UN GENERAL NACIONAL Y POPULAR

Qué animó las reacciones contrarias al ascenso de César Milani. Quién tiene una política para las fuerzas armadas. Qué tanto horroriza un jefe del Ejército que reivindica a fuerzas armadas “nacionales y populares”. El “apoliticismo” que se reclama a ciertas instituciones, justo las que fueron, históricamente, sostenes de un país injusto, desigual y con minorías privilegiadas.

CÉSAR MILANI, TENIENTE GENERAL DE LA NACIÓN UN GENERAL NACIONAL Y POPULAR

por MIGUEL APONTES

La noche del 18 de diciembre, el Senado de la Nación aprobó el pliego de César Milani. Por 39 votos contra 30, fue ungido como máximo jefe del Ejército. La atención estuvo puesta en el ascenso de Milani aunque, en la misma sesión, se aprobó el acuerdo para ascender al grado inmediato superior a los jefes de las tres fuerzas armadas y al titular del Estado Mayor Conjunto. El Poder Ejecutivo obtuvo los ascensos propuestos del jefe del Ejército, César Milani, a teniente General; de la Armada, Gastón Erice, a Almirante; de la Fuerza Aérea, Mario Callejo, a brigadier General; y del Estado Mayor Conjunto, Luis María Carena, a general de División.

Pocos días antes, en un acto de egreso de suboficiales en la Escuela Sargento Cabral, Milani había dicho: “Queremos una gran Argentina de todos y para todos, donde el Ejército sea parte de este nuevo nacer, defendiendo los derechos humanos de todos los ciudadanos; a 30 años de la vuelta de la democracia, ustedes son parte de una institución que defiende la Constitución Nacional”.

En julio, César Milani se presentó espontáneamente ante la justicia de La Rioja y Tucumán; se puso a disposición ante el linchamiento mediático del que era objeto a partir de su definición a favor de un Ejército “nacional y popular”. En Tucumán declaró: “Estamos trabajando para un Ejército distinto, muy pegado con la comunidad. Un Ejército que está trabajando para un proyecto nacional. Esto les molesta. Les molesta que yo quiera insertar el Ejército y las Fuerzas Armadas en un proyecto nacional”.

La oposición política nunca cesó en la descalificación de los organismos de derechos humanos por su apoyo a las políticas, hacia ese sector, del gobierno nacional. “Usados” y “cooptados”, fueron algunos de los calificativos más utilizados. Por eso muchos debieron ser un tanto más discretos al momento de exaltar con tanto ahínco en el debate parlamentario a una institución como el CELS, considerada hasta ayer como un “organismo comprado por favores oficiales”.

LA MADRE Y EL GENERAL

La revista “¡Ni un paso atrás!”, editada por la asociación Madres de Plaza de Mayo, en su edición de diciembre anticipaba: “Histórico encuentro entre la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y el Jefe del Ejército. Los planes de estudio y formación militar, el proyecto nacional, la importancia de Nilda Garré, la continuidad con Agustín Rossi. El compromiso de buscar hasta debajo de las piedras más archivos y documentos sobre la represión genocida. Y un desafío compartido y necesario: acercar el Ejército al pueblo y urbanizar las villas.”

El reportaje también tuvo su versión audiovisual y se lo pudo ver en la televisión pública. Esto fue, para muchos, el límite.

En la conversación con Hebe de Bonafini, César Milani sostuvo que “el Ejército está dispuesto a ir por todos los cambios y yo quiero ser el más transgresor”. Le cuenta que “hay mucha gente en el Ejército, en actividad, que valoriza a las Madres”. Desmintiendo las denuncias en su contra, el ahora teniente general dijo: “Nunca torturé, ni maté, ni estuve. Las calumnias e injurias vertidas sobre mi persona por parte de multimedios monopólicos y dirigentes políticos opositores al gobierno nacional han buscado exclusivamente perjudicar a la Presidenta y tratar de impedir que el Ejército participe activamente de un proyecto nacional”.

Frente a la pregunta de Hebe sobre si pueden o no tener opinión política los militares, dijo: “no pueden tener opinión política pública, lo que no quiere decir que no tengan convicciones políticas, pero no pueden hacerlas públicas por el lugar que ocupan en la defensa nacional”.

Y otra vez muchos con los pelos de punta: ¡pero este general sí expresa opiniones políticas, defiende a un proyecto nacional! Habría que aclarar que, en realidad, la objeción para los militares es sostener posiciones partidarias y que identificarse con el “proyecto nacional” no es otra cosa que sostener una concepción política que se supone común a todos los argentinos, o como lo hicieron distintos dirigentes a través de la historia, desde San Martín y Belgrano, hasta Rosas, Yrigoyen o Perón. Como dice Juan Salinas en su blog, “si un oficial del Ejército

PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL

“… Que vuelva el bruñido del bronce, que se limpien las banderas; yo quiero ser una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor aunque no existan victorias, quiero llorar con la gloria de una marcha militar, y un banderín agitar, frente a un ejército popular...”

“Aquellos soldaditos de plomo”, Víctor Heredia

argentino se manifiesta contra la realización nacional es porque, objetivamente, trabaja para el extranjero; muchos entendemos que las viejas banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social no son partidarias, sino que constituyen el piso de todas las expresiones nacionales. Y que una fuerza armada a través de su jefatura se manifieste ‘nacional y popular’ para algunos sea partidizarla, quiere decir, por lo que parece, que buscan abogar por un profesionalismo aséptico.”

QUÉ DIJO “LA NACIÓN”

En un editorial de La Nación –el vocero natural de la reacción y los poderosos de la Argentina- del 17 de diciembre, se expresó: “El deterioro institucional que se pone de manifiesto con la promoción del general Milani no tiene que ver sólo con su pasado, remoto o reciente, sino con su desempeño de estos días”. Y ahí está el punto, la clave de toda esta repentina defensa de los derechos humanos: qué representa el general hoy pronunciándose defensor de “un Ejército al servicio de un proyecto nacional y popular”. No habrá que engañarse con tanto rapto de sensibilidad y condena al terrorismo de Estado. Esta repentina apelación a principios éticos y democráticos, partió de quienes fueron, si no cómplices de la dictadura, al menos poco decididos a juzgar sus crímenes y poner en cuestión el proyecto de país que otro Ejército contribuyó, a sangre y fuego, a consolidar. Después de estas tres décadas de democracia, con sus avances y retrocesos en cuanto a las políticas hacia las fuerzas armadas, con muchas indefiniciones sobre el papel que deben cumplir en un Estado de Derecho, y la necesidad enunciada pero poco practicada de alterar los contenidos de las escuelas de formación profesional, no existe paralelo entre un Ejército que, como brazo armado de los históricos dueños de la Argentina, decía “defender la forma de vida occidental” y este otro que llama a la integración “nacional y regional en defensa de los intereses del pueblo“. Esta diferencia, que pone nerviosos a algunos, es la razón última de tantas voces levantadas contra la legítima decisión de la comandante en jefe de las fuerzas armadas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Siempre se buscará tergiversar todo, como cuando a fines de noviembre se votó en el Senado la reforma al Código Civil. Allí el papel de todo el arco opositor fue lamentable, buscando con su rechazo la deslegitimación de un arduo y prolijo trabajo, para el que fueron convocados los mayores juristas. El senador Miguel Pichetto dijo en el debate: “Era el final que buscaban. Es una forma de no comprometerse en esta discusión y hacer aparecer el Código como fruto de una sola facción política”.

El 27 de diciembre, Mariano De Vedia escribió también en el diario de los Mitre: “Inquieta a oficiales el alineamiento de Milani con Cristina. El firme alineamiento del Ejército al ‘proyecto nacional y popular’ que el jefe de esa fuerza, teniente general César Milani, le prometió a la Presidenta no es uanime en las filas castrenses”.

QUÉ FUERZAS ARMADAS QUEREMOS

Aquí entramos de lleno en el problema y ésa, la definición sobre qué

QUE SE RETIREN TODOS

La pretensión de vetar la designación de César Milani como comandante en jefe del Ejército, se basó, fundamentalmente, en declaraciones de Esteban Sanguinetti, que era su jefe en Tucumán, en 1976. Fueron por el secuestro y desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo, oriundo de La Rioja, sobre el que, en documentación donde si aparece Milani firmándola, pesaba la denuncia de “desertor”.

Ningún miembro de las fuerzas armadas en actividad y que revistó durante la dictadura podrá argumentar que ignoraba lo que sucedía por esos años, aunque por el destino o la función no hubiera contado con mayores precisiones del genocidio que se perpetraba.

César Milani pertenece a la promoción 106 del Colegio Militar de la Nación (año 1974). Para que se cumplan las premisas de los que objetan a Milani, será necesario no solo pasar a retiro a toda esa promoción, que hoy cuenta con 60 años, sino también a las siguientes, al menos hasta el año 1984 (la promoción 115). Estos últimos oficiales hoy cuentan con 51 años, y de procederse así determinaría el retiro de la actividad de alrededor de mil quinientos oficiales.

Ahora bien, si a los que cuestionamos por “estar comprometidos con la represión ilegal”, educados todavía bajo el imperio de la “doctrina de seguridad nacional” imperante, incluso, desde el “Plan Conintes” de Frondizi, allá por 1958, deben ser todos dados de baja, da la impresión que no pararemos más. ¿Por qué? Porque los contenidos de los institutos militares no se alteraron seriamente antes de 2003 y, aún en democracia, hasta 1990, integrantes del Ejército participaron de sediciones contra la democracia, los llamados levantamientos carapintadas.

fuerzas armadas queremos los argentinos, debió ser el eje del debate y no una pretendida descalificación a la política de derechos humanos del kirchnerismo, como si se hubieran descubierto las debilidades del pilar de este proyecto; no significó, en absoluto, un retroceso en este tema el ascenso de Milani. Todo fue, apenas, una desesperación por cobrarle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un costo político. La decisión de persistir con el ascenso de César Milani, es una muestra más de autoridad política y un ejercicio pleno de sus atribuciones como comandante de las fuerzas armadas.

Cualquier proyecto político transformador precisa de fuerzas armadas comprometidas con los intereses de la Nación. Así lo entendieron líderes de nuestra región –muy admirados por cierto progresismo vernáculo-, desde Juan Velasco Alvarado en Perú u Omar Torrijos en Panamá, hasta Hugo Chávez en Venezuela.

Precisamos unas fuerzas armadas compenetradas con un proyecto nacional y popular, sí, pero que avance también hacia la integración regional para una defensa articulada de los extraordinarios recursos naturales con que se cuenta.

Las fuerzas armadas son fundamentales al momento también de fomentar la inclusión y el ascenso de los compatriotas que se incorporan a sus filas; hoy todo soldado debe completar los estudios secundarios y los suboficiales estudios terciarios; no hay impedimentos, como antes, para continuar la carrera hasta los grados máximos de cada fuerza. Las fuerzas armadas están integradas por hijos de nuestro pueblo, por lo cual no se entiende el malestar que causó que un jefe del Ejército reivindique su pertenencia a un proyecto nacional y popular.

YO ME OPONGO

Muchas columnas de opinión, algunas de reconocidos “periodistas independientes” –aunque revulsivamente contrarios al gobierno nacional- se han leído por estos días. También hablaron acérrimos opositores. Otras, de personalidades de dilatada trayectoria en defensa de las instituciones democráticas, son más difíciles de comprender. No faltaron los denunciadores profesionales.

No es fácil aceptar, para algunos, que este gobierno fue el que adoptó una política de Estado muy clara respecto a los derechos humanos y la reapertura de los juicios que, hasta su llegada al poder, estaban clausurados por leyes de impunidad.

La opinión que denota mayor honestidad intelectual, es sin duda la de Horacio Vertbisky, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Tras considerar el ascenso de César Milani un error político, sostiene que “afirmar que ello invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado. No por casualidad, esa pretensión no proviene de quienes han luchado por la memoria, la verdad y la justicia, sino de aquellos que siempre se opusieron o al menos fueron indiferentes a todo avance en esa dirección” (Página/12, 22/12/2013).

Un analista político de los medios del Grupo Clarín en Córdoba, publicó en La Voz del Interior, el 21/12/2013, una columna con un inequívoco título militante: “Los militares K son derechos y humanos”. Claudio Fantini, que esta vez no abunda en citas greco romanas, advirtió: “La militancia traga sapos como la devaluación en cuotas y el encumbramiento de un militar tan sospechado de violar derechos humanos como muchos miembros de su camada que están presos. Como dijo el periodista Carlos Pagni, con el nombramiento de Milani, Cristina instaló su ‘punto final’ y su ‘obediencia debida’. El punto final del ‘juicio y castigo a los culpables’ es la adhesión de esos culpables al gobierno; mientras que la obediencia debida es la que hicieron los legisladores oficialistas y las organizaciones de derechos humanos que avalaron ese punto final.” 28Disputar el sentido de los derechos humanos, se entiende, no es tarea fácil: en particular frente a este gobierno popular que, desde 2003 a la fecha, ha dado sobradas muestras del impulso a las investigaciones y juicios en todo el país por las violaciones, mucho más allá de los discursos.

También Rubén Arroyo, de calificada labor en defensa de los derechos humanos durante la dictadura e integrante de CONADEP Córdoba, expresó en una columna publicada en La Voz del Interior (17/12/2013): “El pliego de ascenso del general César Milani no debe ser aprobado por el Senado de la Nación. Corresponde su pase a retiro y someterse de verdad a la Justicia federal de La Rioja y Tucumán”. Curiosa conclusión en tiempos donde están por demás activas las investigaciones por los delitos cometidos al amparo del Terrorismo de Estado y un sinnúmero de procesos en marcha en todo el país, a más de las sentencias traducidas en múltiples condenas para los genocidas. No hay chances de que la investigación sobre Milani sea clausurada por nadie. Hay pleno funcionamiento de la Justicia en este país y, si avanzara la imputación de Milani (algo que aún no existe), es improbable que pueda permanecer en el cargo.

Otro editorialista, esta vez del diario La Nación, publicó el 20/12/2013 una nota bajo el sugerente título “El kirchnerismo tiene ahora su propia ley de punto final”. De Carlos Pagni hablamos, el mismo que es investigado por tráfico ilegal de información y que tuvo raptos de antisemitismo cuando, además de calificar a Kicillof como ‘marxista’, no dejó de mencionar que tenía ‘familiares rabinos’. Expresó en un párrafo de su columna: “La Presidenta puso muchísimo celo en conseguir el ascenso de Milani. Hasta realizó llamadas personales a algunos legisladores dubitativos. ¿Por qué? Pichetto ofreció una explicación. Dijo que Milani era objetado por pretender que el Ejército se ponga al servicio de un proyecto nacional y popular. Es verdad. Milani aspira a eso. Lo ha confesado varias veces. Pero esa confesión no mejora a Milani. Al contrario, lo mancha con otro vicio. Si hay una dificultad que recorre la historia argentina es la de conseguir que las FF.AA. se subordinen a la ley y no a un liderazgo de partido. Una de las conquistas indiscutidas de las tres décadas de democracia que se celebran este año es haber logrado el sometimiento de los militares a la Constitución. No a la voluntad del que manda. Pichetto elogió en Milani al comandante de una montonera”.

Y ya desesperados, los opositores también recurrieron a sus instituciones creadas ‘ad hoc’. Tal el caso de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, que se sumó a la delirante denuncia del presidente del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, quien advirtió que el jefe del Ejército, César Milani, realizaba tareas de inteligencia sobre el periodista de Clarín, Daniel Santoro. Claro que el denunciador serial contra funcionarios del gobierno, el abogado Ricardo Monner Sans, presentó una denuncia penal ante la justicia para que se realicen allanamientos en el Edificio Libertador, donde, según el senador Morales, se llevan adelante “tareas de inteligencia interior en forma clandestina”. El juez federal Julián Ercolini allanó la sede del Ejército en el edificio Libertador; la denuncia indicaba que en el 7mo. piso funcionaba una “sala de situación” del general Milani para hacer espionaje interno. El resultado, obviamente, fue negativo.

Y así todo, con pocos fundamentos y con una voluntad apenas “denunciatoria”, la oposición política se manifestó “preocupada” por el ascenso a teniente general de César Milani. Sólo resta leer las declaraciones de la diputada del Pro Laura Alonso, porque no tienen desperdicio: “Milani es un engranaje del sistema autoritario montado por los Kirchner, que busca en su fase final, garantizar impunidad frente a los avances notorios de las investigaciones periodísticas y judiciales (…) el kirchnerismo no tiene límites a la hora de hacer un uso autoritario del poder”. Y sentenció: “Milani está vinculado con el espionaje a periodistas y políticos”.

Como se ve, ya nada importan las pruebas de graves delitos o las fuentes de información. Difamar no cuesta nada y la libertad de expresión está felizmente garantizada en Argentina.