EDITORIAL
PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL
DE FURIAS Y ESPERANZAS RENOVADAS U n fin de año especial, con las expectativas por la asunción de los nuevos legisladores nacionales y, como dato relevante, el gran aniversario del 10 de diciembre: Argentina cumplió treinta años ininterrumpidos de democracia. La oportunidad para debatir sobre el discurrir de estos años, desde 1983. La transición de los primeros años, las presiones a Raúl Alfonsín del poder financiero tan consolidado durante la dictadura; el aparato represivo todavía intacto y amenazante. Las vacilaciones en cuanto a cómo abordar las secuelas de la represión ilegal y los conflictos, o cómo dejar de administrarlos para empezar a superarlos; y el “golpe de mercado” para restaurar, con Carlos Menem como un caballo de Troya en una fuerza política popular, el modelo neoliberal, aún si no estaba todavía plenamente en cuestión. La construcción de un relato de resignación que impuso, al calor de lo que sucedía en el mundo, un discurso único sin chances de discutir un proyecto alternativo. Desguace del Estado y perdones e indultos a los genocidas y la esperanza de “estabilidad”, tras los duros momentos de incertidumbre económica y angustia popular por la hiperinflación. Esperanza frustrada con la Alianza en 1999, que nos confundió con apenas una promesa de “fin de fiesta”, pero que no alteró los cimientos del capitalismo salvaje consolidado durante los `90 y la destrucción del Estado de Bienestar. Y un 2001, otra vez en diciembre, con el pueblo furioso, una clase media que se sintió amenazada con desaparecer y los desplazados que ya no estaban dispuestos a quedar al margen de todo, en especial del trabajo, con una desocupación que superaba el 25%. Todo estalló y tuvimos la huida en helicóptero de Fernando De la Rúa, la sucesión de cuatro presidentes en pocos días y el interinato de Eduardo Duhalde, que solo así pudo llegar al sillón presidencial; la ruptura de una falsa estabilidad económica de más de una década: descubríamos que la convertibilidad era una ficción y vendría la “pesificación asimétrica”, para darnos un frío baño de realidad, que benefició, como siempre, a unos pocos privilegiados endeudados en dólares (léase los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales). Otra huida, la de Duhalde, cuando “la crisis causó dos nuevas muertes” (como dijo cínicamente el diario Clarín en una tapa de junio de 2002), y el llamado a elecciones. Arriba desde el sur Néstor Kirchner, desconocido para muchos, con poco capital político a partir del apenas 22% logrado (no había sido el ganador, pero al bajarse Menem del ballotage, fue ungido presidente), y una increíble carrera de construcción de consenso popular, fundada en una permanente iniciativa y medidas buscando restablecer la autoridad presidencial y dejando atrás el rol aceptado hasta ese momento, el de gerente de intereses concentrados. En 2007 llega Cristina, para llevar adelante un ambicioso programa de reformas y transformaciones, imposibles de implementar sin la extraordinaria base dejada por Néstor; y reelecta en 2011 continúa este difícil camino, pleno de escollos y defecciones, pero que nos entusiasma a tal punto que habilita a discutir
cómo esta democracia está lejos de considerarse agotada y que, a pesar de los primeros pasos, ambiciosos primero, erráticos más tarde y después abiertamente subordinados al poder en las sombras, ése que no precisa del voto popular para legitimarse, vemos con las mayores expectativas los tiempos por venir. Las expectativas de un futuro mejor, de consolidación y profundización de todo lo bueno realizado y lo que resta por hacer. Sencillamente porque la fuerza política en el poder abreva en el peronismo, como ineludible movimiento transformador y dignificador de las mayorías de nuestro pueblo. Estábamos revisando todo esto, en clave de memoria, mirando para atrás como ejercicio para evaluar tres agitadas décadas, cuando otra vez, como una lógica de aquellos que buscan en los últimos años desestabilizar al gobierno popular, diciembre con toda su connotación por su sitio en el calendario (las fiestas, el consumo, las vacaciones), nos sorprende con la violencia. Una cachetada a quienes desde la política buscamos transformar esta Patria, rompiendo su matriz injusta: ¿qué pasó en nuestra sociedad para que se manifieste tanta furia de unos y tanta angustia para otros? Córdoba dio el puntapié, cuando el 3 y 4 de diciembre pareció romperse todo en esta sociedad: pactos de convivencia, reglas y códigos escritos y no escritos, obligaciones y derechos de los ciudadanos. Un conflicto policial anunciado desde semanas, simplificado apenas como reclamo salarial, con el antecedente de un escándalo de connivencia de la fuerza con el narcotráfico que había estallado en septiembre y llevó a la renuncia de ministro y jefe de policía; un poder político que dejó hacer (por acción u omisión), las decisiones concentradas en el gobernador por esos días ausente, incapacidad o irresponsable postura de no actuar de aquellos dirigentes que estuvieron al frente del gobierno provincial. El corolario: dos días de furia e indefensión de los ciudadanos, saqueos, violencia, muerte, autodefensa de los vecinos con visos de discriminación y estigmatización. Y todo que se esparce, como reguero de pólvora, hacia otras provincias; sí, a pocos días de celebrar, porque merecíamos celebrar, los jóvenes 30 años de democracia. Pudimos ver la conjunción siniestra de varias construcciones subjetivas: el discurso de la “inseguridad” y la necesaria respuesta represiva. Hay que decirlo: este discurso se fortaleció en Córdoba, sin que nadie busque profundizar sobre estos conceptos. Nos debemos un arduo debate sobre estos tristes hechos, para que el discurso, a secas, de la “inseguridad”, no clausure la discusión sobre sus razones, reduciendo todo a la adopción de herramientas -de manual reaccionario y anti democrático- para superarla. Para que no seamos víctimas del miedo y la desesperación social, creyendo que todo pasará por implantar “mano dura”. Hay que hablar sin tapujos sobre lo que se esconde tras la extorsión policial: qué hay detrás de los negocios del narcotráfico, la complicidad policial y la mirada pasiva del poder político y la
Justicia. No eludir tampoco hablar de los bolsones de marginalidad donde gran parte de nuestro pueblo aún está inmerso, la desocupación y la ausencia políticas sociales adecuadas; desde ya, que debemos insistir sobre lo imperioso que es asumir, definitivamente, la conducción política de las fuerzas policiales, adoptando un criterio de “seguridad democrática”, para romper por fin con una estructura de gobierno autónomo de la policía que ningún gobierno en Córdoba, en tres décadas, buscó alterar. Y de tanto prodigar genuflexiones, la oposición política, también este diciembre, pareció repentinamente dar una vuelta de timón, determinando la prescripción absoluta de su lamentable actitud aduladora frente a los poderes fácticos, ya sean los mediáticos, los económicos, los financieros. Al unísono se mostró absorta y compungida ante el tratamiento del pliego de ascenso del nuevo jefe del Ejército. Y levantaron la voz, confiando que podían por fin destrozar lo que nadie ya puede objetar: la ejemplar política de derechos humanos del gobierno nacional, reconocida en el mundo entero. Después de estas tres décadas de democracia, con sus avances y retrocesos en cuanto a las políticas hacia las fuerzas armadas, con indefiniciones sobre el papel que deben cumplir en un Estado de Derecho, y la necesidad enunciada, pero poco practicada al menos en la primera etapa democrática, de alterar los contenidos de las escuelas de formación profesional, no existe paralelo entre un Ejército que, como brazo armado de los históricos dueños de la Argentina, repetía, apenas como slogan, que su función era “defender la forma de vida occidental” y este otro, subordinado a las autoridades civiles, que llama a la integración “nacional y regional en defensa de los intereses del pueblo“. Esta diferencia, que pone nerviosos a algunos, es la razón última de tantas voces levantadas contra la legítima decisión de la comandante en jefe de las fuerzas armadas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo demás, si las improbables acusaciones de participación en delitos de lesa humanidad del general César Milani fueran comprobadas - y no solo denunciadas-, la política de Estado de este gobierno respecto a los crímenes de la dictadura garantizará el debido proceso y condena. Nuestra joven democracia está lejos de ocultar los conflictos. Y eso está muy bien. La cuestión estará en cómo desde la participación política los abordamos para su resolución. Cómo, con mucha política, afrontamos los nuevos tiempos para avanzar y no permitir que los restauradores conservadores impongan su relato y establezcan un nuevo sentido común. ¡Por un 2014 pleno de militancia, por la Patria Justa, Libre y Soberana que soñaron Perón, Evita y Néstor! Como siempre, Unidos y Organizados. MIGUEL APONTES – URIEL QUINTEROS – CRISTIAN SANSALONE
