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por Alexis Oliva / Página
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por Alexis Oliva
Experto en informática y software libre, Rodolfo Rapetti conduce el Archivo Digital del Archivo Nacional de la Memoria, que procesa un promedio de quince mil imágenes al día. Consciente del poder de las corporaciones informáticas, propone “resistir el lobby de Microsoft” con una política tecnológica autónoma y acusa a la ley SOPA de ser un intento de “control a través del miedo”.
Para imaginar en qué medida la tarea del Archivo Digital ayuda a agilizar los tiempos de la Justicia en materia de derechos humanos, tal vez no alcance con saber que hay tres escanners trabajando a destajo para registrar cada uno un promedio de cinco mil imágenes por día, lo que ha logrado acumular un volumen de siete millones de imágenes, de las que más de la mitad corresponden a folios de expedientes judiciales relacionados con el terrorismo de Estado. Tal vez ayude a comprenderlo mejor esta anécdota que cuenta su coordinador, Rodolfo Rapetti: “Estábamos devolviendo la primera parte de una causa muy importante a un juzgado de Capital Federal. Tardamos tres meses, la información se procesó, se organizó el sistema y se lo fuimos a colocar en red. Entonces, uno de los abogados dice: ‘Quiero hacerle al sistema… tal pregunta’. Nuestro compañero le hace la consulta, enter… y el tipo literalmente se tiró sobre el sillón y dijo: ‘Me acaba de dar en siete segundos lo que yo tardé en buscar un mes y medio a cinco horas por día’. Eso había tardado, porque si tenés que leer todas las causas para sacar los textuales del testimonio tal y son 250 cuerpos, te pasás un mes y medio leyendo y separando. En cambio, de esta manera, ponés ‘testimonial de fulano’ y bruuummm… te sale todo”.
-¿Qué significan en términos de política de Estado el Archivo de la Memoria y el Archivo Digital?
-El decreto fundacional del Archivo Nacional de la Memoria (1) plantea que el Estado se hace cargo de la reconstrucción de la memoria. En función de eso, se dan directivas de no innovar sobre la información, sea papel, huesos o lo que sea que exista. Es la primera vez que el Estado nacional se hace cargo proactivamente de la reconstrucción de la memoria, porque existe un Gobierno que tiene una política clara de derechos humanos respecto al momento histórico del terrorismo de Estado.
-¿Qué implicó este momento de impulso a los derechos humanos en relación al trabajo concreto del Archivo Digital?
-Nosotros teníamos cinco puestos de trabajo y un universo de información de alrededor de 800 mil folios; los legajos de la Conadep, las fuentes complementarias, las leyes reparatorias y alguna cosita más. Ese era nuestro universo, que de pronto iba a crecer a un ritmo impensado. Cuando me dicen que tengo que buscar todo lo que hay en el país en relación a los derechos humanos, fue un paradigma nuevo. ¿Cómo puedo medir eso? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hacer?
-¿Y qué hicieron?
-En 2003, cuando se crea esto en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las cámaras federales estaban empezando a declarar inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, la propuesta fue acompañar los juicios. Y hubo que convencer a muchos, porque a los abogados les costaba entender que podían correrse del papel para tener más eficiencia y seguridad. El primer trabajo fue digitalizar para la Cámara Federal de Rosario la causa “Feced” (2). Eso demostró que ciertas resoluciones se podían tomar mucho más rápido. Por ejemplo, a la semana de que la Cámara entregó al juzgado de instrucción una copia del trabajo que hicimos, siete militares estaban presos. Eso hizo que nos invitaran a procesar la mega causa de Tucumán, donde tuvimos mucha ayuda de los organismos de derechos humanos y la Fiscalía. Y en Córdoba estuvimos un año, en algunos momentos con tres escaners de alta velocidad. Además, ahí está la Comisión Provincial de la Memoria, que también ha digitalizado algunos materiales del Juzgado Federal Nº 3.
-¿Con qué software informático procesan la información?
-Desde el 2001, contamos con el software inglés Excalibur y devolvemos la información sistematizada en un sistema de búsqueda, el Greenstone (3), un producto de libre disponibilidad, que no obliga a comprar licencia. Es full text, o sea que no se necesita articular metadatos, sino que hace un OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y busca por contenidos. Entonces, no solamente no tengo los libracos encima y puedo guiarme por computadora, sino que además busco “Roldán” en un volumen de 300 mil folios y me dice “está acá, acá y acá”.
-¿Cómo gravitaron los cambios culturales asociados a la tecnología?
-Hay una cuestión paralela a la cuestión política, que es la incorporación de las nuevas tecnologías al Estado. Argentina podría estar mucho más avanzada, pero muchos funcionarios todavía no entienden el rol de las nuevas tecnologías, que se han metido en todas las actividades humanas. Y en algunas no para decir “te acompaño”, sino para decir “ahora las cosas se hacen de otra manera”. Si no, es la tortuga de la ineficiencia.
El Estado bobo
-¿Cuál es el riesgo de la dependencia de empresas privadas multinacionales de informática? ¿Cómo se pensó y se resolvió esa cuestión?
-¿Cómo te imaginás esta dependencia?
-Concretamente, si Microsoft u otra firma va a ser la única proveedora de software o depositaria de los datos. O, por ejemplo, lo que pasó con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la gestión de Aníbal Ibarra…
-Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires fue una turrada de Microsoft y una boludez de los dirigentes.
-¿Esto es off the record?
-En absoluto. Se lo dije a los dirigentes, porque fue ignorancia. Lo que pasó fue que, no Microsoft, sino Software Legal (4), una ONG formada por empresas vendedoras de software a las que les resuelve la cuestión legal de que cada una debe denunciar el ilícito cometido contra su propio soft y no el de otro, consiguió las pruebas de que las máquinas de un área del gobierno de la ciudad, en la época de Aníbal Ibarra, tenían software trucho. Entonces, le cayó un juicio penal y civil. Penal, porque antes el lobby de las multinacionales del software impulsó que la escritura del software se incorporara al derecho de autor y la propiedad intelectual. Es una monstruosidad jurídica, pero al entrar ahí ya no es sólo un conflicto civil, sino también un delito penal, con lo que implica para el Estado, porque si se trata de funcionarios te pueden acusar hasta de asociación ilícita. A esto lo arreglaron con 2.400.000 dólares, pagados en tres cuotas en tercero Access. O sea, no te enseñan procesador de texto, planilla de cálculo y sistemas de bases de datos, sino los programas de ellos. Tenés al Estado en sus escuelas formando consumidores de esa empresa. Y después la gente que se puede emplear, tanto en la actividad privada como pública, sabe eso, porque fue formada así. ¿Quién se va a hacer cargo de formarla en software libre? En las empresas, ni locos, compran lo de ellos. Y en el Estado tampoco, porque no se sabe o no se mide esto como política.
de 800 mil en un arreglo judicial. Fue por ignorancia y estupidez.
-¿Por qué?
-Primero, porque Microsoft ha tenido históricamente una política de regalar software para ganar mercado y después te caga. Segundo, la ley fue armada con ceguera y estupidez. Acá no había abogados que fueran capaces de meterse en serio y pasó una ley que tendrían que haber tomado juristas importantes y revisar bien esta cuestión de la propiedad intelectual del software. Además, la propiedad intelectual es de un individuo, y al software lo escriben cientos de personas en todo el mundo. Y además, porque a la altura en que sucedió eso (1998), el Estado ya estaba en condiciones de llevar adelante una política de incorporación de servicios de archivo y oficina de software libre. El Open Office -hoy Libre Office (5)-, que es una suite de oficina muy completa y de excelente manufactura, podía haberse usado en lugar del soft trucho.
-Y siguieron trabajando con Microsoft…
-Claro. Es una cadena: Microsoft regala máquinas con software para las escuelas e interviene para que en la educación de la informática y la computación te enseñen programas de ellos. En primer año de las escuelas secundarias como “computación” te enseñan Word, en segundo Excel y
-¿Cuál es la política tecnológica del Estado?
-No hay… Bueno, creo que hay algunas líneas. Acá hicimos un montón de experiencias con software libre.
-¿Y qué política aplican ustedes?
-Es que yo no tengo autonomía. Pido que me compren las cosas y no tengo poder de decisión; esto es un área chiquitita. Ni siquiera soy responsable de todo lo que es informática en la Secretaría de Derechos Humanos.
-Entonces, ¿cuál debiera ser? Porque el diagnóstico que hace como funcionario es bastante duro.
-Yo digo lo que pienso, es así. ¿Quién me va a decir que no? Creo que esto de darles computadoras a los alumnos es
una buena política, claro que sí. Algunas líneas empiezan a verse. Es una pelea, porque donde quieras hacer algo tendrás a las empresas inmediatamente encima. Además, el planteo del software libre no es tan maravilloso. Ahí hay muchos pibes que no entienden la relación con el usuario y tienen una lógica muy dura. Y, por ejemplo, el software libre recién hace diez años empezó a meterse en el desarrollo de gráficos.
-O sea que tampoco se puede tener una posición militante a favor del software libre.
-Sí podemos tenerla. Pero en países como los nuestros las corporaciones no tienen una gran dimensión, como en Europa o Estados Unidos. Esos son los grandes clientes de las empresas de tecnología. Acá las grandes corporaciones son los Estados. Por eso hay mucha intención de venderle al Estado. Pero si no se impulsa desde el Estado una política de inclusión digital, se profundiza la brecha digital, o sea, hay cada vez más excluidos. A esto no lo dicen las empresas, que deslumbran a los dirigentes mostrando los beneficios. Pero veámoslo bien completo. Entonces, siendo el Estado la corporación más importante, solamente con discutir bien qué vas a comprar, cuándo y cómo, ya se genera una política tecnológica.
Conectar Igualdad
-A propósito de la brecha digital y la iniciativa del Estado, ¿qué opina del Programa Conectar Igualdad que distribuye las netbooks en escuelas secundarias?
-El programa es muy bueno. Pero, ¿por qué con Microsoft? ¿Por qué esto que iba a salir con Linux ahora tiene dos software? Tiene Linux y tiene el sistema operativo XP de Microsoft, pero el que tiene el número y la clave es el de Microsoft. Es muy importante plantear como derecho universal la apropiación de las tecnologías y la inclusión digital. Pero definamos qué queremos decir con inclusión digital, porque cuando uno lo dice salen las empresas: “¡Sí, inclusión digital!”. Pero para las empresas inclusión digital significa fortalecer el dedo índice para apretar bien el mouse y decir “sí compro” o “no compro”. Para ellos la tecnología debe ser transparente, que nadie la vea ni sepa nada.
-¿Y cómo debe ser?
-Hay que elevar los niveles de conocimiento de la gente y ayudarla a apropiarse de la tecnología. Si esa es la idea del Conectar Igualdad, vamos para adelante. Pero Microsoft va a tratar de ser parte, porque si no pierde el eje desde el que ha crecido: regalando cosas que después te obligan…
-Como un dealer que te regala la primera dosis para después engancharte. Esa es su lógica de crecimiento de mercado.
-O sea que con todo lo que intente el Estado en gran escala va a haber una disputa…
-Siempre, porque el Estado es la corporación más importante y las presiones de las empresas son muy grandes. Si tenés un producto determinado, para poder correrlo en el 90 por ciento de los sistemas operativos tenés que firmar que no vas a irte para Linux. Yo laburé como periodista en esto y fui el primero en escribir sobre software libre en el país. No hay periodistas especializados, son extensiones de marketing de las empresas. Acá sin el Greenstone no hubiéramos podido hacer el estrago que hicimos en el Poder Judicial. Y se pudo hacer porque hay una voluntad política del Estado.
Notas:
(1) Decreto Nº 1259/03, Presidencia de Néstor Kirchner, 16 de diciembre de 2003. (2) “Feced, Agustín y otros s/homicidio, violación y torturas”, es la causa emblemática de crímenes cometidos durante la dictadura en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército. (3) Se trata de un programa de código abierto para el desarrollo de bibliotecas digitales y archivos institucionales en distintos idiomas, distribuido según los términos de la Licencia Pública General GNU, creada por la Free Software Foundation en 1989. El Greenstone fue creado por la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda, la UNESCO y la ONG Human Info de Bélgica. (4) Software Legal se presenta como una “organización regional que protege a la industria de software y promueve la seguridad de los usuarios, educa en torno a la defensa del derecho de propiedad intelectual de los creadores/desarrolladores de software, y trabaja con las empresas, el gobierno y la sociedad en general, en búsqueda de afianzar la seguridad de los sistemas de informática y de los usuarios”. Son sus socios Apple Computer Inc.; Autodesk Inc.; Bentley Systems Inc.; Borland; Calipso; Corel, Dassault Systemes; Edusoft S.A.; Escorpion Sistemas; Icube; Latinsoft; Max Business; Memory Computacion; Microsoft Corporation; New Horizons; Panda Software S.A.; ProRM; Prosys S.A.; TacticaSoft; TEG Solutions S.A.; Very Important People; Y2K Networks. (Ver www.softwarelegal.org.ar ) (5) Ver http://es.libreoffice.org/home/
-Como un dealer…
(*) Publicado en la revista El Sur, febrero de 2012.
La SOPA del miedo
La Stop Online Piracy Act (acta de cese a la piratería en línea), conocida como ley SOPA, es un proyecto presentado al Congreso de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el legislador republicano Lamar Smith, con la finalidad de combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y/o falsificados a través de Internet.
La iniciativa incluye la posibilidad bloquear con una orden judicial la publicidad, las redes de pago de ganancias, los proveedores de Internet y los resultados que conducen a través de motores de búsqueda al sitio infractor (aunque éste no fuera estadounidense). Las penas que prevé podrían alcanzar hasta cinco años en prisión.
Quienes impulsan la ley argumentan que protegería al mercado de la propiedad intelectual, su industria, empleos y beneficios, mientras que los detractores afirman que amenaza la libertad de expresión, la inversión y las innovaciones en Internet. El 18 de enero pasado, miles de sitios web coordinaron una protesta que incluyó el apagón de servicios, la exhibición de imágenes censuradas y enlaces a páginas que explicaban las posibles consecuencias.
Se oponen a la ley SOPA -y al posible “plan B”, la ley PIPA (Protect IP Act)-, entre muchos otros, Wikipedia, AOL, Facebook, Google, Human Rights Watch, Internet Foundation, Kaspersky, Mozilla, Reporteros sin Fronteras, Cuevana, Twitter y Yahoo.
Mientras tanto, en represalia por el cierre de la página de descargas Megaupload y la detención de su creador Kim “Dotcom” Schmitz, acusado de piratería informática, desde Anonimous -“alias” global de la militancia hacker- se tomaron las páginas del FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros sitios oficiales de distintos estados; de firmas multinacionales de la industria cultural (Sony, Warner Bros y Universal Music Group), y de entidades que defienden la propiedad intelectual, como -en nuestro país- la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).
Además, Anonimous está convocando al “marzo negro”, un boicot global dirigido a “golpear en los márgenes de beneficio” de las “compañías lobbistas” de la industria cultural, para lo que se insta a no comprar durante el próximo mes sus libros, revistas, música o DVD y no ir al cine ni bajar canciones.
El conflicto ya está involucrando a miles de instituciones y empresas y decenas de millones de usuarios. Y amenaza con crecer.
En relación a esta disputa, Rodolfo Rapetti, opina: “Internet es una herramienta tremendamente barata, muy fácil de utilizar y muy difícil de controlar, y eso es algo que a los estados nacionales les cuesta soportar. Entonces, siempre va a haber medidas que intenten controlar. Hay mucho más que una debilidad del derecho de autor, que es válido. Un paradigma dejó de existir y apareció otro. Las nuevas tecnologías penetraron en todas las actividades humanas y su convergencia generó un nuevo espacio al que llamamos virtual. Porque es mejor, barato, rápido… por lo que sea, muchas actividades tienen al espacio virtual como espacio dominante. No hay vuelta atrás. Si juntamos ‘un nuevo espacio de actividades’ con ‘muy fácil de utilizar y muy difícil de controlar’, el resultado es molesto para los estados y para quienes son hegemónicos en ellos”.
-¿Cuál es la estrategia de estos factores de poder que están reaccionando?
-Cualquier cosa es excusa para avanzar en el control y la herramienta es el miedo: miedo de que se metan en tus cosas; que tus hijos pueden ser corrompidos; que los terroristas acechan; etcétera, etcétera. Y consiguen así consenso social para aumentar el control. Es necesario legislar específicamente, pero no caer en la trampa de los autoritarios que no se bancan que alguien pueda fácilmente contar con la convocatoria de una multinacional. El uso de tecnologías nos cambia, hay una resistencia natural al cambio y a veces esa resistencia presenta la situación como muy catastrófica. Entonces, ¿por qué no sumamos esto en vez de verlo como enfrentado? Tiene que ver con construir nuevos derechos.
