Pulso Regional

EDITORIAL

Gobierno violador de derechos humanos

En menos de tres meses, el régimen de Dina Boluarte provocó la muerte de 48 ciudadanos, asesinados a manos de las fuerzas militares y policiales, más de mil heridos, muchos de ellos graves, 27 condenados por disturbios, y 22 con prisión preventiva por protestar.

A pesar de ese saldo espantoso, Boluarte continúa endureciendo su manera de enfrentar las protestas sociales que piden su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales. El gobierno transita, como advertimos en nuestra edición 64, hacia una dictadura.

A diferencia de la complaciente prensa corporativa y de sectores políticos y económicos del país, en el extranjero tienen un concepto claro de lo que sucede en el Perú. The Economist rebajó al Perú de régimen democrático a régimen híbrido. Eso se explica porque el autogolpe de Castillo y el gobierno autoritario de Boluarte han devenido en la pérdida de libertades civiles, debilitamiento del funcionamiento del gobierno y el riesgo constante de un nuevo golpe de estado.

Que el gobierno de Dina Boluarte haya decidido usar la ley de la fuerza en lugar de la fuerza de la ley para afrontar las masivas protestas ocasionó las masacres en Huamanga (Ayacucho), Juliaca (Puno) y (Andahuaylas) Apurímac. Investigaciones periodísticas de IDL-Reporteros, Hildebrandt en sus trece y OjoPúblico han revelado cómo el uso de la fuerza letal provocó el asesinato de personas inocentes, algunos inclusive que no estaban participando en las protestas sociales.

Organismos internacionales llegaron a Perú, recibieron testimonios y documentaron las acciones de represión que dejaron 48 civiles asesinados y un policía quemado en su patrulla. Concluyeron que durante este régimen hubo violaciones a los derechos humanos.

Amnistía Internacional concluyó, por ejemplo, que desde el ini -

EDITOR PERIODÍSTICO:

José Víctor Salcedo Ccama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Cristian Yarin Trujillo

FOTO PORTADA: Miguel Gutiérrez Chero

cio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía dispararon de forma ilegítima armas letales y usaron armas menos letales de forma indiscriminada contra la población. Pone énfasis en que la represión afectó especialmente a personas indígenas y campesinas, y fueron ataques generalizados. Trabajo señalaron que el gobierno estigmatizó a los manifestantes acusándolos de ser terroristas o de estar siendo financiados por economías ilegales.

Sin embargo, a pesar de las evidencias existentes, la Fiscalía ha optado por ralentizar las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de la decisión de reprimir y a los ejecutores de esas órdenes. Lo peor es que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en vez de reformar las fiscalías especializadas en derechos humanos las debilitó y las redujo. Y entregó esos casos a las fiscalías de crimen organizado.

El sesgo del Estado muestra

claramente la intención de reprimir, criminalizar, procesar y encarcelar a dirigentes sociales y manifestantes. Se han abierto decenas de carpetas fiscales por delitos armados convenientemente por la policía y la Fiscalía, y en varios casos han dictado prisiones preventivas, mientras que ni un solo militar ni policía responsable de las muertes ha sido identificado.

Se ha visto más bien a militares y policías empoderados, como en la región Puno, que amenazan o dan ultimátum a los ciudadanos para que dejen de protestar. Un acto claramente dirimente en favor del régimen de Boluarte, lo que evidencia una clara vulneración a la Constitución.

Todo indica que hay fuerzas que buscan que esos crímenes queden impunes. Los agentes más bien recibirán como premio un bono económico, mientras que el Estado peruano responderá más temprano que tarde por las violaciones a los derechos humanos.

COMITÉ EDITORIAL:

Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

Derechos Humanos Sin FronterasDHSF

Asociación Pro Derechos HumanosAPRODEH

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com

Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso www.pulsoregional.pe

pulsoregionalcusco

Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113

Tiraje: 1.000

Gobierno quiere ver presos a manifestantes

Escribe: José Víctor Salcedo

Dijeron que en el país todo estaba controlado, pero no era verdad. Entonces, la presidenta y el premier decidieron estigmatizar y criminalizar las protestas sociales para evitar que la convulsión social crezca. No lo consiguieron y ahora proponen cambios al Código Penal para imponer sanciones draconianas en tiempos de protestas sociales.

Atemorizados porque el rechazo a este régimen no cesa, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quieren criminalizar más las protestas sociales con penas más severas y detenciones policiales por tiempo más prolongado.

Sin mayor evaluación, salvo la impotencia ante las protestas, la dupla Boluarte-Otárola envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar 19 artículos del Código Penal y así endurecer las penas de delitos que se cometan

durante el estado de emergencia y la convulsión social.

Con ese proyecto, que ingresó al Congreso el 17 de febrero pasado, se busca aumentar las penas a delitos como lesiones, daño de bienes, entorpecimiento de servicios públicos, bloqueo de carreteras y disturbios.

Boluarte y Otárola reconocen que la norma apunta a controlar y gestionar la crisis que no han podido resolver porque se pusieron de espaldas al pedido ciudadano de la renuncia presidencial.

“En vista de la realidad nacional y estando a los problemas políticos que generan gran convulsión social y han dado lugar a una serie de actos que transgreden la legalidad y los límites constitucionales del derecho a la protesta…”, se lee en el documento.

Si ahora las penas por lesiones leves varían de 2 a 5 años, Boluarte y Otárola quieren que aumente de 8 a 14 años. Si las formas agravadas de daños a bienes se sancionan con 1 a 6 años, proponen 4 a 8 años. Cuando se trata de delitos de atentado a medios de transporte que sanciona con penas de 3 a 6 años, buscan que sea de 8 a 20 años.

El entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos se sanciona con penas de 6 a 8 años de prisión, quieren elevarlas de 8 a 10 años. Por disturbios son de 6 a 8 años, la propuesta considera un aumento a no menor de 15 años.

Quieren también sanciones más drásticas para quien fabrique, ensamble, modifique, almacene, suministre, comercialice, ofrezca o tenga en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación. Plantean prisión de 6 a 15 años.

El proyecto además propone ampliar la detención policial a 48 horas y alienta juicios inmediatos para detenidos. Claramente son cambios que van en contra de las garantías constitucionales en un estado democrático.

“Entre estas acciones de refuerzo al sistema de justicia, se destaca la fijación expresa del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia para los supuestos de detención policial en caso de flagrancia delictiva para fines de poner a disposición del juzgado correspondiente”, señala la propuesta.

No les basta con eso. Quieren ampliar la detención preliminar por flagrancia hasta por 10 días para que la Fiscalía y los “operadores policiales tengan un mejor margen temporal de actuación” para la investigación preliminar.

El proyecto fue recibido por el Congreso y derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que deberá analizar la pertinencia de la propuesta y emitir un dictamen favorable o mandarla al archivo.

Aunque estamos ante una propuesta desproporcionada y poco razonable, el Ejecutivo sostiene que se ha “visto necesario adoptar una serie de medidas que permitan una respuesta efectiva, así como razonable y proporcional del sistema de justicia”.

El gobierno de Dina Boluarte quiere acallar al pueblo con autoritarismo y penas severas.

Tareas constituyentes

Escribe:

Aarón Luis Medina Cervantes (*)

PROPUESTA. Un cambio constitucional debería establecer un mecanismo constitucional de reforma y cambio que haga posible cambiar una Constitución y no cerrar esa posibilidad como ocurre actualmente. Pero también debería expulsar el modelo fujimorista de un Estado reducido a su mínima expresión.

Muchas de las proyecciones sobre los posibles escenarios en el proceso de reforma o cambio constitucional tienen que ver con la capacidad de convocar a una Asamblea Constituyente, aunque podría terminar siendo un oxímoron; es decir, que no se apruebe una Constitución diferente a la carta de 1993.

Observando la conformación de fuerzas políticas en los últimos congresos, es una posibilidad que los defensores

de la Constitución de 1993 se conviertan, otra vez, en mayoría congresal. Es efectivamente, una posibilidad. En ese sentido, se pueden realizar algunos ejercicios sobre los posibles escenarios de cambio constitucional. Podemos apreciar la experiencia chilena donde al momento de redacción de la nueva Constitución quisieron desmantelar lo que el jurista cusqueño, Valentín Paniagua, explicaba como la Constitución histórica.

En realidad, las nuevas constituciones se erigen sobre una base jurídica que viene de la anterior Constitución. En el caso de las repúblicas de este lado del mundo, incluso sus primeras constituciones son remedos de las constituciones europeas en todos los momentos de la historia constitucional.

Ahora bien, podemos partir indicando que los dos asuntos que se cuestionan a la Constitución de 1993 son su origen ilegal e ilegítimo y el proyecto político que lo positiviza; es decir, el proyecto fujimorista neoliberal, económico y político.

No podría llamarse cambio constitucional si la nueva Constitución no estableciera un mecanismo constitucional de reforma y cambio de este documento, y mantuviera el modelo neoliberal (el modelo chileno demuestra que es posible cambiar una Constitución producto de una dictadura desde la constitucionalidad). Su expulsión del proyecto fujimorista de la futura Carta Magna es fundamental. Una nueva Constitución no en todos los casos representa un cambio de Constitución.

Por otra parte, considero que el rol del Estado en sus relaciones con la sociedad y el mercado son fundamentales en la regulación constitucional. El Estado debe dejar de ser un gran árbitro en el mercado,

La mayoría de peruanos, más del 70 %, apuesta por el cambio total de la Constitución o por hacer modificaciones a aspectos clave del texto.

que deja libre a los actores económicos para que se autorregulen. La experiencia para ser más honesto: la pandemia demostró que la presencia del Estado en el mercado es estratégica.

Además, garantiza los derechos económicos en las relaciones jurídicas asimétricas propias de las desigualdades naturales del mercado.

En el caso del Estado pequeño y subsidiario (idea aplaudida por la derecha fujimorista que la mostró como gran ejemplo de eficiencia, siendo la historia encargada de demostrar lo contrario) debe regularse y buscar su ampliación mediante mínimamente dos propuestas: la creación de nuevos organismos constitucionales, como por ejemplo la Sunedu (imaginen una Sunedu con autonomía constitucional, que garantice la calidad de la educación universitaria) y el relanzamiento del proceso de descentralización, proceso constitucional e histórico agotado por las fuerzas del centralismo que usaron la corrupción regional como pretexto para recentralizar las competencias administrativas. El Perú centralizado en Lima económica, administrativa y políticamente es nuestro verdadero cáncer.

Finalmente, cabe anotar que hoy en día el derecho constitucional avanzó muchísimo como disciplina y, por lo tanto, no es necesario colocar todos los derechos que tiene una persona en la Constitución. El constitucionalismo a partir de la dignidad humana permite una amplia protección de la persona.

Fortaleciendo, en ese sentido, la jurisdicción constitucional, hacemos mucho por tratar de perfeccionar la parte material de nuestra Constitución históri-

ca. Por ejemplo, mejorando el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y estableciendo la obligatoriedad de los jueces constitucionales especializados en todos los distritos judiciales.

Lo que requerimos más que la aprobación de un texto (literalmente) es la aprobación de un verdadero contrato social que establezca un proyecto de país, el cual contenga un pacto entre todos los peruanos. La Constitución histórica es la base jurídica de la cual partiremos. La existente idea del Bicentenario puede

ser el segundo punto de partida político y constitucional para establecer el anhelado proyecto.

En lo mencionado se encuentra la importancia y necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El Congreso actual no se encuentra en la capacidad política e histórica para hacer las reformas mencionadas y aprobar un “nuevo” contrato social. La tarea le pertenece al poder constituyente.

(*) Abogado. Director del estudio Medina Abogados.

Los cambios que deberían hacerse a la Constitución de 1993

El debate sobre una reforma o cambio constitucional no es reciente. Lleva más de dos décadas desde que el país recuperó la democracia en 2001. Actualmente, casi el 70 % de peruanos está de acuerdo con modificar o cambiar en su totalidad la actual Carta Magna. Uno de los más lúcidos promotores de un cambio constitucional mediante una Asamblea Constituyente era Javier Diez Canseco.

Sustentó en varios debates por qué deberíamos impulsar una nueva carta constitucional y puso sobre la mesa lo que consideraba las desventajas de la Constitución fujimorista. Es oportuno en el actual contexto recordar sus planteamientos.

Diez Canseco decía que había que cambiar la Carta del 93 porque avala un régimen político desprestigiado, con la falta de rendición de cuentas y control ciudadano sobre las autoridades y el abuso de poder que éstas cometen.

Sostenía que debía cambiar el manejo económico, entiéndase capítulo económico, que margina de sus beneficios a la gran mayoría de los peruanos y “que nos ha quitado soberanía sobre nuestros propios recursos”.

Planteaba cambiar a un régimen social que permita recuperar, por ejemplo, la educación y la salud pública gratuitas y de calidad para todos los peruanos frente a los procesos de privatización de los servicios básicos. La educación, decía, se ha convertido en un instrumento de lucro en lugar de ser un servicio social de calidad controlado por el Estado.

Para Diez Canseco, era necesario modificar la Constitución porque avala los contratos de estabilidad tributaria que impiden al Estado, una vez que se firmaron estos contratos, cambiar los tributos que deben pagar las empresas, a pesar de que sus utilidades crezcan enormemente como ha ocurrido con la minería.

Debería cambiarse también porque la Constitución actual permite la existencia de los oligopolios, es decir, que un conglomerado tenga una posición absolutamente dominante en el mercado y tenga la posibilidad de fijar precios y tarifas que les den la gana. Ejemplos hay varios: sistema financiero, productos de primera necesidad, productos farmacéuticos, etc.

Diez Canseco también consideraba un cambio necesario de esta constitución ese punto que establece que el Estado es el dueño del recurso natural mientras esté bajo tierra, una vez que sale de la tierra el concesionario decide su uso y por eso no podemos usar el íntegro del gas de Camisea para nuestro desarrollo energético.

En suma, Diez Canseco apostaba por una Constitución que instaure un modelo con mayor justicia social y crecimiento con inclusión social para todos los peruanos.

Este Congreso no está en capacidad de hacer ninguna reforma a favor del país.

Las violaciones a derechos

humanos del régimen de Boluarte

mo. Solo caminaba con dirección a su casa, según sus familiares. Un vídeo grabó su muerte.

Escribe: José Víctor Salcedo

REPRESIÓN. Organismos internacionales documentaron las muertes durante las protestas contra el régimen híbrido de Dina Boluarte y detectaron 46 posibles casos de violaciones a los derechos humanos y 12 muertes por uso de armas de fuego. Lejos de buscar la verdad de los sucesos, el sistema de justicia criminaliza a los manifestantes y retrasa las indagaciones sobre los crímenes de civiles. Ya se habla de un aparato policial y judicial politizados.

La tarde del quince de diciembre del año pasado una bala atravesó el cuerpo de Cristopher Ramos Ayme cuando cruzaba la alameda frente al cementerio en Huamanga. Poco tiempo después murió. Cristopher tenía quince años y fue

una de las diez víctimas de la represión de la fuerza pública ordenada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Cuando a Cristopher le dispararon no estaba tirando piedras o participando de algún acto de vandalis-

Antes y después de ese quince de diciembre hubo masacres en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac) y Juliaca (Puno), y violentas represiones con víctimas en otras regiones del país.

Casi un mes después de lo ocurrido en Ayacucho, por ejemplo, casi a las cuatro de la tarde del once de enero de este año, un proyectil destrozó el tórax y abdomen del dirigente campesino Remo Candia en Cusco. El ciudadano había llegado esa misma mañana desde la comunidad de Ccollana, en Anta, a sumarse a las protestas en contra de Boluarte. El proyectil lo alcanzó en la avenida 28 de Julio. Sus compañeros lo llevaron al Hospital Antonio Lorena. Cinco horas después murió. Al día siguiente su cuerpo fue paseado por las calles de la ciudad. Candia Guevara no era un vándalo ni un radical. Era un respetado presidente de la comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana y presidente de la Federación Campesina de la provincia de Anta.

Organismos internacionales documentaron 46 casos de posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte.

En el corto pero violento periodo del gobierno de Dina Boluarte han muerto 48 peruanos por proyectil de arma de fuego compatibles con las armas usadas por la Policía y el Ejército. Un policía falleció quemado en su patrulla. Y una decena de civiles falleció a causa del bloqueo de carreteras.

Violan derecho a la vida

Cada día aumentan las evidencias de asesinatos que constituyen delitos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de las evidencias documentales, fílmicas, testimoniales y periciales, la Fiscalía -salvo en el caso de Ayacucho- empezó a ralentizar las investigaciones para identificar y sancionar a los agentes responsables de los crímenes.

La República accedió a documentos fiscales que prueban que 17 de las 18 víctimas en la ciudad de Juliaca fueron abaleadas, el 9 de enero pasado. Así consta en los protocolos de necropsia. Asimismo, IDL-Reporteros reveló que al menos seis de las diez víctimas recibieron disparos en Huamanga (Ayacucho), el 15 de diciembre del año pasado. Según Infobae, los diez presentan impacto de arma de fuego.

A demás, Misiones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), documentaron las muertes durante las protestas en Huamanga (Ayacucho), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac) y Lima, entre el 29 de enero y el 11 de febrero. AI recibió información de 46 posibles casos de violaciones de derechos humanos y documentó 12 muertes por uso de armas de fuego.

Según este trabajo, el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se concentra de manera desproporcionada en regiones con

población indígena. “Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados”, señaló Amnistía Internacional.

Así se explica mejor: los departamentos con mayoritaria población indígena en Perú representan el 13 % de la población, pero en estos lugares ocurrieron el 80 % de las muertes. Las autoridades habrían actuado entonces con un marcado sesgo racista.

A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, hubo muchos casos en los que la Policía y el Ejército las usaron para dispersar las manifestaciones.

Esta organización señala que casi todas las protestas fueron pacíficas, pero reconoce que hubo casos con elementos de violencia focalizada, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes. En contraste, señala, la fuerza pública disparó balas de forma indiscriminada y en ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y brigadistas de salud.

Policía política

Amnistía Internacional también recibió información sobre graves deficiencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia. También registró que las autoridades, desde el más alto nivel, man-

tuvieron un discurso de estigmatización contra los manifestantes.

La presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y otros ministros dijeron sin pruebas, para deslegitimar demandas y justificar la represión, que había vínculos de los manifestantes con el “terrorismo” y “grupos criminales”.

Desde el inicio de las protestas, las autoridades optaron por vulnerar derechos humanos y criminalizar las protestas ante el silencio de instituciones que deberían haber denunciado estos excesos. Los derechos fueron convertidos en delitos. Solo la Defensoría del Pueblo veló por los derechos de los afectados.

La Policía empoderada por el respaldo de la presidenta Boluarte, además de reprimir, empezó a construir una narrativa para incriminar a dirigentes y manifestantes como presuntos subversivos o miembros de organizaciones criminales. El jefe de la Dircote, general José Zavala, por ejemplo, salió torpemente a señalar como evidencias de la intervención del senderismo que los manifestantes piden una nueva Constitución. Incluso llegó a decir que los comités de vaso de leche son creación de Sendero. También empezaron a hacer “operaciones psicológicas antiterroristas” en colegios primarios.

Con esos argumentos burdos, la Policía empezó a detener a manifestantes. Pero la acción policial era respaldada por la Fiscalía que aceptaba los argumentos policiales y acusaba a dirigentes como si fueran parte de una organización criminal.

Un ejemplo. La profesora apurimeña Yaneth Navarro Flor y el campesino cusqueño Cirilo Jara Mamani fueron detenidos por la Policía en Lima. Los acusaron de financiar las protestas e integrar una presunta organización criminal.

La profesora Navarro tenía una mochila con S/1,916 y un cuaderno donde anotaba los gastos en pasajes, almuerzos, desayunos y medicamentos de pobladores de regiones. El dirigente campesino Jara tenía su mochila con S/2,330 y una hoja de papel bond con una relación con 11 nombres a quienes habría entregado dinero.

La Fiscalía acogió la tesis policial y pidió prisión preventiva para los dos. Alegó que integraban una organización criminal cuya existencia sin embargo no pudo demostrar. A pesar de esa insuficiencia, la jueza Margarita Salcedo ordenó 30 meses de prisión preventiva para Navarro y comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/5,000 para Jara.

A estas alturas, como escribió el periodista César Hildebrandt, da la impresión de que la policía está fascistizada, el Ejército da ultimátum a los manifestantes y el aparato judicial es una extensión de la Dircote.

La fiscal Patricia Benavides redujo fiscalías especializadas en derechos humanos.

La fatiga desgasta las jornadas de protesta

Escribe: Alberto García Campana (*)

BAJA LA INTENSIDAD. La Asamblea Constituyente no va a ser ni siquiera consultada en referéndum porque Fuerza Popular, el partido fujimorista con mayor influencia en el Legislativo, ha descartado toda posibilidad al respecto. Ni una sola palabra sobre la Asamblea Constituyente, han dicho quienes se creen propietarios de la cámara legislativa. Después de casi tres meses, hay desaceleración en las movilizaciones.

Lo que en algún momento parecía una carrera de largo aliento, en la realidad se ha convertido en pequeñas escaramuzas que ponen en evidencia la falta de un escenario alternativo. Si a mediados de diciembre del año pasado los objetivos de la protesta social estaban claramente definidos, hoy, dos meses y medio después, no se sabe a dónde conducirán las ya debilitadas manifestaciones de la indignación popular. Todo parece estar librado a lo que haga o diga la presidenta Dina Boluarte. Tal vez las cifras que muestran las encuestadoras, con elevado porcentaje de rechazo a la mandataria, pueden ser la última posibilidad de un adelanto de elecciones.

Empate técnico

Al inicio de las duras jornadas de lucha emprendidas tras la caída -por propia voluntad- del presidente Pedro Castillo y la asunción a la primera magistratura del país por la vicepresidenta Dina Boluarte, las exigencias de la calle estaban claramente identificadas, tal vez en este orden: cierre

Puno es la región donde las protestas no han cesado. Los pueblos aimaras no cederán gasta que Boluarte renuncie.

del Congreso de la República, adelanto de las elecciones generales, convocatoria a Asamblea Constituyente y renuncia de Dina Boluarte.

A finales de febrero e inicios de marzo, al menos las tres primeras demandas no han sido escuchadas y menos atendidas. El Congreso de la República no puede ser clausurado porque no existen los requisitos establecidos por la propia Carta Magna, es decir, la negativa de confianza a dos gabinetes sucesivos. El adelanto de elecciones no puede ser oficializado porque el parlamento nacional no acepta que sus integrantes se queden sin sueldo.

La Asamblea Constituyente no va a ser ni siquiera consultada en referéndum porque Fuerza Popular, el partido fujimorista con mayor influencia en el Legislativo, ha descartado toda posibilidad al respecto. Ni una sola palabra sobre la Asamblea Constituyente, han dicho quienes se creen propietarios de la cámara legislativa. La actitud soberbia y prepotente del fujimorismo es respaldada con entusiasmo por los partidos de derecha como Renovación Popular, Avanza País, Podemos, APP y otros grupos pequeños.

Queda entonces en pie, como una alternativa a la crisis, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pero ella ha dicho que su declinación no está en agenda. Se ha llegado a una situación en que no hay vencedores, solamente hay vencidos. El descontento popular amaina frente a la ausencia de respuestas y el Ejecutivo como el Legislativo, antes enfrentados, hoy reman en la misma dirección, buscando el mismo puerto, que es julio del 2026.

Con leyes o con balas

Los más enfurecidos manifestantes, los que estuvieron en primera línea en el combate cuerpo a cuerpo contra la Policía y el Ejército, están sufriendo las consecuencias de su acción. En unos casos, han muerto baleados y en otros han sido condenados a prisión preventiva. Una profesora de An-

dahuaylas, madre de dos pequeños, estará encerrada dos años y medio, bajo el cargo de subvertir el orden público y atentar contra la propiedad pública y privada, porque su indignación frente al abuso la llevó a participar en las marchas de protesta en Lima.

Un informe de IDL Reporteros, mostró imágenes de cómo, en Ayacucho, los soldados dispararon a matar en los intentos de los manifestantes de tomar el aeropuerto de Huamanga. A pesar de esas evidencias, ningún uniformado ha sido denunciado y menos procesado. Las arremetidas van por otro lado. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armas ha advertido que ni el Ejército ni la PNP permitirán que uno solo de sus integrantes sea atacado por los manifestantes. La amenaza ha estado dirigida especialmente al departamento de Puno, cuyas organizaciones sociales decidieron mantenerse en pie de lucha.

De un lado la amenaza de la represión y de otro la imposición de penas de cárcel, han amainado el furor de las protestas. Según pasan los días, son menores los incidentes, especialmente en el interior del país. El bloqueo de carreteras ha disminuido, las movilizaciones en Lima son esporádicas y tienden a desactivarse. Al parecer, la calle ya no es el escenario principal de la batalla.

Sin capitalización política

Si en algún momento las protestas ciudadanas tuvieron una orientación política, una conducción orgánica o una estrategia surgida del análisis, todo eso se ha diluido con el paso del tiempo. En los días de mayor agitación, el desborde ha sido evidente. Las marchas obedecieron a impulsos colectivos del momento. Muchos de los que salieron a protestar no tenían claro de hacia dónde debían apuntar sus quejas. Los estados de ánimo, de por sí caldeados, se expresaban en el cierre del Congreso, adelanto de elecciones, Asam-

blea Constituyente y renuncia de Dina Boluarte. Y como nada de ello se lograba, el entusiasmo empezó a declinar. No aparecía la luz al final del túnel.

No se había previsto que la lucha fuera tan larga, que los muertos y heridos fueran tantos y que los detenidos se contaran por centenares. No había respuesta política frente a la muralla levantada por el Ejecutivo y el Congreso. Y aquí se hizo evidente la desubicación, la desorientación y la precariedad de las dirigencias sindicales y políticas que no supieron, no pudieron o quizás no quisieron vertebrar una respuesta más allá de la agitación callejera.

Probablemente muchos de los dirigentes sociales y líderes políticos inicialmente identificados con los gritos de la calle, hicieron cálculos errados. Creyeron que la crisis tendría corta duración y que luego se abrirían las puertas para la negociación política. Pero, ello no sucedió y entonces no hay partido político que se haya legitimado en las protestas. Al contrario, el silencio de unos y las torpezas de otros, hicieron que las movilizaciones se debiliten y pierdan todo sentido, porque perdieron la brújula. Ahora, se trata de salir con la menor magulladura posible de ese escenario de confrontación social.

El último refugio

Sin duda, pasará mucho tiempo antes que la llamada “clase política” se recupere de esta virtual liquidación que ha sufrido no solamente en los dos o tres últimos meses, sino de desde hace varios años, cuando demostraron que sus intereses no iban en la misma dirección de los intereses, expectativas y necesidades de la población. Los partidos políticos, surgidos del desastre de las organizaciones convencionales, pronto demostraron que el Perú les interesa un comino, y que podrían utilizar al Congreso de la República como el bastión desde el cual proponer iniciativas que favorecieran exclusivamente al empresariado, a los inversionistas nacionales y extranjeros y en fin a los grupos de poder económico.

En alguna ocasión, la congresista Susel Paredes admitió sin rubor que lo que menos les interesa a los congresistas es el sueldo, pues ellos engordan sus bolsillos haciendo lobbies en favor de empresas privadas. De allí surgen las “recompensas” para los legisladores. Sin duda, no hacen lobbies en favor de los pobres.

La pretensión de quedarse hasta junio del 2024 e incluso hasta julio del 2026, no tiene otro objetivo que utilizar al Congreso de la República como la fábrica de normas y dispositivos que apuntan a favorecer al sector privado, rechazando toda posibilidad de renegociar los contratos con los consorcios que explotan nuestros recursos naturales, repitiendo las palabras de los Trece del Gallo: “Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero”.

El premier Alberto Otárola es el que más insiste con entornillarse en el poder.

ANDINA

(*) Analista y catedrático de la Unsaac.

El quechua es el idioma de esta fiesta tradicional que se celebra en el distrito de Tambobamba. Es una festividad reconocida Patrimonio Cultural

Aquí se cabalga cantando. Grupos de amigos ensillan sus caballos y empiezan los festejos. Los enamorados se escapan a un rincón. No falta

CANTO Y COLOR EN EL TIKAPALLANA

El tikapallana es una festividad ancestral que se realiza en época de carnavales en el distrito de Tambobamba, región Apurímac. Esta fiesta fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. En la fiesta los cantos en quechua son acompañados de quenas y tinyas. También suelen cantar los jinetes mientras dominan sus caballos; estos van de un lado a otro en la explanada de Porotopampa hasta donde llegan pobladores de diferentes distritos y comunidades. Llegan a cantar a la vida, el amor y la alegría.

Fotos: Miguel Gutiérrez Chero.

Los jinetes se abrazan de alegría encima de sus caballos.

Los jóvenes disfrutan más los carnavales.

Cultural de la Humanidad.

falta la espuma como parte del ritual festivo. La quena es el instrumento que da ritmo al canto. También pone el tono de melancolía.

Congreso y Ejecutivo aferrados a sus gollerías

Escribe: José Víctor Salcedo

DESCARADOS. Una mayoría del Congreso, a pesar del rechazo de más del 70 % de peruanos, persiste en quedarse y presentarse como los representantes del “pueblo” y los defensores de la “democracia”. Y la presidenta Dina Boluarte vive en una realidad paralela cuando considera que quienes piden su renuncia son un “grupo minúsculo” y radical.

“Hay un grupo minúsculo que pide mi renuncia”, dice la presidenta Dina Boluarte para aferrarse al cargo. Basta con mirar las calles de regiones y Lima para saber que la jefa de estado miente.

Desde hace casi tres meses miles de ciudadanos marchan cada día pidien-

do que deje la presidencia y así dé paso a un gobierno de transición. Con 48 víctimas en su haber, el gobierno Boluarte se hace socialmente insostenible. Sus ministros han sido echados de varias regiones cuando intentaron dialogar. “No es posible dialogar con un gobierno que

permitió que maten a nuestros hermanos y ahora nos persigue por protestar”, dice un dirigente de Cusco que pidió el anonimato.

Pero ella insiste en cada discurso público que detrás de las protestas que piden su salida de Palacio de Gobierno solo está un grupo minoritario, sectores radicales de izquierda. Su caja de resonancia es la prensa corporativa. Su guardia pretoriana es la Policía. Su único soporte es la fuerza pública, la derecha política y el empresariado.

La presidenta no hizo ningún esfuerzo para dialogar con las organizaciones que la cuestionan. Con sus declaraciones y disposiciones represivas más bien ha cerrado las puertas del acercamiento. Inclusive se distanció de los gobernadores y alcaldes a quienes acusó de azuzar las protestas y el bloqueo de carreteras.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regional, Rohel Sánchez, salió al frente y dijo que Boluarte estaba equivocada al creer que ellos convocaban las protestas con bloqueo de vías. “Nosotros fuimos elegidos para gobernar las regiones y mejorar la

La jefa del gobierno represivo, Dina Boluarte, y el Congreso se aferran a sus cargos y se ponen de espaldas al país.

calidad de vida de nuestra gente. Corresponde trabajar por un Perú unido y reconciliado”.

A quienes sí les abrió las puertas de palacio fue a los jefes y dueños de partidos políticos que la respaldan y que además son los corresponsables de la actual crisis política y social que atraviesa el país de sur a norte.

El rechazo a Boluarte

Los resultados de tres encuestas contradicen a la presidenta Boluarte. Siete de cada diez peruanos no la quieren. Le exigen que dé un paso al costado. Están de acuerdo con que renuncie a la presidencia para que el país vuelva a la calma. En contraste, dos de una decena apuesta porque continúe en el poder.

Según el estudio de opinión de Datum realizado del 3 al 7 de febrero, el 71 % de ciudadanos considera que Boluarte debe renunciar y el 26 % dice que debe quedarse en el cargo. Además, su nivel de desaprobación asciende al 76 %. Solo la aprueba el 16 %, es decir, la mitad de la aprobación que tenía el gobierno de Pedro Castillo, antes del fallido autogolpe. Es interesante mencionar también que el 77 % de mujeres desaprueba a la jefa de estado, que se ha victimizado diciendo que la cuestionan y piden su renuncia porque es mujer.

En la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), hecha a finales de enero, el 74 % estaba a favor de que Boluarte renuncie y el 24 % decía que debía quedarse en el cargo. En ese mismo estudio, la desaprobación de la presidenta ascendía a 76 % y su aprobación apenas sumaba 17 %.

La encuesta de IPSOS de febrero arroja resultados parecidos: el 76 % está de acuerdo con la renuncia de la jefa de estado, mientras que apenas el 20 % considera que debe continuar gobernando. Cuando IPSOS consultó si había participado en las protestas en contra de Dina Boluarte, nueve de cada diez peruanos dijeron que sí. O sea, el 90 % de ciudadanos marchó en rechazo a la presidenta, según esta encuesta, y aun así la mandataria insiste en que es un grupo minúsculo.

El buffet cínico

Casi con el mismo guión, una mayoría en el Congreso sepultó el adelanto de elecciones para el 2023, empezó a preparar el terreno para darle el zarpazo a la Defensoría del Pueblo, a los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec), y siguió haciendo méritos para ser repudiado por la ciudadanía.

En los últimos días se ha visto a los congresistas más descarados que nunca. Se revelaron viajes de placer y con fines familiares, pagados con dinero estatal, de un grupo de legisladores. Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, defendió cínicamente haber pagado su pasaje en avión con dinero público para visitar

a su pareja en Cajamarca. María del Carmen Alva, de Acción Popular, dijo que los legisladores no estaban obligados a rendir cuentas de esos gastos.

Días después conocimos que 94 congresistas solicitaron IPhone al Congreso para su uso personal y seguros para proteger sus viviendas. Pero lo que más indignación ocasionó fue la noticia sobre que desde diciembre de 2022 elevaron el costo del desayuno y el almuerzo por un servicio de buffet que cuesta S/25 mil en un solo día.

Un congresista come cada día alimentos por S/190. Lo más bochornoso fueron las justificaciones de los congresistas. “¿Qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Querrán que comamos alfalfa, seguramente”, dijo Jorge Montoya, de Renovación Popular, con una cara más dura que una piedra.

“Todos los peruanos tienen el derecho de comer rico”, respondió impúdica Patricia Chirinos, de Avanza País. “Alimentarse no es un gasto innecesario”, dijo con una sonrisa cínica Waldemar Cerrón, de Perú Libre.

Congreso rechazado

A pesar de todo, estos congresistas persisten en quedarse y se presentan como los representantes del “pueblo” y los defensores de la “democracia”. Si hay alguna institución más rechazada que la presidenta Boluarte, es el Congreso: más del 70 % de peruanos piden que sea disuelto, aunque no hay causales para hacerlo. Datum preguntó sobre el cierre del Congreso y el 71 % dijo que estaba a favor de una medida de ese tipo y 25 % se mostró en contra. Las poblaciones del centro y el sur, seguido del norte, Lima y oriente son las que más piden la disolución congresal. En cada una de estas zonas, el respaldo oscila entre 58 y 87 %. En el trabajo de IEP, el 89 % desaprobó al Congreso, mientras que solo el 7 % la aprobó. Es uno de los registros más bajos de aprobación del legislativo en las últimas décadas. De la misma forma, en el trabajo de IPSOS el 82 % de encuestados desaprobó la gestión del Congreso frente al 11 % que la aprobó. Casi nadie los quiere. Pero Dina Boluarte y una mayoría de congresistas se agazapan al poder y a sus gollerías.

En tres encuestas más del 70 % está de acuerdo con renuncia de Boluarte

Las protestas han bajado en intensidad, pero están lejos de desaparecer.

LUIS CASTILLO

Escribe: Ana Román (*)

En este contexto crítico que vive el país, se ha cuestionado mucho la participación de campesinos y campesinas en diferentes movilizaciones y protestas y a veces el desconocimiento ha llevado a que muchas personas digan inclusive que han sido obligados o pagados para participar en estas protestas. ¿Hay antecedentes de cómo surgen las comunidades campesinas? ¿Cómo están organizadas?

Podemos hablar desde 1920. Empieza la institucionalidad de las comunidades cuando son reconocidas como comunidades indígenas. Luego, ha ido cambiando en función a contextos. Recordemos, por ejemplo, que en 1969 se da la reforma agraria y las comunidades indígenas pasan a denominarse comunidad campesina. Eso se tangibiliza normativamente en la Constitución de 1979. Posteriormente sale la Ley de comunidades campesinas en 1987, Ley 24656. Esta ley aterriza mejor la estructura de la comunidad, estableciendo dos aspectos: esta ley va a normar el funcionamiento de la comunidad, pero también va a definir quienes son los comuneros, quiénes y en qué condiciones acceden a ser comunero.

Básicamente esta ley lo que hace es ayudar a estructurar cómo va a funcionar como organización, como institución una comunidad campesina. Prevé que funcione a través de la asamblea general de comuneros, la directiva comunal y comités en función a sus necesidades. Pero la máxima instancia para tomar acuerdos es la instancia de la asamblea comunal, ninguna persona, ningún comité podría atribuirse la potestad de tomar decisiones para determinados aspectos en función a intereses. Todo acuerdo pasa por la asamblea comunal.

Si han participado en protestas, movilizaciones, ¿asumimos que son acuerdos de asamblea comunal y están registrados en acta?

Efectivamente. Si nos ubicamos en este contexto tan complicado, cada comunidad ha convocado a asamblea a través de su directiva y en esta coyuntura seguramente han puesto en agenda la difí-

cil situación. Además, en función a las comunidades vecinas y organizaciones vecinas que han ido adoptando este tipo de acuerdos para plegarse a esta movilización social. Lo que pasa es que el presidente convoca a una asamblea para debatir teniendo como punto de agenda este tema y es aprobado. Previamente se somete a votación. Puede suceder que alguna comunidad lo desapruebe y eso también es válido, pero seguramente por la sensibilidad y por cómo han sido aludidos, los acuerdos han sido adoptados de esa manera, a través de la asamblea.

Así hubiera un porcentaje de hombres o mujeres campesinos que estuviesen en desacuerdo, si la mayoría opta por determinada acción frente a situaciones como estas, ¿las movilizaciones tienen que ser acatadas?

Hay varias formas de adoptar un acuerdo. Acuerdo por unanimidad, donde no hay ninguna oposición a la propuesta de cualquier naturaleza y acuerdo por mayoría simple o mayoría absoluta. En este caso, los acuerdos de mayoría simple son acuerdos que no se van a inscribir en registros públicos, solamente se verifica que los que asistan a la asamblea y voten sumen el cincuenta por ciento más uno. Si han llegado a ese acuerdo, ese acuerdo tiene que respetarse como institución comunal por todos. Ese es el mecanismo, así lo establece la Ley de comunidades campesinas.

¿Cuál es el rol o papel que desempeñan en este contexto la Fartac, la FDCC, en el sentido que también pudieron haber convocado a comunidades campesinas?

Estas organizaciones representativas denominadas de segundo nivel, no solo la Fartac o la FDCC, sino también las centrales de rondas campesinas, aglutinan a comunidades y también a aquellas parcialidades que en el pasado han sido comunidades -pero que por cuestiones de seguridad jurídica en acceso a su tierra han optado ser parcialidades, asociaciones de pequeños propietarios-, pero pertenecen a estas organizaciones. Estas como pertenecen a organizacio-

nes de segundo nivel son convocadas por éstas.

¿Son convocadas, pero ejercen alguna influencia al momento de decidir por una u otra acción?

No hay influencia, sino más bien cuando estas son convocadas tienen que llevar su asamblea en este nivel, o sea la aprobación no es directa. No es que el presidente de la central de rondas los convoca y van al paro, sino que ese acuerdo tiene que adoptarse en un encuentro. Este acuerdo se da cumpliendo los mismos procedimientos que lo que establece La ley de comunidades campesinas: aprobación por mayoría, se somete a debate, seguramente con mayor amplitud porque van a participar varias comunidades. Entonces, el acuerdo siempre tiene que tomarse por mayoría.

Si esta propuesta no se llevara a la asamblea comunal y la comunidad, por ejemplo, no estuviese informada o interesada en desarrollar algún tipo de propuesta o movilización frente a cualquier hecho, ¿cabe la posibilidad de que algún comunero, comunera tenga el interés en participar en dicha protesta y hacerla sin un acuerdo o cuál es el mecanismo?, ¿pide permiso a la comunidad?

Eso ya sería a título personal. Supongamos que la organización a nivel comunal o a nivel de segunda instancia ha desestimado la propuesta por ejemplo de participar de esta movilización social, entonces cada quien es libre de poder participar, pero ya a título personal sin involucrar a la organización.

(*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

“Un acuerdo comunal es cumplido por todos los comuneros”

Juan de Dios Condori, coordinador de Casa Campesina del CBC, da luces sobre la vida comunal.

Katatay es un colectivo de artistas independientes de la región Apurímac. Este colectivo gestionó un mural de memoria en honor a las movilizaciones sociales que se dieron a partir del contexto político que atravesamos en el actual gobierno. Este mural está ubicado en el pasaje peatonal Miscabamba, Abancay, que es la calle más antigua de la ciudad.

En la intervención del mural se observa a dos mujeres del campo con sus llicllas, acompañadas de un camión, que transporta campesinos con unas banderas alzándose, entre ellas una wiphala. Además, se representa un verso del tayta José María Arguedas que dice: “Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo”, que es parte de un canto en honor a la lucha de Tupac Amaru. Para entender mejor el proceso de esta muralización, se hizo una entrevista con Iván Tutaya, miembro de Katatay, quien diseñó y participó activamente de esta intervención artística

¿Qué motivó este mural?

Como colectivo queríamos responder al contexto y ser partícipes de este cambio que se está dando. Y cuestionar al Estado corrupto en el que estamos. Además, teníamos la necesidad de apoyar a los hermanos, de identificarnos con ellos. Son nuestros hermanos luchando en la capital y también en nuestros territorios del sur, centro y norte. Nos emocionó la idea de hacer un mural, ya que los muros dicen mucho de sí a personas que no están muy acostumbradas a visitar galerías o no están relacionadas con el arte.

¿Cómo ha sido el proceso creativo para tener el diseño final?

El diseño es algo que yo venía trabajando en bocetos de mamitas y señoras identificadas en el mercado. Luego, hablando con los compañeros, decidimos poner a las mujeres que se identifican con el mercado, las luchas y mamitas en luto. Utilicé la tableta digital con el programa Photoshop. Y también pensamos en la cosmovisión andina: los colores tenían que ser intensos para que podamos encontrarlos en la naturaleza o diversidad peruana. Fusionamos algunos diseños que teníamos para el fondo azulado con estrellas.

Escribe: Aprodeh Apurímac

Es interesante que representen a mujeres del campo como protagonistas principales en esta presentación visual, ¿cuál fue la razón detrás de ello?

Nos inspiramos en aquellas madres que han quedado en luto y también en aquellas madres que están guerreando y luchando en la capital. Como es el caso de la compañera ayacuchana, Aida Aroni, la famosa mamá que flamea su bandera frente a los policías. Me inspiré en ella para dibujar a la mamita que no lleva el luto.

Sobre la frase de Arguedas, ¿por qué resaltan particularmente este verso?, ¿qué representación histórica nos vincula en la actualidad con ello?

El verso es relevante por el hecho de extender las protestas desde el sur andino hacia la capital, una capital que es percibida como indiferente y aislada del resto del país.

Se ha podido observar que gran parte de esta movilización popular está impulsada por personas del campo, ¿por qué consideran importante plasmar la frase

“De

la tierra comemos y gozamos”?

La frase salió de la mamita Aida Aroni que fue discriminada por dos sujetos frente a la policía, [quienes] le dijeron “métele bala webón”, y ella respondió “de la tierra comes y te gozas”. Queríamos plasmar su frase ya que habíamos hecho un choclito dorado para resaltar lo que viene del campo, revalorar los productos y a quienes trabajan la tierra.

¿Qué lugar tiene el campesinado en las movilizaciones?

Las movilizaciones son temas distintos en la capital y en las regiones. En la capital es muy difícil llevar a cabo este tipo de movilizaciones, los campesinos están siendo reprimidos de manera más violenta ya que están fuera del hogar. En cambio, en las regiones están más organizadas.

Se puede observar que hay un camión que transporta gente, quienes sostienen una wiphala, ¿qué significa esta bandera?, ¿por qué está incluida dentro del mural?

La wiphala es símbolo de resistencia cultural que unifica a las naciones de componente indígena históricamente relegadas y discriminadas. En momentos como este no se puede guardar equidistancia ante la injusticia que llega al extremo de masacrar a gente que hace uso de su legítimo derecho a protestar y exigir una representación política auténtica. Surge la necesidad de identificarnos con esta lucha democratizadora en contra de la tiranía rancia, racista y brutal.

“Nos inspiramos en aquellas madres que están guerreando y luchando en la capital”

Comunidades no necesitan influencia externa para protestar contra la injusticia

ANCESTRAL. Las comunidades campesinas existen desde tiempos ancestrales, antes se denominaban ayllus, palabra de origen quechua que significa familia. En algunas comunidades aún se llaman entre ellos como aylluymi, es decir, de mi familia. Recién en la Constitución de 1920 se hace expreso el reconocimiento de su existencia y personería jurídica. En aquellos años eran llamadas “comunidades de indígenas”.

Las comunidades campesinas sustentan su vida y organización en base a cuatro principios de la cosmovisión andina. El principio de relacionalidad (kushqalla) que significa que cada miembro está relacionado con el todo; el principio de correspondencia (ñoqanchis pura), que significa que la relación del hombre con el todo genera armonía y equilibrio; el principio de reciprocidad (ayni), una relación de dar y recibir entre pares; y

el principio de complementariedad (yanantin), que quiere decir que cada parte tiene su opuesto que le complementa, constituyendo un todo integral.

Estos principios son la base de las comunidades para una vida orgánica, colectiva y solidaria. Hoy existen normas y leyes que las respaldan, como la Constitución, la Ley General de Comunidades Campesinas y su reglamento, la Ley 24657, que declara de necesi-

dad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas, la Ley de Tierras, entre otras. A ellas se suman las normas de carácter internacional.

En el presente artículo mostraremos cómo a través de la institucionalidad comunal los territorios han resistido por más de 200 años. Sabemos que la intervención del gobierno en las zonas rurales es reciente y se da con grandes limitaciones.

La asamblea comunal

Hoy las protestas expresan pedidos legítimos, sustentados en las desigualdades que las comunidades campesinas viven, y su participación o no es un acuerdo que se da en la mayor autoridad que existe a nivel comunal: la asamblea general.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, “la asamblea general es el órgano supremo de la comu-

En las comunidades campesinas, todas los acuerdos se toman en una asamblea general y estos deben ser cumplidos por todos los comuneros empadronados.

Escriben: Yolanda Maque Pinedo, Celso Quispe Sanabria e Hysha Palomino Tomaylla (*)

FOTOS: CEDEP AYLLU.

nidad. Sus directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones que establece el estatuto de cada comunidad”.

En este espacio debaten, discuten, analizan, llegan a acuerdos y toman decisiones. El reglamento de esa ley especifica que todos y todas las comuneras deben acatar los acuerdos de los órganos de gobierno comunal.

Quienes toman las decisiones

El reglamento de la norma señalada que los y las comuneras calificadas tienen derecho a participar con voz y voto en las asambleas generales, solicitar a la directiva la convocatoria a asamblea general extraordinaria, sujetándose a las disposiciones del reglamento y el estatuto comunal. Allí pueden formular reclamos contra actos que afectan sus intereses, tomar decisiones colectivas, proponer alternativas de solución y otros. No se puede afirmar que las comunidades campesinas están siendo influenciadas por terceros como el narcotráfico, la minería ilegal u otros. Pues para que desarrollen cualquier acción, la decisión se toma en consenso. Los residentes y comuneros no calificados tienen la obligación de participar en las decisiones tomadas, ellos tienen voz, pero sin voto.

Solidaridad y reciprocidad

La convivencia en las comunidades se da entre familias, de manera fraterna reciben el trato de tíos, tías, primos, hermanos, hermanas, sin necesidad de estar unidos por lazos de sangre. El ayni y el yanantin nos dicen que las relaciones de dar y recibir son algo natural en la comunidad.

Si se afecta por alguna situación sus derechos, su territorio, el de sus integrantes y sectores, en asamblea se discute el tema y se decide el tipo de acción a tomar, sabiendo que, si hoy doy algo que no necesariamente puede ser material, mañana alguien hará lo mismo por mí de manera desinteresada. Esto aplica sea cual sea el caso.

Muchas de las comunidades campesinas que han salido a protestar durante este tiempo -y ahora continúanlo hacen por esa solidaridad y reciprocidad que hay entre ellas. Saber que han asesinado a sus compañeros que luchaban por causas justas, lo sienten como si un miembro de su familia hubiera sido la víctima, porque eso son las comunidades: familias.

En base a la reciprocidad es que los territorios del sur apoyan las protestas, pues esto no solo se da en el interior de cada comunidad, sino va más allá y se refleja entre comunidades campesinas de las regiones andinas, trascendiendo territorios.

Las marchas contra el gobierno continuarán debido al nivel de organización que mantienen las comunidades. Es una muestra de colectividad, como las faenas comunales: en asamblea se decide la participación por turnos, participa un miembro que representa a cada familia, lo que permite que haya equilibrio. Mientras algunos participan de las movilizaciones otros realizan las labores de siembra o cosecha de cultivos, sin afectar el funcionamiento familiar y comunal.

Justicia y autogestión

¿Quién hace algo por las comunidades campesinas?, ¿dónde encontrarán justicia?, ¿cuándo? Si son las propias comunidades campesinas, sin presencia del Estado, que han luchado por años para recuperar sus tierras de los hacendados, las que defienden a sus apus, cerros y nevados –que se encuentran en las cabeceras de cuenca y son generadores de agua- de las actividades extractivas; cultivan y producen alimentos sanos desde sus saberes ancestrales para abastecer a los mercados del todo el país; protegen los ecosistemas, la biodiversidad, construyen carreteras y sus sistemas de riego, compran tractores para las siembras comunales y lo usan de manera rotativa e igualitaria.

Ante situaciones de corrupción de las autoridades locales, exigen el cumplimiento de acuerdos e informes de su gestión. En algunos casos sancionan, declaran persona no grata y hasta expulsan a las autoridades que no fueron dignas de la confianza dada.

En la misma lógica, hoy se movilizan por acuerdo común. La mayoría ya tiene cierto nivel de educación y accede a información de manera permanente, y sabe lo que está pasando en el país y lo que hacen las autoridades. Esto refuerza su conciencia y los impulsa hacia la de-

fensa de sus derechos a la vida y a la dignidad. No es extraño que luchen como siempre lo han hecho. No necesitan influencia externa para hacerlo.

Racismo y discriminación

El Gobierno nacional y sus organismos niegan los derechos de las comunidades campesinas y su institucionalidad, aun cuando están amparados por el Art. 89 de la Constitución, que expresa: “…tienen existencia legal y son personas jurídicas, autónomas en su organización… así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece… El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas”.

Hoy el Estado ignora ese respeto a la identidad cultural, quiere desaparecer la organización colectiva y solidaria de comunidades y organizaciones de base que brindan apoyo económico a sus pares para viajes, atención a heridos, alimentación (ollas comunes), refugio y movilidad.

El Gobierno es responsable de que se hayan reabierto las brechas entre la zona urbana y rural, pero hoy son más profundas, pues están basadas en la discriminación, la estigmatización y el racismo.

Mientras haya injusticia, todas las comunidades unidas alzarán su voz, porque pertenecen a un todo. Es injusta la criminalización de comuneros y comuneras, con “pruebas sembradas”. No hay respeto por el derecho a la protesta que la ley garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que incluye que el Gobierno escuche y haga caso a estas demandas, respetando la vida, como lo dice la Constitución.

(*) Equipo del Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu (CEDEP Ayllu).

No se puede decir que las comunidades campesinas son influenciadas por terceros.

Cholos choleando en Cusco

comportamientos para someter a aquello que se opone o amenaza el poder utilitarista. Además, requiere ser exterminado o invisibilizado: “Regresen a sus chacras o vayan a comer su mote”.

Escribe: Juan Víctor Béjar (*)

DISCRIMINACIÓN. Un sector de la población cusqueña salió a protestar para oponerse a las masivas manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte. Lejos de mostrar tolerancia y ejercer su derecho en paz destilaron racismo y clasismo. “Cholos”, “indios”, “vayan a sus chacras”, les gritaron.

Las últimas jornadas de protesta se concentraron en la ciudad del Cusco. La población rural de las trece provincias llegó a la Ciudad Imperial a demandar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y reforma de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente.

La ciudad fue escenario de heridos y una muerte, provocada por acciones de violencia y represión de las fuerzas del orden y en menor proporción por los protestantes. En este escenario, surgieron las marchas “por la paz”, aparentemente para convocar a la unión. Sin embargo, en esos actos afloró el racismo y la discriminación, un problema que subyace en el subconsciente de un sector de la población cusqueña. Los participantes de estas marchas destilaron racismo y discriminación: “Cholos”, “indios”, “pata rajadas”, “terrucos”, “vándalos”, “vayan a sus chacras, apestosos”, gritaron.

El escritor mexicano Frabrizio Mejiar dice que ese tipo de frases de ín-

dole clasista y racializado tiene origen en la colonia. Antes, “indio”, “pata rajadas”, “vayan a sus chacras, apestosos”, dice el escritor, hacía referencia a los que vivían en los linderos de las ciudades criollas, incluso siendo mestizos, y que no solo caminaban hacia la ciudad, sino que se desplazaban con cargas o trayendo cosas o productos. No es una invención. Pasa incluso en poblaciones urbanas de provincia. Según el escritor, este comportamiento es una cuestión de blanquitud que no es racial, tampoco se refiere al color de la piel.

La blanquitud es una actitud mental que incluso se puede enarbolar siendo moreno -menciona el autor-. En el caso peruano se puede apreciar ese tipo de conductas en personas de facciones andinas o amazónicas. Para usar una frase conocida: el cholo choleando. Estos enunciados son una forma de violencia sistemática frente a un grupo al que consideran que no se comporta como ellos quisieran. Utilizan códigos como la vestimenta, lenguaje, lugar de procedencia o

Estas metáforas sugieren una superioridad por saber pensar y ser útil a un discurso de dominación. Lo repiten en esas marchas. Exigen docilidad, sumisión y atribuyen bondad natural inferior, según el autor, pero cuando reclaman sus derechos son indios, terrucos, comunistas y vándalos y otros adjetivos.

Siglos de racismo

Solo vemos la punta del problema de taras coloniales que llevan siglos de enraizamiento en la sociedad peruana y cusqueña. Reconocer el derecho del otro a ser diferente es una cuestión de un pacto social, mencionado por Paolo Rocco, nuncio apostólico del cuerpo diplomático ante la presidenta Dina Boluarte. Rocco dijo que detrás del rechazo a las formas visibles de violencia se esconde una violencia más insidiosa: el desprecio hacia al otro y cuando las exigencias perjudican sus intereses del otro. Además, mencionó que ignorar la existencia y derechos de los demás tarde o temprano trae consecuencias.

La ciudad del Cusco generó un proceso de concentración de población y poder político, prosperó la actividad turística que no beneficia a todos los cusqueños. Así mismo, se incubó la discriminación y racialización, viviendo de espaldas a las diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales de sus provincias y distritos.

Esta población tiene importancia para el desarrollo de la ciudad desde la diversidad cultural de las comunidades, la seguridad y soberanía alimentaria, y los aportes desde sus territorios en temas de agua, energía eléctrica, gas y minería. Pero también sufren las consecuencias de la inadecuada planificación y crecimiento de las ciudades que producen basura o contaminan los ríos.

Requerimos refundar una nueva ciudad y una región desde la inclusión e interculturalidad. No basta con aparentar interculturalidad y derrochar identidad usando un traje típico en las fiestas del Cusco. Es urgente educación intercultural y de género, con diálogo horizontal entre culturas, con políticas reflejadas en hechos dentro de entidades públicas y privadas, y espacios públicos. Además, necesitamos un pacto político y social para el fortalecimiento de la diversidad de identidades, culturas y, por último, re-dignificar el rol de la población rural y su aporte a la región y al país.

En marchas “por la paz” agredieron con frases racistas a campesinos de provincias.

(*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

Wiphala: Símbolo de reivindicación sociocultural de pueblos altoandinos

mo, se encuentra asociado con otros objetos como chullos, zampoñas, vasos, entre otros, donde se plasmaba este símbolo.

Escribe: Nelson Raul Yugra Butron (*)

ENSEÑA. La wiphala varía en algunos colores según la ubicación geográfica, por ello existen algunas diferencias mínimas en cuanto a los colores. Actualmente, cuenta con siete columnas y siete filas que hacen un total de 49 cuadros, conformando un emblema cuadrado.

La procedencia de la wiphala es controversial. Lo sigue siendo ahora debido a la reducida evidencia bibliográfica que existe sobre el origen y significado de la wiphala en los pueblos ancestrales.

Es importante mencionar que este símbolo identitario es utilizado actualmente por comunidades quechuas, aimaras y uros. Todos ellos pueblos altoandinos ubicados principalmente en Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, que ha ido recuperándose y evolucionando conceptual y simbólicamente.

No entraré en una discusión profunda sobre sus orígenes, mas bien deseo usar conceptos claves y pasajes relevantes para entender la importancia actual de la wiphala dentro de la población andina peruana.

Primeros alcances

Debemos partir de conceptuar el termino de símbolo y su diferencia con la palabra bandera. Si nos ceñimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, símbolo es un “elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una

idea, de una cierta condición”. Y bandera es una “tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a una asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución”. Ahora, visto desde los pueblos altoandinos y más aún, tratándose de la wiphala como símbolo, es entendido como una referencia al objetivo de la liberación total de las naciones indígenas, mientras que se ve a las banderas invasoras con un significado de colonialismo e imperialismo (Germán Choque, 1992).

La investigación sobre la wiphala fue realizada por el boliviano Germán Choque, también conocido como el aimara inca chupiwanka, parte del movimiento catarista, quien dedicó mucho tiempo a la revaloración de este símbolo ancestral, tomando como base documentos como las crónicas de Guamán Poma de Ayala para fundamentar sus estudios.

En el periodo precolombino (entendiéndose como un momento antes de la influencia política y cultural europea en América), si bien no existe evidencia clara sobre el uso de la wiphala como símbolo autóno-

Sus colores pueden provenir de diversas narrativas y tienen varias argumentos, que parten desde la leyenda de los hermanos Ayar y su semejanza con el arcoíris como forma de “buena señal”. Lo que actualmente sí podemos indicar es que, según la Ordenanza Regional 006 -2022-GRP-CRP, hay algunos valores conceptuales en cada color de la wiphala. El color rojo: el planeta Tierra, la expresión del hombre andino; el naranja: la expresión de la cultura; el amarillo: los principios morales; el blanco: el tiempo y la dialéctica; el verde: la producción andina; el azul: los sistemas estelares y los fenómenos naturales; y el violeta: la política y la ideología andina.

Recordemos que la wiphala varía en algunos colores según la ubicación geográfica, por ello existen algunas diferencias mínimas en cuanto a los colores. Actualmente, la wiphala cuenta con siete columnas y siete filas que hacen un total de 49 cuadros, conformando un emblema cuadrado.

Situación actual

La wiphala es un símbolo para la población indígena. Refleja las estructuras más importantes y los principios organizativos de las sociedades precolombinas, es decir, la unión de la comunidad y la relación del hombre con la naturaleza y el mundo.

Se muestra su uso en actividades folclóricas y ceremoniales en las comunidades campesinas que reconocen a este símbolo como suyo, tanto así que, en mayo del 2022, el Gobierno Regional de Puno lo declaró como símbolo de los pueblos originarios quechuas, aimaras, uros y mestizos en la región de Puno, dando un valor filosófico, como parte de la cosmovisión de la nación andina.

Algo que no se puede cuestionar es que la wiphala empezó a existir realmente en un contexto de los movimientos indígenas y se convirtió en el símbolo incuestionable de las protestas quechua y aimara, que a fines del siglo XX exigieron cambios en su situación de marginación social. Muestra de ello es que este símbolo se encuentra presente tanto en la célebre marcha de cuatro suyos, que reunió a amplios sectores de la oposición política peruana.

En la coyuntura actual volvió a la palestra. Está presente en movilizaciones, usado como símbolo de identificación y reivindicación sociocultural por los manifestantes que en su mayoría provienen de zonas rurales de la región Puno. Son sectores olvidados, marginados, discriminados por el gobierno central, que ahora los desconocen y los ven como los “otros”, poblaciones sin derechos y sin voz.

(*) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).

R e m o v i e n d o e l p a í s

En Apurímac, tierra del escritor José María Arguedas, empezó la gran movilización social en contra del actual gobierno. Las primeras seis víctimas de la represión murieron en Andahuaylas. El sentimiento de Arguedas sigue vivo en esta tierra andina. Este mural pintado en el pasaje Miscabamba de Abancay recoge el esfuerzo de los pueblos para movilizarse y ha podido ser expresado por colectivos sociales: artistas y feministas resaltan aquel verso antológico de Arguedas en el texto A nuestro Padre creador Túpac Amaru Himno-Canción: “Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo”.

FOTOS: José Miguel Valverde.