EDITORIAL

DE FURIAS Y ESPERANZAS RENOVADAS

Un fin de año especial, con las expectativas por la asunción de los nuevos legisladores nacionales y, como dato relevante, el gran aniversario del 10 de diciembre: Argentina cumplió treinta años ininterrumpidos de democracia. La oportunidad para debatir sobre el discurrir de estos años, desde 1983. La transición de los primeros años, las presiones a Raúl Alfonsín del poder financiero tan consolidado durante la dictadura; el aparato represivo todavía intacto y amenazante. Las vacilaciones en cuanto a cómo abordar las secuelas de la represión ilegal y los conflictos, o cómo dejar de administrarlos para empezar a superarlos; y el “golpe de mercado” para restaurar, con Carlos Menem como un caballo de Troya en una fuerza política popular, el modelo neoliberal, aún si no estaba todavía plenamente en cuestión. La construcción de un relato de resignación que impuso, al calor de lo que sucedía en el mundo, un discurso único sin chances de discutir un proyecto alternativo. Desguace del Estado y perdones e indultos a los genocidas y la esperanza de “estabilidad”, tras los duros momentos de incertidumbre económica y angustia popular por la hiperinflación. Esperanza frustrada con la Alianza en 1999, que nos confundió con apenas una promesa de “fin de fiesta”, pero que no alteró los cimientos del capitalismo salvaje consolidado durante los `90 y la destrucción del Estado de Bienestar. Y un 2001, otra vez en diciembre, con el pueblo furioso, una clase media que se sintió amenazada con desaparecer y los desplazados que ya no estaban dispuestos a quedar al margen de todo, en especial del trabajo, con una desocupación que superaba el 25%. Todo estalló y tuvimos la huida en helicóptero de Fernando De la Rúa, la sucesión de cuatro presidentes en pocos días y el interinato de Eduardo Duhalde, que solo así pudo llegar al sillón presidencial; la ruptura de una falsa estabilidad económica de más de una década: descubríamos que la convertibilidad era una ficción y vendría la “pesificación asimétrica”, para darnos un frío baño de realidad, que benefició, como siempre, a unos pocos privilegiados endeudados en dólares (léase los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales). Otra huida, la de Duhalde, cuando “la crisis causó dos nuevas muertes” (como dijo cínicamente el diario Clarín en una tapa de junio de 2002), y el llamado a elecciones. Arriba desde el sur Néstor Kirchner, desconocido para muchos, con poco capital político a partir del apenas 22% logrado (no había sido el ganador, pero al bajarse Menem del ballotage, fue ungido presidente), y una increíble carrera de construcción de consenso popular, fundada en una permanente iniciativa y medidas buscando restablecer la autoridad presidencial y dejando atrás el rol aceptado hasta ese momento, el de gerente de intereses concentrados. En 2007 llega Cristina, para llevar adelante un ambicioso programa de reformas y transformaciones, imposibles de implementar sin la extraordinaria base dejada por Néstor; y reelecta en 2011 continúa este difícil camino, pleno de escollos y defecciones, pero que nos entusiasma a tal punto que habilita a discutir cómo esta democracia está lejos de considerarse agotada y que, a pesar de los primeros pasos, ambiciosos primero, erráticos más tarde y después abiertamente subordinados al poder en las sombras, ése que no precisa del voto popular para legitimarse, vemos con las mayores expectativas los tiempos por venir. Las expectativas de un futuro mejor, de consolidación y profundización de todo lo bueno realizado y lo que resta por hacer. Sencillamente porque la fuerza política en el poder abreva en el peronismo, como ineludible movimiento transformador y dignificador de las mayorías de nuestro pueblo.

Estábamos revisando todo esto, en clave de memoria, mirando para atrás como ejercicio para evaluar tres agitadas décadas, cuando otra vez, como una lógica de aquellos que buscan en los últimos años desestabilizar al gobierno popular, diciembre con toda su connotación por su sitio en el calendario (las fiestas, el consumo, las vacaciones), nos sorprende con la violencia. Una cachetada a quienes desde la política buscamos transformar esta Patria, rompiendo su matriz injusta: ¿qué pasó en nuestra sociedad para que se manifieste tanta furia de unos y tanta angustia para otros? Córdoba dio el puntapié, cuando el 3 y 4 de diciembre pareció romperse todo en esta sociedad: pactos de convivencia, reglas y códigos escritos y no escritos, obligaciones y derechos de los ciudadanos. Un conflicto policial anunciado desde semanas, simplificado apenas como reclamo salarial, con el antecedente de un escándalo de connivencia de la fuerza con el narcotráfico que había estallado en septiembre y llevó a la renuncia de ministro y jefe de policía; un poder político que dejó hacer (por acción u omisión), las decisiones concentradas en el gobernador por esos días ausente, incapacidad o irresponsable postura de no actuar de aquellos dirigentes que estuvieron al frente del gobierno provincial. El corolario: dos días de furia e indefensión de los ciudadanos, saqueos, violencia, muerte, autodefensa de los vecinos con visos de discriminación y estigmatización.

Y todo que se esparce, como reguero de pólvora, hacia otras provincias; sí, a pocos días de celebrar, porque merecíamos celebrar, los jóvenes 30 años de democracia.

Pudimos ver la conjunción siniestra de varias construcciones subjetivas: el discurso de la “inseguridad” y la necesaria respuesta represiva. Hay que decirlo: este discurso se fortaleció en Córdoba, sin que nadie busque profundizar sobre estos conceptos.

Nos debemos un arduo debate sobre estos tristes hechos, para que el discurso, a secas, de la “inseguridad”, no clausure la discusión sobre sus razones, reduciendo todo a la adopción de herramientas -de manual reaccionario y anti democrático- para superarla. Para que no seamos víctimas del miedo y la desesperación social, creyendo que todo pasará por implantar “mano dura”. Hay que hablar sin tapujos sobre lo que se esconde tras la extorsión policial: qué hay detrás de los negocios del narcotráfico, la complicidad policial y la mirada pasiva del poder político y la Justicia. No eludir tampoco hablar de los bolsones de marginalidad donde gran parte de nuestro pueblo aún está inmerso, la desocupación y la ausencia políticas sociales adecuadas; desde ya, que debemos insistir sobre lo imperioso que es asumir, definitivamente, la conducción política de las fuerzas policiales, adoptando un criterio de “seguridad democrática”, para romper por fin con una estructura de gobierno autónomo de la policía que ningún gobierno en Córdoba, en tres décadas, buscó alterar.

Y de tanto prodigar genuflexiones, la oposición política, también este diciembre, pareció repentinamente dar una vuelta de timón, determinando la prescripción absoluta de su lamentable actitud aduladora frente a los poderes fácticos, ya sean los mediáticos, los económicos, los financieros. Al unísono se mostró absorta y compungida ante el tratamiento del pliego de ascenso del nuevo jefe del Ejército. Y levantaron la voz, confiando que podían por fin destrozar lo que nadie ya puede objetar: la ejemplar política de derechos humanos del gobierno nacional, reconocida en el mundo entero. Después de estas tres décadas de democracia, con sus avances y retrocesos en cuanto a las políticas hacia las fuerzas armadas, con indefiniciones sobre el papel que deben cumplir en un Estado de Derecho, y la necesidad enunciada, pero poco practicada al menos en la primera etapa democrática, de alterar los contenidos de las escuelas de formación profesional, no existe paralelo entre un Ejército que, como brazo armado de los históricos dueños de la Argentina, repetía, apenas como slogan, que su función era “defender la forma de vida occidental” y este otro, subordinado a las autoridades civiles, que llama a la integración “nacional y regional en defensa de los intereses del pueblo“. Esta diferencia, que pone nerviosos a algunos, es la razón última de tantas voces levantadas contra la legítima decisión de la comandante en jefe de las fuerzas armadas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo demás, si las improbables acusaciones de participación en delitos de lesa humanidad del general César Milani fueran comprobadas - y no solo denunciadas-, la política de Estado de este gobierno respecto a los crímenes de la dictadura garantizará el debido proceso y condena.

Nuestra joven democracia está lejos de ocultar los conflictos. Y eso está muy bien. La cuestión estará en cómo desde la participación política los abordamos para su resolución. Cómo, con mucha política, afrontamos los nuevos tiempos para avanzar y no permitir que los restauradores conservadores impongan su relato y establezcan un nuevo sentido común.

¡Por un 2014 pleno de militancia, por la Patria Justa, Libre y Soberana que soñaron Perón, Evita y Néstor!

Como siempre, Unidos y Organizados.

MIGUEL APONTES – URIEL QUINTEROS – CRISTIAN SANSALONE

CAMBIAR DE MIRAJE

por LUIS RODEIRO

Prensa hegemónica -todavía- pintando caos, economistas de mala praxis comprobada anunciando hecatombes, pitonisas pronosticando Apocalipsis Express, policías incitando al saqueo, empresarios estafando precios acordados con el Estado, formadores de precios incentivando inflaciones, sembradores expertos en plantar el miedo, ratones roedores de instituciones y derechos, sindicalistas empresarios que amenazaron con desabastecimiento. Empedernidos destituyentes, apostando a todos los números. Es diciembre fue el turno del 19 y el 20. Estrategas aviesos que pretenden reproducir en laboratorios las puebladas históricas. Mal que les pese no pasó nada.

Es curioso, pero una mirada sin anteojeras de la historia argentina, nos muestra que quienes invocan a la democracia, que se autodefinen como vestales republicanos, son los que invariablemente -frente al gobierno de las mayorías- han desnaturalizado la democracia atentando contra las instituciones, afectando la libertad, separándola del sentido de justicia, negando derechos, apelando a su permanente violación, confundiéndola siempre con intereses económicos sectoriales, convirtiéndola en un cascarón vacío, en una palabra hueca.

La coyuntura política que atravesamos en estos días de diciembre puso en evidencia esa metódica, perseverante estrategia desestabilizadora, que ha llegado a niveles que agotan la capacidad de asombro ciudadano. Estrategia que incluye la mentira, la extorsión, la distorsión, el odio, el desprecio, la inoculación de miedo, la búsqueda

PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL

desesperada de ciudadanos paralizados y apolíticos. Todo al servicio de un poder económico y político de minorías selectas, con la participación activa del partido mediático y la invocación a un falso credo democrático.

En el transcurso de la historia de los argentinos, la realidad de esa falsa democracia, nos llevó incluso a su desprecio generalizado. El “voto popular” fue una larga lucha, cuya negación formaba parte de la “democracia oligárquica”, que planteaba como connatural al sistema, la exclusión de miles de argentinos. Cuando debió ceder ante la fuerza de la lucha, invocando las palabras democracia y libertad, no dudaron en utilizar el fraude, al que no dudaron en denominar como “patriótico”, pero también distintos tipos de violencia, hasta el asesinato. Por eso, el “yrigoyenismo”, protagonista principal contra el orden oligárquico, forma parte de la tradición del movimiento nacional, popular y democrático.

Los opositores al peronismo, que amplió derechos ciudadanos y dio identidad a los trabajadores como tales, desde los albores de ese movimiento social, enarbolaron también la palabra democracia como un bien supremo. A la coalición electoral la llamaron Unión Democrática y la “Revolución Libertadora”, diez años después, se hizo en su nombre. Para violar el principio de la democracia, acudieron a la violencia, cuyo símbolo más trágico fue el bombardeo en Plaza de Mayo. Una vez en el gobierno, militares y civiles prohibieron la más mínima mención al nombre de Perón o de Evita y suprimieron por decreto el empleo de la palabra peronismo. Intervinieron los sindicatos y persiguieron a sus dirigentes. No dudaron en fusilar a un grupo de militares rebeldes y asesinaron a civiles en los basurales de León Suárez.

Sin dejar de invocar a esa democracia, devenida en palabra vacía, la proscripción del peronismo duró 18 años. Para evitar su triunfo, los “demócratas”, una y otra vez, acudieron a los golpes militares. Entre ellos, la dictadura genocida cívico militar, que impuso a sangre y fuego el modelo de exclusión. En nombre de la democracia, de la libertad y de los principios republicanos.

En este contexto, como dice Horacio González, “La reivindicación de Alfonsín no fue un hecho de pura nostalgia ni un acto partidario. Cualquiera haya sido el defecto o la flojera de los políticos invocados, en el nombre de cada uno, Perón, Alfonsín, Kirchner, se debe recordar el efecto constitucional, laboral y ciudadano de la democracia prometida y deudora. Esta tríada es un acto crucial del lenguaje para el restablecimiento de la forma compartida y abierta de la democracia”.

Siempre pudieron frustrar el sueño de lo popular, de lo nacional, de lo democrático. Depende de nosotros, que esta vez no. Depende de la defensa de lo realizado, de la profundización de lo que venimos haciendo. Más derechos, más justicia, más inclusión, más libertad. Las organizaciones populares deben ser las que fijen la agenda del gobierno democrático. Hay que abrir el debate, no para discutir con los nostálgicos del modelo neoliberal, sino para incorporar los grandes desafíos que nos esperan, las deudas que tenemos con una sociedad todavía agraviada por la exclusión, por los privilegios. Discutir hacia adentro del movimiento popular cómo democratizar la justicia, la policía; cómo asegurar el sentido de la propiedad social; cómo incorporar nuevos derechos como el aborto; cómo definir las pautas de un desarrollo que tenga en cuenta los problemas ambientales y el respeto a la decisión ciudadana; cómo sentar las bases de un nuevo sindicalismo que ponga en cuestión a los sindicatos empresas; como actuar ante el mito de una burguesía nacional; cómo fortalecer al Estado como garante de equidad social.