Pulso Regional

Dina Boluarte: 100 días de represión y muerte

La presidencia de Dina Boluarte comenzó con una provocación. Desoyendo a la mayoría de peruanos, que pedían adelanto de elecciones generales, Boluarte juró: “Asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026”.

Con esas palabras, la presidenta encendió el fuego del descontento que había en el país con el Ejecutivo y el Congreso. Con esas palabras, desató una ola de protestas, de represión y de muerte. En las regiones del sur se concentró en un inicio el rechazo. Creció con los días y se sintió en casi todo el país. Las movilizaciones continúan hasta hoy sobre todo en Puno. Boluarte se mantuvo en la presidencia con el uso de la fuerza pública, la represión y la violencia excesiva, que provocaron ciudadanos muertos y heridos. Usó a las fuerzas públicas para deshacer el rechazo ciudadano y en ese afán aglutinó intereses de grupos económicos y mediáticos empeñados en defender el orden establecido.

La intensidad de las protestas disminuyó. No significó, sin embargo, que el rechazo haya desaparecido. Una nueva forma de protesta se ha expresado con acciones espontáneas para expulsar a los ministros del actual gobierno de las ciudades. Miembros del gabinete han sido echados a huevazos, a pedradas, a los gritos, de Calca, Chincha, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, etcétera. A los congresistas no les va mejor.

Entre el 7 de diciembre y el 17 de marzo, en los cien primeros días del gobierno de Boluarte, la fuerza pública reprimió las protestas y causó la muerte de 49 civiles por el uso excesivo de la fuerza y armas letales, y un policía fue asesinado y quemado en su patrulla, por expolicías corruptos. Otras 16 personas murieron por factores relacionados con las protestas como el bloqueo de vías.

Hubo más de 1000 heridos por el impacto de proyectiles, muchos de los cuales están graves, en cuidados

EDITOR PERIODÍSTICO:

José Víctor Salcedo Ccama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Cristian Yarin Trujillo

FOTO PORTADA:

Miguel Gutiérrez Chero

intensivos, en hospitales de regiones y Lima. Hubo también cientos de detenidos por protestar: Más de treinta fueron enviados a prisión preventiva con fundamentos deleznables y decenas son investigados por delitos como disturbios, entorpecimiento del tránsito, etc. A la represión se sumaron la estigmatización y las acusaciones sin sustento. Boluarte, su premier Alberto Otárola y sus ministros empezaron a llamar terroristas, vándalos, malos peruanos a los manifestantes.

Misiones y organizaciones internacionales de derechos humanos han concluido que en los tres meses de gobierno de Boluarte hubo uso excesivo de la fuerza pública y posibles violaciones a los derechos humanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), en su

informe sobre prácticas de derechos humanos 2022, aseguró que la falta de repercusiones ante las denuncias de abusos por parte de la Policía peruana genera preocupación y deja un mensaje de impunidad. Según el Departamento de Estado, “el gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron”. El gobierno estadounidense cerró su análisis el 31 de diciembre del 2022. A esa fecha sumaban 28 muertes en las protestas.

Cien días después de que Dina Boluarte jurara como presidenta del Perú, el rechazo continúa. Según las encuestas, no tiene más de 15 % de aprobación. Su desaprobación supera casi llega al 80 %. El Congreso, también responsable de la crisis, no tiene más del 8 % de respaldo.

COMITÉ EDITORIAL:

Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

Derechos Humanos Sin FronterasDHSF

Asociación Pro Derechos HumanosAPRODEH

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com

Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

www.pulsoregional.pe

pulsoregionalcusco

Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113

Tiraje: 1.000

A 100 días del boluartismo: Militarización y reactivación minera

Escribe: Jaime Borda (*)

RIESGOS. El régimen de turno quiere impulsar más proyectos mineros. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, dijo que “el país está pacificado y que hay condiciones para invertir”. La única forma de entender esta postura es que o viven en un universo paralelo o se sienten seguros en el poder que piensan imponer con violencia y represión nuevos proyectos mineros.

Lo que está pasando hoy con la crisis política en el Perú es una ampliación de lo que ya venía sucediendo hace más de 15 años en territorios mineros, y particularmente en el sur andino.

Lo sabemos quienes hacemos seguimiento al tema extractivo minero en el país. Nos referimos a los conflictos socioambientales, la declaratoria de estados de emergencia, la criminalización de la protesta social, la violencia y la desproporción en el uso de la fuerza de la Policía, la estigmatización y el terruqueo a las poblaciones y comunidades que se movilizan.

Casos como el aimarazo en Puno; el levantamiento de Espinar, en Cusco; los problemas de Las Bambas, en Apurímac, o el caso de Tía María en el valle de Tambo, en Arequipa, son solo algunos ejemplos de cómo los sucesivos gobiernos, en alianza con las empresas mineras transnacionales, han intentado imponer proyectos mineros o han buscado desconocer las legítimas demandas de la población.

Esta especie de ampliación de los estados de emergencia en todo el país, que declaró el año pasado el régimen de Dina Boluarte, es una lamenta-

ble repetición de los casos que hemos mencionado. Así como ahora muchas de las muertes, heridos y criminalizados en las protestas no han encontrado justicia ni reparación, en los conflictos mineros pasó lo mismo.

Los afectados y las víctimas de la violencia del Estado en los conflictos sociales y en las movilizaciones actuales son las mismas: las comunidades campesinas y las poblaciones rurales que hace décadas exigen cambios de fondo, cambios que prometió el gobierno de Pedro Castillo y que al día de hoy han quedado en el olvido.

En este escenario de crisis política permanente, uno de los actores que no ha perdido mucho y que por el contrario se ha beneficiado de la crisis por partida doble son las empresas mineras. Por un lado, el alto precio de los minerales como el cobre en el mercado internacional les ha favorecido y, por el otro, el gobierno de Castillo no realizó ningún tipo de cambio ni reforma en el sector minero (mantuvo el piloto automático).

Lo que observamos en los 100 primeros días del gobierno de Dina Boluarte es que el sector minero nuevamente será el más beneficiado. El premier Alberto Otárola, y los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, Oscar Vera Gargurevich y Alex Contreras Miranda, han anunciado que se vienen más cambios normativos en este sector, a través del “shock de eliminación de permisología minera”.

Quieren impulsar más proyectos mineros, tal como lo anunciaron en la convención minera más grande del mundo realizada recientemente en Canadá. Inclusive, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, dijo que “el país está pacificado y que hay condiciones para invertir en el Perú”. La única forma de entender esta postura del gobierno es que o viven en un universo paralelo o se sienten tan seguros en el poder que piensan imponer con violencia y represión nuevos proyectos mineros.

Lo cierto es que hoy las comunidades y poblaciones del sur andino peruano no reconocen como legítimo al gobierno de Dina Boluarte y que las movilizaciones no van a cesar. La masacre y la muerte de 49 peruanos y peruanas en las últimas movilizaciones han dejado un profundo dolor en la población peruana, principalmente en el sur. La ciudadanía ha señalado que no aceptará ningún ofrecimiento ni dádiva de este gobierno.

(*) Red Muqui.

Las protestas en el sur, sobre todo en el corredor minero, en contra de la minería, son constantes.

El chico que no quería morir

arma apunta a quienes quieren ayudarlo. Después de unos segundos se aleja. Es 11 de enero. Este día Cusco es el epicentro de las protestas y de la represión del régimen boluartista.

Escribe:

José Víctor Salcedo

ESTÁ PROBADO. Rosalino Flórez fue asesinado por un policía que, hasta ahora, 70 días después de los disparos, no ha sido identificado. Hay un video que prueba cómo le dispara por la espalda una ráfaga de perdigones de plomo. 36 proyectiles le perforaron los intestinos, pulmones y riñones. Es la víctima 49 del régimen de Dina Boluarte. La Fiscalía ha avanzado poco en las investigaciones. Además, el caso es investigado por lesiones leves. Los abogados han pedido que sea por homicidio calificado.

Rosalino Flórez Valverde se esconde detrás del tronco de un árbol. Su vida peligra. Está en medio del intercambio de pedradas de los manifestantes y las bombas lacrimógenas y perdigones de los policías. Se acurruca al árbol. Los manifestantes retroceden, los policías los persiguen. Unos segundos de calma. Rosalino se queda solo, pegado al tronco. De

pronto aparece un policía con el arma cargada y se acerca. Rosalino percibe esa presencia y sale disparado como un resorte. Da unos diez pasos. Corre y se agita por el gas lacrimógeno. El aire parece una niebla espesa. El policía casi lo alcanza. Le apunta. Dispara una ráfaga de perdigones de plomo. Rosalino cae sobre el asfalto. El policía gira a su alrededor y con el

Del cuerpo de Rosalino gotea sangre. Mancha el asfalto. Rosalino agoniza. Una multitud, como en el poema de César Vallejo, lo rodea y le dice resiste, no mueras, pero él no reacciona. Rosalino desfallece. El esfuerzo de los brigadistas es insuficiente. Tratan de reanimarlo. Le hacen presiones en el pecho. Lo rodean decenas de personas. No reacciona. De un coro confuso y agitado de voces sale un lamento:

“Lo han matado al Rosalino. Una ambulancia. Pidan una ambulancia. Lo han matado al Rosalino”. Minutos después, inconsciente y desangrándose, Rosalino es llevado al hospital donde entra en estado de coma. El policía le disparó treinta y seis perdigones. Los médicos del Cusco solo pudieron sacarle seis. No era posible retirar todo. Los perdigones le destrozaron el intestino delgado y grueso, pulmones y riñones. Rosalino había perdido tanta sangre que debía esperar que su familia consiguiera donantes. En el banco de sangre del hospital no había reservas. Días después lo llevaron al Hospital Arzobispo Loayza de Lima. Rosalino peleó por vivir

Rosalino Flórez volvió muerto al Cusco, su tierra natal. Los disparos de la policía fueron tan graves que no pude sobrevivir.

por setenta días. Le hicieron varias operaciones. Le extrajeron el sesenta por ciento de los intestinos. Salía y entraba a cuidados intensivos. Parecía que mejoraba un día, al otro, recaía.

Juan José, su hermano, lo acompañó los setenta días de sufrimiento. Lo veía desmejorado en la cama del hospital. Sufría. Se le estrujaba el corazón cuando Rosalino le decía, como una súplica: “Quiero comer, hermano”. Juan José quería complacerlo, pero no podía. Rosalino ya no tenía intestinos.

Setenta días y no pudo más. Rosalino Flórez Valverde, veintidós años, murió el 21 de marzo. Causa de muerte: Trauma toráxico abdominal por proyectil de arma de fuego.

El fiscal desinteresado

Antes del 11 de enero, Rosalino y su hermano Juan José habían visto cómo militares y policías disparaban a matar a las personas. Seis muertos en Andahuaylas, el 11 de diciembre; diez en Huamanga, el 15 de diciembre; dieciocho muertos en Juliaca, el 9 de enero. Rosalino y Juan José fueron a protestar en contra el boluartismo. A las once de la mañana se unieron a un grupo que quiso llegar y tomar el control del aeropuerto de la ciudad. Siendo este un activo crítico, como dijo el gobierno, la policía tenía órdenes de evitar que eso ocurriera. Horas después, le dispararon.

Con la muerte de Rosalino, el número de asesinados en el boluartismo asciende a 49. En Cusco hubo dos víctimas. Remo Candia murió el 11 enero. Le dispararon y destrozaron sus órganos. Aroldo Vera Villar, abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), que representa a la familia de Rosalino, presentó un escrito al fiscal Luis Junior Román Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq. Le pide que amplíe las investigaciones por homicidio calificado. Le demanda que identifique al policía que disparó a matar contra Rosalino. Román investiga lo ocurrido el 11 de enero.

A diferencia de los fiscales de Huamanga y Juliaca (que avanzaron con las investigaciones), Román Quispe hizo poco. Después del 11 de enero abrió la carpeta fiscal 33-2023 por homicidio y lesiones leves. Homicidio por el caso de Remo Candia y lesiones leves por el de Rosalino Flórez y otros heridos.

El abogado Vera Villar y la abogada Yudith Conto Cantero, también de DHSF y que defiende el caso de Remo Candia, pidieron la desacumulación de los casos. Los hechos ocurrieron en diferentes lugares y tiempos, y los delitos investigados eran distintos. Debían ser investigados caso por caso. Vera Villar presentó cinco escritos. Durante meses, el fiscal no atendió sus pedidos. Solo admitió el primero: lo admitió como abogado de la familia de Rosalino.

Recién hace unos días se enteraron -no los notificaron- que el fiscal Román Quispe abrió una nueva carpeta fis-

cal, la 82-2023, para investigar el caso de los heridos en la represión policial. La carpeta 33-2023 queda para el caso de Remo Candia.

Lo que llama atención es que la investigación en la carpeta 82-2023 es por lesiones leves y contra los que resulten responsables. Más de dos meses después de ocurridos los hechos, el fiscal de Wanchaq no identifica ni individualiza a los responsables. No lo hizo o no quiso hacerlo a pesar de que los abogados entregaron pruebas: cinco vídeos, declaraciones de testigos, etcétera.

Juan José, uno de sus hermanos, consiguió el video en el que se ve a un policía disparar a Rosalino por la espalda. Lo grabó la cámara de seguridad de un hotel de la avenida 28 de Julio. Cuando consiguió el video, el abogado lo entregó a la Fiscalía y pidió que sea puesto en cadena de custodia.

El fiscal no buscó las pruebas. O al menos no se sabe qué hizo hasta ahora. El abogado de Rosalino solicitó al fiscal un peritaje antropomórfico del video para identificar al policía y el plan operativo policial. Quería que se detalle la cadena de mando, la relación de los efectivos policiales que participaron el 11 de enero y el tipo de armamento que usaron los policías. No ha tenido respuesta.

Lo que sí hizo el fiscal fue complicar las investigaciones. Encargó a Seguridad del Estado la investigación del caso y las diligencias se hicieron en sede policial en vez de que fueran en sede fiscal.

Hubo -según el abogado Aroldo Vera- obstaculización policial en las diligencias. Solo la visualización del video de dos minutos demoró más de dos horas y media. Los policías encargados de la investigación pusieron muchos peros a lo que mostraba la grabación. Que no se podía establecer si el que dispara es un policía, que el disparo no fue por la espalda, que no se puede saber si el disparo

salió, que no sabemos si se resbaló y por eso cayó al piso.

El abogado sostiene que esto pasó porque el fiscal lo permitió. Las diligencias debieron realizarse en sede fiscal y no en sede policial, insiste. ¿Por qué? Porque la policía está involucrada en la investigación y era probable, como está ocurriendo, que surgiera el falso espíritu de cuerpo. Que el fiscal haya participado en forma virtual también es otro síntoma del desinterés por esclarecer los hechos. “Llama mucho la atención la manera pasiva en que ha actuado (el fiscal) en esta investigación”, dice el abogado Aroldo Vera.

En nombre del hijo

“Dina Boluarte asesina”. Leonarda Valverde, madre de Rosalino, llora descontrolada y su voz se apaga. Solo se oye su respiración, que parece un ronquido lastimero. Su otro hijo, Juan José, lloroso y vestido de negro, sombrío, la abraza fuerte. Leonarda seca sus lágrimas con papel higiénico, toma aire y recupera el aliento: “Que aparezca el que baleó a mi hijo”. Lo dice todo en quechua.

Leonarda llegó a Lima un día antes de que su hijo muriera. En el hospital lo encontró desmejorado. Al día siguiente, Rosalino murió. Es como si solo hubiera esperado ver a su madre por última vez.

A cientos de kilómetros al sur, en Cusco, José Flórez Huamán, padre de Rosalino, también reclama justicia. Leonarda y José lloran. Lloran porque Rosalino ha muerto. Lloran de dolor. Lloran de impotencia. Lloran por la injusticia. El cuerpo de Rosalino ha vuelto a Cusco. Lo ha recibido una multitud. Su ataúd ha sido paseado por las calles donde protestó. Ha pasado por el sitio donde un policía le disparó por la espalda. Ha sido velado en San Jerónimo. Ha sido enterrado.

Rosalino estuvo internado 70 días en hospitales de Cusco y Lima. Le extirparon casi todo el intestino.

La prisión preventiva como arma de represión

Escribe: Helio Cruz Chuchullo (*)

CASO PISAC. Cuatro jóvenes, comuneros calificados de la comunidad originaria quechua Cuyo Grande, están presos por orden judicial. Se les responsabiliza de actos contra la propiedad privada en una de las protestas antigubernamentales que hubo en febrero pasado en Cusco. Da la impresión de que el gobierno usa a las víctimas, cuyas propiedades fueron dañadas, para poner tras las rejas a los comuneros.

El 31 de enero las comunidades campesinas del distrito de Pisac, provincia de Calca, llegaron a la ciudad del Cusco a participar de las marchas de protesta en contra del régimen de Dina Boluarte y para cuestionar el actual modelo económico y social.

Ese día hubo en torno al Mercado Rosaspata y en la avenida de La Cultura una serie de eventos de afectación a la propiedad privada. En palabras de la Fiscalía fue un “… atentado contra personas que estos realizan de manera permanente, así

como impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte público y privado…”. Mientras que el relato de la Policía en el acta de intervención dice: “… esta persona se encontraba tirando piedras al personal policial en inmediaciones de la calle Puputi…”.

Los hechos ocurrieron a las once de la mañana. Las detenciones de cuatro jóvenes, comuneros de la comunidad quechua Cuyo Grande de Pisac, se produjeron a las cuatro y treinta de la tarde, cuatro horas después de los actos narrados por la Fiscalía y la Policía.

La versión de comuneros y dirigentes de Pisac es que llegaron a Cusco a movilizarse. En el recorrido se hizo sin acompañamiento de la Policía como ocurrió en las marchas de los días anteriores. Los agentes prefirieron resguardar a las personas de polo blanco que protestaban con violencia en contra de los comuneros movilizados. Incluso, los “polos blancos” agredieron físicamente a personas delante de los policías. Estos no hicieron nada. Además, mientras organizaban su marcha fueron víctimas de discriminación, de insultos y hasta de provocación. Esto pudo desencadenar esa serie de reacciones

El Poder Judicial dictó prisiones preventivas para campesinos de Cuyo Grande sin valorar sus antecedentes y sin una mirada intercultural.

y enfrentamientos que luego hemos visto por los videos.

Ahora bien, cinco jóvenes fueron detenidos, cuatro de ellos, hasta hoy, están con prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Varones de Cusco (Quencoro). Los enviaron a prisión sin fundamento jurídico. Ante ello la pregunta es: ¿Qué garantiza la prisión preventiva? Podemos ensayar una respuesta un mixta, con cargo a hallar muchas más:

a) La prisión, como parte de una pena anticipada, forma parte de la represión del Estado. En este caso, se trata de jóvenes sin antecedentes penales ni policiales. La mayoría concluyó apenas el primer grado de primaria, con el agregado que son comuneros de la comunidad campesina originaria Cuyo Grande.

b) De acuerdo al curso de la investigación, se conoce que hay denuncias de agraviados quienes exponen una afectación económica y por tanto quienes resulten responsables previamente identificados

deben iniciar con la reparación económica. Estando en prisión no hay ninguna posibilidad de reparación. El acceso al trabajo en el penal es difícil y tiene apariencia de explotación laboral.

c) La prisión es un centro de rehabilitación, reeducación y resocialización. Sin embargo, los informes de los centros penitenciarios, incluidos los de Cusco, están aglomerados, hay sobrepoblación y, por tanto, más inseguridad y exposición al crimen.

Con estos puntos queda claro que el encarcelamiento no va a garantizar la reparación económica que aspiran los “agraviados”. Al contrario, el Estado (Fiscalía – Poder Judicial) se olvida de las víctimas y las utiliza únicamente para poner tras las rejas a los comuneros, con el propósito de generar más temor en las comunidades. Se les limita el derecho a protestar.

La prisión preventiva

El 24 de febrero pasado, los jueces Víctor

Hugo Silva, Yuri Pereira Alagón y Maximiliana Cornejo Sánchez confirmaron 9 meses de prisión preventiva para Richard Camala, Ferdinán Huacanqui, Redy Huamán y Joel Hivallanca.

Los abogados de los jóvenes advirtieron una cadena de irregularidades durante las detenciones y los procesos posteriores. Uno de esos vicios es que los policías buscaron en camionetas a los supuestos afectados y los llevaron hasta la Comisaría de Tawantinsuyo para que hagan la denuncia.

Los jueces confirmaron la decisión de la jueza de primera instancia, Yohanna Beny Gallegos Paúcar. Para la jueza no es importante la procedencia de los jóvenes, que son integrantes de una comunidad campesina, y tampoco que carecen de antecedentes penales.

La decisión de los jueces carece de una mirada intercultural: Vivir en la ciudad da más arraigo que ser comunero empadronado de una comunidad campesina originaria. En los fundamentos referidos al arraigo domiciliario, laboral y familiar, por ejemplo, señalan que, aunque los jóvenes presentaron constancias de posesión y sean comuneros calificados, no tienen “arraigo de calidad”.

Cuando se refieren específicamente a Richard Camala dicen: “Tener la condición comuneros es la de ser usufructuarios de la tierra, mas no propietarios, hecho este que determina que su arraigo domiciliario no sea de calidad, aunado a ello se tiene que el mismo llegó a acreditar como arraigo familiar a sus padres quienes también serían comuneros calificados de la comunidad de Cuyo Grande”.

Miopía en la Fiscalía

La Fiscalía sin tener clara la individualización, vinculando los elementos de convicción y la conducta de los jóvenes, pidió prisión preventiva con el grado de participación como autores de supuestos delitos. En contraste, respecto de la muerte por bala del dirigente campesino Remo Candia y otras ejecuciones extrajudiciales, no se ha visto hasta la fecha ningún pedido de prisión preventiva. Ante detenciones arbitrarias no hemos visto sanciones. Ante evidentes actos de intervención policial con vestimenta civil (ternas) no iniciaron ninguna investigación. Los vieron participar en acciones violentas y no se abrieron carpetas fiscales.

Nadie niega los hechos. Todas ellas circulan en Internet. Pero es evidente que la investigación en sede policial a causa de la publicidad e imprecisiones ha sido contaminada. Pudo más la presión mediática y gubernamental.

El Estado peruano optó por utilizar el derecho penal del enemigo y se aleja cada vez más del derecho penal democrático. Y eso es bastante peligroso porque abre paso a la persecución sin garantías de los derechos fundamentales.

Los jueces no han sancionado a los policías que mataron a dos personas en Cusco.

Las madres de los cuatros jóvenes encarcelados por protestas, piden su liberación inmediata.

(*) Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Las huellas del qosqoruna

Escribe: Alberto García Campana (*)

UN CAMINO INTERRUMPIDO. Como congresista, Daniel Estrada Pérez logró que se recogiera, mediante ley, los derechos de los porteadores, así como se estableciera la tarifa plana de Internet para el acceso de todos los usuarios. Caída la dictadura de Fujimori, en 2001, Estrada encabezó la comisión investigadora de los ilícitos cometidos por el régimen fujimorista. Se hallaba en esta tarea cuando se produjo su deceso.

Daniel Estrada Pérez (Cusco, 1947 –Lima, 2003) fue elegido alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco para el periodo 1984 – 1996. Luego de un paréntesis de tres años, volvió a postular y ganó la alcaldía del Cusco en dos mandatos consecutivos, de 1990 a 1992 y de 1993 a 1995. Por entonces, el mandato de las autoridades municipales tenía duración

de tres años y la ley permitía la reelección inmediata.

Conocido como el qosqoruna (hombre del Cusco), Daniel Estrada dejó la alcaldía a comienzos de 1995 y postuló al Congreso de la República en mayo de ese mismo año, encabezando la lista de Unión por el Perú, confluencia de tendencias, matices e intereses, liderada por

el exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. En aquel tiempo, la elección se hacía por distrito electoral único, es decir, que los partidos y alianzas presentaban una lista unitaria a nivel nacional. En dichos comicios, el exalcalde cusqueño obtuvo la tercera votación más alta a nivel nacional.

Posteriormente, en el año 2000, el qosqoruna volvió a candidatear, esta vez como representante por el Cusco, y consiguió la nominación para ser uno de los cinco parlamentarios por nuestro departamento. El 24 de marzo del año 2003, Daniel Estrada perdió la dura batalla que había emprendido contra el cáncer linfático. Dejó de existir en el Hospital de Enfermedades Neoplásicas de la ciudad de Lima. Esta podría ser una síntesis apretada de la actividad política de DEP, quedando como tarea una revisión de lo que significó Daniel Estrada para el Cusco y el aporte que hizo a la política nacional desde su curul en el Legislativo.

Daniel el travieso

Dos acciones pintaron de cuerpo entero el desempeño de Daniel Estrada como alcalde del Cusco en su primer mandato: el pleito judicial llevado hasta el Tribunal Constitucional contra la Compañía Cervecera del Sur del Perú (Cervesur) por la ne-

Daniel Estrada Pérez, ex alcalde de Cusco y ex congresista, debe ser uno de los políticos de la región más valoradores y recordados.

gativa de ésta a pagar un tributo por el uso de las aguas subterráneas que atraviesan la ciudad. Y el segundo fue contra el gobierno central que pretendió -y finalmente lo consiguió- anular la Tasa Municipal de Embarque que había establecido el Gobierno local con Daniel Estrada a la cabeza, y que imponía a los turistas extranjeros el pago de un dólar adicional por uso del aeropuerto cusqueños, como aporte para generar ingresos que favorezcan el desarrollo local.

Se atribuye a DEP haber pronunciado esta frase: “si eliminan la TAME (Tasa Municipal de Embarque), yo me tiro al primer avión que llegue al Cusco”. De allí surgió el apelativo de Daniel el travieso que le endilgaron algunos medios de comunicación limeños.

El conflicto con Cervesur quedó en suspenso cuando Daniel Estrada culminó su primer mandato municipal. El 1 de enero de 1990, al asumir la jefatura del Gobierno local municipal, el qosqoruna recibió en su despacho la visita de los principales ejecutivos de la compañía cervecera, con quienes llegó al acuerdo definitivo: anualmente, Cervesur entregaría a la Municipalidad Provincial del Cusco la suma de 180 mil dólares, para la construcción de espacios deportivos y obras de saneamiento en los asentamientos humanos, así como para la promoción de la cultura, principalmente en la edición de libros. La ineptitud de alcaldes posteriores provocó que ese convenio quede sin efecto.

Con respecto a la Tasa Municipal de Embarque, el Gobierno central encabezado por el hoy preso Alberto Fujimori, anuló definitivamente dicho impuesto, privando al Cusco de una fuente importante de captación de recursos.

Gestión política y de desarrollo

En sus dos primeros mandatos como alcalde del Cusco, Daniel Estrada encabezó proyectos de marcado tinte político, incluso desde su origen, pues postuló en ambas ocasiones como candidato de Izquierda

Unida, conglomerado que reunió a colectivos como el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), el Partido Unificado Mariateguista, el Partido Comunista Revolucionario, el FOCEP y los no agrupados de izquierda. Ya para 1993, y tras el estallido de IU, Estrada Pérez promovió la conformación del Frente Unido, convocando a personas de distinta militancia política, pero de adhesión nítida a las propuestas del qosqoruna. Se mantuvieron al margen al margen de la convocatoria, Patria Roja y la llamada Izquierda Popular, agrupaciones que a pesar de perder las elecciones, colocaron regidores, en minoría, en el Concejo Municipal, al igual que el Apra y el PPC.

Se puede calificar al primer mandato liderado por Daniel Estrada básicamente como confrontacional, en procura de aglutinar a las fuerzas de la izquierda y hacer frente a los conservadores gobiernos nacionales.

El segundo mandato y el tercero, entre 1990 y 1995, fueron orientados sustancialmente al desarrollo, impulsando obras de beneficio colectivo, como la recuperación integral de los barrios tradicionales de San Blas, San Cristóbal, Santa Ana y San Pedro, así como realizando proyectos como el del Plan Maestro del agua Potable y la construcción de pistas que favorecieron la conexión interdistrital. Recuperar espacios históricos fue otra acción priorizada por Daniel Estrada, muestra de lo cual es la puesta en valor del complejo arqueológico del Qorikancha. La construcción de los monumentos al Inka Pachakuteq y al Kuntur Apuchin fue una respuesta digna del Cusco al cumplirse 500 años de la invasión española.

En policía nacional

En el pico más alto de su popularidad y con notables éxitos en la gestión municipal, Daniel Estrada se incorporó al Congreso de la República en julio de 1995, asumiendo el compromiso de luchar en favor de los pueblos del interior y en contra

de la dictadura fujimorista que ya se había aferrado al poder mediante inconstitucionales reelecciones inmediatas.

El qosqoruna planteó algunas iniciativas legislativas, encontrando oposición incluso en su propia bancada. Algunos representantes de Unión por el Perú, como Harold Forsyth y Carlos Chipoco, trataron de minimizar la presencia de Daniel Estrada, quien a pesar de esas zancadillas tuvo presencia importante debido al respaldo de los legisladores provincianos. Como representante por Cusco, logró que se recogiera, mediante ley, los derechos de los porteadores del camino inka, así como se estableciera la tarifa plana de internet para el acceso de todos los usuarios a nivel nacional.

Caída la dictadura de Fujimori, en el año 2001, Daniel Estrada encabezó la comisión investigadora de los ilícitos cometidos por el régimen fujimorista. Se hallaba en esta tarea cuando se produjo su deceso.

La oscuridad posterior

Una vez que Daniel Estrada abandonó el sillón municipal de la plaza Regocijo, se sucedieron en la alcaldía provincial del Cusco personas que no prosiguieron la ruta del desarrollo y del protagonismo que el Cusco había alcanzado en los años anteriores. Quienes se colocaron la banda municipal no estuvieron a la altura de las circunstancias y pronto el Cusco dejó de tener una voz que se hiciera escuchar en los conciertos nacionales e internacionales.

La llamada “identidad qosqoruna”, es decir el sentirse orgullosos de ser cusqueños, herederos de una maravillosa cultura, pronto fue dejada de lado. Sin mayor trascendencia, las autoridades municipales llegaron y se fueron desde 1996 hasta la actualidad.

El verbo inflamado de Daniel Estrada en el Congreso fue reemplazado por la oscuridad de representantes que, en casi todos los casos, navegaron en medio de la mediocridad y las limitaciones, sin proyectos de ley, sin iniciativas legislativas, sin discursos rescatables. Y así también llegamos al año 2023, con legisladores que, en conjunto, tienen el rechazo de más del 90 % de la población.

El camino interrumpido tras la muerte de Daniel Estrada Pérez, en marzo del año 2003, no ha sido retomado. En procesos electorales pasados, algunos candidatos pretendieron escudarse tras la imagen del qosqoruna, asumiendo falsamente, y sin éxito, la herencia política del desaparecido exalcalde y excongresista. Los cusqueños no nos dejamos sorprender por esas artimañas, porque una cosa es vivir de Daniel Estrada y otra, muy diferente, vivir con Daniel Estrada.

Los cusqueños vivimos con el recuerdo del qosqoruna, pero al mismo tiempo demandamos el rescate de su memoria, la vigencia de su discurso y el respeto a su memoria.

El 23 de marzo, día de su muerte, se hace una romería a la tumba de Estrada en el cementerio.

(*) Analista político y catedrático de la Unsaac.

Durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, miles de mujeres de Puno, Cusco y Apurímac llegaron

ADRIANA PERALTA

Cusco fue una de las regiones donde las manifestaciones antigubernamentales fueron masivas. Muy pocas manifestantes han podido acceder a

EL ROL DE LAS MUJERES EN LAS PROTESTAS

Cuando las mujeres se comprometen con una causa, su papel resulta determinante. Las mujeres quechuas y aimaras, por ejemplo, son las que han impulsado esta tercera fase de las manifestaciones sociales en contra del gobierno nacional. Marzo es el mes de las mujeres. Desde Pulso Regional hemos intentado mostrar su rol en las protestas antigubernamentales en el Perú. Ninguna de esas mujeres es Dina Boluarte. A pesar de ser la primera presidenta mujer, no las representa.

CONNIE CALDERÓN

WALTER HUPIU

WALTER HUPIU

Madre protesta en Lima.

a tener protección contra las bombas lacrimógenas. En Puno, las mujeres quechuas y aimaras se convirtieron en las protagonistas de las protestas.

Madres de ANFASEP se solidarizaron con familiares de asesinados y heridos en Ayacucho.

llegaron hasta Lima para hacer escuchar sus demandas.

quechua viaja a la ciudad a morir”

Escribe:

Anael Pilares Valdivia (*)

El profesor Rafael Mercado es quechuólogo, especialista en educación intercultural bilingüe. Hizo diversos aportes sobre pedagogía y enseñanza del quechua. Es quechua hablante nativo, nació en Paucartambo, en el distrito de Challabamba. Investigó y trabajó en torno a la lengua quechua desde los años 80. Se especializó en alfabetización intercultural bilingüe. Participó en la implementación del Plan de Formación Nacional en Educación Bilingüe Intercultural – PLANCAD EIB, específicamente en Chumbivilcas, Cotabambas, Abancay, Curahuasi, Huancayo y Puno. En esta entrevista, ofrece una mirada profunda sobre la importancia del quechua y la discriminación que sufren los quechua hablantes.

Queremos hablar de la problemática del quechua, en este caso, del racismo. ¿Podría explicarnos sobre la frase que nos comentaste antes de iniciar la entrevista: “El quechua viaja a la ciudad a morir”?

Esto es una realidad. Por ejemplo, yo soy de Paucartambo, el quechua vino conmigo a la ciudad, pero yo ya no he transmitido esta lengua a mis hijos. Y esto sucede con muchos profesionales, con muchas personas, que vienen del campo, que proceden de la zona rural, a la ciudad y no lo enseñan. Primero por prejuicio, justifican que hablar quechua es de “indios” o de “ignorantes”, o que si por hablar quechua uno hablará mal el castellano. Eso no es cierto. A no ser que los abuelos sean los que migren, entonces el entorno familiar en la ciudad no tiene otra opción que hablarlo para comunicarse, pero no van a tener un quechua fluido.

¿Existe racismo en las escuelas? ¿Cómo es la valoración del quechua allí?

Claro, cuando era estudiante en una comunidad en el valle de Lares (Calca, Cusco) nuestro profesor nos prohibió hablar el quechua. Estaba mal visto. En la mentalidad de los profesores, con el quechua no se puede hacer educación, hablar quechua es malo, y hablarlo significa ser “inferior”, incluso significa no tener suficiente coeficiente intelectual. Actualmente, en las escuelas de educación bilingüe intercultural, el profe-

sor no está convencido de que se puede hacer educación con el quechua, su rol identitario y social.

Sí se está trabajando en torno a ello, yo conozco escuelas donde los niños están escribiendo en quechua. Pero muchas veces sucede que los niños al ingresar a la escuela, al primer grado de primaria, llevan su cultura, cosmovisión, cosmogonía, los que están reflejados en su idioma, pero al llegar al sexto grado salen renegando de su cultura. Ya no cantan, ya no bailan, ya no relatan sus mitos. Muchas veces, la escuela, en lugar de desarrollar la identidad de la comunidad, lo que hace es que sientan vergüenza de su cultura y su lengua.

¿Crees que exista un cambio concreto, por ejemplo, desde hace 15 o 20 años, respecto a esta invisibilización y discriminación con la lengua quechua?

Creo que sí ha habido un cambio. En los años 70 nadie quería hablar quechua. ¿Por qué el campesino no quería hablar quechua? ¿Por qué el quechua hablante no quería que sus hijos hablen quechua? Porque por hablar quechua eran discriminados, marginados, excluidos, tratados como un ciudadano de quinta, por hablar quechua se burlaban de ellos. Esto se mantiene, pero existe mayor tolerancia. Actualmente, si un quechua hablante va a una institución lógicamente se va a expresar en su lengua, y por ello no lo van a atender, se van a burlar de él, yo he visto casos como “aquí hay un quechua hablante, quién sabe hablar quechua, guachimán, atiéndalo”. Pienso que el quechua hablante debe ser atendido en su propia lengua, el funcionario debe atender al quechua hablante y no ser al revés. Pienso que sí ha habido cambios positivos. Actualmente, el quechua está siendo fortalecido, hay muchos jóvenes que se están dando cuenta de la importancia del quechua tanto en la ciudad como en las comunidades. Entonces ya no tienen vergüenza de hablarlo, igual que un sector profesional, pero esto no pasa con un gran sector de la población adulta de zonas rurales.

El artículo 48 de la Constitución nos indica que el quechua es una de las lenguas oficiales del Perú, por lo que no debe de ser una lengua muerta. ¿Se

están promoviendo políticas de incidencia desde el Estado respecto a su revaloración y transmisión?

En la práctica no. Por ejemplo, si yo presento un documento, digamos a un ministerio, escrito en la lengua quechua, no me van a aceptar el trámite. El Estado, a través del Ministerio de Educación, implementa acciones a través del programa de educación bilingüe intercultural, pero también hay ciertos problemas, hay poblaciones y comunidades quechua hablantes que el ministerio no acepta como poblaciones quechua hablantes. Por otro lado, se está implementando el quechua en colegios urbanos.

Esto ha podido ser visible en la actual crisis política y social, en las marchas, el centralismo, ¿qué derroteros nos han demostrado que existe esa discriminación?

La discriminación siempre está presente, solo que adormecida o hipócritamente no se manifestaba, no se expresaba abiertamente. Discriminación hacia la gente del campo y hacia la gente que habla quechua. Lo que ha pasado con las movilizaciones es que han venido comunidades a la ciudad y allí es donde nuevamente se ha abierto esa brecha. Hemos escuchado “a qué vienen estos indios a mi ciudad”, “ensucian mi ciudad”, “hagan vuestro paro en vuestra comunidad”. El resentimiento de la gente rural a la gente de la ciudad ha crecido.

¿Cuál sería la diferencia entre un quechua hablante y un castellano hablante, respecto a la cosmovisión? ¿Qué tanto influye y transmite la lengua de los pueblos sobre su manera de ver el mundo, su propia conciencia, su ma-

“El

Profesor Rafael Mercado Ocampo.

nera de resolver problemas sociales?

¿Piensa distinto un castellano hablante a un quechua hablante?

Son mundos diferentes, culturas diferentes. La concepción del mundo es diferente. Por ejemplo, para la cultura moderna, la naturaleza es un objeto, un recurso que hay que explotar, que hay que extraer. Para un quechua hablante, la pachamama es un ser que hay que atender igual que a las personas, cuidar, proteger, organizar. Esta visión no tiene la cultura occidental.

¿Cómo podemos revalorar la lengua quechua? ¿Qué posibilidades tenemos a futuro para tener un país con mayor respeto y equidad intercultural y así erradicar el racismo que deviene del proceso histórico peruano?

Pienso que el aporte que está haciendo el Ministerio de Educación, mediante la implementación de programas de educación intercultural bilingüe, es una alternativa. A veces las leyes no funcionan, se tiene que entender que existen tantas culturas en nuestro país, no solamente está el quechua y el aimara, hay diversos pueblos amazónicos (más de 48).

La gente tiene que entender que ello es una gran riqueza cultural, si no lo entendemos seguiremos con la misma intolerancia, sin la construcción de una nación pluricultural. Pienso que sí hay avances. Por ejemplo, las redes sociales visibilizan la existencia de grupos de jóvenes donde se comparte información en quechua, es decir, se habla y escribe este idioma.

En su experiencia ha trabajado libros bilingües (quechua/castellano), libros para niños sobre relatos, señaleros de la naturaleza, mitos de origen, entre otros. Esto es una manera de seguir contribuyendo, difundiendo y transmitiendo el quechua. ¿Qué proyectos tiene en camino?

Al escribir un libro, un artículo en quechua, estamos escribiendo el conocimiento, la sabiduría ancestral quechua. Cuando trabajaba en educación bilingüe, algunos profesores decían ¿qué es lo que voy a enseñar si no hay nada en el quechua? Las primeras enseñanzas en educación bilingüe eran traducir conocimientos castellanos al quechua, pero no se trabajaba la cultura, el conocimiento.

La cultura quechua tiene conocimientos ancestrales tales como la medicina tradicional, predicciones climáticas, convivir con la naturaleza, estudiar con la naturaleza, ver su comportamiento, un pajarito te avisa qué es lo que va a pasar, sobre actividad agrícola, ritos… Estos son conocimientos tan válidos como los conocimientos modernos. Mediante la cultura escrita estamos registrando el conocimiento ancestral de la cultura quechua.

¿Cuál es su posición frente al debate histórico en torno al quechua trivo-

cálico y el pentavocálico? En Cusco, existen bastantes defensores de la escritura pentavocálica, pero oficialmente la escritura trivocálica es la aceptada y difundida por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación ha perdido casi 10 o 15 años discutiendo si el quechua se va a escribir con cinco o con tres vocales y ha descuidado el tema más importante: el de interculturalidad. Lo que más importa es discutir el tema de interculturalidad, la discriminación que hay por ser quechua hablante.

El quechua, más que si se escribe con cinco o con tres vocales, tiene diversos problemas sociales, por ejemplo, no puedo hacer ningún trámite en ninguna institución en mi idioma. Por ello, problemas como la exclusión, discriminación, marginación por hablar el idioma quechua.

Su valor de uso debe de ser puesto en debate. En mi caso, soy trivo-

cálico, esta forma de escritura tiene un sustento técnico, la escritura pentavocálica no la tiene. Se dice que el quechua se habla con cinco vocales, pues sí, en efecto, pero aquí no estamos hablando de la forma oral, en la forma oral vamos a seguir comunicándonos con las cinco vocales, a veces una palabra se habla con “e” y con “i”, y significa lo mismo. Yo puedo decir “pesqa” que significa cinco y puedo decir “pichqa” que significa cinco. Realmente este es un problema urbano, porque en el campo este debate no tiene ninguna importancia, simplemente se habla en quechua. Toda escritura es convencional y arbitraria, al final se impondrá la que se escriba más, sea pentavocálica o trivocálica. Lo importante es que se incentive su habla y escritura.

(*) Responsable del Área de Documentación y Gestión Cultural del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

Lo más importante es discutir la interculturalidad y la discriminación por ser quechua hablante.

Las especies nativas generan agua

Escribe:

Jolber Magno Zavala Quispe (*)

LEGADO. La siembra y cosecha de agua es una práctica ancestral que permite asegurar el insumo a las comunidades y a su vez evitar el deterioro del medio ambiente. Aplicar este mecanismo implica que en las cabeceras de cuenca se plante i’chu, queuña, q’olle, etcétera, y así facilitar la recarga hídrica.

Por más de 10 mil años, los ayllus o comunidades campesinas viven en armonía con el medio ambiente y la naturaleza. Respetan la pachamama, las fuentes de agua, que son la base de la cultura andina, y el desarrollo de la agricultura familiar. El agua es un eje indispensable en la vida comunal.

Ahora que vivimos en una sociedad consumista donde por ambiciones se depreda sin control los recursos naturales, impactando fuertemente en el equilibrio del medio ambiente, debemos motivar e incentivar la gestión y manejo de cuencas. Una de las alternativas es promover proyectos de siembra y cosecha de agua: implementar diferentes trabajos en los territorios como la instalación de bosques macizos con plantas nativas, zanjas de infiltración, construcción de diques rústicos, etcétera.

Estos trabajos tienen la finalidad de filtrar el agua en el subsuelo, mantener y recuperar el ecosistema en la cabecera de cuenca, zona de recarga hídrica de los

La construcción de zanjas de infiltración es una técnica que sirve para sembrar agua en las comunidades del distrito de Accha, en Paruro.

acuíferos. Allí el agua será cosechada en los manantiales y puquiales. El uso está destinado al consumo humano, agricultura y ganadería.

Cambio climático

Las consecuencias del cambio climático, la contaminación y otros factores hacen que ahora estemos en uno de los momentos más críticos de estrés hídrico y sequías prolongadas. Eso afecta a los cultivos y es un riesgo para la seguridad alimentaria.

Las comunidades campesinas que se encuentran en las zonas altas tienen condiciones favorables para la siembra de agua. Cuentan con cerros rocosos que tienen fragmentaciones y suelos que permiten la filtración natural. Esta es una condición importante para la siembra de agua. En temporada de lluvias se almacena y luego recorre por el subsuelo, generando los ojos de agua (manantes) en las partes medias.

También hay plantas que ayudan a generar agua. En las cabeceras de cuenca se debe priorizar la plantación de especies nativas como el i’chu, la queuña, el q´olle, específicamente en los alrededores de la recarga hídrica.

Estos trabajos siempre han sido y están siendo realizados por las comunidades campesinas ubicadas en zonas altas. La cosecha de agua de escorrentía en temporada de lluvias con zanjas de infiltración y plantaciones forestales tienen muchos beneficios como controlar la erosión de suelos, disminuir la formación de cárcavas en las cabeceras de cuenca y, lo más importante, incrementar el agua. De esa forma se asegura la disponibilidad de agua para las poblaciones que se encuentran en las zonas de su influencia.

El Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP Ayllu implementa un proceso de gestión de recursos hídricos mediante un trabajo concertado con integrantes de las organizaciones comunales y de usuarios de agua de la subcuenca Antilla del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay (Apurímac). Se han instalado 10 hectáreas de bosque macizo en base a plantones de queuña (Polylepis), clausura de más de 150 hectáreas de pastos naturales mediante la instalación de cerco perimétrico con malla ganadera, que propiciará la recuperación de cobertura vegetal, y la protección de bofedales y manantes que son muy importantes para la reserva hídrica en la subcuenca Antilla. Esto permitirá el afianzamiento del recurso hídrico, cuya finalidad es asegurar el agua para las futuras generaciones, que harán uso del recurso hídrico para consumo y riego.

Los trabajos de siembra y cosecha de agua de escorrentía es una política institucional del CEDEP Ayllu. Así, la implementación de estos trabajos de afianzamiento hídrico y la recuperación de ecosistemas en cabecera de cuenca se hacen en los diferentes ámbitos de intervención institucional.

Zanjas de infiltración

Son la forestación y reforestación una actividad sumamente efectiva para el control de la erosión e incrementar la infiltración del agua de lluvia. Esta actividad es más efectiva si va acompañada de la construcción de zanjas o acequias de infiltración que capten el agua de escurrimiento superficial y faciliten su infiltración. Asimismo, redundará en una mayor tasa de crecimiento de las plantas debido a las mejores condiciones de humedad del suelo y una recarga de las aguas subterráneas, mejorando el paisaje y los ecosistemas. También activa el ciclo hidrológico y la aparición y recarga de nuevos manantiales y ojos de agua, ubicados normalmente en las partes medias y bajas de las cuencas.

Según Absalón Vásquez V., especialista en Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra y Gestión de Recursos

Hídricos, la recuperación de los pastizales en las cabeceras de cuenca, mediante acciones de clausura de áreas degradadas, es una práctica fundamental que se lleva a cabo para facilitar, incrementar y regenerar la cobertura vegetal herbácea y arbustiva. Con eso se incrementa la capacidad de infiltración del agua de lluvia, disminución de la erosión de los suelos, incremento de la cantidad de alimento para el ganado, el paisaje, la biodiversidad, y regenerando el ciclo hidrológico.

Es importante señalar que la siembra y cosecha de agua es una actividad ancestral. Las plantaciones nativas contribuyen a la recuperación de los ecosistemas. La finalidad es asegurar la disponibilidad de agua para las poblaciones asentadas en la cuenca media y baja de los territorios comunales.

(*) Equipo de promoción del CEDEP AYLLU.

El trabajo comunal, para realizar acciones de siembra hídrica, es vital para cuidar las fuentes de agua.

Comuneros hacen faenas comunales de reforestación en la microcuenca Antilla.

Masacre y racismo en 100 días del gobierno de Dina Boluarte

Escribe: Vito Yuganson Calderón Villanueva (*)

PUNO. Solo en Juliaca, el 9 de enero, según la Fiscalía, hubo disparos de proyectiles de armas de fuego. Ese día 11 personas murieron por el impacto frontal de proyectiles de arma de fuego de policías o militares; otras 6 fueron impactadas por la espalda cuando huían de los disparos; y uno falleció a causa de múltiples heridas de perdigones de plomo.

Aimaras y quechuas consideran que en el Perú hay una falsa democracia y que las autoridades nacionales son asesinas, carniceras y corruptas. La afirmación queda registrada en los versos que cantan en las protestas sociales.

Esta democracia ya no es democracia/Dina asesina el pueblo te repudia/ Cuántos muertos quieres para que renuncies/Dina asesina el pueblo te repudia/ Sueldos millonarios para los corruptos/ Balas y fusiles para nuestros pueblos.

Los compromisos incumplidos por el ex presidente Pedro Castillo, que intentó dar un autogolpe, lo que devino en su vacancia por un Congreso con menos de 10 % de legitimidad. Después, la juramentación de Dina Boluarte como presidenta del Perú “hasta julio de 2026” despertó en la población del departamento de Puno acciones de rechazo total contra del Ejecutivo y Legislativo. Desde un inicio demandan el adelanto de elecciones para el 2023. La población del Altiplano considera que el “circo” protagonizado por los congresistas y la primera mujer presidenta del Perú es parte de “un plan de traición al pueblo” que depositó su confianza en sus representantes. Recuerdan el compromiso de la señora Dina Boluarte en Juliaca, donde dijo: “Si al presidente (Pedro Castillo) lo vacan, yo me voy con el presidente”. Sin embargo, cuando asumió la presidencia dio un giro drástico y, a tono con la postura de la derecha que perdió las elecciones, ordenó reprimir las protestas.

Los policías dispararon armas letales en contra de los manifestantes de la ciudad de Juliaca, el 11 de enero de 2023. Ese día murieron 17 personas.

Después de 242 años de la muerte de Túpac Amaru II, la frase “volveré y seré millones” volvió a manifestarse con más fuerza. Esta vez, organizaciones sociales de transportistas, comerciantes, barrios, aimaras y quechuas autoconvocados se mantienen en pie de lucha. Han pasado más de 100 días y no cesa la demanda de adelanto de elecciones, asamblea constituyente, y justicia para los 21 civiles asesinados por las fuerzas del orden, 1 policía quemado y 6 soldados que perdieron la vida en el río Ilave, por una torpe orden de un superior.

Muchos estaban convencidos, como dice el artículo 1 de la Constitución, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 añade: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a la libertad de conciencia, a las libertades de información y opinión, y a la igualdad ante la ley; este último implica nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Y el artículo 70 dispone garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. Contrariamente, desde el gobierno de Dina Boluarte en vez de proteger y garantizar los derechos fundamentales permitió que los miembros de la Policía y del Ejército repriman y masacren a la población con impunidad. Alegaron que eran terroristas, vándalos, delincuentes, influenciados por Evo Morales, financiados por mineros ilegales, entre otros.

La masacre en Juliaca

Aquel 7 de enero los miembros de las fuerzas del orden agredieron a una madre juliaqueña quien suplicaba que dejen de golpear a su hijo de 14 años. Un día después, los efectivos de la Policía lanzaron piedras y bombas lacrimógenas a una vivienda ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, rompiendo las ventanas. También dañaron una unidad menor, una moto torito.

El 9 de enero ocurrió la masacre en Juliaca. Desde tempranas horas, pobladores de la zona norte de Puno se constituyeron en la ciudad de Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En la jornada, 18 personas, entre ellas menores de edad, fueron asesinadas por disparos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y balas.

Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina hubo disparos de proyectiles de armas de fuego: 11 personas perdieron la vida al recibir de frente los impactos de los proyectiles, es decir, los policías o militares apuntaron sus fusiles mirándolos directamente; otras 6 fueron impactadas por la espalda cuando huían de los disparos; y uno falleció

a causa de múltiples heridas de perdigones de plomo.

El 18 de enero se produjo la represión en Macusani con 2 ciudadanos muertos; el 20 de enero en Ilave con una víctima. En ambos casos también hubo disparos de armas de fuego de parte de los miembros policiales, sin tener el más mínimo respeto a la vida.

El 4 de marzo ocurrió un enfrentamiento entre la población de Juli-Chucuito y las fuerzas de la Policía y del Ejército, que dejó 18 heridos (8 civiles y 10 militares). Pareciera que en el enfrentamiento los más afectados fueron los miembros de las fuerzas del orden. Sin embargo, como en Juliaca, Macusani, Ilave y Puno, donde los heridos en vez de acudir a un centro de salud prefirieron irse a su domicilio por temor a ser denunciado o detenido, en Juli habrían hecho lo mismo.

El 5 de marzo murieron seis soldados. “¡Pasen perros de mierda!”. Fue la orden del capitán Josué Frisancho Lazo para obligar a la patrulla del Ejército a cruzar el río Ilave. Con su orden los condenó a la muerte. Ellos regresaban de Juli a Ilave.

Esta decisión arbitraria terminó con la vida de seis soldados, quienes murieron ahogados en el río Ilave. Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se emitió el comunicado 002-2023 aduciendo que fueron obligados por los pobladores de la zona a cruzar las aguas gélidas del río Ilave. Sin embargo, la versión fue desmentida por los familiares de soldados fallecidos, el periodista Liubomir Fernández y grabaciones en video. No era cierto que la población los hubiera

forzado a cruzar el río, sino que fue un superior el que dio la orden.

Las dos caras de Boluarte

Los 100 días de gobierno de Dina Boluarte estuvieron marcados por la represión y declaraciones que en lugar de unir al país lo separaban más. Boluarte dijo entre otras cosas: “Puno no es el Perú” y que los que protestaban eran “un grupo minúsculo”.

Lejos de bajar la tensión, Boluarte mostraba un doble rasero. Por un lado, hablaba en quechua y les decía a las pobladoras quechuas y aimaras: “Hermanas, mamitas, turay, panay, no te dejes engañar. Mira tu hogar. ¿No necesitas agua, atención médica, educación para que tus hijos sean profesionales y salgan adelante, que sean con el tiempo presidente de la República como yo?”.

O decía también: “Sabemos de manera extraoficial que por la frontera Perú y Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas Dum Dum traídas por los Ponchos Rojos”. Pero inmediatamente después declaraba en estado de emergencia y disponía que el orden esté a cargo de la Policía con el apoyo de los militares.

Con esas afirmaciones, la presidenta pretendió esquivar su responsabilidad por la muerte de civiles en Puno. Asimismo, mostró desprecio y racismo contra los pueblos quechuas, aimaras y urus de Puno. Hizo ver que sus vidas no tenían valor ni significado por pensar diferente o por pedir su renuncia.

(*) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)

Familiares pasean los ataúdes de las víctimas de aquel trágico día para el país.

La violencia de género y la importancia de un Hogar Refugio Temporal

PRESUPUESTO. El 8 de marzo de 2023, en el Día Internacional de las Mujeres, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, anunció la construcción prioritaria de la Casa Hogar para las mujeres. Se contempla el servicio de protección, alimentación y apoyo psicológico a las mujeres y sus hijos e hijas en riesgo de algún tipo de violencia.

La violencia de género es un problema social que afecta principalmente a la integridad de las mujeres y sexualidades alternativas. Limita el ejercicio pleno de sus derechos. Lamentablemente, este problema se sigue agudizando en el Perú, debido a las concepciones sexistas y machistas vigentes en la sociedad. Mientras que las instituciones gubernamentales han puesto la violencia de género al margen de la agenda pública. Solo revisemos la cifra que recolectó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud en el 2022. Según esos datos, se registraron 17 mil casos por violencia contra la mujer. Durante los meses de enero a octubre del año pasado, los casos de violencia hacia la mujer dentro del núcleo familiar representaron el 86 % a nivel nacional de todas las notificaciones de

denuncia a la Dirección de Vigilancia en Salud Pública. Las cifras demuestran que la seguridad de las mujeres todavía no es una realidad alcanzable para que vivan tranquilas. Esta es una de las razones más sólidas por las que se crean los Hogares de Refugio Temporal. Estos espacios están pensados para que las mujeres, con sus hijos e hijas, tengan un espacio que les resguarde ante una situación de feminicidio o riesgo vital. Los Hogares de Refugio Temporal, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, brindan protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada desde una perspectiva de género, de acuerdo a las necesidades específicas, propiciando el cese de la violencia y facilitando un proceso de atención y recuperación integral, que le permitan reinsertarse a la sociedad.

El problema de la violencia de género es persistente en Apurímac. Es una de las regiones que más violencia genera hacia las mujeres entre 15 y 49 años, según el INEI. En el 2016, la vicepresidenta y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mercedes Aráoz y Ana Maria Romero-Lozada, respectivamente, inauguraron la primera Casa de Acogida en Chincheros. Este espacio fue diseñado para brindar un servicio de atención especializado en la protección de las mujeres víctimas de violencia con hijos o sin hijos, pero cuyas vidas se encuentren en riesgo de caer en una violación a sus derechos o en posibles feminicidios de sus agresores, pues no cuentan con el soporte familiar y social.

Sin embargo, aquella Casa de Acogida no es suficiente para albergar a todas las mujeres violentadas, cuyas vidas corren peligro en Apurímac, pues 8 de cada 10 mujeres de la región afirman haber sufrido violencia de algún tipo en su vida.

Desde hace más de 12 años, las organizaciones de mujeres apurimeñas han buscado la manera de exigir al gobierno regional la creación de un Hogar Refugio Temporal que contemple servicios completos y oportunos para atenderlas. Durante todo este tiempo los servicios de ayuda a los que las mujeres han recurrido no han sido eficientes. Por lo que la ayuda mutua entre mujeres ha sido la solución a sus problemas urgentes. Es decir, diversas mujeres han auxiliado a otras mujeres en situaciones de riesgo; las acogieron en sus hogares y apoyaron mientras que el Estado no ha podido brindarles atención oportuna.

El pasado 8 de marzo de 2023, en el Día Internacional de las Mujeres, el actual gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, anunció la construcción prioritaria de la Casa Hogar para las mujeres apurimeñas como una inversión de interés público. Se contempla el servicio de protección, alimentación y apoyo psicológico a las mujeres y sus hijos e hijas en riesgo de algún tipo de violencia.

De hecho, la Federación de Mujeres de la Región Apurímac (FEMURA) coordina acciones permanentes con el gobernador Percy Godoy a fin de que se haga realidad la adquisición de un terreno y su financiamiento para iniciar la construcción en corto plazo en Abancay, capital de Apurímac. No cesarán en incidir hasta concluir este proyecto como prioridad dentro del Plan Multianual de Inversión en el 2023.

Las mujeres inciden en que se apruebe dinero para construir un Hogar Refugio Temporal.

GORE

Escriben: Aprodeh Apurímac

Tantaccalla, una comunidad quechua que podría desaparecer

Escribe:

AMENAZA. Un ex hacendado consiguió un fallo sobre la propiedad de más de 200 hectáreas. Sobre esas tierras viven decenas de familias de esta comunidad campesina de Paruro. El fallo fue dado por la exjueza Bony Gamarra, destituida y ahora en la clandestinidad. Un juez ordenó prisión preventiva por 9 meses en su contra. Se le acusa de haber recibido un soborno de 50 mil dólares de una de las socias de Consettur, a cambio de un fallo favorable.

Con una orden judicial de desalojo, de un plumazo, pretenden desaparecer a la comunidad originaria quechua Tantaccalla del distrito de Huanoquite, en la provincia de Paruro. El 24 de marzo, más de 1000 pobladores de la comunidad consiguieron que se suspenda esa orden. Esa mañana hicieron un plantón en contra de la decisión que, según dicen, constituye un acto de despojo y violación de sus derechos. No quieren ser desaparecidos del mapa como si no tuvieran derechos.

Luis Gustavo Paz Vizcarra, heredero de un ex hacendado, reclama el predio como suyo. Consiguió que se le reconociera como dueño con una demanda de nulidad de título de propiedad otorgada a la comunidad de Tantaccalla. El predio abarca 464 mil 3024 hectáreas, de las cuales 218 mil 302 corresponden al predio rústico Mallma Alto, que está en disputa. El Juz-

gado Mixto de Santiago declaró fundada la demanda en 2009. Las instancias superiores ratificaron ese fallo cuestionado por los comuneros y emitió una orden de desalojo que no se pudo ejecutar en cuatro ocasiones. El 24 de marzo se suspendió, por cuarta vez, por un mes (Ver galería de fotos en Contraportada).

La jueza que falló a favor del ex hacendado fue Bony Eve Gamarra Flórez, ex jueza del Juzgado Mixto de Santiago. Gamarra Flórez ha sido destituida por la Junta Nacional de Justicia y desde inicios de este mes está en la clandestinidad. Un juez ordenó prisión preventiva por 9 meses en su contra. Se le acusa de haber recibido un soborno de 50 mil dólares de una de las socias de Consettur para que emita un fallo a su favor.

El desalojo ha sido suspendido en cuatro ocasiones. No había garantías. Para

MIGUEL GUTIÉRREZ

el cuarto intento fallido, el juez pidió el envío de 1000 policías a Paruro para ejecutar la orden judicial. Especificó que debían ser agentes de las unidades especiales USE, Kallpas, Depincri, Divmri, Seguridad del Estado y caballería. “Se faculta expresamente a dicho personal comisionado si el caso amerita procedan a la detención corporal de las personas que obstaculicen el normal desarrollo de la diligencia, sin perjuicio de la investigación correspondiente y poner en conocimiento de la Fiscalía Penal Provincial de Paruro”, señalaba la resolución.

El juzgado también autorizó el uso de maquinaria pesada para destruir las casas. No solo eso. Amenazó a las comunidades aledañas de Chanka, Quenkonay, Tiwicty, Maska y otras para no interfieran. O serían detenidos.

Tantacalla tiene existencia formal desde 1926 y obtuvo su título de propiedad sobre su territorio de acuerdo al procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988. Abarca 1320 hectáreas: 218 mil 302 se encuentra en litigio, y en dos de estas hectáreas está la población del sector Marcura. En Marcura hay 78 viviendas que habitan 400 personas, casi la mitad de la población comunal. Marcura cuenta con servicios básicos (agua potable, desagüe y energía eléctrica), un colegio de nivel inicial y primaria y sembríos de trigo, cebada, tarwi, papá, etcétera.

El despojo ha sido considerado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como un peligro para los pueblos indígenas. Señaló también que la sentencia es arbitraria y vejatoria. Precisa que el denunciante, un ex hacendado, presentó solo como “título de propiedad” un certificado de inscripción registral derivado de un testamento, documento que ha prescrito.

“Dicha sentencia vulnera el derecho de los territorios ancestrales, amparados en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, puede generar, en las actuales circunstancias que vive el país, altos costos sociales y humanos” dijo Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la coordinadora. Jugo pidió no ejecutar la sentencia y defender los territorios ancestrales.

Tantacalla sufrió el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria. La comunidad registra su existencia formal desde 1926. Obtuvo su título de propiedad sobre su territorio de acuerdo a procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988. Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra denunció a la comunidad por “nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad”.

Días antes de la fecha del desalojo fallido, los comuneros protestaron en Cusco .

T a n t a c c a l l a r e s i s t e

Tantacalla registra su existencia formal desde 1926. Obtuvo su título de propiedad sobre su territorio de acuerdo a procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988. Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra, hijo de un ex hacendado, denunció a la comunidad para anular su título de propiedad. Le quiere quitar más de 200 hectáreas de sus tierras. Lo peor es que el Poder Judicial le dio la razón y avaló el d es p o jo d e s u s ter r ito r io s an ces tr ales P er o lo s comuneros resisten. Hicieron que se suspenda el desalojo… por ahora.

FOTOS: Miguel Gutiérrez Chero.