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Una nueva Constitución emancipadora

Se lanzó el “Movimiento por una Constitución Emancipadora”, convocado por más de cincuenta organizaciones políticas que defienden el Proyecto Nacional y Popular que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la intención de promover foros en todo el país para debatir un “constitucionalismo popular”, una nueva Constitución para un nuevo Estado. Junto a la Corriente Peronista Descamisados, lanzaron este movimiento la CTA que conduce Hugo Yasky, el Movimiento Evita, el Partido Comunista, el Miles de Luis D’Elía, el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y el Frente Grande. También está Carta Abierta, el PSOL (Partido Solidario) del diputado Carlos Heller, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Corriente Martín Fierro y el Peronismo Militante.

Un constitucionalismo popular

“Apuntamos a un constitucionalismo popular como pilar de esta idea, en el que el pueblo es el constituyente que discute la Constitución, y que no quede en manos de cuatro abogados”, sostiene Marcelo Koenig, referente nacional de la Corriente Peronista Descamisados y director de la Escuela de Gobierno.

Y es que toda Constitución es hija de su propia época. Por lo tanto su estructura normativa, que permite la construcción del andamiaje institucional del Estado y el conjunto de la sociedad, traduce la visión del mundo que el sector hegemónico de una nación tiene en determinado momento histórico.

Toda Constitución es política y la concepción del Estado y la sociedad civil que refleja es producto también de una determinada ideología. Y como el terreno político es el lugar por excelencia donde los conflictos e intereses de una sociedad se expresan, la Constitución también es fruto y reflejo a la vez de esos conflictos y contradicciones sociales en una época determinada.

Toda conformación de un Estado responde a intereses específicos. Estos se expresan en el propio cuerpo normativo constitucional conformando un criterio ordenador de la estructura legal, social, cultural, política e incluso económica.

Teniendo en cuenta lo enunciado, a partir de 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, y su continuidad con Cristina Fernandez de Kirchner, se fueron ampliando la base de derechos sociales y civiles consagrados en la actual Constitución vigente.

Sin embargo, el marco jurídico e institucional actual actúa a modo de corset para la profundización de este proyecto. La Constitución neoliberal de 1994, lentifica, cuando no impide, el despliegue de más y nuevos derechos como parte sustantiva de un modelo de desarrollo nacional basado en el crecimiento económico, con justicia social y hermandad con el resto de los pueblos de nuestra Nación Latinoamericana.

Estamos, entonces, ante la necesidad de reformar nuestra norma fundamental. Para darle rango constitucional a las conquistas conseguidas en estos nueve años. Y sobre todas las cosas, necesitamos una reforma que siente las bases sobre las cuales se ha de construir un nuevo Estado que permita profundizar el rumbo actual y nos garantice la liberación de nuestra Patria.

No alcanza con una mera reforma cosmética como se hizo en 1957 y 1994 para adecuar la constitución liberal de 1853/60. Se trata de construir un nuevo cuerpo constitucional como se hizo en 1949.

Planteamos la necesidad de una reforma constitucional profunda que garantice las conquistas populares obtenidas y que a la vez vaya por las que faltan. Para que de una vez por todas Argentina se constituya en un Estado social de derecho; donde los recursos naturales sean la garantía de riqueza de todos los argentinos y no de los grupos económicos transnacionales; para que la democracia sea más participativa, dándole voz a los sin voz y fortaleciendo los lazos de unidad regional pensándonos desde y para nuestra América.

Necesitamos sentar las bases jurídicas para una Argentina con pleno empleo, crecimiento económico con inclusión social, de redistribución de la riqueza, de soberanía en todas sus acepciones.

Necesitamos una nueva Constitución para un nuevo Estado, para una nueva Argentina.

Soberanía es recuperar lo nuestro

La soberanía de un país es la potestad de tomar las medidas necesarias para la conservación y disposición de lo que por legítimo derecho le corresponde. Cuando hablamos de lo que nos corresponde no nos referimos solamente a títulos dominiales de los territorios heredados de la independencia del Imperio español, sino que nos referimos también a los que nos fueron arrancados por otro tipo de coloniaje: el económico. Reivindicamos la soberanía del Estado popular; la administración y disposición de los recursos naturales y servicios públicos; la soberanía de la totalidad del territorio continental, insular y marítimo.

Pero también todo cuanto conduzca a la felicidad de nuestro pueblo. No podemos hablar de total soberanía si no tenemos soberanía alimentaria; sin soberanía energética; no podemos hablar de soberanía si la población sólo accede a derechos civiles y políticos pero no a sociales y económicos. La soberanía reside en el Pueblo y por lo tanto está en función de este.

Democracia más participativa

Etimológicamente la palabra democracia significa el poder del pueblo. El pueblo,

PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL

desde 1983, recuperó los canales institucionales paraales elegir a sus representantes en los cargos de gobierno. Esta es una conquista, sin embargo hemos avanzado poco en acercar a los representantes con sus representados, y cuenta de ello fue la crisis de representación que se vivió en el 2001.

Las formas de participación popular de la Constitución actual son escasas e inoperantes. Hay que avanzar a nuevas formas de participación que permitan al pueblo de manera directa ser depositario de su propio destino en decisiones que no sean sólo el sufragio cada dos años.

Constitución para un nuevo Estado

Las ideas contractualistas del siglo XIX hacían hincapié en un Estado liberal que solo se encargara de la seguridad, la educación y la justicia. Durante el siglo XX el constitucionalismo social fue dotando las constituciones liberales con articulados que le daban un contenido social a los tiempos que devenían. La Argentina supo en 1949 tener en su plexo normativo con rango constitucional a los derechos de la niñez, de la vejez, al trabajo y la educación.

Entendemos que el Nuevo Estado Argentino debe pensarse en un mundo globalizado desde la región sudamericana.

Queremos una constitución para un Estado moderno, que viabilice la totalidad de las necesidades de su pueblo para una Argentina justa, libre y soberana. Para que esto sea una realidad debemos avanzar del constitucionalismo social que sucedió al constitucionalismo liberal, para llegar al constitucionalismo popular. Este, que es el que se viene practicando en muchas de las naciones hermanas de Latinoamérica, incluye la discusión y la participación popular a la hora de la elaboración normativa.

Si la Constitución vigente es fruto de el pacto de Olivos, un acuerdo de cenáculo de espaldas a las necesidades populares, en la nueva Constitución que soñamos los muros se derriban y el pueblo se convierte en constituyente, incluyendo sus demandas, aspiraciones, necesidades y responsabilidades.

La integración regional

Nuestra región está avanzando hacia mayores niveles de integración en diferentes planos: políticos, económicos, sociales, culturales. Latinoamérica viene dando un debate por demás enriquecedor donde los estados están empezando a pensar la integración no solo a nivel discursivo, si no a través de la conformación de organismos supranacionales desde donde concretar la integración.

UNASUR y CELAC forman parte de un nuevo modelo jurídico de integración regional que es necesario interpretar desde la nueva Constitución, entendiendo que somos un Estado inserto en Latinoamérica y no un apéndice europeo productor de materias primas como se pensaba la Argentina desde la idiosincrasia del siglo XIX y que iluminó la Constitución liberal de 1953.

Esta estructura de derecho a la integración regional tiene que tener preponderancia incluso sobre los tratados internacionales globales. No se trata de desechar lo que representan pactos como el de derechos humanos, sino incorporarlos a nuestra legislación de integración regional para darles la debida prioridad; invirtiendo el orden establecido en la Constitución de 1994, concebida en los tiempos que se hablaba del fin del Estado Nacional y el fin de la historia.

Los derechos, conquistas sociales

En estos nueve años de crecimiento económico con inclusión social, los avances han sido en todos los planos: sociales, políticos, económicos, culturales y civiles. Es necesario darles rango constitucional para que no puedan ser fácilmente derogados. La recuperación de YPF, el matrimonio igualitario, la ley de tierras, la ley de medios, la nacionalización de los fondos de jubilación y pensión, el estatuto del peón rural, etc.), son conquistas del pueblo argentino, no meras concesiones. Darles rango constitucional garantizará su estabilidad y un nuevo piso para las futuras generaciones.

Modelo productivo y solidario

Desde 2003 la Argentina abandonó el patrón de acumulación a través de la valorización financiera para volcarse a un modelo de acumulación motorizado por el mercado interno, el empleo y la producción. La Constitución neoliberal de 1994, aun cuando incorporó instituciones modernas de otras latitudes, estaba orientada hacia un modelo económico que dejó sin cobijo a dos tercios de la población. Incorporó positivamente los llamados derechos de tercera generación, como lo son el derecho a un ambiente sano o los derechos de los consumidores; es el correlato de un Estado en desguace, cuya funcionalidad es limitada y acotada para garantizar la distribución de la riqueza y se restringe al control social y su aspecto represivo en beneficio del capital concentrado.

La nueva Argentina propuesta desde mayo del 2003 recoge la mejor tradición nacional, popular, federal y democrática de nuestro Pueblo, involucrándonos en un modelo de desarrollo económico donde su matriz ordenadora es el trabajo y su preocupación es no dejar a nadie afuera. Necesitamos una Constitución que quiebre su matriz agroexportadora y que coloque a la Argentina en la senda de un país industrializado, con distribución justa de la riqueza y con pleno empleo. Una Nación para 40 millones de habitantes, ni uno menos.