Un gobierno represor, excluyente y con poder para perseguir

Escribe: Helio Néstor Cruz Chuchullo (*)

Como bien recordamos, Dina Boluarte Zegarra juramentó como presidenta de la República del Perú el pasado 7 de diciembre de 2022, debido a que el Congreso aprobó la vacancia contra Pedro Castillo, quien horas antes emitió un mensaje a la nación que en resumen dispuso “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional” y declaró “en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”.

Este es el resultado de una constante disputa por el poder que protagonizaron la organización electoral fujimorista desde que decidieron negar los resultados electorales con una campaña que polarizó la relación Legislativo y Ejecutivo. Además, forzaron a vivir en crisis al gobierno de Castillo, quien constantemente era acusado como “dictador comunista”. En contraste, hoy, el gobierno de Dina Boluarte es señalado como “dictadura cívico-militar”, pero este grupo la respalda y defiende. Desde el día de la vacancia, la reacción de la población indignada por los acontecimientos fue autoconvocándose para protestar y cuestionar a las autoridades y funcionarios de los poderes del Estado.

Boluarte Zegarra, en su primer mensaje a la nación, resaltó: “Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado”. Después de casi 2 meses de gobierno, su mensaje es completamente diferente y últimamente dijo: “Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia”.

Boluarte debe saber que no es suficiente ganar las elecciones para gobernar, se necesita construir consensos. Sin embargo, ella prefirió implementar un Gobierno de poder represivo y violatorio de derechos humanos. Al parecer no le interesa tener una desaprobación