El sur expone ese olvido que nadie quiere ver

contextos ha sido a través de la protesta social al punto de haberlo convertido en un derecho legítimo.

Escribe: Enver Quinteros (*)

El sur andino fue el centro del poder político, económico, administrativo y religioso durante el Virreinato peruano. Tras la independencia, cuando Lima empezó a convertirse en el nuevo epicentro del poder, el sur fue ocupando un lugar secundario para luego ser relegado de los diferentes procesos de modernidad que el Estado implementó a lo largo de la República.

En ese marco, entre el siglo XIX hasta mediados del XX, territorios y comunidades del sur vivieron diversos procesos de expropiación de sus tierras que llevaron a configurar la sociedad estamental -entre mistis e indios- que se caracterizó por la imposición del poder y desprecio de los primeros sobre los segundos. En ese contexto, la historia registra numerosos episodios de reivindicación de tierras y represión por parte del Estado con innumerables muertos.

Más adelante, hacia los años 60 y 70 del siglo pasado, influidos por diversos procesos políticos se produjo un contexto que favoreció la “toma de tierras” por los propios campesinos que tendrían su importante correlato en la reforma agraria implementada por la dictadura de Velazco Alvarado. En este complejo escenario, se produjeron también incontables muertos en los territorios del sur.

A inicios del 80’, tras el fin de la dictadura militar y cuando el país se encaminaba a consolidar su democracia, en la cual indígenas y campesinos lograron su derecho al voto y pudo iniciarse un proceso de reconocimiento pleno a su ciudadanía, el PCP Sendero Luminoso, le declaró la guerra al Perú. Con la participación del MRTA, los Comités de Autodefensa y las Fuerzas Armadas y Policiales se produjo el periodo más largo, intenso y extenso de violencia de nuestra historia.

El Estado, a través de la CVR, concluyó que Sendero Luminoso fue el responsable del 54 % de víctimas, el MRTA del 1.8 % y los CADs, grupos paramilitares y las FF.AA. del 38 %. Concluyó, además, que Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Junín, fueron las regiones que concentraron el 85 % de víctimas fatales del total de los 70 mil: 8 de cada 10 víctimas eran campesinos quechua-hablantes. Cusco y Puno, por su parte, debido a la importante organización de resistencia frente a Sendero, tuvo menor número de víctimas.

Durante los 90’, ya derrotado militarmente Sendero Luminoso, pero instalada la dictadura fujimorista, las comunidades del sur enfrentaron otro oprobio del Estado sobre la cual hay pruebas y documentación sustantiva: las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres rurales, que constituyó un nuevo hecho violatorio de derechos humanos con características de etnocidio.

Ya en el presente siglo, el sur experimenta nuevos contextos de violencias políticas, esta vez vinculadas a los conflictos socio-ambientales o eco-territoriales. A lo largo de estos cuatro quinquenios la Defensoría del Pueblo ha reportado no solo las características de los numerosos conflictos producidos en las regiones de Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, sino que ha dado cuenta también del conjunto de derechos vulnerados y las numerosas muertes y criminalización de defensores/as ambientales que se han producido en estas regiones.

¿Qué se desprende de este sucinto resumen de la historia del sur andino con respecto a la crisis que hoy moviliza a comunidades, organizaciones y ciudadanos del sur tras 200 años de República?.

Sin duda ha habido espacios y momentos en la historia de los territorios del sur más optimistas. De hecho, en esta historia resumida de oprobios, las comunidades y sus diferentes actorias rurales han logrado reivindicar derechos como haber recuperado sus tierras, haber revertido escenarios de guerra derrotando ellos mismos al terrorismo senderista o haber sabido reducir organizadamente la letalidad de la pandemia. Incluso, pese a las exclusiones que plantea el modelo neoliberal, lograron insertarse exitosamente en no pocos casos en dicho modelo.

Sin embargo, cabe precisar que estos hechos han sido la excepcionalidad. Y la regla, en su relación histórica con el Estado, por el contrario, ha sido dos siglos de República, democracia y gobernabilidad -a la limeña-, que se ha traducido en exclusión, violación de derechos humanos y desprecio racista. Y la única manera de hacerse oír a través del tiempo en estos

Entonces, si por un lado la disputa por el poder entre Pedro Castillo y el Congreso con golpes, contragolpes, vacancia y destitución detonaron la crisis que hoy vivimos. Esta es apenas la gota que rebalsó el vaso. La crisis viene de muy atrás. Es más profunda y acumulada. De ahí la fuerza de las movilizaciones que acumula todas las rabias, como resultado de una larga historia de desprecio que quedó tatuado en los corazones y mentes sureñas. De ahí que la fuerza de las movilizaciones, pese a esta historia de postergaciones, plantea en el fondo aspectos básicos pero sustanciales como el derecho a tener derechos, el derecho a ser respetados y representados, e incluso, tras 200 años de República, el derecho al reconocimiento de su peruanidad. ¡Increible!

Por ello, cuando Dina Boluarte y sus aliados, como soluciones a la crisis, plantean instalar mesas de diálogo regionales para consensuar proyectos y recursos económicos, cae en el mismo ridículo y miopía política de aquellos que pregonan en regiones la implementación de planes de desarrollo (hechos en pandemia vía grupos focales virtuales) que si bien puede recoger demandas y agendas válidas, no recoge o incorpora lo sustantivo. Los sueños y aspiraciones de las comunidades y pueblos que buscan revertir ese halo de desconfianza históricamente construido por el Estado.

Soy “hijo” de la guerra interna. Como a miles de hogares, Sendero Luminoso y las FF.AA. destruyeron a mi familia que nos ha costado reconstruir. Por esa experiencia discrepo del uso de la violencia para cambiar las cosas. Si bien comprendo la furia de la gente movilizada, no justifico la violencia desatada contra bienes públicos, privados y menos contra la vida de los efectivos policiales que fueron asesinados o heridos.

Pero lo que menos podemos aceptar es la injustificable violencia letal que hoy despliega el Estado y el gobierno de Boluarte que ya produjo más de 50 peruanos y peruanas muertas, cerca de mil heridos, centenares de procesados y otros miles de afectados en su salud mental y emocional, etc. Todo ello son daños que, pese a la diferencia proporcional, no deja de ser comparable a esa sensación de miedo y horror que vivimos durante el CAI y que ni el Baguazo de García supuso este nivel de represión a la vida y los derechos.

(*) APRODEH y Red Muqui Sur.

Los tradicionales festejos por carnavales empezaron en Ayacucho. Esta foto corresponde a los llamados carnavales rurales que se celebran

En los carnavales representan a lo Húsares de Junín, que es una unidad histórica del Ejército. Durante el despliegue de la festividad, los danzantes

Carnavales En Luto En Ayacucho

Convivir con la muerte no es fácil. Pero para el gobierno parece que no es tan difícil. Luego de 47 muertes durante las protestas en el Perú (46 civiles y 1 policía), Dina Boluarte dijo: “Todo está controlado”. Aquí, en Ayacucho, el luto se lleva permanentemente y en cada acto cotidiano. Ahora que inicia la fiesta de los carnavales, las y los ayacuchanos siguen bailando, pero no se olvidan de las víctimas y tampoco perdonan a los responsables de la masacre.

Fotos: Miguel Gutiérrez Chero.