Pulso Regional

Camino a una dictadura

No es cierto todo lo que dice la presidenta Dina Boluarte y que repiten los grandes medios de comunicación en horario estelar. No es cierto, por ejemplo, que las protestas sean financiadas por mineros ilegales, narcotraficantes, remanentes terroristas o el gobierno boliviano.

El gobierno cívico-militar que encabeza Boluarte ha causado la muerte de 46 ciudadanos, asesinados por impacto de proyectiles de armas de fuego en el pecho, la cabeza, el cuello, el tórax o el estómago. Otras diez murieron por causa de los bloqueos de vías. No se respetan los derechos humanos. Así lo alertaron los presidentes de Bolivia, Colombia y Chile en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Buenos Aires, el 24 de enero último.

Las masacres en Andahuaylas (Apurímac), Huamanga (Ayacucho) y Juliaca (Puno) son pruebas irrebatibles del autoritarismo y la represión del gobierno. Además, hubo represión violenta con saldos fatales en Arequipa, Cusco, Junín, etc. Lo que pasó en Lima durante el violento ingreso al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la detención abusiva, con tratos humillantes, de 193 personas, lo que ejemplifica también el talante autoritario del gobierno actual. Dos días después, 192 -uno tenía requisitoria por un asunto ajeno a las protestas- fueron liberados porque no había justificación para su detención.

Los hechos ocurridos en San Marcos podrían considerarse una estrategia para infundir miedo en la población de regiones que viajaron a Lima a pedir la renuncia de la presidenta. Días después, el Ejército salió de Moquegua para tomar Puno. Claramente, el gobierno de Boluarte transita del autoritarismo a una dictadura. Cada día la represión es mayor y la mano dura se consolida: estado de emergencia, toque de queda y militares en las calles, tanquetas disparando, uso de proyectiles.

EDITOR PERIODÍSTICO:

José Víctor Salcedo Ccama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Cristian Yarin Trujillo

FOTO PORTADA:

Miguel Gutiérrez Chero / Luis Castillo

Cristian Yarin Trujillo

Lejos de reconocer los asesinatos de 46 peruanos, Boluarte insiste con una narrativa falaz que señala que su gobierno está siendo asediado por fuerzas oscuras. Cuando empezaron las protestas el 7 de diciembre de 2022, responsabilizó a los prefectos y subprefectos de azuzar y movilizar a la población. Los destituyeron y la protesta siguió creciendo. Después culparon al Movadef. Pero los reportes de Inteligencia de la Policía no identificaron a esas personas. Tras la masacre militar en Huamanga, que dejó diez víctimas, detuvieron a dirigentes y los acusaron de ser parte de Sendero Rojo, una supuesta secuela de Sendero Luminoso, pero se sustentaba en que estas personas hacían proclamas a favor de una Asamblea Constituyente o tenían en su poder libros sobre marxismo. Además, eran apenas cuatro personas de miles de manifestantes. Como ese intento de desacreditación de la protesta tampoco tuvo efecto, voceros del gobierno señalaron a mineros ilegales, narcotraficantes y al expresidente boliviano, Evo Morales, de ser los financistas. Añadieron que Los ponchos rojos, una suerte de milicia del MAS boliviano, introdujeron

armas y proyectiles para armar a los manifestantes. Ninguna prueba presentó el gobierno. Los ministros de Defensa y del Interior callaron o dijeron que estaba en investigación cuando se lo pidieron. Eran solo supuestos. En una conferencia con periodistas extranjeros, Boluarte ensayó otra idea conspiranoide: en las protestas habían supuestos paramilitares.

Es cierto que hubo vandalismo durante las protestas y que atacaron activos críticos. Es cierto también que hubo actos sincronizados para atacar empresas mineras en el sur. Es cierto igualmente que nadie quiere dialogar con su gobierno. Es cierto que un policía fue quemado en forma salvaje. Pero ninguna de esas razones justifica los asesinatos. La Policía debe hacer uso de la fuerza en forma proporcional, detener a los vándalos y ponerlos en manos de la Fiscalía. Los fiscales deben investigar y acusarlos, y los jueces sentenciarlos si son hallados culpables. El Estado no puede admitir ejecuciones extrajudiciales ni violar sistemáticamente los derechos humanos. Eso solo ocurre en las dictaduras. Y en el Perú, todo indica, que eso está empezando a pasar.

COMITÉ EDITORIAL:

Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

Derechos Humanos Sin FronterasDHSF

Asociación Pro Derechos HumanosAPRODEH

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com

Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso www.pulsoregional.pe

pulsoregionalcusco

Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113

Tiraje: 1.000

¿A la policía se le debe respetar?

Escribe: José Romero (*)

No sé si tendré un trauma con la policía, pero de niño tenía un vecino que era de la Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP. Un ser muy repulsivo que tenía a su familia, esposa y 3 hijos destinados al castigo diario. De esa vivienda solo salían gritos, lamentos y mucho sufrimiento.

Al ver ahora tanto dolor por el asesinato de casi 50 compatriotas cabe hacernos nuevamente la pregunta: ¿Cuáles son las funciones de la Policía Nacional del Perú? Lo central y muy líricamente descrito está en el artículo 166 de la Constitución Política que señala que “la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene y combate la delincuencia”.

En las últimas décadas hemos observado diversas reformas de la PNP (2001 – 2011 – 2016) o la conformación de comisiones (2020). Sin embargo, no encontramos mejora alguna en su actuar. El más claro ejemplo son los pobres o inexistentes resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana. La precepción de la ciudadanía es que la PNP es una institución altamente corrupta.

Hoy, el desarrollo normativo del artículo constitucional lo encontramos en la Ley No. 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, que señala en su artículo 2 que “la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas (como el derecho a la protesta ciudadana) y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada”.

En esa misma norma se señala, como una de sus atribuciones, intervenir en toda circunstancia, cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera. Pero esta intervención está regulada por el Decreto Legislativo No.1186, que define el uso de la fuerza, norma publicada el 16 de agosto de 2015, en la que refiere que “el uso de la fuerza debe usarse de manera progresiva y diferenciada” y, entre otros supuestos, señala en el punto 8.3 las reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal: “solo cuando la situación es grave y se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta”.

Pero en las imágenes observadas

en filmaciones y fotografías que la propia población ha logrado captar, se ve que la Policía Nacional del Perú ha hecho un uso de la fuerza letal sin estar signadas por situaciones graves. Lo ha realizado de manera indiscriminada, usando armas de fuego, disparando directamente al cuerpo (las necropsias así lo acreditan) y agrediendo de manera vil a la población, con golpes e insultos.

Esto ha generado casi 50 conciudadanos asesinados y se ha llegado al extremo de que recomendemos que al ser detenidos por la PNP uno grite su nombre para que quede evidencia. Hay temor a que puedan “sembrar” pruebas falsas, que incriminen con falsos delitos, que maltraten físicamente o hasta lo más grave que desaparezcan personas, práctica en nuestro país que no es rara, solo repasemos algo de historia.

Se conformarán nuevamente comisiones investigadoras y de seguro se repetirá que el problema con la PNP es estructural. En este nivel de credibilidad y de corrupción de esta Institución es imposible creer en sus actas, partes o investigaciones y más bien lo que se debe conformar es una comisión de órganos internacionales, más aún cuando se quiere hacer creer que se han asesinado a “terroristas”.

¿Qué hacer entonces? Nuevamente, plantear una reforma policial sobre estos servidores públicos que mantenemos y pagamos su “formación”. ¿Qué idea tendrán de ciudadanía, de “orden público”, del derecho a la protesta, de los derechos humanos y sus garantías? ¿A quién defienden? Desde hace varias décadas vivimos temerosos de la inseguridad ciudadana, situación que la PNP no ha logrado ni resolver o siquiera atenuar, pero si salen a reprimir a ciudadanos (as) que ejercen su derecho de protesta y los matan a mansalva. ¿Tal vez los han entrenado solo para eso? ¿Para defender derechos de privados?

Nos queda entonces como tarea exigir una reforma policial en la que se debe introducir mecanismos de gobernanza, donde -como ciudadanos- tengamos control de su formación, del manejo que hacen del presupuesto que se les asigna, de los ascensos y de que rindan cuentas anuales de sus acciones en cada Comisaría, principalmente.

Por ahora seguiré con mi vieja práctica de aconsejar a mis hijos: si tienes un problema en la calle, nunca, pero nunca, te acerques a un policía para pedir protección, te estás exponiendo a un peligro mayor. La herida que hoy se ha abierto es muy profunda, de mucho dolor y será muy difícil de sanar.

(*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

RPP

“No vamos a permitir tanta humillación”

durante el viaje de casi 20 horas. Viajaron también delegaciones de Puno, Apurímac, Huancayo y Ayacucho.

Escribe: José Víctor Salcedo

CONVULSIÓN SOCIAL. Las protestas en el país están cerca de cumplir dos meses. Desde el ascenso de Dina Boluarte a la presidencia, tras la vacancia Pedro Castillo por golpista, se agudizó la convulsión social y la represión policial y militar, que dejó casi 50 heridos por proyectil de arma de fuego. Quienes están en las calles demandan respeto a sus planteamientos. El vandalismo también está ganando terreno.

—¡Cuídense mucho! Vuelvan pronto.

La frase era replicada en un coro de voces que despidió a la delegación que partió de la ciudad del Cusco hacia Lima. Una caravana emprendió el viaje desde la plaza Túpac Amaru del distrito de Wanchaq. Otras caravanas partieron de

Espinar, Canchis, Chumbivilcas. Fueron a continuar las protestas por la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales. Jóvenes y adultos viajaron en buses, minivanes y camiones. Llevaban sobre la espalda una mochila con prendas y en la mano frazadas, para abrigarse

En el camino recibieron el apoyo de otros peruanos. Casi en cada pueblo los esperaron y recibieron grupos organizados. Les dieron agua y comida. Les dijeron “gracias por pelear por el país”. En su trayecto también hubo peripecias. El gobierno ordenó que la Policía intervenga las caravanas. Fueron hostigados como en la dictadura de Alberto Fujimori. Eso le dio al viaje un aura de una epopeya que quedará escrita en las páginas de la historia.

Viajaron con la consigna de permanecer en la capital hasta que la presidenta Dina Boluarte renuncie y el Congreso elija una nueva mesa directiva, que garantice elecciones en 2023 y una adecuada transición. Se habían cansado del maltrato. No aceptaban que la presidenta les hubiera dicho que eran un “grupo minúsculo”. Tampoco que los hayan tratado de “vándalos”, “subversivos” o “malos peruanos”.

Tenían miedo, pero estaban convencidos que era un deber ineludible con la patria. Kelyn Leonela Labra Panoca es presidenta de la Federación Universitaria Cusco (FUC). Integró la delegación estudiantil que llegó a Lima. Leonela viajó envuelta en temores y conviccio-

La violenta represión del gobierno de Dina Boluarte ocasionó la muerte de casi 50 personas. El rechazo ciudadano crece cada día.

nes. Le escribió a su madre, que bien podría representar a las madres, hijos y familiares de todos los que llegaron a la capital peruana.

—A mi madre. Perdón madre por tanta rebeldía. Hoy estamos en la delegación y llegamos sanos y salvos a Lima. Todo el trayecto escuchamos El pueblo unido, jamás será vencido, mientras nos daban agua, atún y galletas—escribió la joven.

Leonela emprendió el viaje junto a decenas de universitarios. Los chicos reunieron fondos para costear la estadía en Lima. La joven dijo que viajó con miedo, pero podía defraudar a sus compañeros.

—No sé dónde volverá a comenzar la lucha, (pero) les digo de una vez: no volverán a mentirnos nunca más (…) Volveremos todos, es una promesa.

El vuelo de un dirigente campesino

—Dina Boluarte se estaba riendo del pueblo. Ha promulgado un decreto de urgencia de inamovilidad. A nosotros no nos van a amilanar. Piensa que con ese decreto de urgencia va a amilanar al productor, al campesino. No, no es así. Estamos listos para luchar, para tener una vida digna—declaró Remo Candia Guevara (50), ocho horas antes de convertirse en una de las víctimas del gobierno de Boluarte.

Remo Candia murió a las 8:50 de la noche del once de enero en Cusco. Un proyectil en el tórax y abdomen le quitó la vida. Remo Candia había llegado esa mañana desde la comunidad de Ccollana, en Anta, a sumarse a las protestas cada vez más masivas y violetas en contra del gobierno. Al día siguiente su cuerpo fue paseado por las calles de la ciudad.

— Tu vida se acabó. Cómo y cuánto olvidarás que eres una persona muerta. Ya no tendrás miedo a sufrir toda la vida—cantó en quechua su madre Candia Guevara (50). Después le dijo en español: Hasta luego, hijito. Cuídame desde dónde estés, ayúdame y busca justicia.

Candia Guevara no era un vándalo ni un radical. Era el respetado presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana y presidente de la Federación Campesina de la provincia de Anta. Quería que el país fuera menos injusto y que los campesinos fueran escuchados y sus derechos respetados.

El choleo miserable

—¡Calla mierda, chola!

La policía Yannina Zuta Ventura dispara esas palabras como balas en contra Yolanda Enríquez Vargas, una peruana quechua hablante de Huancavelica. Lo hizo el 19 de noviembre pasado, después de que en un violento operativo, la policía rompiera las puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Ins-

pectoría de la Policía le abrió una investigación por ese hecho.

—A mí me agarraron cuando estábamos tomando desayuno. Pusieron una bomba (lacrimógena), rompieron de golpe la puerta y entonces, tras romper la puerta, gritaron: Ya carajo. Nos apuntaron con las pistolas, nos juntaron a toditos y nos tiraron al suelo. Después nos enmarrocaron, nos amarraron las manos a la espalda, bien apretados—contó Yolanda en quechua dos días después de aquel acto infame.

—¿Le pegaron, le han pateado?

—Estaban como para patearnos, nos gritaron. ¡Calla mierda, chola!, diciendo eso nos ha carajeado. Sí en verdad nos ha maltratado—respondió.

Yolanda Enríquez Vargas fue una de las 193 personas detenidas por la Policía sin presencia fiscal ni de la Defensoría del Pueblo ni de abogados defensores. En un video viral se ve a la agente Zuta Ventura gritarle, amenazante, y quitarle el celular a Yolanda, cuando se quejaba y protestaba. Estaba reducida, obligada a estar arrodillada. Luego de salir en libertad dijo que seguirán protestando, que no se rendirán, que no pararán hasta que Boluarte renuncie.

Puno desangrado

Puno es la región donde el estallido social escaló con más rapidez y contundencia. Y también es la región donde la policía reprimió con el uso de armas letales y provocaron la muerte de 20 ciudadanos y un policía quemado en su patrulla. Al cierre de esta nota, el Ejército había sido desplegado a esa región.

—La policía reprime con armas letales, con pistolas. Apuntan al cuerpo del ser humano directamente. Es por eso que ha habido varios muertos aquí

en Puno¬—dice Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificada en contra de la Contaminación de la cuenca Coata y el Lago Titicaca y secretario ejecutivo de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Tóxicas y Químicas.

—Si renuncia Dina Boluarte regresaría un poco de tranquilidad para el país. Pero con los cincuenta fallecidos siempre quedarán los malos recuerdos. Si no hay renuncia, continuará el levantamiento de los pueblos, no van a parar, están dispuestos para darlo todo.

Félix Suasaca Suasaca sostiene que la respuesta ciudadana es porque se sienten humillados y discriminados. Cuestiona que les hayan dicho terroristas, vándalos, criminales.

—Nos decían de todo. Por eso la población se ha amargado y no vamos a dejar que siga tanta humillación. Por eso la población se ha levantado— dijo y descargó categóricamente que las protestas estén siendo financiadas por el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal o por Evo Morales, el ex presidente de Bolivia. Con el paso de los días, las protestas tomaron más fuerza y aumentaron los actos vandálicos. Por un lado, un sector de manifestantes quemaba comisarías, locales públicos como del Ministerio Púbico, Poder Judicial, así como de empresas privadas. Las empresas mineras tampoco fueron ajenas a reacciones generadas por protestas. En Cusco, quemaron campamentos y maquinarias de las mineras Glencore, Hudbay y Anabi. Desde el otro lado, la policía reprimió con excesos. Casi 50 personas murieron por las balas, perdigones u otros proyectiles de policías y militares. La orden para reprimir llegó del premier Alberto Otárola y de la presidenta Dina Boluarte. Cada uno, el gobierno y los vándalos, tendrán que responder ante la justicia.

El vandalismo también se puso de manifiesto con la quema de campamentos mineros.

Un gobierno represor, excluyente y con poder para perseguir

Escribe: Helio Néstor Cruz Chuchullo (*)

Como bien recordamos, Dina Boluarte Zegarra juramentó como presidenta de la República del Perú el pasado 7 de diciembre de 2022, debido a que el Congreso aprobó la vacancia contra Pedro Castillo, quien horas antes emitió un mensaje a la nación que en resumen dispuso “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional” y declaró “en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”.

Este es el resultado de una constante disputa por el poder que protagonizaron la organización electoral fujimorista desde que decidieron negar los resultados electorales con una campaña que polarizó la relación Legislativo y Ejecutivo. Además, forzaron a vivir en crisis al gobierno de Castillo, quien constantemente era acusado como “dictador comunista”. En contraste, hoy, el gobierno de Dina Boluarte es señalado como “dictadura cívico-militar”, pero

este grupo la respalda y defiende. Desde el día de la vacancia, la reacción de la población indignada por los acontecimientos fue autoconvocándose para protestar y cuestionar a las autoridades y funcionarios de los poderes del Estado.

Boluarte Zegarra, en su primer mensaje a la nación, resaltó: “Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado”. Después de casi 2 meses de gobierno, su mensaje es completamente diferente y últimamente dijo: “Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia”.

Boluarte debe saber que no es suficiente ganar las elecciones para gobernar, se necesita construir consensos. Sin embargo, ella prefirió implementar un Gobierno de poder represivo y violatorio de derechos humanos. Al parecer no le interesa tener una desaprobación

Represión y uso excesivo de la fuerza en el Perú

del 99.9 % con tal de seguir en el poder Ejecutivo, apoyada circunstancialmente en las fuerzas armadas, el Congreso y la Fiscalía. El día que su cargo concluya también le quitarán respaldo y la dejarán en el abandono para que se enfrente sola a los acumulados procesos de investigación.

Según los datos a nivel nacional, como resultado de la represión policial – militar, tenemos: 46 civiles fallecidos en la represión policial, estas personas fueron impactadas con bala y perdigones, del total 7 son menores de edad, 17 menores de 25 años; y 10 civiles fallecidos, ocurridos por accidente de tránsito o falta de acceso a hospitales debido al bloqueo de carreteras; 1 efectivo policial fallecido en circunstancias que son objeto de investigación; 378 detenidos, ahora libres, pero continúan investigados por la presunta comisión del delito de disturbios, daños a la propiedad y otros; y heridos leves y graves entre civiles y policías.

Una medida equivocada siempre será la acción represiva mediante el uso desproporcionado de la fuerza policial. Por ejemplo, en Cusco, un joven fue herido con más de 30 perdigones en su cuerpo, esto fue causado por la policía, que le disparó a una distancia de 4 metros. Este joven tuvo que ser evacuado a Lima debido a que la gravedad de las heridas pone en riesgo su vida.

(*) Coordinador Área Legal de DHSF

ses expresaron su preocupación por la muerte de ciudadanos en las protestas sociales.

Escribe: Christian Huaylinos (*)

Desde el 7 de diciembre de 2022, al asumir el cargo como presidenta de la República, el gobierno de Dina Boluarte Zegarra registra más de 50 muertes y decenas de heridos en las protestas realizadas en Ayacucho, Apurímac, Puno, Cusco, Ica y Lima, principalmente. En ese terrible y lamentable contexto, es evidente una responsabi -

lidad política de diversas autoridades. Es importante analizar también una responsabilidad jurídica, más aún desde una perspectiva de la promoción y protección de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, ya que incluso en el reciente examen periódico universal (EPU) a Perú en las Naciones Unidas, más de 20 paí -

Ante ello y los recientes hechos de represión policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), desde CEJIL, APRODEH, CEAS, DEMUS y FEDEPAZ se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de información al Estado de Perú. En ese documento se señala que en efecto la respuesta policial y militar operativa ante las protestas vino acompañada de un discurso que califica a las personas que protestan como “enemigos” o “terroristas”, lo que ha servido para justificar una actuación ofensiva y absolutamente desproporcionada de parte de las fuerzas armadas y policiales.

Ejemplo de esto es el mensaje a la Nación del 19 de enero del 2023 de la presidencia, en el que desconoce los múltiples enfrentamientos violentos con manifestantes y generaliza todos los ac-

tos de protesta como “no pacíficos” y a las personas manifestantes de “malos ciudadanos”, que actúan “al margen de la ley”. Incluso, la presidenta describió la actuación de la Policía como “inmaculada”, pese al alto número de personas fallecidas y heridas en el marco de las protestas.

La Defensoría del Pueblo ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y policiales para reprimir las protestas. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas han llevado a cabo visitas al país y han hecho constar su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas para reprimir las protestas.

Por otro lado, recordemos que, respecto a la presente temática, el Perú debe de cumplir los estándares internacionales a los cuáles se ha suscrito. Así tenemos, por un lado, el “Código de Conducta para funcionarios encargados

de hacer cumplir la ley”, aprobado por la Asamblea General de la ONU, el 17 de diciembre de 1979, y, por otro lado, los “Principios Básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del año 1990.

Estos principios básicos son legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad, que reconocen que solo es posible el uso legítimo de armas de fuego por parte de funcionarios que ejercen funciones de policía en las siguientes situaciones (Disposición Especial N° 9):

- En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.

- Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; o

- Con el objeto de detener a una per-

sona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga.

En todos estos supuestos, conforme con el principio de necesidad, el uso de armas de fuego es legítimo en tanto resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr los objetivos que se persiguen en cada caso.

En el análisis de los hechos, así como en los informes emitidos por diversas organizaciones a nivel nacional como internacional, es evidente que estos principios básicos no han sido cumplidos en el actual gobierno y ello genera responsabilidad directa y mediata. Bajo esta perspectiva, ante las diversas denuncias de violaciones de derechos humanos contra ciudadanos que ejercen libremente su derecho a la defensa, el Ministerio Público debe realizar las investigaciones y establecer responsabilidades penales. Esto no debe quedar impune.

(*) Integrante del Área Legal de APRODEH

¿Por qué nos llaman terrucos?

nos dicen cómo debemos ser gobernados, el empleo barato, la inmaculada labor de la policía nacional.

Escribe: Oswaldo Bolo-Varela (*)

Nos llaman terrucos porque quieren invalidar nuestros reclamos. Nos dicen terroristas y, al decírnoslo, quieren que nos calmemos, que nos quedemos callados, que tengamos miedo de lo que nos harían si fuésemos detenidos, encarcelados. Nos terruquean porque es una forma de contener la protesta: la indignación, la rabia desbordada, el dolor frente a su violencia.

Nos llaman terrucos porque desprecian nuestra raza, nuestra cultura, nuestras demandas de justicia e igualdad social. Es una nueva forma de racismo cultural. Ya no solo les basta denigrar nuestras tradiciones, nuestro color de piel, la forma en la que hablamos. Al decir que somos terroristas también desprecian nuestras convicciones políticas, las razones de nuestros reclamos.

Nos llaman terrucos porque pueden hacerlo. Los grandes medios de comunicación están a su favor y repiten las acusaciones, el desprecio, la difamación. Su policía los defiende y los legitima con balas, perdigones y lacrimógenas (el cotidiano abuso). Hacen leyes a su antojo, gobiernan desde la cómoda posición de su escaño (o desde la playa), dicen barbaridades, se niegan a escuchar, protegen violadores, hacen tik toks, se toman fotos

mientras la gente muere.

Nos llaman terrucos porque ese cáncer nacional llamado fujimorismo y aliados siguen vivos y repotenciados. Están incrustados en el Poder Judicial, en las formas de entender la política, en la educación, en los puestos del país que deciden las cosas importantes. El uso político del miedo (la acusación de que “todos son potenciales terroristas”) es una herencia fujimorista; también la glorificación de los militares y policías, la negación de sus crímenes, la impunidad. Los mismos gestos que hoy vemos en quienes nos acusan de ser terroristas, violentistas, vándalos. Nos llaman terrucos porque la derecha (y sus múltiples variantes: centristas, radicales y extremistas) son quienes colocan las reglas del juego. Nos han conducido a hablar su lenguaje, a discutir bajos sus términos. Que la protesta tiene que ser pacífica, que cómo vamos a reclamar así, que cómo vamos a pedir eso que no sabemos, que no podemos. El sueño húmedo de la derecha es que nos quedemos callados y felices viendo cómo ellos se siguen tragando –con angurria y obscenidad– el botín nacional: hay que celebrar el crecimiento económico, la estabilidad del mercado, a los rancios políticos que

Nos llaman terrucos porque Sendero Luminoso nos legó el trauma nacional de su revolución armada. Sus asesinatos, su violencia, el desprecio por lo indígena son también algunas razones por las que reclamar conlleva algo de miedo, ser de izquierda posee un descrédito, organizarse políticamente está mal visto. Y la izquierda actual (incluido el sector corrupto) no ha sabido cómo sacudirse el fantasma, cómo deslindar, recuperar las exigencias y estar a la altura de su época. Sigue dejando que nos terruqueen (incluso a veces se terruquea a sí misma en su afán de quedar bien con esos interlocutores que le preguntan si Cuba es una dictadura o si ellos leen a Marx).

Pero también nos llaman terrucos porque nos tienen miedo. Insultar, querer manchar, agredir siempre es una señal de terror. Y entonces quieren asustarnos, contenernos, reprimirnos. ¿Quieren que nos calmemos? Dennos justicia. La justicia nos calma. Castiguen a sus asesinos, lárguense del gobierno, déjennos decidir nuestra vida política. Dejen de mirarnos con compasión, de tratarnos como ignorantes, como si no conociéramos las razones de nuestra rabia e indignación. Sigan diciéndonos terrucos, no les tenemos miedo.

(*) Docente titular de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Prepara un libro sobre el terruqueo y la estigmatización de la disidencia social.

Nuevas autoridades que piden renuncia de Dina Boluarte

Escribe: José Víctor Salcedo

SIN RESPALDO. La presidenta Dina Boluarte no solo es rechazada por un sector importante de la ciudadanía peruana. También hay autoridades regionales y locales, que recientemente asumieron sus cargos, que le piden que dé un paso al costado para devolverle estabilidad al país. Werner Salcedo, Richard Hancco Soncco, Percy Godoy Medina, Rohel Sánchez, Leoncio Huayllani y Zósimo Cárdenas han sido claros en pedirle a la presidenta que renuncie.

Seis gobernadores regionales y algunos alcaldes provinciales y distritales pidieron la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte por haber ordenado la represión policial y militar que dejó casi 50 fallecidos a causa del disparo de proyectiles de armas de fuego.

“Debe renunciar al cargo por las muertes ocasionadas. No puede ser que cuando mueren dos hermanos en Lima cae un presidente y cuando mueren provincianos nadie dice nada”, dijo Werner

Salcedo Álvarez, gobernador regional de Cusco, después de la masacre de Huamanga, en Ayacucho.

Salcedo también invocó al gobierno nacional que no siga utilizando armas de fuego contra la población. La autoridad consideró que Boluarte no puede decir que fue ajena, que no conocía o no sabía de los hechos de corrupción de la gestión de Pedro Castillo. Le recordó que fue parte de su equipo ministerial hasta tres semanas antes del autogolpe

de estado que generó su vacancia. El gobernador regional Richard Hancco Soncco y el Consejo Regional de Puno, en un comunicado conjunto, se sumaron a la petición de la salida de Boluarte del poder y condenaron la represión de las fuerzas policiales. “Hemos dividido al país, y siento que esto va a continuar. La única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Cuando hay que dar un paso al costado, hay que darlo por el bienestar del pueblo (…) Un poco de conciencia, si yo tengo varias muertes por mi culpa, renuncio, es una cuestión lógica, de sentido común. No queremos una guerra civil”, dijo Hancco.

Puno es la región donde se produjo la masacre con más víctimas: 20 durante enero entre Juliaca e Ilave. En Juliaca, la policía reprimió cuando una multitud quiso tomar el aeropuerto de Juliaca y mató a 18; en Ilave reprimió cuando protestaban en el frontis de una comisaría. En Juliaca, quemaron a un policía en su patrulla.

Asimismo, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, se sumó al reclamo ciudadano. “El clamor y la plataforma de lucha del pueblo movilizado debe ser escuchado por la tranquilidad y la paz social del pueblo peruano”, señaló en un comunicado. En Andahuaylas, una provincia de Apurímac, ocurrió la primera masacre: 6 personas fueron asesinadas, dos menores de edad.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, consideró como camino posible la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y cambio de directiva del Congreso para salir de la crisis. “Puede ser esa una salida: renuncia el Ejecutivo y se elige nueva directiva del Congreso. Otra es sentar al Ejecutivo y Legislativo y decir: “Pongámonos de acuerdo””, dijo.

El gobernador de Huancavelica, Leoncio Huayllani, también es de los que cree que la única salida a la crisis es la renuncia de la jefa de Estado. Huayllani ha sufrido los efectos de las violentas protestas, dado que su vivienda fue atacada el 18 de enero pasado.

De igual forma, el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, apoya la demanda ciudadana de denuncia de Boluarte. Además, responsabilizó de las muertes ocurridas durante las manifestaciones. Cárdenas Muje fue una de las autoridades que se negó a participar en las reuniones convocadas por la presidenta Boluarte.

Seis gobernadores regionales exigen la renuncia de Dina Boluarte, después de la brutal represión.

El sur expone ese olvido que nadie quiere ver

contextos ha sido a través de la protesta social al punto de haberlo convertido en un derecho legítimo.

Escribe: Enver Quinteros (*)

El sur andino fue el centro del poder político, económico, administrativo y religioso durante el Virreinato peruano. Tras la independencia, cuando Lima empezó a convertirse en el nuevo epicentro del poder, el sur fue ocupando un lugar secundario para luego ser relegado de los diferentes procesos de modernidad que el Estado implementó a lo largo de la República.

En ese marco, entre el siglo XIX hasta mediados del XX, territorios y comunidades del sur vivieron diversos procesos de expropiación de sus tierras que llevaron a configurar la sociedad estamental -entre mistis e indios- que se caracterizó por la imposición del poder y desprecio de los primeros sobre los segundos. En ese contexto, la historia registra numerosos episodios de reivindicación de tierras y represión por parte del Estado con innumerables muertos.

Más adelante, hacia los años 60 y 70 del siglo pasado, influidos por diversos procesos políticos se produjo un contexto que favoreció la “toma de tierras” por los propios campesinos que tendrían su importante correlato en la reforma agraria implementada por la dictadura de Velazco Alvarado. En este complejo escenario, se produjeron también incontables muertos en los territorios del sur.

A inicios del 80’, tras el fin de la dictadura militar y cuando el país se encaminaba a consolidar su democracia, en la cual indígenas y campesinos lograron su derecho al voto y pudo iniciarse un proceso de reconocimiento pleno a su ciudadanía, el PCP Sendero Luminoso, le declaró la guerra al Perú. Con la participación del MRTA, los Comités de Autodefensa y las Fuerzas Armadas y Policiales se produjo el periodo más largo, intenso y extenso de violencia de nuestra historia.

El Estado, a través de la CVR, concluyó que Sendero Luminoso fue el responsable del 54 % de víctimas, el MRTA del 1.8 % y los CADs, grupos paramilitares y las FF.AA. del 38 %. Concluyó, además, que Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Junín, fueron las regiones que concentraron el 85 % de víctimas fatales del total de los 70 mil: 8 de cada 10 víctimas eran campesinos quechua-hablantes. Cusco y Puno, por su parte, debido a la importante

organización de resistencia frente a Sendero, tuvo menor número de víctimas.

Durante los 90’, ya derrotado militarmente Sendero Luminoso, pero instalada la dictadura fujimorista, las comunidades del sur enfrentaron otro oprobio del Estado sobre la cual hay pruebas y documentación sustantiva: las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres rurales, que constituyó un nuevo hecho violatorio de derechos humanos con características de etnocidio.

Ya en el presente siglo, el sur experimenta nuevos contextos de violencias políticas, esta vez vinculadas a los conflictos socio-ambientales o eco-territoriales. A lo largo de estos cuatro quinquenios la Defensoría del Pueblo ha reportado no solo las características de los numerosos conflictos producidos en las regiones de Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, sino que ha dado cuenta también del conjunto de derechos vulnerados y las numerosas muertes y criminalización de defensores/as ambientales que se han producido en estas regiones.

¿Qué se desprende de este sucinto resumen de la historia del sur andino con respecto a la crisis que hoy moviliza a comunidades, organizaciones y ciudadanos del sur tras 200 años de República?.

Sin duda ha habido espacios y momentos en la historia de los territorios del sur más optimistas. De hecho, en esta historia resumida de oprobios, las comunidades y sus diferentes actorias rurales han logrado reivindicar derechos como haber recuperado sus tierras, haber revertido escenarios de guerra derrotando ellos mismos al terrorismo senderista o haber sabido reducir organizadamente la letalidad de la pandemia. Incluso, pese a las exclusiones que plantea el modelo neoliberal, lograron insertarse exitosamente en no pocos casos en dicho modelo.

Sin embargo, cabe precisar que estos hechos han sido la excepcionalidad. Y la regla, en su relación histórica con el Estado, por el contrario, ha sido dos siglos de República, democracia y gobernabilidad -a la limeña-, que se ha traducido en exclusión, violación de derechos humanos y desprecio racista. Y la única manera de hacerse oír a través del tiempo en estos

Entonces, si por un lado la disputa por el poder entre Pedro Castillo y el Congreso con golpes, contragolpes, vacancia y destitución detonaron la crisis que hoy vivimos. Esta es apenas la gota que rebalsó el vaso. La crisis viene de muy atrás. Es más profunda y acumulada. De ahí la fuerza de las movilizaciones que acumula todas las rabias, como resultado de una larga historia de desprecio que quedó tatuado en los corazones y mentes sureñas. De ahí que la fuerza de las movilizaciones, pese a esta historia de postergaciones, plantea en el fondo aspectos básicos pero sustanciales como el derecho a tener derechos, el derecho a ser respetados y representados, e incluso, tras 200 años de República, el derecho al reconocimiento de su peruanidad. ¡Increible!

Por ello, cuando Dina Boluarte y sus aliados, como soluciones a la crisis, plantean instalar mesas de diálogo regionales para consensuar proyectos y recursos económicos, cae en el mismo ridículo y miopía política de aquellos que pregonan en regiones la implementación de planes de desarrollo (hechos en pandemia vía grupos focales virtuales) que si bien puede recoger demandas y agendas válidas, no recoge o incorpora lo sustantivo. Los sueños y aspiraciones de las comunidades y pueblos que buscan revertir ese halo de desconfianza históricamente construido por el Estado.

Soy “hijo” de la guerra interna. Como a miles de hogares, Sendero Luminoso y las FF.AA. destruyeron a mi familia que nos ha costado reconstruir. Por esa experiencia discrepo del uso de la violencia para cambiar las cosas. Si bien comprendo la furia de la gente movilizada, no justifico la violencia desatada contra bienes públicos, privados y menos contra la vida de los efectivos policiales que fueron asesinados o heridos.

Pero lo que menos podemos aceptar es la injustificable violencia letal que hoy despliega el Estado y el gobierno de Boluarte que ya produjo más de 50 peruanos y peruanas muertas, cerca de mil heridos, centenares de procesados y otros miles de afectados en su salud mental y emocional, etc. Todo ello son daños que, pese a la diferencia proporcional, no deja de ser comparable a esa sensación de miedo y horror que vivimos durante el CAI y que ni el Baguazo de García supuso este nivel de represión a la vida y los derechos.

(*) APRODEH y Red Muqui Sur.

Los tradicionales festejos por carnavales empezaron en Ayacucho. Esta foto corresponde a los llamados carnavales rurales que se celebran

En los carnavales representan a lo Húsares de Junín, que es una unidad histórica del Ejército. Durante el despliegue de la festividad, los danzantes

CARNAVALES EN LUTO EN AYACUCHO

Convivir con la muerte no es fácil. Pero para el gobierno parece que no es tan difícil. Luego de 47 muertes durante las protestas en el Perú (46 civiles y 1 policía), Dina Boluarte dijo: “Todo está controlado”. Aquí, en Ayacucho, el luto se lleva permanentemente y en cada acto cotidiano. Ahora que inicia la fiesta de los carnavales, las y los ayacuchanos siguen bailando, pero no se olvidan de las víctimas y tampoco perdonan a los responsables de la masacre.

Fotos: Miguel Gutiérrez Chero.

Este año, los ciudadanos empezaron la fiesta con un minuto de silencio por las víctimas.

Bailarín señala al cielo en homenaje a los caídos.

a esta parte del Perú.

danzantes se entregan por días al baile. Esta sombra representa la ausencia de los fallecidos, que siguen presentes en alma.

Los funerales de la clase política

Escribe: Alberto García Campana (*)

PARTIDOS DESCALIFICADOS. Los partidos políticos representados en el parlamento nacional vieron en el gobierno de Dina Boluarte la posibilidad de manejar los hilos del poder y terminar con lo que poco que quedaba de Perú Libre. Sin embargo, la respuesta de la calle estuvo muy lejos de la complacencia, de la resignación y del silencio.

Antes del siete de diciembre pasado, los partidos políticos tenían, mayoritariamente, una actividad febril orientada a afinar sus estrategias para posicionarse bien frente a lo que pudiera ocurrir. Los dirigentes de las organizaciones políticas se esmeraban en competir por aparecer más en los medios, asumiendo incluso posturas impropias de la experiencia, como Lourdes Flores (PPC), Jorge del Castillo (Apra) y Raúl Diez Canseco (AP) marchando acalorados y coreando con voz adolescente consignas contra el presidente Pedro Castillo. Eso era antes que el profesor chotano intentara dar un golpe de Estado, sin haber siquiera tanteado si tendría el respaldo de las fuerzas armadas, las que tienen el poder real en el Perú. Castillo tuvo un final digno de su go-

bierno; en la soledad total y en la oscuridad definitiva.

Pero, lo que sucedió después no entraba en los cálculos de los partidos políticos. Los dirigentes de esas organizaciones convencionales jugaban a seguir hurgando a Castillo para cansarlo y lograr su renuncia o, en el otro escenario, soportarlo hasta julio del 2026, tratando de llevar agua a sus molinos, es decir, tratando de aprovechar el desgaste del gobierno de Perú Libre para ganarse el respaldo ciudadano. Insultar cotidianamente a Castillo parecía se la ubica estrategia válida.

El tiro por la culata

Caído Castillo, por sucesión constitucional asumió la jefatura del Estado la

hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte. De trayectoria política modesta, casi como una burócrata sin mayor brillo, la abogada apurimeña cometió un primer y definitivo desacierto cuando en el momento de la juramentación al cargo, dijo que gobernaría hasta el 28 de julio del 2026. Fue en ese instante en que se encendieron las alarmas, especialmente en los sectores que mal que bien habían sostenido a Castillo y consideraban -o quizás todavía consideran- que el profesor chotano había sido víctima del odio y la venganza de los sectores que nunca reconocieron su victoria electoral.

Se le reprochó entonces a Boluarte Gamarra su ausencia de lealtad para con el caído presidente y se le recordó su promesa de macharse junto a su compañero de fórmula si es que éste era vacado por el Congreso, tal como finalmente sucedió, pero con la inmensa ayuda proporcionada por el propio Castillo, al pretender una ruptura trasnochada del orden constitucional.

Los partidos políticos representados en el parlamento nacional vieron en el gobierno de Dina Boluarte la posibilidad de manejar los hilos del poder y terminar con lo que poco que quedaba de Perú Libre. Sin embargo, la respuesta de la calle estuvo muy lejos de la complacencia, de la resignación y del silencio.

El silencio de los corderos

El rechazo masivo de la población no solo se dirigió a los congresistas, sino a los partidos políticos. Algunos líderes guardaron poco viril silencio, pero otros perpetraron graves atrocidades políti-

El fujimorismo, Alianza para el Progreso y Renovación Popular respaldaron al gobierno de Dina Boluarte, a pesar de los muertos.

cas, como Antauro Humala, de quien sus seguidores esperaban una postura crítica contra todos, incluida Boluarte, pero para sorpresa y desencanto de muchos, salió a reconocer al gobierno de la señora Boluarte. Allí quedó Antauro Humala. De él sólo se ha vuelto a saber que no quiere volver a prisión.

Lo mismo sucedió con Flores Nano, con Del Castillo, con Acuña, con Diez Canseco y otros representantes de la casi extinta fauna política peruana, quienes se vieron sorprendidos en medio del diluvio. No se les vio más en las pantallas de la TV, sus rostros desaparecieron de los diarios y sus voces no se escucharon en las emisoras.

Pero no solamente fueron ellos los aplastados por el alud, también los fueron los rostros de aquella izquierda moderada que una vez más fue envuelta por el lodo. No se escuchó a Verónica Mendoza, a Marco Arana.

Quienes sí, sin rubor alguno, se pusieron a bailar sobre el cadáver del gobierno de Perú Libre, fueron los parlamentarios del fujimorismo, de Avanza País, de Renovación Popular, de Podemos, de APP, de Somos Perú y de todos los grupos que entran en pánico al escuchar la palabra Asamblea Constituyente.

Desafiantes y prepotentes, incluso algunos de éstos se mostraron indiferentes frente a los compatriotas caídos en Andahuaylas, en Arequipa, en Ayacucho, en Juliaca y en el Cusco. Y esto enervó aún más los ya exaltados ánimos de la población.

La presidente Boluarte encontró en el premier Alberto Otárola a su mejor escudero, sólo que a veces da la impresión que Otárola es el jefe de Estado, y que Boluarte es apenas una figura decorativa en condición de rehén. Otarola ha dicho que Boluarte no va a renunciar a la presidencia, y esa afirmación ha sembrado nuevas dudas sobre quién es el que realmente despacha en Palacio de Gobierno.

Otra vez, en el limbo

Con elecciones generales en abril del próximo año, o talvez -ojalá- adelantadas para finales de este año, el panorama electoral se presenta aún más borroso. Los partidos no han hecho acto de presencia en el escenario de grave crisis política y social que golpea al país. Los dirigentes políticos han optado por el silencio, que en este caso es cobardía. Los que se atreven a hablar lo hacer para exacerbar aún más los ánimos de la población. A la exigencia de renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones, se ha sumado un cuarto reclamo, que es el de la convocatoria a Asamblea Constituyente, precisamente el factor que ha unido en contra de esta posibilidad a casi todos los partidos políticos.

La derecha y el centro no quieren nueva Constitución, pero el pueblo

lo exige en las calles. En este escenario, probablemente quienes logren posicionarse mejor de cara a las elecciones generales anticipadas, sean los partidos que concilien, aunque sea demagógicamente, con la exigencia popular de Asamblea Constituyente.

Antes de la crisis que empezó en diciembre y se prolonga hasta hoy, el centro representado por Martín Vizcarra, Francisco Sagasti o Johny Lescano, se vislumbraba como alternativa de gobierno. Igual la izquierda, tal vez con la misma Verónica Mendoza, Marisa Glave o Indira Huillca, pero el silencio de todos estos los ha convertido en responsables de la crisis, porque se peca por acción o por misión.

El sepelio político más espectacular ha sido el de Antauro Humala. Muchos lo imaginaban al frente de las huestes combativas a pedrada limpia, desafiantes, pero ha optado por el encierro voluntario y el silencio cómplice.

Lo mismo, o tal vez peor Esa es la reflexión de muchos compatriotas. Si las elecciones se realizan en octubre de este año o abril del próximo, da lo mismo, porque serán los mismos ineptos e incapaces los que postulen y sean elegidos.

La responsabilidad, en consecuencia, de los partidos políticos y de los movimientos regionales es devolverle la confianza al electorado, y ello se logrará solamente si es que a los votantes se les ofrece propuestas viables, inclusivas, factibles y serias, y al mismo tiempo se coloque en la parrilla de candidatos a personas de comportamiento público intachable, de reconocido prestigio personal, de identificación con las necesidades del pueblo y de compromiso con el presente y con el futuro.

Antauro Humala también “se quemó” por avalar el régimen de la presidenta Dina Boluarte.

La izquierda de Mendoza y Marco Arana rechazaron al régimen con demora.

(*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Los periódicos de los 90’ y de hoy

Escribe: Edgardo Jiménez Romero (*)

¿DE NUEVO A LAS ANDANZAS? La prensa peruana agoniza y lo hace por su propia voluntad. Expira desde un tiempo atrás en un afán suicida que ya no sorprende a nadie. Su cobertura del 20 de enero revela el rostro del periodismo de hoy. ¿Autoalineamiento a la política estatal? ¿Coincidencias con el pensamiento empresarial? El tiempo lo confirmará.

Los diarios nacionales más representativos de nuestro país amanecieron el viernes 20 de enero con titulares que no hacían más que recordar el pasado gris de la prensa peruana.

El Comercio, Expreso, El Trome, Ojo, Correo, Perú21 y Gestión tuvieron una sospechosa coincidencia: resaltar la labor de la policía nacional, tildar de vándalos a los manifestantes, y resaltar la violencia y el “terror”.

Los titulares de ese día mantuvieron una gran coincidencia con el pronunciamiento realizado por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, los ministros de Trabajo, Interior, Agricultura y Defensa.

Así, El Comercio informaba: Vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuertos en 3 regiones. El Trome resaltaba con un gran titular: Policía pone el pecho por el Perú. Ojo aseguraba: Policía frenó

Los diarios del Grupo El Comercio mantienen una postura para deslegitimar las protestas y vincularlos a grupos subversivos.

a vándalos. Correo anunciaba: Fracasa el vandalismo. Perú21 definía: Es violencia política, no es protesta social.

El diario Gestión acompañaba una foto en contrapicada del incendio del edificio Marcionelli con el titular: Convulsión prende en Lima. Y el diario Expreso, mostrando una foto del incendio del inmueble, captada desde un dron, alarmaba con el titular: Vuelve el terror.

La excepción a esta regla la constituyó el diario La República que -más asemejada a la posición objetiva y mesurada que tenía en sus épocas de auge el diario El Comercio- informaba: Día de protestas.

Lo que debería haber sido el relato informativo adecuado de la marcha del jueves 19 en Lima se convirtió en la evidencia casi palpable de que hay una prensa que sirve a intereses subalternos y no a la sociedad y a la verdad.

Nunca más oportuno recordar lo que escribió el gran escritor y filósofo Albert Camus: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.

Periódicos en la historia

En el año 1839 nació el diario El Comercio, considerado el decano de la prensa peruana. Tenía tal prestigio y poder que con un editorial podía hacer temblar a un gabinete ministerial o a un presidente.

Otro diario importante que reinó entre los tabloides fue Expreso, publicado desde 1961 y fundado por Manuel Mujica Gallo, que tuvo como director al exministro de Economía, Manuel Ulloa. Era considerado el tabloide de mayor influencia en

la clase política de los 90’.

El diario Correo fue fundado por el empresario pesquero Luis Banchero Rossi, en 1962, con lo que dio inicio a la Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA). Luego de haber dejado de funcionar en los inicios de la década del 80’, se vuelve a publicar desde el año 2000.

El diario Ojo fue creado en 1968 por el mismo Banchero Rossi. Marcó un hito en el periodismo, ya que cubrió el espacio dejado por el vespertino Última Hora, con un estilo claro y sencillo, y haciendo uso de jergas para llegar a un público popular. En su época de oro, llegó a vender 1 millón de ejemplares diarios.

Otro periódico es Gestión. Desde 1990 se había convertido en el diario especializado en economía más respetado del Perú. Incluso los medios que trataron de imitarlo, como ½ de Cambio, Poder, Síntesis, quedaron en el camino.

El diario El Trome, nacido en 2011, pertenece al Grupo El Comercio. Y en su momento fue el diario más vendido de habla hispana, con más de setecientos mil ejemplares al día. Superaba a periódicos como Clarín, La Prensa y El País. Estos diarios, a excepción de Expreso, desde el año 2014, forman parte de la llamada prensa concentrada, ya que fueron comprados por el Grupo El Comercio, y significan el 80 % del mercado de la prensa escrita en el país.

La prensa chicha y Montesinos

La época del gobierno del expresidente Alberto Fujimori significó una etapa negra

para el periodismo peruano. La aparición de los llamados diarios “chicha” fueron controlados por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos para demoler a sus enemigos políticos, como el caso de Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio. Según la colaboradora eficaz, Matilde Pinchi Pinchi, de 1997 hasta el año 2000, Vladimiro Montesinos realizaba pagos diarios de entre 500 a seis mil dólares por cada titular de portada a favor del régimen y en contra de la oposición.

Por otro lado, de acuerdo al exasesor, el dinero para estos pagos salió del presupuesto del Servicio de Inteligencia del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú y los ministerios de Defensa e Interior. En enero de 2015, Montesinos fue sentenciado a 8 años de prisión por la manipulación de la prensa con fines políticos, usando fondos de las fuerzas armadas.

El expresidente Alberto Fujimori fue absuelto de toda responsabilidad en este caso, en agosto de 2016, a pesar de que un año antes había sido condenado en primera instancia a 8 años de prisión. Su condena fue anulada por la Corte Suprema.

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, la prensa peruana parece no haber aprendido la lección, y sigue anteponiendo sus intereses económicos y están convirtiendo a esta noble profesión en el más vil de los oficios, quebrantando lo que propugnaba, Luis Miró Quesada de la Guerra, uno de los antiguos directores del diario El Comercio.

(*) Periodista y escritor.

Expreso, el diario de ultraderecha, apeló a un lenguaje alarmista. La República, de centro izquierda, tuvo una cobertura neutral el 20 de enero.

La masacre de quechuas y aimaras en Puno

Jorge Luis Flores Ancachi, fue atacada por desconocidos en Ilave. Como resultado de ese hecho hubo 3 heridos.

Escribe: Valeria Cajia Cajia (*)

El 9 de enero, los manifestantes se exacerbaron por las declaraciones de la presidente Dina Boluarte. Una vez más, a muchos peruanos, les sonó a una historia conocida: el gobierno de Fujimori de los años 90. La población movilizada pidiendo la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales. Hombres armados entrando a sangre y fuego. Esta es la cronología de una masacre en Puno.

En su primer día de paralización regional, las movilizaciones fueron masivas y pacíficas con más de 30 mil personas. El punto de concentración de los quechuas de Macusani, Melgar, Azángaro, San Antonio de Putina, Lampa y Sandia era la ciudad de Juliaca, y de los aimaras de Yunguyo, Ilave, Chucuito, Kelluyo, Acora, Desaguadero y las organizaciones sociales en Puno.

Las primeras protestas se habían iniciado el 6 de enero. Se agravó al escuchar a la presidente Dina Boluarte decir que las protestas eran financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal, y terrorismo.

Cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Manco Cápac hubo enfrentamientos entre la policía y civiles, lo que dejó 7 heridos civiles y 6 policías. Un grupo de enardecidos incendió un vehículo Kaspir. Se intensificó la paralización y las protestas en toda la región de Puno con más bloqueos de vías y puentes.

Así iniciaban los días de terror. Los policías arremetieron con brutalidad y vandalismo, causaron destrozos a una moto torito, atacaron a una madre y a su hijo menor de edad, realizaron disparos en las calles, causaron destrozos a viviendas contiguas al aeropuerto, provocaron alarma en la población con el sobrevuelo de un helicóptero y la presencia de un avión de la Fuerza Aérea del Perú, con un contingente de efectivos de la DINOES.

La población estaba enardecida. Continuaba con las marchas callejeras con más fuerza. Se registraron incendios en la municipalidad de Juliaca y las oficinas de Seguro de Salud. El mismo día hubo un herido de gravedad: Yunny tenía una bala alojada en la cabeza. Él regresaba a su vivienda después de trabajar en las inmediaciones

del aeropuerto.

Hubo hechos violentos, la policía sobrevolaba un helicóptero, que disparaba y lanzaba bombas lacrimógenas. Se podían escuchar gritos de terror y de dolor. Fue la única respuesta de los habitantes, que se sentían impotentes ante las vulneraciones de los derechos humanos, a la protesta social y a la vida. Los siguientes días continuaron los enfrentamientos entre la policía y civiles. El domingo, durante la jornada, hubo 5 heridos de gravedad.

La masacre en Juliaca

Nueve de enero. Las organizaciones quechuas y aimaras se concentraron en la ciudad de Juliaca y Puno. La jornada fue multitudinaria con más de 30 mil pobladores, que rechazan al gobierno de Dina Boluarte, pedían el cierre del congreso y adelanto de las elecciones generales.

En Juliaca la protesta se tornó violenta. La masacre empezó pasado el mediodía. Hubo enfrentamientos con la policía durante toda la tarde. A lo lejos se escuchaba la sirena de ambulancias. Algunos fueron llevados en motos lineales, estaban siendo rescatados por la brigada de desactivación de bombas. Los ojos de todo el Perú y los medios internacionales se centraron en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca.

Empezaba el conteo de heridos en el Hospital Carlos Monje Medrano. Los medios alternativos y locales, en transmisiones en vivo, reportaron el primer fallecido. La cifra fue aumentando. El médico encargado comunicó a los medios que los pacientes llegaban ya fallecidos o heridos de gravedad. Señaló que la policía estaba usando municiones que destrozaban los órganos internos. Pidió que pare la violencia, porque el personal de salud estaba saturado con el número de heridos y fallecidos.

Los manifestantes recibieron impactos de bala, perdigones y bombas de gas lacrimógena. Hubo 112 personas heridas y 19 fallecidos. Después la cifra subiría a 22. Durante la tarde del mismo día, se suscitaron enfrentamientos en Puno. También hubo saqueos, destrozos y el incendio de entidades privadas y públicas. La casa del congresista puneño por Acción Popular,

Dos días después, el 11 de enero, Juliaca seguía de luto. Los informes de necropsia confirmaron finalmente que los 19 civiles fallecieron por impacto de arma de fuego. Los cuerpos recibieron impactos de bala que comprometieron sus órganos vitales. En medio de escenas de dolor y llanto de familiares, cientos de pobladores acompañaron el sepelio de las víctimas de la represión policial. Fueron enterrados en los cementerios de Juliaca, Azángaro, Huatasani, Pusi y San Antonio de Putina. Los deudos y la población exigieron justicia y culparon de este hecho al gobierno de Dina Boluarte y sus ministros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegaron a la ciudad de Juliaca tras la masacre. Tomaron datos y evidencias de las manifestaciones de la población, familiares de los fallecidos, heridos y detenidos.

Dos víctimas en Macusani

El 18 de enero volvieron a encenderse las protestas. Un grupo destrozó la Municipalidad Distrital de Macusani y el depósito de Backus; fue incendiado el local del Poder Judicial. La represión policial dejó 2 fallecidos: Sonia Aguilar Quispe (35) y Salomón Valenzuela Chua (30). Los dos tenían impactos de proyectil de arma de fuego. Las dos muertes provocaron una reacción airada y violenta. Al verse sobrepasados por la multitud, los efectivos policiales abandonaron la comisaría y esto facilitó que fuera incendiada por desconocidos.

Los sucesos en Ilave

El viernes 20 de enero Ilave sufrió una de los peores enfrentamientos con la policía. Los agentes dispararon a quemarropa durante la tarde y la noche contra los manifestantes. Todo inició cuando un policía disparó y mató a Isidro Arcata Mamani (62). Hubo también 8 heridos por impacto de bala y 12 personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad.

Este hecho generó indignación y descontrol en la población, quienes quemaron la comisaría, el Banco de la Nación, entidades bancarias y apedrearon la vivienda de policías. Los días pasan y los bloqueos continúan. Los pobladores quechuas y aimaras de Puno y sus comunidades se mantienen firmes y resisten.

(*) DHUMA.

La solidaridad soporta al pueblo que protesta

Escribe: Equipo de Aprodeh Apurímac

Apurímac fue una de las primeras regiones en movilizarse en contra del gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo. La región donde Castillo ganó con abrumadora mayoría salió a las calles en todas las provincias para reclamar su derecho a ser representados, considerando ilegítima la actuación tanto del Congreso como de quienes ocupan hoy el Ejecutivo.

Las manifestaciones iniciaron con fuerza desde el 10 de diciembre en la ciudad de Andahuaylas y pronto se fueron reportando los primeros enfrentamientos con la policía y, así, los primeros heridos. Tras el intento de toma del aeropuerto, la violencia se incrementó y se registraron seis víctimas: Romario Quispe (18 años), D.A.Q (15 años), Wilfredo Lizarme (18 años), Jonathan Encino Arias (18 años), R.P.M.L (16 años) y Christian Rojas (19 años). Todos a causa de heridas ocasionadas por el uso de armas de fuego o relacionadas a la violencia policial. Eso evidenció los excesos de las fuerzas del orden: uso de armas de fuego, perdigones, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos a detenidos, allanamientos a hogares de forma irregular y otras vejaciones a los derechos humanos.

El ayni

Los últimos días del 2022 se dio una tregua por fiestas, sobre todo para permitir que los comerciantes y negocios no sean perjudicados. Sin embargo, en enero de 2023 se retomó la lucha. A pesar de que no hubo enfrentamientos tan violentos con la policía como en diciembre, se han denunciado actos de amedrentamiento como las detenciones arbitrarias y criminalización de dirigentes. A pesar de estas acciones, los diferentes frentes de lucha se mantienen firmes en sus pedidos: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente.

Esta nueva etapa de las movilizaciones se ha caracterizado por un nuevo fenómeno: la movilidad de personas de comunidades y provincias a ciudades más grandes, Abancay y An -

dahuaylas y, luego, hacia Lima. Desde Apurímac, al menos 400 personas viajaron para sumarse a la marcha de los cuatro suyos en contra del régimen actual. La prensa masiva y los reiterados mensajes a la nación cuestionan a la ciudadanía de dónde proviene el financiamiento para estos viajes y estadías. La respuesta es clara: de la solidaridad del pueblo.

En Abancay, delegaciones de Kishuara y Pacobamba hicieron una colecta pública en la ciudad para juntar recursos económicos que sirvan para el trayecto de viaje. A su vez, delegaciones de Antabamba y Aymaraes, provincia de la actual presidenta, muchos campesinos se juntaron en sus principales plazas para recibir y gestionar las donaciones. Hay gente que apoya las mismas convicciones, pero no necesariamente participa en las protestas, y apoya al pueblo con donaciones económicas y de alimentos.

Un estudiante abanquino que viajó a Lima junto a las delegaciones contó que viajó a Lima pensando en las nuevas generaciones. “Si hoy no luchamos, ¿qué futuro les esperará?”. Apurímac es una región con alta extracción minera; sin embargo, lidera las regiones más pobres del país. Lo que nos demuestra que la juventud y los campesinos tienen razones para exigir que se les atienda con servicios básicos de calidad.

Ahora que muchas delegaciones se encuentran en Lima, la pregunta ha sido cómo están alimentándose para sobrevivir cada día. El joven indica: “El amor grande de personas que vienen de provincia y nos dan ese apoyo, vienen con sus ollitas, sus desayunos, sus pancitos, agüita o algo que vayamos a utilizar en la marcha”.

A pesar de los cuestionamientos sobre la logística de estos viajes, lo cierto es que la autogestión y solidaridad andina, conocida como el ayni, han permitido que tanta población se mantenga en pie de lucha. Desde ollas comunes hasta donaciones y colectas sustentan a las delegaciones en Lima. La solidaridad es la base de las protestas.

Es importante detenernos a analizar ¿quiénes asumen el lideraz -

go de las ollas comunes? Son las mujeres andinas, quienes muestran su fortaleza y resistencia en estos procesos comunitarios de protestas. Son quienes se organizan para recolectar insumos, preparar y distribuir los platos a toda la gente que sale de sus territorios y se instala temporalmente en las principales ciudades del sur y en Lima.

Una señora, integrante de la comisión de alimentos del frente de lucha en Abancay, mencionó que la gente está viajando a Lima para “hacerse sentir, hacer presencia, que no es como dice la señora Boluarte que somos un grupo minúsculo que está haciendo el paro… todo el Perú no la quiere como presidenta”. Las delegaciones viajan para mostrar que “nosotros existimos, que no somos terrucos”.

Además, dijo que se autogestionan desde las ollas comunes hasta los viajes. “Tenemos nuestras cajas donde personas de buena voluntad colaboran, empresarios, gente de las comunidades (...) Dicen que nos financian grandes terroristas, grandes empresarios, mineras artesanales, eso es mentira (...) Acá es dinero que están aportando de buena fe”.

Agrega: “Nosotros como madres también sentimos por esos policías que vemos como nuestros hijos (...) de muchas mamitas son sus hijos, son sus nietos, estamos dialogando (...) pero hay policías muy malos que al toque empiezan a amedrentar injustamente, no estamos agrediendo acá. Nosotras pedimos a la policía que nos respete el derecho de hacer el paro pacíficamente”.

Las ollas comunes han sido fundamentales para mantener el movimiento social a flote, alimentando a las personas que protestan. La lucha va mucho más allá de un recambio de dirigentes políticos. Es más bien una apuesta por la construcción de una sociedad más justa para todos y todas. Especialmente de aquellos que han sido excluidos por el sistema de gobiernos centralizados durante años y cuyos territorios han sido aprovechados para diversos fines económicos, mientras el desarrollo humano ha sido relegado y olvidado.

Los campesinos producen la comida de cada día

Escribe: Adriana Arce (*)

REALIDAD. Los campesinos y campesinas que en estos días han sido discriminados, maltratados y ninguneados en las ciudades, son quienes trabajan la tierra para que la mayoría de peruanos puedan alimentarse. Gran parte de los alimentos que se consumen en el Perú los producen ellos.

Con bloqueo de carreteras por las manifestaciones en diferentes departamentos del país, se ha registrado un importante desabastecimiento de combustible. Sin embargo, ¿qué sucede con los alimentos? Si bien las ciudades no han quedado desabastecidas, los alimentos no han llegado a los mercados en la cantidad usual desde que iniciaron las manifestaciones, informó RPP. Los precios de las frutas y verduras se han elevado considerablemente, duplicándose o triplicándose en algunos casos, cuenta una vendedora del mercado de Tt’io.

Este hecho nos invita a reflexionar sobre la importancia de la producción campesina para el abastecimiento de las ciudades. Sí, esos campesinos y campesinas que muchas veces son ninguneados y discriminados en las ciudades,

Los campesinos y campesinas cultivan gran parte de los productos que abastecen los mercados de las grandes ciudades.

son quienes trabajan la tierra para que la mayoría de peruanos puedan alimentarse. Según el informe “¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina o la cadena agroindustrial?” -elaborado por la organización ETC Group (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración)- el 70 % de los alimentos son producidos por campesinos y campesinas de nuestros países.

En Perú la actividad agrícola representa el 25 % del empleo nacional, es decir, un cuarto de la población peruana vive de la agricultura. Gracias a ellos y a su sacrificada labor de arar la tierra, tenemos diversos alimentos en los mercados de las grandes y pequeñas ciudades. Agricultura familiar Eduardo Zegarra, economista e inves-

tigador peruano, señala que del total de campesinos un 95 % trabajan con sus familias en lo que se denomina “agricultura familiar”. Estas llenan sus propias despensas familiares al mismo tiempo que abastecen los mercados. Haciendo una comparación rápida entre la agricultura familiar campesina y la agroindustria, el estudio de ETC Group señala que la agroindustria está agotando nuestros recursos naturales al utilizar la mayor parte de la superficie agrícola y del agua dulce destinada a riego. Además, esta actividad utiliza más combustible fósil para la siembra y cosecha de alimentos, así como para su transformación, empacado y transporte. Como vemos, las prácticas de la agricultura familiar comunitaria son

evidentemente más sostenibles que las de la agroindustria. Adicionalmente, las comunidades campesinas e indígenas hacen un invalorable aporte en el mantenimiento y conservación del medioambiente, lo cual garantiza los servicios ecosistémicos que aseguran la continuidad de la vida humana.

Gracias, por ejemplo, al trabajo de los comuneros y comuneras de la Microcuenca Piuray Corimarca, en la provincia de Urubamba, la ciudad del Cusco puede abastecerse de agua potable. Ellos, a través de diferentes prácticas (reforestación, siembra y cosecha de agua, zanjas de infiltración, entre otras), aseguran la recarga hídrica de la laguna Piuray, a la cual consideran como una madre: mamacocha, la mamá que posibilita la vida.

Las prácticas agrícolas que constituyen la cultura de las poblaciones originarias son muy cercanas a lo que ahora conocemos como agroecología. Mantenerlas y reivindicarlas nos ayudaría, por ejemplo, a mitigar las consecuencias del efecto invernadero y adaptarnos de manera resiliente y efectiva al inminente cambio climático.

Pobreza en el campo

Podemos concluir entonces que la importancia del campesinado no se restringe al abastecimiento de alimentos. Ellos trabajan día a día por la continuidad de la vida humana y, sin embargo, en nuestro país el 40 % de ellos viven en pobreza económica, según un informe de RPP. Además, sufren históricamente de exclusión social y discriminación, y actualmente se sabe que son ellos los más vulnerables frente a las inclemencias del cambio climático, a pesar de ser quienes menos emisiones de CO2 generan en su modo sencillo de ser y vivir.

Esta situación tiene múltiples causas, pero la más relevante es quizás la indiferencia y desidia del Estado por cambiar -o al menos “mejorar”- la situación de las zonas rurales del país. Estado que, en lugar de promover políticas públicas orientadas hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir de los pueblos, incentiva la agroexportación y la concentración de tierras para la agroindustria, beneficiando un sistema agroalimentario nefasto que está depredando nuestros recursos naturales y atentando contra la salud humana y del medioambiente.

Tomar consciencia de esto nos puede ayudar a revertir la situación, por lo menos desde lo social y lo simbólico, haciendo frente a la indolencia del Estado. Escucharlos y legitimar sus demandas es un paso. La población de las urbes le debe gratitud al campesinado. Es inadmisible cualquier tipo de discriminación o racismo contra quienes están asegurando nuestra alimentación y las posibilidades de vida de todos.

Gran parte de tierras necesitan de sistemas de riego para producir.

Son las mujeres las que actualmente practica la agroecología en el sur.

(*) Coordinadora del Observatorio Qawarisun.