que aceleró su retirada, intentaron clausurar la investigación de su accionar represivo y evitar la rendición de cuentas por sus crímenes, tanto en el plano nacional como en el internacional. Una de las herramientas de la impunidad había sido el ocultamiento de sus crímenes. Desde el gobierno, -mediante el fuerte control de los medios de comunicación, el terror y la desinformación de los familiares de las
25
