Camino a una dictadura

No es cierto todo lo que dice la presidenta Dina Boluarte y que repiten los grandes medios de comunicación en horario estelar. No es cierto, por ejemplo, que las protestas sean financiadas por mineros ilegales, narcotraficantes, remanentes terroristas o el gobierno boliviano.

El gobierno cívico-militar que encabeza Boluarte ha causado la muerte de 46 ciudadanos, asesinados por impacto de proyectiles de armas de fuego en el pecho, la cabeza, el cuello, el tórax o el estómago. Otras diez murieron por causa de los bloqueos de vías. No se respetan los derechos humanos. Así lo alertaron los presidentes de Bolivia, Colombia y Chile en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Buenos Aires, el 24 de enero último.

Las masacres en Andahuaylas (Apurímac), Huamanga (Ayacucho) y Juliaca (Puno) son pruebas irrebatibles del autoritarismo y la represión del gobierno. Además, hubo represión violenta con saldos fatales en Arequipa, Cusco, Junín, etc. Lo que pasó en Lima durante el violento ingreso al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la detención abusiva, con tratos humillantes, de 193 personas, lo que ejemplifica también el talante autoritario del gobierno actual. Dos días después, 192 -uno tenía requisitoria por un asunto ajeno a las protestas- fueron liberados porque no había justificación para su detención.

Los hechos ocurridos en San Marcos podrían considerarse una estrategia para infundir miedo en la población de regiones que viajaron a Lima a pedir la renuncia de la presidenta. Días después, el Ejército salió de Moquegua para tomar Puno. Claramente, el gobierno de Boluarte transita del autoritarismo a una dictadura. Cada día la represión es mayor y la mano dura se consolida: estado de emergencia, toque de queda y militares en las calles, tanquetas disparando, uso de proyectiles.

EDITOR PERIODÍSTICO:

José Víctor Salcedo Ccama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Cristian Yarin Trujillo

FOTO PORTADA:

Miguel Gutiérrez Chero / Luis Castillo

Cristian Yarin Trujillo

Lejos de reconocer los asesinatos de 46 peruanos, Boluarte insiste con una narrativa falaz que señala que su gobierno está siendo asediado por fuerzas oscuras. Cuando empezaron las protestas el 7 de diciembre de 2022, responsabilizó a los prefectos y subprefectos de azuzar y movilizar a la población. Los destituyeron y la protesta siguió creciendo. Después culparon al Movadef. Pero los reportes de Inteligencia de la Policía no identificaron a esas personas. Tras la masacre militar en Huamanga, que dejó diez víctimas, detuvieron a dirigentes y los acusaron de ser parte de Sendero Rojo, una supuesta secuela de Sendero Luminoso, pero se sustentaba en que estas personas hacían proclamas a favor de una Asamblea Constituyente o tenían en su poder libros sobre marxismo. Además, eran apenas cuatro personas de miles de manifestantes. Como ese intento de desacreditación de la protesta tampoco tuvo efecto, voceros del gobierno señalaron a mineros ilegales, narcotraficantes y al expresidente boliviano, Evo Morales, de ser los financistas. Añadieron que Los ponchos rojos, una suerte de milicia del MAS boliviano, introdujeron armas y proyectiles para armar a los manifestantes. Ninguna prueba presentó el gobierno. Los ministros de Defensa y del Interior callaron o dijeron que estaba en investigación cuando se lo pidieron. Eran solo supuestos. En una conferencia con periodistas extranjeros, Boluarte ensayó otra idea conspiranoide: en las protestas habían supuestos paramilitares.

Es cierto que hubo vandalismo durante las protestas y que atacaron activos críticos. Es cierto también que hubo actos sincronizados para atacar empresas mineras en el sur. Es cierto igualmente que nadie quiere dialogar con su gobierno. Es cierto que un policía fue quemado en forma salvaje. Pero ninguna de esas razones justifica los asesinatos. La Policía debe hacer uso de la fuerza en forma proporcional, detener a los vándalos y ponerlos en manos de la Fiscalía. Los fiscales deben investigar y acusarlos, y los jueces sentenciarlos si son hallados culpables. El Estado no puede admitir ejecuciones extrajudiciales ni violar sistemáticamente los derechos humanos. Eso solo ocurre en las dictaduras. Y en el Perú, todo indica, que eso está empezando a pasar.

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