Una nueva Constitución emancipadora Se lanzó el “Movimiento por una Constitución Emancipadora”, convocado por más de cincuenta organizaciones políticas que defienden el Proyecto Nacional y Popular que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la intención de promover foros en todo el país para debatir un “constitucionalismo popular”, una nueva Constitución para un nuevo Estado. Junto a la Corriente Peronista Descamisados, lanzaron este movimiento la CTA que conduce Hugo Yasky, el Movimiento Evita, el Partido Comunista, el Miles de Luis D’Elía, el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y el Frente Grande. También está Carta Abierta, el PSOL (Partido Solidario) del diputado Carlos Heller, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Corriente Martín Fierro y el Peronismo Militante. Un constitucionalismo popular “Apuntamos a un constitucionalismo popular como pilar de esta idea, en el que el pueblo es el constituyente que discute la Constitución, y que no quede en manos de cuatro abogados”, sostiene Marcelo Koenig, referente nacional de la Corriente Peronista Descamisados y director de la Escuela de Gobierno. Y es que toda Constitución es hija de su propia época. Por lo tanto su estructura normativa, que permite la construcción del andamiaje institucional del Estado y el conjunto de la sociedad, traduce la visión del mundo que el sector hegemónico de una nación tiene en determinado momento histórico. Toda Constitución es política y la concepción del Estado y la sociedad civil que refle-
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ja es producto también de una determinada ideología. Y como el terreno político es el lugar por excelencia donde los conflictos e intereses de una sociedad se expresan, la Constitución también es fruto y reflejo a la vez de esos conflictos y contradicciones sociales en una época determinada. Toda conformación de un Estado responde a intereses específicos. Estos se expresan en el propio cuerpo normativo constitucional conformando un criterio ordenador de la estructura legal, social, cultural, política e incluso económica. Teniendo en cuenta lo enunciado, a partir de 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, y su continuidad con Cristina Fernandez de Kirchner, se fueron ampliando la base de derechos sociales y civiles consagrados en la actual Constitución vigente. Sin embargo, el marco jurídico e institucional actual actúa a modo de corset para la profundización de este proyecto. La Constitución neoliberal de 1994, lentifica, cuando no impide, el despliegue de más y nuevos derechos como parte sustantiva de un modelo de desarrollo nacional basado en el crecimiento económico, con justicia social y hermandad con el resto de los pueblos de nuestra Nación Latinoamericana. Estamos, entonces, ante la necesidad de reformar nuestra norma fundamental. Para darle rango constitucional a las conquistas conseguidas en estos nueve años. Y sobre todas las cosas, necesitamos una reforma que siente las bases sobre las cuales se ha de construir un nuevo Estado que permita profundizar el rumbo actual y nos garantice la liberación de nuestra Patria. No alcanza con una mera reforma cosmética como se hizo en 1957 y 1994 para adecuar la constitución liberal de 1853/60. Se trata de construir un nuevo cuerpo constitucional como se hizo en 1949. Planteamos la necesidad de una reforma constitucional profunda que garantice las conquistas populares obtenidas y que a la vez vaya por las que faltan. Para que de
una vez por todas Argentina se constituya en un Estado social de derecho; donde los recursos naturales sean la garantía de riqueza de todos los argentinos y no de los grupos económicos transnacionales; para que la democracia sea más participativa, dándole voz a los sin voz y fortaleciendo los lazos de unidad regional pensándonos desde y para nuestra América. Necesitamos sentar las bases jurídicas para una Argentina con pleno empleo, crecimiento económico con inclusión social, de redistribución de la riqueza, de soberanía en todas sus acepciones. Necesitamos una nueva Constitución para un nuevo Estado, para una nueva Argentina.
Soberanía es recuperar lo nuestro La soberanía de un país es la potestad de tomar las medidas necesarias para la conservación y disposición de lo que por legítimo derecho le corresponde. Cuando hablamos de lo que nos corresponde no nos referimos solamente a títulos dominiales de los territorios heredados de la independencia del Imperio español, sino que nos referimos también a los que nos fueron arrancados por otro tipo de coloniaje: el económico. Reivindicamos la soberanía del Estado popular; la administración y disposición de los recursos naturales y servicios públicos; la soberanía de la totalidad del territorio continental, insular y marítimo. Pero también todo cuanto conduzca a la felicidad de nuestro pueblo. No podemos hablar de total soberanía si no tenemos soberanía alimentaria; sin soberanía energética; no podemos hablar de soberanía si la población sólo accede a derechos civiles y políticos pero no a sociales y económicos. La soberanía reside en el Pueblo y por lo tanto está en función de este.
Democracia más participativa Etimológicamente la palabra democracia significa el poder del pueblo. El pueblo,
