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Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial

Ejemplar gratuito | Número 100 | Octubre - Diciembre 2020 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla

Especial NÚMERO

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Editorial

¡LLEGAMOS AL NÚMERO100! Compañeras/os, lectores, colaboradores y anunciantes, tras un largo periodo de arduo trabajo y esfuerzos hemos alcanzado este número centenario, y quisiera hacer un breve resumen que nos ha llevado a celebrar en estos días dicha efemérides. Los inicios fueron duros, no contábamos con los medios y avances tecnológicos que afortunadamente hoy tenemos, las comunicaciones han variado considerablemente, pero con lo que si contábamos era con grandes personas y profesionales, que aunando esfuerzos consiguieron poner al servicio de nuestro Colegio un vehículo de transmisión de la información de indudable eficacia a nivel profesional, laboral, universitario, y de gran valor social y cultural. Le llamábamos Boletín Informativo, contábamos con pocos recursos económicos y el número de páginas también era más reducido por razones obvias, pero como dije al principio todos los compañeros que han estado al frente de la Revista y del Consejo Editorial durante estos años, pusieron lo mejor de ellos para que el Colegio tuviera ese vehículo de comunicación con sus compañeros. Durante años conseguimos que ese llamado Boletín Informativo se convirtiera en Revista Colegial, igualmente se consiguió lo que ningún Colegio había realizado anteriormente que la revista se editara de forma mensual, y también y gracias insisto al esfuerzo de muchas personas con nombres y apellidos, la edición de la revista colegial no supuso una carga económica para el Colegio, siendo esta totalmente autosuficiente, sin quitar recurso alguno a los presupuestos e invirtiendo estos en mayor formación para los colegiados. Desde aquí quisiera felicitar a todos los Directores y Consejos Editoriales que han colaborado desde el inicio de esta aventura hasta la actual que ha recogido ese testigo y día a día mejora la calidad y el contenido de nuestra Revista Colegial, y sé por experiencia que son muchas las reuniones y horas de trabajo que le dedican para que nos llegue una información veraz de la actualidad en todos los órdenes, jurídicos, profesionales, colegiales a nivel provincial, regional, nacional, universitarios y culturales. Agradecimiento igualmente a todas esas empresas colaboradoras que se sumaron a esta iniciativa y gracias a su apoyo conseguimos poner en marcha este vehículo de información, al igual que todos esos colaboradores, compañeros, profesores universitarios, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Doctores, etc., que apor-

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tando sus experiencias profesionales en sus artículos nos transmiten ese conocimiento a los que tenemos la suerte de poder leerlos. No nos podemos olvidar de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide siempre dispuestas a participar en nuestra revista, al igual que organismos e instituciones regionales y nacionales, ONGs y mutuas. Permítanme ahora si poner nombre a colaboradores de la revista que hoy estarían orgullosos de lo conseguido y que no se encuentran entre nosotros, pero ellos fueron los que pusieron en marcha una ilusión que hoy día es una realidad, Joaquín Belmonte, Pepe Ruiz, Pepe Rangel, Pepe Rodríguez, Manolo Hidalgo, Ignacio Ugalde… En todo este esfuerzo y años de revista colegial no me puedo olvidar de dos personas que han sido y son santo y seña de identidad de nuestra revista, nuestra Gerente Nieves Cabezas González de Zárate y María José Naranjo Marín, cuántas horas de trabajo, empeños y dedicación han realizado para que esta revista viera la luz y resplandeciera como lo hace en este centenario, al igual que los compañero/as de administración y el gabinete de comunicación, gracias. Pero esto no acaba aquí. Felicidades por este centenario y por los que tendremos que celebrar. Entre todos lo hemos conseguido. GRACIAS A TODOS Rafael Hidalgo Romero Presidente de Honor del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y miembro del Consejo Editorial de la Revista Justicia Social.

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Justicia S cial

Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla

Sumario

Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Venancio A. Castellano Ramírez, Laura Gil Cantos, Juan José Guijarro Baco, Rafael Hidalgo Romero, Alejandro Nisa Ávila y Gonzalo Soto Cano

Editorial 03

Consejo General de Graduados Sociales de España 05 Consejo And. de Coleg. de Graduados Sociales 07 Reportaje Vida Colegial 09 Reportaje 15 100 números de la Revista

Director: José Ramón Barrera Hurtado Gerencia: Nieves Cabezas Glez. de Zárate

Artículo 18 Eusebio Pérez Puerto

Felicitaciones Institucionales 24 Publicación número 100 de la Revista

Redacción y Fotografía: Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Jorge Antonio Rico Vidal

Entrevista 35

Manuel Castro Escudero y Sergio Domínguez Caraballo

Artículo 40

Administración: María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Verónica Guillén Giles Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla.com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.

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Jesús Cruz Villalón

Entrevista 48

Milagro Martín López

Artículo 52

Juan Pañella Martí

Entrevista 59

Julián Barrero Cortijo

Artículo 61

Enric Martí Morón

Número 100 Octubre - Diciembre 2020

Artículo 65

Jesús Maza Burgos

Artículo 67

Mutua Universal

Movimiento Colegial 69 Jurisprudencia 71 LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.

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Consejo General de Graduados Sociales de España

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Presidente Consejo General Graduados Sociales de España

Una época para aprender

El año 2020 quedará grabado en la memoria de toda la humanidad debido a la situación desatada por la crisis sanitaria causada por el COVID 19. Ha sido un tsunami a nivel mundial que seguramente conllevará cambios significativos dentro de nuestra sociedad. Esta pandemia que pronto cumplirá un año va a marcar un antes y un después, y una de las lecciones que podemos aprender los hombres y mujeres de esta época es reflexionar acerca de nuestra forma de vida, ya que si sigue siendo exactamente igual las consecuencias serán las mismas y posiblemente perdamos una oportunidad única para evolucionar como sociedad. Espero que los aprendizajes a los que me refiero sean estar pendiente de las necesidades del prójimo, que asumamos las diferencias que hay entre nosotros, abrazándolas y respetándolas, teniendo la convicción que UNIDOS todos los retos se pueden superar, tal y como hemos hecho el colectivo de los Graduados Sociales. Política, ciencia y economía deben ir de la mano, no son antagónicas, al revés son complementarias y necesarias. Después de esta pandemia se deberán aplicar medidas que ayuden a activar el sistema económico y financiero, pues lamentablemente muchas personas perderán su empleo, y otros verán en grave peligro sus negocios. Por ello, las decisiones que se tomen por los diferentes Gobiernos deben ir dirigidas en primer lugar al mantenimiento de empleo y consolidación y ayudas a las

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empresas, y posteriormente, a la creación de empleo y sostenibilidad de la economía, para así reactivar la economía e intentar paliar los efectos de estos duros meses. Por otra parte, espero que se haya dejado patente que no puede existir recortes en partidas tan necesarias como son las destinadas a Investigación y Sanidad, pues si algo nos ha enseñado el COVID, es la FRAGILIDAD del ser humano. La casualidad de comenzar una nueva década con el coronavirus puede servirnos para reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestra forma de vida. Hay personas que han tenido que bajar el ritmo de sus trabajos, otras descubrir el teletrabajo, y los profesionales, entre los que se encuentran los Graduados Sociales, hemos tenido que reforzar nuestra actividad con jornadas interminables para tramitar las prestaciones para que miles de familias pudieran comer, pagar sus hipotecas, y adquirir suministros diversos, contribuyendo con ello, a la paz social tan necesaria en estos momentos. Desde la declaración del estado de alarma, ya por el mes de marzo del año pasado, hemos tenido un incremento excesivo de trabajo en nuestros despachos, que junto con la publicación de numerosos RDL, han venido a complicar la seguridad jurídica de los profesionales que nos dedicamos a las relaciones laborales. Lamentablemente, no ha terminado esta vorágine legislativa

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Consejo General de Graduados Sociales de España y seguiremos sufriendo la publicación de más RDL, aunque esperemos que cada vez sea con menor frecuencia. Nuestro colectivo ha demostrado que somos verdaderos profesionales que sabemos empatizar con nuestros clientes, sin abandonarles ni dejarlos solos, nosotros podemos decir que no hemos dejado atrás a nadie, hemos actuado frente a todo el mundo y donde ha sido necesario, hemos ayudado a las empresas, autónomos y trabajadores solicitando las prestaciones a las que han tenido derecho. Por ello, hemos contribuido en beneficio de la sociedad, demostrando nuestro compromiso con nuestro escudo y lema, Justicia Social. No en vano hemos sido y seguiremos siendo profesión ESENCIAL. Por esa razón me siento muy orgulloso de todo el colectivo de Graduados Sociales, desde el primero hasta el último colegiado, de todos los presidentes de Colegios y de los miembros de la Comisión Permanente, todo el esfuerzo realizado ha sido un trabajo en equipo, una actividad en la que hemos trabajado unidos, y esta es la mejor conclusión que podremos sacar de esta etapa cuando finalice.

www.anteaprevencion.com

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Esperemos que la crisis sanitaria mejore pronto, la incertidumbre no es buena pero los datos actuales tampoco llaman al optimismo y parece ser que estos primeros meses de este año 2021 van a ser muy complicados, divisando en un horizonte lejano todavía la mejoría de la tasa de contagio y nuestra salud. Espero que pronto sea así, que se acelere la puesta en marcha de la vacunación que va demasiado lenta, y que todo ello, unido a la gran labor que están haciendo los sanitarios en nuestro país, contenga los contagios y nos lleve al siguiente estado, a esa recuperación económica que todavía va a ser más costosa que la sanitaria. Debemos sentirnos orgullosos del papel que hemos desempeñado los Graduados Sociales en esta crisis, sacar lo positivo, ser pacientes y, sobre todo, solidarios, y tener la satisfacción personal del trabajo BIEN HECHO. Gracias por vuestro compromiso y por vuestra profesionalidad, estoy seguro de que esta década que comenzó de esta abrupta manera, será una época de cambios, de reestructuraciones, de reinventarnos y de innovar, aprovechemos esta situación para CRECER como profesión. Deseo a todos de corazón que este año que comienza os traiga mucha Salud.

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Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

José blas fernández sánchez Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

El Consejo Andaluz sale al paso de los efectos socio-laborales de la pandemia

Los Graduados Sociales andaluces, así como los de Ceuta y Melilla, no solo formamos parte del mayor activo humano que tiene la profesión en toda la geografía española, sino que por el número de colegios y colegiados hemos demostrado estar a la vanguardia de tanta normativa como las administraciones han legislado. No ha sido fácil desde el 14 de marzo hasta la actualidad mantener un criterio común y encontrarnos con tantas dificultades ajenas al quehacer diario de la profesión, pues mientras la Junta de Andalucía marcaba criterios no vinculantes en muchas decisiones, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en muchos casos venían a decir lo contrario, y no digamos de la Administración central, donde incluimos al SEPE y a la TGSS que, a destiempo y sin un nivel de coordinación claro y decisivo, han ido desafortunadamente dando bandazos y donde en un momento daban criterios aparentemente lógicos, a los pocos días cambiaban de opinión dando instrucciones totalmente contradictorias y provocando situaciones sancionables por parte de la Inspección de Trabajo que está acudiendo a la llamada del SEPE para arreglar entuertos provocados por la falta de medios y de criterios uniformes. Nuestro Consejo Andaluz de Graduados Sociales ha trabajado incansablemente gracias a la entrega y vocación que han puesto en valor los distintos colegios de nuestra Comunidad Autónoma, pues en ocho provincias, cada una ha

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interpretado sin vinculación las resoluciones de problemas abusando del silencio positivo y de forma contradictoria. Es decir, que mientras la Comunidad Autónoma daba resoluciones positivas en los ERTES y en su gran mayoría por silencio, en las ciudades autónomas decían todo lo contrario, lo que ha traído un descalabro absoluto que ha obligado a este Consejo Andaluz, junto con la Consejera de Empleo a unificar criterios y coordinar muchas actuaciones. El Consejo Andaluz de Graduados Sociales ha llevado a cabo, junto a sus colegios y en especial a sus Juntas de Gobierno, un trabajo ímprobo para la unidad de directrices, pues con un SEPE sin medios y con alto personal vulnerable que funcionaba desde el teletrabajo era imposible sacar adelante tantas prestaciones como se han llevado a cabo y aquí debo decir que ha habido funcionarios con un alto valor de entrega por los demás que me consta que muchas delegaciones provinciales han trabajado de día y de noche y no olvidemos los sinsabores y coacciones que han ido recibiendo de muchos trabajadores que les culpaban del retraso en el pago de las prestaciones y la disfunción en el cobro de éstas por parte de trabajadores de una misma plantilla, donde la mitad percibía en una fecha las mismas y la otra mitad, en muchos casos aún no ha cobrado. No puede ni debe ocurrir más lo que hemos pasado desde el 14 de marzo de 2020; hemos padecido el estrés y como

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Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales La profesión de Graduado Social puso en permanente guardia a sus miembros de las Junta de Gobierno y del Consejo Andaluz para evacuar consultas y decisiones que sin ser de sus competencias las hemos resuelto con alto nivel de preparación y con conocimiento de causa. profesión esencial hemos trabajado de día y de noche, sin horarios y sin festivos, porque nuestros clientes y sus trabajadores nos necesitaban a cada momento para poder recibir asesoramiento que las administraciones no lo han hecho y que solo se han basado en una diarrea legislativa, donde los Decretos-leyes se publicaban como churros y en muchos casos contradictorios unos con otros. Por tanto, la profesión de Graduado Social puso en permanente guardia a sus miembros de las Junta de Gobierno y del Consejo Andaluz para evacuar consultas y decisiones que sin ser de sus competencias las hemos resuelto con alto nivel de preparación y con conocimiento de causa. Por eso, al cabo de los meses tuvimos el reconocimiento público de la Consejera de Empleo, Dña. Rocío Blanco, así como de varios directores/as del SEPE, donde creamos buzones de consultas y donde afortunadamente hoy, casi transcurrido más de nueve meses, se está estabilizando una situación que nunca estuvo preparada para la pandemia que nos ha vapuleado, tanto en el aspecto sanitario como en el del trabajo y la economía. El Consejo Andaluz ha estado en contacto permanente con todas las autoridades que aglutinaban las secuelas de la

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pandemia y ha sabido hacerles llegar lo indispensables que somos los Graduados Sociales y ha habido un reconocimiento con cierta lentitud, pero lo ha habido, de la misión que los Graduados Sociales, como asesores de empresas y trabajadores, hemos llevado a cabo y que hemos sido los que verdaderamente hemos sacado de un gran trance a tantas pymes, micropymes y autónomos. Es decir, los Graduados Sociales andaluces han sido pioneros en el trabajo de todo lo acontecido con los ERTES, han sido los verdaderos elementos para sacar adelante todo el desastre que la pandemia ha producido en el aspecto socio-laboral, pero también tenemos que denunciar que se han acordado de nosotros solo cuando han tenido que agarrarse a nuestros despachos las administraciones como a un clavo ardiendo, porque sin nuestra mediación y trabajo todo hubiese sido un auténtico desastre. Por eso, aunque más vale tarde que nunca, la profesión de Graduado Social con sus Colegios y Consejo Andaluz a la cabeza se siente orgullosa del trabajo realizado, donde en muchos casos hemos dejado hasta la salud, pero en Andalucía si no llega a ser por este colectivo estoy seguro de que las pymes, micropymes y autónomos aun estarían en el limbo. Espero que no tengamos otra situación similar, porque la improvisación, el desconcierto y la falta de coordinación entre administraciones no puede llegar más lejos en el aspecto negativo y gracias a un cuerpo profesional y formado jurídicamente como son los Graduados Sociales, las consecuencias económicas de la pandemia en el aspecto socio-laboral han sido amortiguadas y parapetadas con nuestros conocimientos. Desde aquí y desde nuestro Consejo Andaluz les pido a todas las administraciones que sopesen lo realizado y que mantengan un cordón umbilical con la profesión para ser consultada antes de llevar a cabo decisiones donde todavía no conocemos las consecuencias que nos van a deparar en los meses venideros, pues al principio y por no contar con el colectivo la puesta en marcha de estos expedientes fueron un auténtico fracaso, cosa que ya hoy ha rectificado y eso es de sabios. Gracias, desde aquí a mis compañeros y compañeras porque han sabido estar a la altura de las circunstancias y demostrando que somos un colectivo capaz de hacer frente a todo lo que se nos avecina.

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Reportaje

Vida colegial para cerrar un año marcado por la pandemia

Novedades destacadas del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo a cargo del Jefe Adjunto de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, Cristian Pérez Sánchez.

Con la alegría y el orgullo de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad por nuestro 50 aniversario al servicio de la Justicia Social, comenzábamos el último trimestre de un año marcado por la pandemia de la COVID-19 y las graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales provocadas por la misma. Un tsunami normativo que desde marzo no nos ha dado tregua a los Graduados Sociales que hemos tenido que comprender, aplicar y gestionar un volumen de leyes y normas que atacaban igual que las olas de incidencia de la enfermedad. Los compañeros y compañeras se han llevado trabajando de manera titánica durante todo el año y el objetivo del Colegio siempre ha sido desde el principio trabajar con el mismo esfuerzo para intentar servir de guía y soporte de la profesión. De esta forma hemos continuado con este trabajo que ha tenido como base la información, la formación y la gestión a nivel institucional para intentar resolver las dudas y problemas que han ido surgiendo y luchar por la profesión.

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Todo ello con la segunda ola del coronavirus sobre nuestras cabezas, que hacía borrar cualquier espejismo de presencialidad en nuestros actos de vida colegial. Así, el 13 y 14 de octubre celebramos dos webinares: uno con la Inspección de Trabajo y otro con el SEPE. Más de 150 de colegiados y colegiadas asistieron al primero de ellos sobre Novedades destacadas del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo a cargo del Jefe Adjunto de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, Cristian Pérez Sánchez. Con esta acción formativa, que fue presentada por nuestro presidente José Ramón Barrera, son ya tres las webinares que llevamos celebradas con la Inspección de Trabajo y Seguridad de Sevilla para aclarar la numerosa normativa que se está legislando con motivo de la pandemia provocada por el coronavirus. En el acto

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Reportaje

Webinar organizada con el SEPE sobre aspectos prácticos de los ERTES, impartida por el Subdirector de Prestaciones de la Dirección Provincial del SEPE, Jorge Mera Portela

también participó Juan Antonio Montes, vicepresidente de esta Corporación. Al día siguiente, un total de 176 colegiados asistieron de forma telemática a la webinar organizada con el SEPE sobre aspectos prácticos de los ERTES, que fue impartida por el Subdirector de Prestaciones de la Dirección Provincial del SEPE, Jorge Mera Portela, dentro de la línea de colaboración que mantenemos con este organismo. Durante la presentación del acto por parte del presidente del Colegio, José Ramón Barrera, este recordó que esta acción formativa es la primera de una serie que se celebrarán con técnicos del SEPE y forma parte de las líneas de colaboración entre este organismo y nuestra institución. Además, según venimos ya trabajando, se contestarán por parte del SEPE todas las incidencias que lleguen de nuestros colegiados a través de este Colegio Oficial. Durante el mes de octubre, la empresa AUDIOLIS en colaboración con nuestro Consejo General y nuestro Consejo Andaluz llevó a cabo una iniciativa para la creación del Día del Graduado Social, porque consideraban que merecemos ahora más que nunca que exista una fecha señalada en el calendario para conme-

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morar y celebrar la gran labor que realizamos, siendo la intención convertir el 27 de octubre en el DÍA DEL GRADUADO SOCIAL y de ahí en adelante celebrarlo puntualmente cada año en esa fecha. Para conseguirlo se puso en marcha una campaña de promoción y adhesión para lograr la máxima difusión del proyecto y el mayor número de adeptos al mismo que tuvo una gran acogida por parte del colectivo y la sociedad en general. También de manera online participaba nuestra vocal Vanessa Molina en las 14ª Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales y nuestro presidente, José Ramón Barrera, en el Pleno Ordinario del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Dentro de las gestiones y reuniones con las instituciones, el 29 de octubre mantenían una videorreunión con la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, nuestro vicepresidente Juan Antonio Montes y nuestro vocal Anastasio León. A su vez, José Ramón Barrera asistía el 5 de noviembre a la Mesa Redonda La renovación del Poder Judicial organizada por la Asociación Derecho y Democracia y el 16 del mismo mes a la Webinar titulada El modelo social y laboral en la pandemia. Perspectiva española y europea celebrada por el Consejo General.

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Reportaje Dentro de la labor de defensa de nuestro colectivo hemos alzado la voz ante las distintas administraciones y mandamos un comunicado a los medios donde manifestamos el trato desconsiderado e inoportuno hacia los autónomos por parte de las administraciones públicas. Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla hemos observado que durante toda la pandemia y la fortísima crisis económica que vive nuestro país, como las administraciones públicas viven en otra realidad, circunstancia tristemente frecuente, según pudimos comprobar con la puesta en marcha de una batería de ayudas a los trabajadores autónomos en el mes de marzo, que resultaron insuficientes en cuantía económica abocando a muchos al cierre. Durante la segunda ola, se pusieron en marcha medidas similares, solo que con la variante de que se endurecieron los requisitos de acceso y se redujeron las cuantías de las prestaciones en un 30% como mínimo. Además, en el mes de octubre, aprovechando una medida recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, se incrementaron las cuotas de autónomos sin que vayan a mejorarse las prestaciones. En la práctica, hablamos de una subida en cuantía mínima de 3€/mes por autónomo aproximadamente, en plena segunda ola del COVID-19 y con las actividades parcial o totalmente paralizadas y establecimientos cerrando o cerrados.

Los Graduados Sociales de Sevilla consideramos que con la incertidumbre que vivimos, el momento elegido no ha podido ser peor para aplicar dicha subida. Teniendo en cuenta que somos el colectivo de asesores de cabecera de, al menos, el 80% de los trabajadores autónomos del país y que la mayoría de nuestros clientes del tejido empresarial de Sevilla y su provincia son autónomos y micropymes creemos, como decíamos anteriormente, que el momento no puede ser menos oportuno. Y no por la cuantía, sino por lo que representa en estos momentos contra los autónomos y la poca empatía y consideración de la administración pública con dicho colectivo. Por último, en dicho comunicado también quisimos trasladar desde esta institución todo nuestro apoyo a los autónomos, entre los que nos incluimos. Los Graduados Sociales sevillanos siempre estarán a su entera disposición en estos difíciles momentos. El 17 de noviembre celebrábamos en la Parroquia de San Lorenzo la misa de difuntos en memoria de todos nuestros compañeros fallecidos y en especial de José Luis Alcaraz Ruiz, José Gómez Soisa y Rafael López Álvarez, fallecidos el último año. A su vez, el Colegio se sumó un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y condena enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres en cualquier esfera de la vida.

Webinar sobre la Prueba Piloto con la DGT, impartida por Rocío Corona.

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Reportaje

Reunión de la Plataforma #SevillaYa

Desde el Colegio consideramos que es una obligación de todos luchar contra esta lacra que no tiene sentido en la sociedad en la que vivimos. Concretamente, en nuestro ámbito laboral, deben crearse soluciones que acaben con el abuso de las mujeres en el centro de trabajo; con las desigualdades laborales y de salario; con la discriminación que sufren las mujeres inmigrantes por el hecho de ser mujer y extranjera. A su vez, hay que erradicar de una vez por todas la trata de mujeres y la explotación sexual y laboral de mujeres y niñas. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

El Colegio de Graduados se sumó un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y condena enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres en cualquier esfera de la vida. 12

Para conseguir todo esto, nuestro colectivo, expertos en materia laboral y garantes de la Justicia Social, tiene un papel relevante asesorando para que se cumplan los derechos laborales de las mujeres, tal como expresábamos en el comunicado oficial enviado con motivo de este día. También nos sumamos a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró el 10 de diciembre, reclamando el cumplimiento real y efectivo de los Derechos Humanos recogido en la Declaración Universal publicada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Solo siguiendo este camino conseguiremos una sociedad donde prevalezca la Justicia Social, emblema de nuestra profesión. Cabe recordar que, desde Naciones Unidas, este año han enfocado el tema del Día de los Derechos Humanos en relación con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. Solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales. El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad

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Reportaje de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos.

trabajo premiado, fue la imagen oficial de la felicitación navideña de este Colegio.

Con motivo de la puesta en marcha del proyecto piloto para la realización de trámites con la DGT, el 15 de diciembre celebramos una webinar titulada Aspectos básicos trámites Proyecto Piloto DGT a cargo de nuestra compañera y miembro de la comisión correspondiente, Rocío Corona Gilabert, una de las precursoras de la puesta en marcha de las gestiones de Tráfico de nuestro colectivo.

Esta cuarta edición ha mantenido el nivel de participaciones y artístico en las creaciones presentadas por los participantes, lo que ha llevado al jurado a conceder tres accésits a los siguientes participantes: María Espinós Castro (hija de nuestra colegiada Mª del Mar Castro Fraga), Salvador Olmedo García (hijo de nuestra colegiada Nuria María García Gallardo) y Adrien Gäel Petit (hijo de nuestra colegiada Rosimari Pinto Carvalho).

El acto estuvo presentado por nuestro vicepresidente, Juan Antonio Montes que estuvo acompañado por Juan de Dios García, vocal de la Junta.

Para finalizar el año y dentro de nuestra labor como agentes sociales de Sevilla nuestro vocal Venancio Castellano acudió a la reunión celebrada por la Plataforma Civil por y para una Sevilla con futuro. #SevillaYA, que aglutina a más de cien empresas e instituciones sevillanas.

Esta prueba piloto nos permite enviar las solicitudes de tramitación de expedientes que se presenten ya por vía telemática y realizar una gestión más ágil en colaboración con el CTDA de la Dirección General de Tráfico; lo que supone un avance importante en las gestiones que venimos realizando ante dicho Organismo. Al igual que en ejercicios anteriores, aunque esta vez de forma virtual, al acercarse las fechas establecidas en el calendario fiscal para la presentación de las declaraciones informativas anuales, esenciales, fundamentalmente, en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2020, la AEAT, en virtud de la colaboración con nuestro Colegio Oficial, celebró el pasado 17 de diciembre, una sesión de carácter informativo donde se trataron las novedades normativas, procedimentales, informáticas y telemáticas aplicables a las citadas declaraciones informativas del ejercicio fiscal 2020, junto con otras modificaciones normativas que pueden resultar de interés general.

En dicha reunión, se consensuaron las próximas medidas a llevar a cabo por la plataforma, como pedir a los representantes firmar un documento de compromiso para que las principales obras de infraestructura que reclama Sevilla se tramiten por la vía de urgencia. Desde la plataforma se recalcó que si durante años Sevilla está a la cola en inversiones no es de extrañar que sea una de las provincias con mayor porcentaje de exclusión social y tenga 6 de los 15 barrios más pobres de España (INE) y ya que si no hay infraestructuras no hay desarrollo, ni futuro. Además, para #SevillaYA esta crisis no va a hacer más que acentuar las grandes carencias en Infraestructuras y Movilidad que tenemos.

Aunque este año no pudimos celebrar debido a las medidas sanitarias nuestro tradicional encuentro navideño con los hijos y nietos participantes del Concurso de Felicitaciones Navideñas organizado por este Colegio, no hemos querido dejar de celebrar una nueva edición del mismo, que este año ha alcanzado la cuarta, y como todos los años nuestros pequeños nos han sorprendido con la calidad y originalidad de sus propuestas. Marina Ramírez Martínez, nieta de nuestro colegiado Rafael Martínez Gómez, resultó ganadora del certamen de este año. El jurado, compuesto por los miembros de la Vocalía de Comunicación de esta Corporación, consideró el dibujo de Marina merecedor de esta distinción por la calidad, originalidad, creatividad y la transmisión de los valores de la Navidad y de la Justicia Social. Como

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La ganadora del Concurso de Felicitaciones Navideñas Marina Ramírez junto a su abuelo Rafael Martínez.

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Reportaje

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Reportaje

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100 números siendo la voz de los Graduados Sociales de Sevilla

REVISTA JUSTICIA SOCIAL La revista Justicia Social cumple 100 números de su sexta época. 100 ejemplares donde se ha consolidado como vehículo de comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales y un referente editorial en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 100 ejemplares donde se ha hecho eco de todos los actos realizados por el Colegio y ha dado voz a reconocidas firmas que han publicado un extenso corpus de artículos técnicos que dotan a la publicación de un amplio e interesante fondo de hemeroteca a disposición de sus colegiados. 100 números que no habrían sido posible sin el arduo trabajo de los diferentes directores, consejos editoriales, periodistas, colaboradores y anunciantes que han permitido que lleguemos a la publicación que tienes entre tus manos. Con una línea editorial clara, la revista siempre ha dividido su contenido en dos líneas. Por un lado, un cuaderno de bitácoras donde ha quedado reflejado todas las actividades realizadas o participadas por este Colegio divididas en tres secciones como Vida Colegial,

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Universidad y Cursos y Jornadas, además de darle voz a los actos realizados por nuestro Consejo General y Consejo Andaluz, así como al resto de Colegios Provinciales de Andalucía. La otra línea de la revista ha sido la técnica y académica con entrevistas y artículos de especialistas en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que unido a una amplia selección de resúmenes de jurisprudencia ha generado un contenido de gran interés y muy apreciado por los profesionales. En esta línea y en su afán por crecer y seguir mejorando, esta publicación ha dado un nuevo salto de calidad aumentando considerablemente el número de páginas de la publicación para así dar cabida a un mayor contenido técnico que sea de utilidad a compañeros y compañeras y que ha comenzado con el último número publicado Especial Covid-19. A continuación, os dejamos algunas de las portadas que han configurado estos 100 números de vida de esta nueva época de la Revista Justicia Social.

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NÚMERO

Reportaje

REVISTA JUSTICIA SOCIAL

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Reportaje

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Artículo

Eusebio Pérez Puerto Graduado Social emérito nº 73

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla (I): Antecedentes

La Gaceta de Madrid de fecha 20 de agosto de 1925, publicaba un Real Decreto datado el día 17 anterior, y en cuya Exposición del mismo ante Alfonso XIII para su aprobación el Presidente Interino del Directorio Militar Antonio Magaz y Pers, se manifestaba que… El modesto ensayo presente consiste en utilizar la tradición, la experiencia y las colecciones, la documentación y los materiales acumulados en un organismo del más reciente de los Ministerios para una tarea de pura cultura y de práctica profesional. La educación social no podrá lograrse sino a base de objetividad, iluminando los espíritus según métodos sociales. Para ello, intentará reunir por de pronto en un circulo de instrucción teórica y aplicada la preparación y el perfeccionamiento de los funcionarios para las organizaciones de la Administración social; de los jóvenes que sientan devoción por las materias sociales y de los obreros que quieran consagrar los ocios que les deja libres la jornada reducida do trabajo a las gratas tareas de ilustrarse. El Estado en este caso pondrá generosa y desinteresadamente sus haberes do cultura a disposición de los estudiosos, bajo la dirección de sus Profesores. Como, garantía indispensable, concede al servicio una amplia autonomía, dando en el Consejo de Cultura Social del Ministerio una buena representación al Consejo del Trabajo y en especial a sus elementos patronal y obrero…, para decretar en su artículo 1º: La Sec-

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ción de Cultura Social del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria tendrá el carácter de una Escuela Social… y en su artículo 14 organizar la Enseñanza Social, señalando en el apartado 4.- del mismo Los cursos para los particulares que quieran dedicar su actividad a la Organización de Sindicatos, Cooperativas, MutuaIidades, Obras de asistencia, Fundaciones, Oficinas de colocación, Seguros sociales, Universidades populares, Instituciones patronales, etcétera, etc. Quedaba pues creada la Escuela Social y sistematizada prácticamente sus planes de estudios y con facultades para expedir certificados de estudios que servirían como méritos para promocionar en algunos Ministerios, así como para discernir en determinados premios. No había transcurrido un año de la creación de la Escuela Social y de la implantación de sus planes de estudios, cuando el Ministro de Trabajo don Eduardo Aunós Pérez, comunica una Real Orden de fecha 12 de agosto de 1926, que no me resisto a transcribir en su totalidad: Visto el buen éxito de la Escuela Social, en respuesta a las justificadas demandas de sus numerosos alumnos, y en virtud del acuerdo. del Consejo de Cultura social, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

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Artículo 1.° Que el certificado o diploma de estudios a que se refiere el a rtículo22 del Real decreto de creación de 17 de agosto de 1925 consista en el título de Graduado de la Escuela Social. 2.° Que el aprovechamiento en los estudios para obtenerlo, a que se refiere también el mencionado artículo, habrá de estar sometido a las debidas pruebas y prácticas que acordará el Claustro de Profesores y aprobará el Consejo de Cultura Social. 3.º Que, en la misma forma, los cursos de perfeccionamiento a que se refieren diferentes artículos de! Real decreto podrá organizarse en un año más de estudios, aprobados los cuales podrá obtenerse el certificado o título de Graduado superior de la Escuela Social. 4.º Que en el sentido de lo que dispone el artículo 25 del citado Real decreto, los mencionados títulos darán preferencia, en su medida, dentro de los Reglamentos en su caso vigentes y en igualdad de condiciones, para el ingreso, continuación y ascensos en el empleo y funcionamiento de los servicios de carácter estrictamente social de este Ministerio.

En este primer momento vemos como las enseñanzas eran impartidas a quienes hubiesen superado la enseñanza primaria y fuesen mayores de 16 años, así como el haber formalizado la matrícula correspondiente y abonado los preceptivos derechos.

Lo que de Real orden comunico l’V. B. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios, guarde a V. S. muchos años. Madrid, 12 de agosto de 1926. AUNOS Señor director de la Escuela Social de este Ministerio. En este primer momento vemos como las enseñanzas eran impartidas a quienes hubiesen superado la enseñanza primaria y fuesen mayores de 16 años, así como el haber formalizado la matrícula correspondiente y abonado los preceptivos derechos. Dichas enseñanzas se dividían en tres cursos lectivos, a cuya conclusión se expedía un Diploma de estudios de la Escuela Social, mas por este Real Decreto se crean, para los que completaran los tres años de estudio el título de Graduado de la Escuela Social y quienes seguían un año más de estudios mediante cursos de perfeccionamiento obtenían el título de Graduado Superior de la Escuela Social.

Quedaba oficialmente creado el título de Graduado Social. No cabe duda, pues, que el inspirador y redactor tanto del Real Decreto de 17 de agosto de 1925, como la Real Orden de 12 de agosto de 1926 había sido el signante de esta última orden el Ministro de Trabajo Eduardo Aunós Pérez (1), y así se puede corroborar con la lectura del quinto parágrafo del Real Decreto de 17 de agosto de 1925 citado: …El ideal es que España sepa formar debidamente a sus hombres, y sobre todo a los que necesitan para su empeño, cada vez más fuerte, en la cultura y economía mundiales. Que se formen estudiando las Instituciones de otros pueblos en perpetua ascensión humana, mas volviendo siempre los ojos al patrio solar de nuestra rica Historia. Que se formen en la propia obra, haciendo el inventario social de nuestras instituciones, y así de las pretéritas como de las presentes y futuras. Porque la Historia universal es la historia de todos, habrá dé

1. Nació en Lérida el 8 de septiembre de 1894 y fallece en Lausana el 25 de septiembre de 1967. Fue un notable político y pensador , doctor en Derecho, regionalista catalán, secretario de Francisco Cambó, diputado en Cortes en 1916 y 1921, ministro de Trabajo con Miguel Primo de Rivera y presidente de la XIII Conferencia Internacional de Trabajo celebrada en Ginebra. Bajo su mandato ministerial se promulgó el 23 agosto de 1926 El Código de Trabajo, del que él mismo dijera: Por primera vez se presenta un texto legal en el que aparecen, debidamente estructuradas y formando un armónico conjunto, importantes disposiciones que rigen la vida social de nuestro pueblo. Como toda obra orgánica de legislación, por modesta que ella sea, es ésta fruto de las disposiciones promulgadas en épocas anteriores y del caudal de jurisprudencia que concitó su aplicación; pero, además, recoge nuestro Código de Trabajo el esfuerzo realizado por la sociedad misma en la elaboración de las normas directrices que presiden su desenvolvimiento y que aún no habían recibido consagración legal. Exiliado en Francia durante la Segunda República Española, se unió al denominado Alzamiento Nacional, ocupando diversos cargos políticos y diplomáticos durante el Régimen surgido del mismo siendo ministro de Justicia entre los años 1943-1945.

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Artículo empaparnos e inspirarnos en la vida de las múltiples civilizaciones; pero tenemos el deber de reafirmar cada vez con mayor empeño la propia personalidad de ‘nuestro patrimonio, precisamente para enriquecer la historia de la Humanidad con nuestras peculiares aportaciones originales o indelebles. Concluyendo que ese era el propósito que había inspirado el Decreto. Así también serían las disposiciones posteriores al respecto dictadas en materia social y laboral. Dentro del panorama educativo español fue una novedad la creación de las Escuelas Sociales, aunque dependiesen del Ministerio de Trabajo y no del de Instrucción Pública y Bellas Artes, como hubiese sido lo lógico e incardinarlas dentro del ámbito universitario, como hasta fecha muy reciente se ha realizado. Pero era una creación propia del propio ministro Aunós y no quería desprenderse de ellas sino potenciarla dentro de todo lo posible en el ámbito del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, pues eran creadoras de verdaderos especialistas en esa materia, como ya lo demostraba al promulgar el Real Decreto de fecha 4 de febrero de 1929 sobre competencias del Consejo de Cultura Social en materia de Escuelas Sociales cuando al someterlo a la preceptiva aprobación regia manifestaba que aunque no dejaba de ser un mero trámite, pero dado ya la proliferación de resoluciones en materia laboral se hacía necesario transformar el Servicio de Cultura Social del Ministerio de Trabajo y Previsión en el Consejo de Cultura Social al cual se le dotaba de los organismos pertinentes para administrar y dirigir las Escuelas Sociales y elaborar los planes de estudios que en ellas se impartían, expidiendo los títulos correspondientes. Asimismo, habiendo sido aprobada la creación de la Organización Corporativa Nacional (2) que también tenía entre otras de sus funciones la docente y la necesidad de responder a algunas solicitudes formuladas por determinadas Comisiones mixtas de los jurados paritarios para estableces Escuelas Sociales como la de Madrid por su extraordinario y plausible éxito hacía necesario dar cabida como

vocales del Consejo de Cultura Social a miembros de la Organización Corporativa Nacional. Consecuencia de ello fue la Real Orden de 26 de febrero de 1929 por la que se creaba la Escuela Social de Barcelona y se le dotaba de sus Estatutos y el 18 de julio de ese mismo año otra Real Orden creaba la Escuela Social de Valencia. Reiterando por Real decreto-ley de 7 de septiembre de 1929 la dependencia d las Escuelas Sociales del Consejo de Cultura Social del Ministerio de Trabajo y Previsión, constituido, entre otros, por reputados catedráticos de Derecho. Tal era el celo del ministro Aunós por uno de sus principales proyectos. Proyecto que asumiría su sucesor en la cartera ministerial de Trabajo y Previsión Pedro Sangro y Ros de Olano, que transforma el consejo de Cultura Social en el Instituto de Cultura Popular, con personalidad propia dentro del Ministerio y regulándose las enseñanzas de la Escuelas Sociales que se incardinan dentro del recién creado Instituto, regulándose los requisitos para el ingreso en las mismas, la matrícula y la expedición de los correspondiente Diploma o Títulos por una Real Orden de ese mismo mes de octubre, dictándose por Real orden de 18 de diciembre reglas para la interpretación de lo ordenado en las disposiciones que en la misma base indican, referentes a la preferencia que se concede a los Graduados de Escuelas Sociales para ocupar cargos dependientes de los Organismos paritarios y de los servicios de carácter social del Ministerio de Trabajo y Previsión. Una vez producido en nuestra Patria cambio de Régimen el 14 de abril de 1931 y proclamada la II República la primera disposición dictada con respecto a las Escuelas Sociales es una Orden del Ministro de Trabajo de 5 de septiembre de 1931 disponiendo que se establezcan matrículas gratuitas para los obreros que quieran seguir en ellas los cursos regulares que se exigen para obtener el diploma de Graduado y Graduado superior en la forma y condiciones que en dicha orden se dispone. Dictándose un Decreto el 3 de noviembre por el que se organizan los servicios del Ministerio de

2 La Organización Corporativa Nacional (OCN) fue una institución creada por Real decreto-ley de 26 noviembre de 1926 por la Dictadura de Primo de Rivera para regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo según los principios del corporativismo de raíz católica, al estar inspirado por la doctrina social de la Iglesia influido. Su principal impulsor fue el ministro de Trabajo del Directorio civil Eduardo Aunós que pretendía que la OCN fuera una alternativa tanto al liberalismo como al socialismo. La base de la OCN estaba formada por los Comités Paritarios integrados por cinco representantes de los trabajadores y cinco de los empresarios de cada oficio o profesión, bajo la presidencia de un representante del gobierno, que debían acordar las Bases de Trabajo, a las que se debían adaptar los contratos de trabajo.

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Artículo Trabajo, pasando a depender el Servicio de Cultura Social de la Subsecretaria del citado Ministerio y por ende las Escuelas Sociales. De nuevo se regulan las competencias y organización del Servicio de Cultura Social al aprobarse el reglamento general de los Servicios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por Orden de 31 de mayo de 1932, permaneciendo incluidos en el mismo las Escuelas Sociales. Un hecho transcendental para las Escuelas Sociales y para los estudios que en las mismas se impartían es el Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1933 en el que se disponía: A propuesta del presidente del Consejo de Ministros y de acuerdo con éste, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.° A partir de 1,° de Agosto próximo pasarán a depender del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes las Escuelas Sociales actualmente organizadas en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conforme al artículo 24 del Reglamento general de los servicios de este último Departamento de 34 de Mayo de 1932, así como las Comisiones de Cultura Social y los servicios administrativos en relación con las mencionadas Escuelas a que hacen referencia los artículos 23 y 24 del citado Reglamento. Quedarán, pues, adscritas solamente al Servicio de Cultura Social dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las dos Secciones: primera, Bibliografía y de Informaciones, y segunda, Publicaciones del Ministerio. Artículo 2. ° Simultáneamente con las Escuelas Sociales pasará a depender del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes el personal que actualmente constituye el Profesorado y Secretariado de ellas, en las condiciones que determina su Reglamento. Artículo 3. ° Los créditos consignados en el capítulo 1. °, artículo 7. °, de la sección novena de los Presupuestos de gastas generales del Estado, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, continuarán figurando en la misma sección del Presupuesto hasta fin del ejercicio económico corriente, pero a partir de 1. ° de agosto serán librados por Ordenes del Ministerio de. Instrucción pública y Bellas Artes, el cual incluirá en el proyecto de su presupuesto para el ejercicio económico venidero las consignaciones que considere precisas para la dotación del servicio de que se trata.

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Artículo 4. ° Por los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Instrucción pública y Bellas Artes y de Hacienda, se dictarán las disposiciones oportunas para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. Ya los Graduados en las Escuelas Sociales tenían preferencias para ocupar cargos dependientes de los Organismos paritarios y de los servicios de carácter social del Ministerio de Trabajo y Previsión, ahora la orden de 6 de junio de 1932 venía a aumentar sus competencias al disponer: …Que para la provisión de las vacantes que se produzcan en las plazas de Secretario o de Oficiales y Auxiliares de las Secretarías de los Jurados mixtos, éstos abrirán un concurso público por el plazo de un mes, en el que podrán tomar parte quienes acrediten conocimientos relacionados con la actividad industrial o agrícola del país y la legislación social. Serán preferidos en dichos concursos: … b) Los graduados de las Escuelas sociales… Con la excusa de que: Las dificultades que representa el traslado rápido al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en el momento de la inminente apertura ele curso de las Escuelas Sociales dependientes del Ministerio de Trábalo y Previsión Social, hasta el Decreto de esta Presidencia de 21 de julio del corriente año, y sea cualquiera la reforma a que hayan de cometerse, en definitiva, aconsejan mantener el régimen a que venían sometidas basta la disposición mencionada. Es la única manera de no dislocar las Escuelas Sociales, que habrían de pasar, sin locales y sin material administrativo y docente, al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes -que no tiene presupuesto para instalarla y mantenerlas debidamente-, separándolas del servicio de Cultura. Social, que con su. rica bibliografía y sus colecciones documentarías de libros, revistas, estadísticas, legislación y Estatutos, habría de quedar en el Ministerio de Trabajo a que pertenece. El carácter peculiarísimo de estas enseñanzas, dedicadas a preparar muy especialmente para el ejercicio del Servicio Social a los funcionarios, a los patronos, a los obreros y a ‘cuantas personas se interesen prácticamente en una acción tan propia de nuestro ‘tiempo, no sólo no se opone, sino que más bien abona el enunciado propósito Por lo tanto, con la exposición anterior un nuevo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministro venia a establecer en su Artículo 1.° Queda derogado el Decreto de la .Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de ..Julio próximo pasado,

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Artículo que adscribió al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes las Escuelas Sociales organizadas por él Ministerio.de Trabajo y Previsión Social, con lo que quedaba derogado el Decreto de 21 de julio y de nuevo las Escuelas Sociales quedaban de nuevo en el organigrama del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a todos los efectos. Se había perdido una gran oportunidad de la integración de las Escuelas Sociales en el ámbito universitario. No creo que lo expuesto como excusa para la derogación del Decreto de integración sean las verdaderas causas, sino que las tensiones dentro del gabinete republicano hicieran que el Ministerio de Trabajo no quisiera perder uno de sus más preciados logros.

dos de las Escuelas Sociales. También podrán ser nombrados vicepresidentes los que posean otros títulos académicos o facultativos relacionados con la profesión n regi^^ por el Jurado mixto die que se trate.

La creación de la Comisión de Estadística Social, cuya finalidad de estudiar la forma de obtener de una manera rápida y completa una información sobre los salarios reales y el nivel de vida de los trabajadores españoles de distintas profesiones, oficios, localidades y medios sociales, y llevar la alta dirección de los trabajos de recopilación y análisis de dichos datos estadísticos mediante el Decreto de 28 de noviembre de 1933 establecía que entre sus componentes se encontrasen representantes de las Escuela Sociales.

Queda, por esta Ley, confirmada la inamovilidad de los secretarios y personal auxiliar que haya sido nombrado mediante concurso y de aquellos que sin concurrir este requisito sean graduados de Escuelas Sociales.

Se establece mediante Orden de 9 de diciembre de 1933 la importancia de las publicaciones que realice la Escuela Social de Madrid. Durante la II República, el 27 de noviembre de 1931, se aprueba la Ley sobre los Jurados mixtos organismos de regulación de las relaciones laborales integrados por patronos y obreros, y creados por la reforma laboral de Largo Caballero (UGT). Se basaron en los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera, en los que también intervino la UGT, así como medidas legislativas anteriores comenzadas en 1873. En 1935 el 16 de julio se dicta una nueva Ley disponiendo que por el Ministro de Trabajo podrá autorizarse la constitución de Jurados mixtos para determinadas industrias. En ella se regula los órganos que han de componerlos y entre otros: el cargo de vicepresidente del Jugado mixto será de libre nombramiento del Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión; pero deberá recaer su designación, precisamente, en personas mayores de treinta años y que sean: funcionarios… gradua-

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Los secretarios de los Jurados mixtos serán nombrados por concurso-oposición, en el que serán considerados como méritos el ser graduado de las Escuelas sociales o haber seguido cursos universitarios de Derecho del Trabajo o Política Social. En lo sucesivo el ingreso como funcionario técnico administrativo en los Jurados mixtos se hará por concurso, en que tendrán preferencia…los graduados de las Escuelas sociales.

Va adquiriendo importancia la figura del Graduado en la Escuela Social como técnico en materia laboral, y así se consolida dicha importancia cuando por Decreto de 29 de agosto siguiente se aprueba el texto refundido de la legislación sobre Jurados mixtos. Aprobándose un nuevo plan de enseñanza para las Escuelas Sociales, así como un sistema de convalidaciones de asignaturas para alumnos provenientes de otras carreras por la Orden de 12 de septiembre de 1935, anulándose, por tanto, el plan de estudios de 19 de octubre de 1930. En la revisión de los departamentos ministeriales realizada en cumplimiento de la Ley de 1 de agosto y el Decreto de 28 de septiembre de ese año de 1935, donde ya el Ministerio de Trabajo había asumido las competencias de Justicia y Sanidad el tratamiento a los Graduados en las Escuelas Sociales se ve confirmado. Dándose un paso cualitativo con el Decreto de 12 de octubre de 1935 que modifica la Ley de 13 de mayo de 1932 y el Reglamento de 23 de junio del mismo año, para la debida reorganización de las Delegaciones provinciales de Trabajo que en su artículo 65 dispone: En las oposiciones para proveer vacantes de Inspectores Delegados se seguirán dos turnos: uno de oposición libre directa y otro entre Inspectores Auxiliares, salvo lo dispuesto en el artículo 3.6 adicional. Una vez verificadas las oposiciones a que se refiere el artículo 3. ° adicional, para tomar parte en oposiciones a

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Artículo Inspectores-delegados será necesario poseer título facultativo universitario o ser Graduado dé Escuela Social. Era un reconocimiento a una labor y a unos estudios que para el Ministerio de Trabajo eran equiparables a una titulación universitaria. Curiosa es la Orden del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad del 14 de Octubre de 1935, ya que por la ley de Restricciones de 1.° de Agosto de 1935, la reorganización de los servicios de Trabajo y Previsión de dicho Ministerio había que reducirlos a fin de acomodarlos a las nuevas formulas presupuestarias del Estado, pues, dentro de esa autoridad se estaba planeando está la supresión de las Escuelas Sociales, por lo que en lo sucesivo el diploma de Graduado Social no se concediera, más que el Servicio de Cultura Social de dicho Ministerio. Disponiendo así Que las Escuelas Sociales de provincias no acepten matrícula de alumnos para el curso 1935-36, sin hacerles leer y firmar el enterado de esta disposición, con el propósito, bien entendido, de que los alumnos que a pesar de lo que se dice en el preámbulo insistieren en matricularse les valdrán los oportunos resguardos para cursar, en su caso, las asignaturas en cuestión por enseñanza oficial o libre en el Servicio de Cultura Social de Madrid.. Era un paso atrás en las enseñanzas de las Escuelas Sociales y un hándicap para quienes quisieran estudiar en provincias, obligatoriamente los exámenes habrían de realizarlos en Madrid, un retroceso en los estudios sobre Derecho de Trabajo, Seguridad Social y otras materias laborales y sociales que en dichas Escuelas se impartían. Confirmándose dicha funesta noticia con la publicación del Decreto de 30 de octubre que aprobaba el Reglamento de los Servicios generales del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad y de los especiales de Trabajo y Acción Social al disponer en su artículo adicional segundo: Se declaran suprimidos los siguientes organismos: Delegaciones del Consejo de Trabajo y Escuelas Sociales. Las enseñanzas sociales de estas últimas se darán en lo sucesivo por el Servicio de Cultura social del Ministerio, que adoptará a este respecto el carácter de una Escuela de Enseñanzas sociales con los elementos que hasta ahora formaban la Escuela Social de Madrid.. Continuando con ese deseo de finiquitar dichos estudios se publica la Orden de 23 de noviembre autorizando a los Claustros de Profesores de las Escuelas Sociales y a sus Directores y Secretarios

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para que en plazo improrrogable que expirará el 31 de Diciembre próximo, examinen a los alumnos que lo soliciten de las asignaturas en que hayan sido matriculados en el curso 1934-35, y asimismo examinen y juzguen sus Memorias y les concedan los debidos ¡diplomas de Graduados, si los merecieren; y hagan entrega al final de dicho plazo la documentación, los archivos y los fondos que les resten de las Escuelas al Servicio de Cultura Social del Ministerio. Aunque con esa misma fecha también se publica otra Orden disponiendo que para expedirse el diploma de Graduado Social se precisa justificar el poseer el conocimiento de alguno de los idiomas francés, inglés o alemán. Y que en las Escuelas donde no hubieren impartido ninguna clase de idiomas se admitirán a este efecto, los certificados de haber aprobado cualquiera de dichas lenguas, expedidos por Institutos de Segunda enseñanza, Escuelas especiales y demás Centros oficiales docentes, el de haber aprobado uno de los tres idiomas en ejercicios de oposiciones y, en último extremo, con certificados de Escuelas o Academias de idiomas de reconocida competencia y garantía. Era un reconocimiento explícito de la altura de dichas enseñanzas. Más poco duró ese intento de anular las Escuelas Sociales, pues una Orden de 23 de diciembre excluía a la Escuela Social de Barcelona de lo dispuesto en las Órdenes de 14 de octubre y 23 de noviembre, así como lo dispuesto en la Orden de 29 de febrero de 1936 en la que se deroga el Decreto de 30 de octubre de 1935 y como se habían prorrogado los presupuestos generales del Estado y se había procedido a reorganizar el Ministerio de Trabajo, asumiendo además solo la Sanidad y la Previsión de Decreto de reorganización autoriza en su artículo 37 para organizar cursos regulares con preferencia donde hubiesen existido Escuelas Sociales, siempre que lo permitan los fondos disponibles, el Ministerio dispuso que continuasen en funcionamiento las Escuelas Sociales fie Valencia, Zaragoza, Granada y SEVILLA. La Guerra Civil comenzada en el mes de julio de 1936 supuso un paréntesis en la labor legislativa sobre las Escuelas Sociales, que no se reanudaría hasta marzo de 1940.

Continuará.

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Felicitaciones Institucionales

veces gracias El año que cumplimos 50 años lo celebramos con otra efeméride, publicamos el número 100 de nuestra revista Justicia Social. Con motivo de estas celebraciones, distintas instituciones que han recorrido este camino junto a nosotros se han querido pasar por estas páginas para dejarnos su felicitación. 100 veces gracias a todos y a todas, vuestras palabras nos dan fuerzas para seguir trabajando para sacar al menos 100 números más.

Agencia Tributaria Delegada Especial en Andalucía, Ceuta y Melilla Pilar Fernández Marín

esencial e indispensable y por ello, mi más sincera gratitud a todos y cada uno de vosotros y mi enhorabuena al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla por su 50 Aniversario.

Queridos colegiados: Como máximo responsable de la Agencia Tributaria en Andalucía, quisiera felicitaros por el extraordinario ejemplo de compromiso, profesionalidad y solidaridad que estáis demostrando en estos momentos en que nuestra sociedad se encuentra inmersa en una crisis de naturaleza y efectos sin precedentes.

Archidiócesis De Sevilla Arzobispo Juan José Asenjo Pelegrina

Los conocimientos de la técnica y de la ciencia jurídica laboral que poseéis os convierten en valedores de las actuaciones que se realizan en el complejo mundo de las relaciones laborales lo que, unido a una inquietud permanente por una formación transversal en materias, como la tributaria, con una evidente repercusión y correlación con el ámbito socio-laboral, permiten un desempeño más completo de vuestra actividad profesional. Una profesión como la vuestra, basada en la solidaridad bajo el principio de la Justicia Social refleja su carácter

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Felicito al Colegio Oficial de Graduados Sociales en su 50 aniversario. Les felicito también por haber alcanzado la publicación nº 100 de su revista Justicia Social y por el servicio que ha prestado a lo largo de estos años al mundo del Derecho en el ámbito de trabajo de los Graduados Sociales. Les deseo que sigan por muchos años más prestando ese magnífico servicio al bien común, al mismo tiempo que les sugiero que se inspiren en los principios inamovibles de la Doctrina Social de la Iglesia contenidos en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, verdadero venero de la auténtica justicia social y fecunda inspiración del mejor humanismo. Reitero a todos los colegiados mi felicitación y saludo cordial.

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Felicitaciones Institucionales Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) Presidenta Ana Gómez Hernández Como presidenta de Asnala, una asociación de la que forman parte numerosos graduados sociales es un honor para mí participar en este número tan especial de la revista Justicia Social. Me gustaría felicitar a todos los laboralistas, y especialmente a todos los graduados sociales por el extraordinario trabajo realizado durante los duros y agotadores momentos vividos durante el pasado año 2020. Mención especial para el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla que ha cumplido sus cincuenta años coincidiendo con este reconocimiento hacia la labor esencial desarrollada por esta profesión, en la gestión de las medidas laborales adoptadas para paliar los efectos de la pandemia ¡Enhorabuena!!

Ateneo de Sevilla Presidente Alberto Máximo Pérez Calero El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, desde su fundación en 1970, viene realizando una extraordinaria labor dirigida no sólo a sus colegiado, a los que ayuda con una constante labor a través de cursos, seminarios, conferencias, jornadas, mesas redondas… sino que desde hace 50 años, como profesión jurídica que es, desarrolla importantes actuaciones en materia social y laboral que repercuten muy positivamente en los ciudadanos a los que se deben y siempre al servicio de Sevilla. Los Graduados Sociales, como profesionales altamente cualificados, asesoran jurídicamente en materia sociolaboral al ser expertos en Relaciones Laborales, Sociología y Recursos Humanos. Sus labores como consultores en Derecho Laboral, Asesoría Fiscal y Derecho Social, desde que estalló la pandemia del coronavirus hace ahora un año, ha demostrado que su función es esencial, lo que la ciudadanía valora en gran manera. Buena muestra de ello ha sido la concesión de la Medalla de Sevilla que el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le otorgó por unanimidad con motivo de su Cincuenta Aniversario. Esta función de servicio a la sociedad se refleja además en su revista ‘Justicia Social’, que cumple cien publicaciones aportando artículos, entrevistas y cuenta con firmas invitadas, entre las que tengo que honor de participar.

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En mi nombre y como Presidente del Excmo. Ateneo de Sevilla, me uno con la Junta Directiva que presido para felicitar de todo corazón al Colegio Oficial de Graduados Sociales al que le deseamos una larga y fructífera andadura y muy especialmente a su Presidente, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Barrera Hurtado.

Audiencia Provincial de Sevilla Presidente Colegiado de Honor Oro COGS Sevilla Manuel Damián Alvarez García Sirvan estas líneas para expresar mi felicitación más sincera al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla –del que soy miembro honorario-- por su cincuenta aniversario, y mi enhorabuena más cordial al Consejo Editorial de la Revista Justicia Social por haber alcanzado el centenar de números publicados en su última etapa. Al mismo tiempo, agradezco sinceramente que el referido Consejo haya contado conmigo, pese a mi escasa vinculación profesional con la Jurisdicción Social, invitándome a participar en la indicada conmemoración, demostrativa de la preparación, dedicación y esfuerzo de quienes han logrado sacar adelante una publicación puntera en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y destinada a los integrantes de una profesión pujante y de singular relevancia social y jurídica.

Audiencia Provincial de Sevilla Fiscal Jefe Luis Fernández Arévalo Desde la Fiscalía Provincial de Sevilla y en nombre de todos sus fiscales me honro en felicitar al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, en el 51 aniversario de su fundación, así como a todos sus colegiados, con ocasión del hito que representa el alcanzar el número 100 su revista Justicia Social. Dicha revista constituye sin duda un instrumento esencial de comunicación de la vida colegial y de la propia repercusión cívica -consolidada pero creciente- del colectivo de graduados sociales dentro del esquema general de operadores jurídicos en nuestra querida provincia de Sevilla; y a la par un foro divulgativo de máxima trascendencia en el ámbito jurídico propio del orden jurisdiccional social. Por todo ello, os remito un afectuoso saludo fraternal, y mis deseos de que la Revista persista en su relevante trayectoria institucional.

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Felicitaciones Institucionales Audiencia Provincial de Sevilla Letrado de la Administración de Justicia Director de Servicios Comunes Colegiado de Honor Oro COGS Sevilla Luis Revilla Pérez

blicación que es de obligada lectura para quienes el mundo del trabajo ocupa de manera fundamental una parte importante de nuestra vida.

En primer lugar aprovecho la oportunidad que se me brinda para felicitar al Consejo de redacción de la Revista Justicia Social, del Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Sevilla con motivo de la publicación de su número centenario, así como, a la Institución por la celebración, aunque frustrada por mor del CV19, de su 50 Aniversario de brillante y fructífera andadura.

Manifestaros nuestra disposición a seguir colaborando en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, así como del conjunto de la sociedad sevillana.

La revista, en la que en varias ocasiones tuve el honor de publicar y que periódicamente recibimos quienes afortunadamente pertenecemos al colectivo, (al que me honro pertenecer como Colegiado de Honor) supone una verdadera ventana de frescura y pluralidad, sin olvidar su indudable contenido de carácter jurídico no solo referido a la rama social del Derecho, gracias a su carácter multidisciplinar. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que se trata de una revista completa, en la acepción más amplia del término. Combina, junto a su editorial, y al margen de sus inmejorables detalles fotográficos, aspectos de la vida colegial a nivel nacional, autonómico y provincial, reportajes de actualidad, entrevistas a profesionales de relevante y rabiosa actualidad, artículos jurídicos de hondo calado, completada igualmente por reseñas jurisprudenciales novedosas, sin olvidar nunca el aspecto humano de la profesión, contribuyendo a dotar de mayor visibilidad a un colectivo de la máxima relevancia en la jurisdicción social, contribuyendo de forma decisiva a la pujanza de esta profesión jurídica, ejemplo de adaptación a los múltiples y recientes cambios. No pudo tener mayor acierto quien denominó a la publicación con el lema profesional: Justicia social. Con mis deseos de poder seguir disfrutando de la lectura por muchas ediciones más. Un fuerte abrazo para el querido colectivo de Graduados Sociales de Sevilla.

CCOO Sevilla Secretario General Alfonso Vidán Martínez Felicitar al Colegio de Graduados Sociales de Sevilla y al equipo del Consejo Editorial de la Revista Justicia Social al llegar al número 100 de una pu-

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Poner en valor su rigor, su compromiso y su amplitud de miras que ha contado con CCOO de Sevilla en muchas ocasiones a lo largo de estas 100 publicaciones.

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla Presidente Práxedes Sánchez Vicente Como presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y en nombre de todos los socios de mi institución, aprovecho gustoso la oportunidad que me ha brindado el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y la Revista Justicia Social para trasladar mis más sinceras felicitaciones en el 50 aniversario de fundación de un colectivo tan importante como es el de los graduados sociales que ha realizado una gestión crucial en este último año. Gracias de corazón por el esfuerzo ímprobo que habéis realizado en beneficio de muchas empresas que han solicitado vuestra ayuda y asesoría y por haberos sabido adaptar y aportar soluciones ante los cambios en la normativa laboral actual. Para el Círculo Mercantil que se siente muy cerca del Colegio Oficial de Graduados Sociales es una gran tranquilidad contar con vuestra profesionalidad. Estamos convencidos que serán muchos años más al frente de esta labor. Felicidades.

Colegio de Abogados de Sevilla Decano Óscar Cisneros Marco En nombre de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla y como Decano, en el mío propio, quiero felicitar y dar mi mas sincera y cordial enhorabuena al Colegio de Graduados de Sevilla por cumplir los 100 ejemplares de su revista corporativa Justicia Social, lo que transmito con especial cariño al Colegio hermano del de los Abogados sevillanos en la confianza de que seguiremos con la misma sinergia que ha presidido nuestras relaciones.

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Felicitaciones Institucionales Colegio de Médicos de Sevilla Presidente Alfonso Carmona Martinez Desde la Profesión Médica y en nombre de la corporación que presido, el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, quiero hacerles llegar mi felicitación más sincera por estos 50 años al servicio de la sociedad sevillana con vuestro lema de cabecera JUSTICIA SOCIAL. Cumplir años siempre está bien y en este caso, si es al servicio de los demás y de nuestra profesión, lo que produce es una satisfacción inmensa. Los Colegios Profesionales somos fundamentales para el desarrollo y regulación de nuestras competencias profesionales, por ello nos sentimos cerca y valoramos el esfuerzo y el trabajo que hacéis. Nuestras corporaciones avanzan y crecen cumpliendo años, vuestro colegio es un pilar fundamental en el ámbito jurídico socio-laboral. Es una de las tres profesiones jurídicas legitimadas para intervenir en los procesos judiciales con abogados y procuradores. Esto os hace profesionales esenciales en vuestro ámbito de actuación. ¡Enhorabuena por estos 50 años!

Colegio de Procuradores de Sevilla Decana Isabel Escartín García de Ceca Desde el Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla queremos felicitar a todo el colectivo de Graduados Sociales por su excepcional trabajo en defensa de los trabajadores, especialmente en este último año, que nos ha traído innumerables medidas laborales dictadas para intentar paliar los graves efectos sobre la economía y el empleo, siendo los Graduados Sociales pieza clave en el desarrollo y garantes del legal cumplimiento de las mismas.

Colegio Oficial de Administradores de Fincas Presidente José Feria Moro En mi calidad de Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, me complace felicitar a la Revista Justicia Social al cumplir 100 números, siendo la misma un referente para todos los Graduados Sociales, profesión también esencial como la que represento, la cual ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad, sobre todo durante la crisis sanitaria que

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padecemos desde hace casi un año. Como expertos en material socio-laboral y empresarial habéis desempeñado un papel fundamental para aplicar las medidas que han afectado a los trabajadores, y que excepcionalmente ha ido adoptando el Gobierno durante la pandemia. Enhorabuena por el trabajo realizado y por el espíritu de servicio que lleva implícita la profesión de Graduado Social.

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla y Provincia Presidente Miguel Arrebola Medina Quisiera aprovechar esta ocasión que amablemente me brinda el Colegio de Graduado Sociales, como representante del colectivo de Agentes Comerciales dar mi enhorabuena por llegar a la edición numero 100 de vuestra revista colegial Justicia Social , la cual durante estos últimos años ha servido de herramienta para informar todo lo relativo a vuestra profesión. Esta fecha os debe servir para valorar especialmente la labor desarrollada y destacar la consolidación de seguir publicando muchos números más y continuéis con vuestra tarea tan necesaria para nuestra Sociedad y mas en los tiempos de pandemia que corremos.

Colegio Oficial de Farmacéuticos Provincia de Sevilla Presidente Manuel Pérez Fernández Atendiendo la amable invitación, y el honor que me hacen, participo muy gustosamente en el número 100 de la Revista Justicia Social, todo un referente en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que periódicamente tienen la deferencia de remitirnos a nuestro Colegio y que recibimos y leemos con sumo interés. Los tiempos que nos han tocado vivir están siendo convulsos, y la terrible pandemia que nos asola nos obliga a redoblar esfuerzos para cumplir con nuestras tareas profesionales. Los Farmacéuticos, como profesionales esenciales, conocemos los tremendos esfuerzos que los Graduados Sociales, que también lo son, han de desarrollar a diario en la gestión de las medidas laborales adoptadas por las autoridades a fin de asesorar y paliar los efectos de la pandemia. Muchísimas felicidades por estos 100 primeros números, y por vuestro 50º aniversario y, sobre todo, muchísimas gracias por vuestra labor diaria que tanto facilita la nuestra.

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Felicitaciones Institucionales Un fuerte abrazo para la Junta de Gobierno y todos los colegiados.

Colegio Oficial de Químicos de Sevilla Decano Miguel Ternero Rodríguez El Ilustre Colegio de Químicos del Sur felicita al colectivo de Graduados Sociales y a su revista Justicia Social en la celebración de su joven centenario. Los anima para que sigan ejerciendo de Mediadores en estos críticos tiempos de pandemia, cuya labor que desarrollan es magnífica, y que prosigan luchando por mantener los retos que favorecen una mejor organización del tiempo, pues con ello se mejoran la conciliación, la productividad del tejido empresarial, y la calidad de vida de todos nosotros.

Colegio Profesional de Economistas de Sevilla Decano- Presidente Francisco J. Tato Jiménez Es para mi un verdadero honor como Decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, escribir unas líneas en el número 100 de vuestra preciada y reconocida revista Justicia Social. Cumplir 100 números en estos momentos, en que asistimos día a día a la quiebra de todo lo que hemos venido considerando como habitual, cobra especial importancia y genera especial satisfacción presenciar como con el esfuerzo y tesón diario es posible salir adelante. Además, es de Justicia Social reconocer el enorme esfuerzo que el colectivo de Graduados Sociales está realizando en esta crisis sanitaria. De recibo es reconocer el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, pero no menos importante es el esfuerzo realizado por los Graduados Sociales para estar permanentemente al día en las continuas reformas legislativas en materia laboral que se han producido en el último año, y prestar un precioso servicio a la sociedad, para posibilitar que miles y miles de trabajadores pudieran acceder puntualmente a sus prestaciones. Hemos compartido muchos años de vecindad en la calle Amor de Dios y años de complicidad de ambos colectivos y sus Juntas de Gobierno, que siguen vivos en la actualidad, a pesar de no ser vecinos, situación que espero perdure durante mucho tiempo, al igual que la continuidad de vuestra revista. ENHORABUENA Y A POR 100 NÚMEROS MÁS.

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Confederación de Empresarios de Sevilla Presidente Miguel Rus Palacios Quiero felicitar al Consejo Editorial de la Revista Justicia Social por sus 100 números dando voz a los Graduados Sociales y por sus interesantes contenidos, lo que le ha convertido en la publicación de referencia en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, me gustaría aprovechar estas líneas para dar las gracias a todos los miembros de este colectivo por su intenso trabajo diario y su gran aportación a la sociedad, que tan bien refleja Justicia Social. Especialmente, quiero destacar el enorme esfuerzo de los Graduados Sociales durante la pandemia, en la que han gestionado el mayor porcentaje de las medidas laborales adoptadas por el gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Enhorabuena a todos. Seguimos adelante.

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta Presidente Colegiado de Honor Oro COGS Sevilla José Blas Fernández Sánchez En sí mismo, la conmemoración de cumplir el número 100 de la revista Justicia Social no hace a la misma ni mejor ni peor en comparación con todos los números de ésta inmediatamente anteriores, pero resulta una ocasión privilegiada para recapitular sobre sus logros, celebrar su mecanismo editorial y comprobar que han hecho con ella una herramienta que representa el parecer y la visión de un cuerpo, como son los Graduados Sociales de Sevilla, que cada día se esfuerzan y profundizan sobre el magnífico papel que la revista posee y el impacto que la misma tiene ante los juristas y profesionales del Derecho. Mi felicitación más sincera, porque Justicia Social es un icono para el mundo jurídico-laboral.

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Felicitaciones Institucionales Consejo Económico y Social de Sevilla Presidenta Colegiada de Honor Oro Cogs Sevilla Milagro Martín López Hace aproximadamente un año la sociedad se enfrentaba a un futuro prometedor con las esperanzas puestas en nuevos retos y proyectos, entre los que se encontraba la celebración de los 50 años de vuestra Corporación. Sin embargo, éstos se vieron truncados por la llegada y expansión del virus. Las consecuencias de la enfermedad en la economía y sus repercusiones en el empleo, y por ende en la sociedad, han sido la otra cara de la pandemia. Durante ese tiempo, a la vez que nos íbamos familiarizando con el COVID-19, la vida de muchos profesionales, Graduados Sociales, se convirtió en una carrera de fondo consistente en tramitar recursos vinculados a ceses de actividad, ERTES, subvenciones, líneas ICO o similares. Expedientes que, en un principio, llevaban la dificultad añadida de la inseguridad jurídica asociada a los continuos cambios normativos y a la incertidumbre por el devenir acelerado de los acontecimientos. Más allá del esfuerzo realizado, detrás de cada dossier estaba una persona, una familia, un hogar al que el graduado social tenía que transmitirle una esperanza. Circunstancias como éstas, nos brindan la oportunidad de reconocer el trabajo esencial de un grupo de hombres y mujeres que han hecho del servicio a los demás su forma de vida y su profesión. Personas acostumbradas al trabajo y al esfuerzo, que saben lo que representan los obstáculos que impone una cierta ordenación social y lo que cuesta obtener el reconocimiento que socialmente se merecen. Merecimiento que ha llegado con el tiempo al ser recogida legalmente su posición como operadores jurídicos establecidos. Más allá de un reconocimiento por vuestra labor durante estos cincuenta años, que queda fuera de cualquier duda, nos corresponde un agradecimiento por vuestra generosidad, responsabilidad y compromiso con la Justicia Social y la sociedad.

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España Presidente Ricardo Gabaldón Gabaldón Quiero resaltar la efeméride del 50º Aniversario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, que

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junto a la edición del nº 100 de su revista, reflejan el extraordinario trabajo realizado por los Graduados Sociales sevillanos a lo largo de todos estos años, situando a este colectivo en una posición prominente, no solo en lo referente a los asuntos que tenga que ver con las Relaciones Laborales y la Jurisdicción Social, sino también dentro del papel que desempeña en la sociedad civil sevillana. Todo lo anterior confirma que el trabajo en equipo es el único camino posible para progresar. Este aniversario coincide con un año que pasará a la historia por su crudeza y complejidad, que ha puesto y que sigue poniendo en jaque a toda la humanidad. También ha llevado al límite a muchas profesiones, como la nuestra, que ha contribuido de una manera ESENCIAL a que millones de trabajadores, autónomos y Pymes puedan solicitar y tener acceso a unas prestaciones que de no ser por los Graduados Sociales les hubiera resultado imposible obtener, ayudándoles a superar una situación que jamás hubiéramos pensado vivir ninguno de nosotros hace menos de un año. Por todo ello, quiero agradecer a todos los Graduados Sociales de Sevilla su compromiso con esta profesión, con nuestra Nación cuando más nos ha necesitado y con la Justicia Social. No tengo palabras para expresar mi reconocimiento a todos los compañeros, al Colegio de Sevilla, a su presidente y miembros de Junta de Gobierno, por todo el trabajo realizado en jornadas agotadoras e interminables. Gracias por colaborar codo con codo con este Consejo General y hacernos participes en muchas ocasiones de los actos que se reflejan en las páginas de su magnífica revista Justicia Social. Gracias a todos.

Consejo General del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta Representante Sala de lo Social de Sevilla del TSJA Presidenta Colegiada de Honor Oro COGS Sevilla María Begoña Rodríguez Álvarez Cuando la revista Justicia Social comenzó la andadura de esta época, nadie podía imaginar que su número 100, coincidiría con las circunstancias malhadadas actuales que han revolucionado la sociedad y a todos nos preocupan tanto. Ya es un mérito notorio de cualquier publicación llegar al número 100, pero llegar a este número una revista que ha colaborado en dar a conocer la profesión de los Graduados Sociales y sus funciones dentro de la rama social del derecho, merece una felicitación pública.

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Felicitaciones Institucionales Vaya con estas lineas la mía, acompañada del reconocimiento a todo el colectivo de su labor en la aplicación de las medidas legales adoptadas para gestionar la pandemía, y acompañada también del deseo de que las celebraciones merecidas y pospuestas del 50 aniversario del Colegio, puedan recuperarse pronto, y dar de ello de cuenta la revista en un número especial.

Consejo General del Poder Judicial Vocal María de los Ángeles Carmona Vergara En el 50 aniversario del colegio oficial de graduados sociales de Sevilla me gustaría expresar mi más sincera felicitación a todos y cada uno de sus integrantes así como mi admiración al esfuerzo que durante todos estos años han demostrado por conseguir una justicia social más igualitaria. Hemos sido testigos en los órganos judiciales especialmente en estos meses de crisis sanitaria del carácter esencial de Cuerpo de graduados sociales en la protección de los derechos laborales sirviendo de apoyo y consuelo a miles de trabajadores que por desgracia están sufriendo momentos realmente graves en sus vidas. Por ello nuestro reconocimiento es aún mayor, como no podía ser de otra forma, y coincidiendo con el número 100 de la revista JUSTICIA SOCIAL, enviamos nuestra más alta consideración.

CSIF Unión Provincial de Sevilla Presidente Provincial Rosendo Martínez Colorado Estimados Amigos: Reciban mi felicitación y la de todo CSIF Sevilla por la edición delos 100 números de la Revista Justicia Social. Aprovecho igualmente, para solicitarle haga llegar a todos los colegiados nuestro reconocimiento por la encomiable labor que vienen realizando en estos tiempo de pandemia. Cordiales saludos.

Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Por mi trabajo y dedicación, en mi condición de Profesor del Derecho del Trabajo de la Universidad Hispalense, en los años 80 y en algunos períodos posteriores, en relación con los títulos universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, he valorado el esfuerzo encomiable realizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales, así como la difusión de importantes y frecuentes trabajos en torno a dicha disciplina, de los que soy conocedor en muchos de ellos y ha significado

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una participación muy positiva para la gestión y colaboración en la solución de los conflictos. De una manera muy especial y singular su aportación en la gestión de las medidas laborales adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. Mi felicitación más efusiva y cordial al Colegio de Graduados Sociales en su 50 Aniversario y a la revista Justicia Social en su número 100 que avala su importante trayectoria.

Embajada de España en Argentina Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social José Castro Navas De mi mayor consideración: Como Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Argentina y después de una dilatada carrera como Inspector de Trabajo y Seguridad Social conviviendo profesionalmente con los Graduados Sociales de Sevilla, quiero sumarme a la celebración por alcanzar la Revista Justicia Social los 100 números y aprovechar para expresar públicamente que todo lo aprendido estos años en el ámbito de las relaciones laborales, en el que la labor de los Graduados Sociales es un pilar social, ha sido mi guía y fundamento en esta responsabilidad más allá de nuestras fronteras. Hoy me congratulo al comprobar cómo la profesionalidad de los Graduados Sociales contribuye de forma principal y eficaz a la aplicación del orden social en un tiempo plagado de obstáculos debido a la pandemia que sufrimos mundialmente. Desde estas tierras porteñas, un saludo muy especial para la anterior y actual Junta Directiva del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, con sus respectivos Presidentes, Rafael y José Ramón. Enhorabuena, un fuerte abrazo.

Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla Decano Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Presidente Alejandro Díaz Moreno La coincidencia de los 100 números de Justicia Social y los 50 años de recorrido del Excmo. Colegio Oficial de GGSS no es una mera casualidad. Los diez lustros del Colegio hubieran dado para construir una verdadera historia reciente de nuestra ciudad, de avances sociales, de nacimiento de principios e ideales y de crecimiento de convicciones cimentadas en el anhelo de justicia. El reflejo gráfico de la esencial labor llevada a cabo por

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Felicitaciones Institucionales el Colegio no recoge sino una breve imagen de una ingente labor. Son muchas las líneas trazadas y muchos los esfuerzos que han permitido escribir páginas extraordinarias de dignidad y trabajo. Pero, sin poder aglutinar todas las experiencias vividas, es la crónica, la narración de una parte de la historia del Colegio, de las personas que han pasado y de las que nos acordamos, de las labores que han dejado huella entre aquellos que han necesitado de la ayuda de sus colegiados. Celebramos, pues, y lo hacemos con emotividad y con esperanza, el centenar de ocasiones en que la Revista ha visto la luz, y el medio siglo de participación del CGSS en nuestra sociedad. Las circunstancias presentes han puesto a prueba a todos y cada uno de nosotros. Y también, como colectivos singulares, a los profesionales que dedicamos nuestra labor a servir a la sociedad. Aquellos que esperan de nosotros un comportamiento ejemplar y, al mismo tiempo, una conducta que muestren caminos hacia la esperanza, nos miran. También a los Graduados Sociales. La pandemia que estamos sufriendo nos exige mucho. No solo desde el punto de vista personal, sacrificio que habéis llevado con el orgullo y la serenidad que constituyen la impronta de la personalidad de los Graduados Sociales, sino muy especialmente desde el punto de vista de vuestra actividad profesional, estando en primera línea en la defensa de la dignidad de la persona y el respeto de su dimensión social. Enhorabuena y gracias.

Fundación San Pablo Andalucía CEU CEO-Director General Juan Carlos Hernández Buades Es para mí muy grato poder felicitar, en mi nombre y en el de CEU Andalucía, al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla en este año tan especial, en el que cumplen 50 años de existencia, así como el número 100 de su prestigiosa revista Justicia Social. Me congratula especialmente por la estrecha cercanía que siempre he mantenido con esta ilustre institución y con sus dirigentes, cuyos eventos públicos me complace frecuentar, y de cuya revista doy cumplida lectura cada vez que la recibo en mi despacho. Quiero igualmente dejar constancia de mi reconocimiento por el gran esfuerzo que esta benemérita institución está llevando a cabo en estos complicados tiempos que nos está tocando vivir, en los que está asumiendo un papel esencial y un servicio impagable para la sociedad a la hora de gestionar las medidas laborales adoptadas por el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Mi más profundo agradecimiento y mi más cordial enhorabuena.

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Gobierno en Andalucía Delegada Sandra María García Martín Nunca habíamos imaginado un escenario como el que la pandemia nos ha puesto por delante, y que aún persiste en este comienzo de 2021. Tenemos muy presente el dolor por las víctimas de la pandemia, pérdidas que son irreparables, y la preocupación por las consecuencias socioeconómicas. En medio de estas circunstancias excepcionales en el que las instituciones han seguido funcionando dentro del margen posible, es de justicia social agradecer a todos los colectivos esenciales de profesionales que lo han dado todo (y lo siguen haciendo) por que el país siga funcionando con servicios esenciales. Sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadoras y trabajadores de supermercados, transportistas, conductores de transporte público... Entre ellos la labor callada de los graduados sociales también ha resultado esencial para articular las medidas laborales que desde las instituciones se han adoptado. Vaya desde aquí mi reconocimiento a este trabajo y mi enhorabuena por los 50 años del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y por los 100 números de esta época de vuestra revista.

Gobierno en Sevilla Subdelegado Carlos Toscano Sánchez Mis más sinceras felicitaciones para la revista Justicia Social, que cumple 100 números dando voz al colectivo de los graduados sociales, a quienes hago extensiva esta felicitación, por su contribución a la edificación y el mantenimiento de la justicia social. En lo últimos tiempos, en los que la pandemia ha azotado la salud de los ciudadanos, el empleo, la economía y el bienestar social, han quedado patentes las grandes aportaciones de los graduados sociales como asesores y operadores jurídicos en materia socio laboral. El alud normativo de los últimos tiempos y la complejidad de los trámites ha reactivado su papel, con funciones clave en la gestión de ERTES y la tramitación administrativa ante los organismos públicos, así como el asesoramiento para empresas y pymes. De esta forma, el puente que establecen entre la administración y el sistema empresarial suponen una contribución de primer orden para aportar soluciones como plenos conocedores del mercado de trabajo. En este aniversario debemos agradecer su profesionalidad para afrontar este reto, desde la renovación tecnológica y normativa, con el propósito de ayudar a la sociedad a superar las dificultades.

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Felicitaciones Institucionales Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Sevilla Jefe José Antonio Amate Fortes Quiero agradecer al Consejo Editorial de la revista Justicia Social, la oportunidad de participar en este homenaje a sus 100 números, donde se ha convertido, sin lugar a duda, en un referente para los profesionales y estudiosos del derecho laboral y social. No voy a caer en el tópico de recordar los duros y extraños momentos en los que vivimos, pero no puedo dejar pasar la ocasión que se me brinda para agradecer y poner en valor el excelente trabajo que desarrolláis, todos y cada uno de los graduados y graduadas sociales de la provincia de Sevilla. Enhorabuena, Justicia Social, seguid con el excelente trabajo de difusión y pedagogía que realizáis y……. por lo menos, a por 1.000 números más.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía Director Territorial Colegiado de Honor Oro COGS Sevilla Víctor de Santos Sánchez Desde la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía felicito y manifiesto mi expreso y rendido reconocimiento a la labor de los Graduados Sociales de Sevilla y a su Revista Justicia Social. A los primeros porque han demostrado lo esencial de su labor en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, convirtiéndose en un elemento clave de cohesión social a través de la revalidada confianza que merecen de empresas y trabajadores, dotando de seguridad jurídica práctica al ámbito de lo social. Y a la segunda porque ha alcanzado los 100 números siendo un cauce de ida y vuelta para que los Graduados Sociales puedan compartir problemas y soluciones, así como una imagen fiel de la realidad social y de cómo puede abordarse con conocimiento el devenir de los tiempos, revelándose como una útil herramienta para todo tipo de profesionales que se relacionen con nuestro mundo. Un fuerte abrazo

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Instituto Nacional de la Seguridad Social Director Provincial Camilo Hernández León Quiero transmitir en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla una cariñosa felicitación a nuestro querido Colegio Oficial de Graduados Sociales en su 50 cumpleaños, sin olvidar nuestra adhesión al reconocimiento en forma de Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. Desde las Entidades Gestoras de nuestro sistema público de Seguridad Social se ha venido reconociendo en estos años la importante labor de los profesionales sevillanos en la ingente tarea de hacer funcionar nuestro Estado Social y Democrático de Derecho en el ámbito de la protección social contributiva. Siempre hemos recibido una actitud de colaboración ,y por qué no decirlo, reivindicación activa en búsqueda de mejorar el Servicio al ciudadano que acude al Sistema Público de protección social que hemos creado a los largo de los años. El diálogo y la comunicación han sido constantes y , a mi juicio, productivos en este largo período. El Colegio siempre contó con nosotros en las iniciativas de formación e información a los colegiados y al ciudadano en general en esta materia tan compleja y a la vez apasionante de la Seguridad Social. Estoy convencido, porque conozco bien a los graduados sociales sevillanos, de que continuaremos otros 50 años al menos ambas entidades en esta misma senda que sin duda redunda en beneficio del ciudadano usuario de nuestro Sistema de Seguridad Social. Enhorabuena por estos 50 años!!!!

Junta de Andalucía Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla Agradezco el privilegio que me permite hoy asomarme a estas páginas del número 100 de la revista Justicia Social para felicitar a los impulsores de este medio en su 50 aniversario como portavoz de uno de los colectivos profesionales que más dura y eficazmente ha trabajado en este difícil año. Justicia Social, canal directo y de referencia en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, me da la oportunidad también de trasladar a todos los Graduados Sociales mi agradecimiento por su esfuerzo personal y profesional en la aplicación de las medidas sociales adoptadas por los gobiernos; una tarea que ha sido de especial importancia para la protección de tantos ciudadanos durante la pandemia y de la que queda constancia en esta revista.

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Felicitaciones Institucionales Juzgados de Sevilla Juez Decano Francisco José Guerrero Suárez He sido invitado a participar en el número 100 de la revista Justicia Social, órgano informativo del Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Este acto constituye un alto honor para mí y los magistrados y magistradas que, cercanos al orden jurisdiccional de lo Social, represento. Contar con una revista que no solo informa de la gestión colegial sino que también destaca la formación profesional y el conocimiento del derecho laboral constituye una iniciativa digna de elogio. Como siempre, el Colegio establece metas, como inicia una de sus editoriales, e incentiva el prestigio de una profesión, la del Graduado Social, tan necesaria para el normal devenir en la aplicación de los derechos de las personas trabajadoras. ¡Enhorabuena y felicidades!

Juzgados de Sevilla Secretaria Coordinadora Provincial Felisa Panadero Ruz Coincidiendo con el 50 aniversario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, quiero trasladar a todo ese colectivo profesional mi más sincera enhorabuena, y mi especial reconocimiento a todos los Graduados Sociales por su esfuerzo, dedicación y concepto de servicio público, puesto claramente de manifiesto en épocas difíciles y complicadas como las que estamos sufriendo. Expreso mi gratitud por su excelente aportación de ideas, como grandes conocedores del mundo laboral, que están contribuyendo a que se aprueben medidas en beneficio de todos. Muchas Gracias por vuestro trabajo, desempeñado desde el respeto y la colaboración diaria con los Letrados de la Administración de Justicia. Un fuerte abrazo

Parlamento de Andalucía Presidenta Marta Bosquet Aznar Es un placer poder dirigirme a vosotros en este número tan especial de la revista Justicia Social y haceros llegar mi saludo a todos los miembros del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Estos meses tan difíciles que estamos viviendo han afectado a todos los ámbitos, pero muy especialmente al laboral, con cambios constantes y precipitados para poder adaptarnos a las nuevas realidades de la pandemia. Sin embargo, la profesionalidad y el compromiso que habéis demostrado los graduados sociales es una garantía inestimable en esta etapa de incertidumbre.

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Una economía moderna no se entendería sin unas buenas relaciones socio-laborales. Cuidarlas es reforzar nuestra sociedad y nuestra democracia. Mucho ánimo, por tanto, en vuestra labor, porque defender la justicia social es tan necesario como siempre y tan urgente como nunca.

Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia Presidente Antonio Moreno Andrade Una profesión excelsa Coincidiendo con el cincuenta aniversario del colegio sevillano, aparece el número cien de la revista de los graduados sociales. Feliz coincidencia que merece una sincera manifestación de afecto, cercanía y admiración a estos profesionales, colaboradores fieles de la Justicia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. Desde su creación he seguido el devenir de estos protagonistas en sede judicial y he admirado la secuencia de su ejemplar empeño por ocupar el lugar que ahora disfrutan, hasta unirse a las profesiones de abogado y procurador en las materias que le son propias y ante los organismos judiciales de la Justicia Social. Quiero sencillamente unirme a las felicitaciones múltiples que sin duda recibirán. Saben que cuentan con mi amistad y apoyo y mi gratitud por el exquisito trato que siempre me han dispensado institucionalmente.

Tesoreria General de la Seguridad Social Directora Provincial Teresa Caipa Pérez Con motivo del 50º Aniversario de la creación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y, coincidiendo también con la publicación del nº 100 de la Revista Justicia Social, quisiera haceros llegar mi reconocimiento expreso, como Directora Provincial de la TGSS en Sevilla, por la labor que desde hace tantos años realiza el Colectivo de Graduados Sociales en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, haciendo especial mención del enorme esfuerzo realizado en 2020 y que continúa en el año que acabamos de iniciar, en la gestión y puesta en práctica de la gran cantidad de medidas laborales adoptadas por el Gobierno, para paliar los efectos de la pandemia en las Empresas y Autónomos. No quisiera terminar, sin agradecer expresamente a su Presidente, D. José Ramón Barrera Hurtado, su aportación y disposición en el buen entendimiento que se ha fomentado entre ambos Organismos y la lí-

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Felicitaciones Institucionales nea de colaboración y diálogo que mantenemos, lo que redunda indudablemente en beneficio de los administrados, ya que éste es nuestro objetivo común. Un afectuoso saludo.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla Presidente Lorenzo Jesús del Río Fernández Con motivo del número 100 de la revista JUSTICIA SOCIAL del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, me sumo al general homenaje a la jurisdicción social. JUSTICIA SOCIAL ha contribuido significativamente al influjo de las reformas de toda índole sustantiva y profesional en esta rama del Derecho y nos ha acompañado en este largo y radical proceso de cambio tras el reconocimiento profesional de representante procesal del Graduado Social, así como su ampliación competencial, ayudando a salir de la situación de absoluto alejamiento en la regulación social y la práctica y la realidad social. Por lo mismo, esta publicación ha sido fiel exponente y difusora de una excelente práctica diaria en los tribunales, de singular importancia y trascendencia en tiempos de crisis económica y socio-sanitaria, que ha supuesto en el orden jurisdiccional social ser el más afectado. De todo ello debemos felicitarnos, al tiempo que agradecer el compromiso y buen hacer profesional.

UGT Sevilla Secretario General Juan Bautista Ginés Viera Juan Bautista Ginés Viera, como secretario general de UGT Sevilla, les felicito en nombre de la organización que represento, por el hecho de que la revista Justicia Social celebre su edición número 100. Desde mi organización os animamos a seguir trabajando con el tesón y la calidad con los que, hasta ahora, estáis haciendo, ya que, sin lugar a dudas, sois un referente científico en el ámbito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Estas iniciativas del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, demuestran lo necesaria que es vuestra profesión, ya que contribuye y es esencial para construir una sociedad más justa.

Universidad Loyola Andalucía Rector Gabriel M. Pérez Alcalá Como rector de la Universidad Loyola y consciente del reto global del valor de la justicia, del trabajo al servi-

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cio de los demás y como seguidor de la labor tanto del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla como de la Revista Justicia Social, felicito con entusiasmo al consejo editorial que, con profesionalidad, deber y rigor ha acompañado durante 100 ediciones a los profesionales de oficio imprescindible. Y añado una felicitación calurosa adicional por la batalla contra la pandemia, paralela a la sanitaria, que los profesionales del trabajo social habéis llevado y lleváis en primera línea. Gracias por informar, guiar y poner en valor esta profesión que tanto está haciendo por el bien común y por una sociedad más justa. La Universidad Loyola comparte vuestros valores y la labor que desempeñáis para evitar que la pandemia cause más desigualdades, y sigamos persiguiendo un mundo más justo y respetuoso con los derechos de las personas.

Universidad Pablo de Olavide Rector Francisco Oliva Blázquez La Universidad Pablo de Olavide se suma a la celebración de la edición del número 100 de la revista Justicia Social del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, felicitando a su presidente, José Ramón Barrera y a los miembros de su equipo de gobierno, por la contribución de esta publicación mensual como medio de difusión que acerca a este colectivo de profesionales a la actualidad legislativa y jurisprudencial, contando con artículos de opinión de especialistas sobre temas de actualidad y de máximo interés de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y de otras disciplinas del ámbito jurídico y económico. Sus páginas son muestra de su intensa labor colegial y formativa, así como de su compromiso institucional a través de los lazos de colaboración con la Universidad y con otras entidades que se han materializado en jornadas, encuentros y otros eventos de relevante repercusión. Todo ello pone en valor el resultado del trabajo de muchos años, especialmente en las circunstancias actuales provocadas por la pandemia, en las que la revista ha cumplido una función muy importante de puesta al día de la ingente y compleja información normativa que se ha ido sucediendo, así como de asesoramiento y apoyo al colectivo de Graduados Sociales, aportando soluciones a los problemas que afectan a las empresas y a las personas trabajadoras.

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Entrevista

Manuel Castro Escudero Colegiado Emérito nº 48

Sergio Domínguez Caraballo

Colegiado Ejerciente nº2038

En nuestros 50 años de historia nuestra razón de ser y alma que ha permitido que todo esto funcione han sido las personas. Nuestros colegiados son la fuerza viva que han conseguido que la profesión esté donde se encuentra hoy en día. Por ello, en un año tan importante para nuestra historia por el 50 Aniversario y para la historia por la pandemia, hemos querido entrevistar a uno de nuestros colegiados más antiguos como es Manuel Castro Escudero, inscrito en 1970 y a uno de nuestros colegiados más recientes, Sergio Domínguez Caraballo, que se unió a nuestra Corporación el pasado mes de noviembre.

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Entrevista

"Es necesario concienciar a las grandes empresas de la conveniencia de que sea un Graduado Social quien desempeñe la dirección de recursos humanos en las empresas"

Manuel Castro Escudero Colegiado Emérito nº 48

¿Qué ha significado para ti formar parte del Colegio? Mucho. Mis comienzos profesionales fueron difíciles no solo por las dificultades iniciales de toda actividad sino por situaciones personales que no vienen al caso. En los primeros pasos del Colegio de Sevilla se consiguió traer a nuestra ciudad la celebración de VI Asamblea Nacional de Graduados Sociales en octubre de 1971. Esto fue complicado traer, y organizar este encuentro profesional aún más. Nos reuníamos en el despacho de Javier Montoya primer presidente del Colegio, y allí conocí a un compañero excepcional, a Antonio Quero Carnerero, que fue mi espejo, mi ídolo profesional y le estoy eternamente agradecido. Era el asesor laboral de la empresa donde yo prestaba mis servicios como empleado administrativo y además era el jefe de personal de una naviera. Me propuso ir a su despacho como pasante y me enseñó el camino profesional y organizativo de un despacho. Cuando terminé mi etapa como pasante, como era un señor y mejor maestro me obsequió con mi primer cliente, una firma textil de la provincia de Huelva con problemas de desempleo parcial por exceso de producción. Fíjate si fue importante para mi formar parte del Colegio. De esto hace ya medio siglo, pero lo recuerdo de manera indeleble. ¿Cómo ha evolucionado el Colegio por un lado y la profesión de Graduado Social desde 1970, año en el que te diste de alta en esta Corporación? Esta pregunta es larga de contestar porque se me vienen a la cabeza muchos recuerdos y vivencias. En primer lugar tenemos que hacer extrapolación de como transcurría la vida en 1970 y cómo transcurre en 2021 para poder centrarnos. Yo terminé la carrera el 4 de septiembre de 1969, podía haberla terminado en junio, pero no

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nos permitían presentar el trabajo de fin de grado hasta tener aprobadas la totalidad de las asignaturas. En Sevilla entonces hablar de los Graduados Sociales era algo raro; no se sabía lo que realmente éramos. El Colegio de Sevilla se crea en una calurosa tarde de julio de 1970 en el salón de actos de la Escuela Sindical de la calle Vidrio por segregación del único Colegio que entonces existía, el de Andalucía, que radicaba en Granada y allí me di de alta cuando terminé mis estudios. De hecho la antigüedad en el Colegio de Sevilla me la dieron desde la fecha de alta en el Colegio de Andalucía. Me correspondió el número 48 al traspasar la lista de colegiados y sus fechas de incorporación al nuevo Colegio de Sevilla. No fue fácil segregarnos porque el Colegio de Andalucía se resistía; costó trabajo. Entonces los pocos Graduados Sociales de Sevilla nos reuníamos en un banco de la plaza de San Lorenzo y allí debatíamos la manera de segregarnos y crear nuestro Colegio. Por fin se creó y como sede alquilamos un piso en la calle Fernando IV en Los Remedios, pero como no teníamos nada salvo mucha ilusión pudimos amueblarlo con muebles de segunda mano que nos cedió un compañero de promoción empleado en una compañía de seguros que estrenaba instalaciones. Ahora, al entrar en la suntuosa sede del Colegio me vienen a la memoria muchas cosas vividas, entre otras el transporte por nosotros mismos de los muebles usados desde la calle Sierpes a la calle Fernando IV. No había dinero para pagar a un transportista. Con estos apuntes puedes imaginarte el camino recorrido hasta hoy pasando por la sede de Diego de Riaño. En cuanto a la evolución de la profesión afirmo que ha sido profunda. Nada que ver con aquellos tiempos, y me refiero a los primeros pasos en la antigua y entraña-

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Entrevista social pasando por la contratación laboral, nuestros clientes empresarios se verían abocados a una situación insostenible. Conociendo la profesionalidad que distingue a los Graduados Sociales en el desempeño de su trabajo hay que valorarla dicho sea en términos académicos no en un diez, sino de Matrícula de Honor. Desde tu experiencia ¿hacia dónde debería ir la profesión?

ble Magistratura del Trabajo en la Plaza de España. En aquellos tiempos iniciales, año 1971 y siguientes, no podíamos subir a estrados, y desde ahí desempeñábamos nuestra representación procesal. El camino desde este punto de partida hasta firmar los recursos de suplicación, pasando por estar de pie en estrados, el uso de la toga y finalmente nuestro sitio en estrados, da lugar a reflexionar sobre lo muchísimo conseguido en sede judicial. Siempre pensé y lo afirmo que el Graduado Social podía y puede hacer más cosas aparte de la actuación procesal en los juzgados de lo social, y me estoy refiriendo a la dirección de personal en las empresas como jefe de personal hoy llamada jefatura de recursos humanos. Son salidas profesionales. Durante 25 años, recordando a mi espejo profesional, fui jefe de personal en dos empresas, y este Graduado Social que hoy responde se sentaba con todo el derecho del mundo en los consejos de dirección de ambas empresas aportando soluciones prácticas a los problemas sociales y no sociales de toda índole que se planteaban a estas dos empresas, codeándome con compañeros directivos de toda clase de titulación académica y denso currículum. Tengo en mi haber como Graduado Social directivo de empresa la satisfacción de vivir en su momento la transición política y social desde el sillón del jefe de personal. Fue algo irrepetible. Un reto profesional. En este duro 2020, los Graduados Sociales han sido considerados como profesión esencial. ¿Cómo valorarías el trabajo de todos los compañeros? Es evidente. No solamente somos esenciales sino imprescindibles. Si cada uno de nosotros desde nuestro despacho no tuviésemos al día y en su momento las liquidaciones salariales y las cotizaciones a la seguridad

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En sede judicial ya está conseguido todo. Estamos al mismo nivel de otros profesionales, luego ahí los Graduados Sociales en los juzgados de lo social profesionalmente poco podemos crecer más. En mi opinión es necesario concienciar a las grandes empresas de la conveniencia de que sea un Graduado Social quien desempeñe la dirección de recursos humanos en las empresas. Tenemos en el Colegio 40 colegiados de empresa cuando deberían ser más y esa posibilidad de trabajo la han ocupado profesionales de otras especialidades como psicólogos industriales, economistas y otros que necesitan una asesoría jurídica porque no son juristas y las relaciones laborales se fundamentan en el Derecho. Es necesario quitar la imagen del Graduado Social hacedor de nóminas sin que esto sea deshonroso ni mucho menos, sino porque sabemos y podemos hacer más cosas. Sin duda es deformación profesional pero cuando me reunía en aquellos comités de dirección con economistas, ingenieros, físicos, juristas, especialistas comerciales de larguísimo recorrido y así un largo etcétera sentía la satisfacción y la honra de ser Graduado Social, y este humilde profesional se sentía legítimamente orgulloso de serlo. Nuestro compañero Pedro García Gil, prematuramente fallecido, compartía conmigo esta inquietud de directivo de empresa. ¿Qué le pides a tu Colegio de cara a 2021? El nivel académico de los egresados de la Facultad de Ciencias del Trabajo no tiene ni punto de comparación con el escaso nivel académico de mi promoción universitaria. Pero la formación profesional no puede detenerse con el acto de graduación, sino que ha de continuarse en el tiempo y no hay frontera en esto. Después de la Universidad es el Colegio quien debe ocupar esta parcela formativa y así lo hace. El Colegio en el año 2021 y en los siguientes ha de seguir con esta actividad de puesta al día de conocimientos y novedades profesionales. Cuando yo era jefe de personal había una organización profesional independiente. Era la Asociación Española de Dirección de Personal, AEDIPE. Me afilié a ella y aprendí muchísimo de los compañeros directivos de personal de las empresas punteras de aquella época. AEDIPE despareció y le pido a mi Colegio que supla su ausencia en beneficio de esos 40 colegiados de empresa.

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Entrevista

"Una vez más los graduados sociales han vuelto a hacer grande su profesión con dedicación e implicación desmedida"

Sergio Domínguez Caraballo Colegiado Ejerciente nº2038

¿Qué significa para ti formar parte del Colegio, que este año ha cumplido 50 años? Formar parte del Colegio Oficial de Graduados sociales de Sevilla, supone para mí un tremendo orgullo, causa de satisfacción plena y que además origina un aliciente más que contundente para seguir confiando en ésta nuestra profesión, que tan relevante es para nuestra vida, y para el devenir de la sociedad. Ingresar en el Colegio es hacerlo en una institución señera y de destacado

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arraigo en nuestra ciudad, la lucha de un innumerable conjunto de personas a lo largo de este dilatado periodo temporal, por tratar de hacer refulgir los cometidos propios de nuestra labor así lo avalan. Dicho esfuerzo y dedicación fueron reconocidos el pasado año con la entrega de la medalla de oro de la ciudad. Haber engrosado las listas de integrantes en este año que conmemora una efeméride tan significativa como el cumplimiento de 50 años de vida no es para nada una

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Entrevista circunstancia baladí, todo lo contrario. Supone una excepcional circunstancia para poder condensar la entrega desinteresada que nuestros predecesores regalaron a nuestra querida institución, aprender de ella y aprestarnos de la fuerza necesaria para hacer que en los subsiguientes años se continúe sembrando el esplendor y reconocimiento que nuestra profesión necesita. Desde tu perspectiva como recién llegado a la profesión, ¿cómo valoras la labor del Colegio? Hasta la fecha me parece que el Colegio viene demostrando una actitud digna de ser destacada, tanto para con los colegiados como para con el grueso de la profesión. La acogida que se me ha brindado desde primera hora es elogiable y a la cual le estoy bastante agradecido. El personal del Colegio realiza una labor efectiva, ágil, dinámica y correcta respecto de sus menesteres. Una prueba más de esa labor de servicio concienzudo, tanto del personal como de la propia Junta de Gobierno, es la implantación del sistema RED que nos facilita la fluidez de la interacción entre colectivos. Estoy convencido de que supondrá un gran impulso para nuestra labor y que con el tiempo y la experiencia, iremos perfeccionando también el conocimiento sobre la misma y su adecuado funcionamiento. Desde estas líneas quisiere agradecer personalmente la disposición que nos ofrece tanto el personal como la Junta de Gobierno de nuestra tan estimado Colegio, que con su dedicación provocan que nos sintamos inmensamente honrados de formar parte activa del mismo. ¿Por qué decidiste hacerte Graduado Social? Son muchas las razones por las cuales decidí hacerme graduado. Desde el plano profesional es cierto que la multifuncionalidad de nuestra profesión otorga un amplio marco de actuación, y permite la posibilidad de ofrecer multitud de servicios, que resultan de bastante calado para el óptimo funcionamiento de una sociedad moderna. La voluntad de ofrecer un servicio funcional útil tanto a personas como a empresas, y la posibilidad de facilitarles a los mismos su vida diaria y su actividad en un complejo y cambiante presente, son las razones que me invitaron a estudiar Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad Pablo de Olavide, y posteriormente a dedicarme a esta profesión. Este duro 2020, los Graduados Sociales han sido considerados como profesión esencial. ¿Cómo valorarías el trabajo de todos los compañeros? Ciertamente este 2020, más allá de lo relevante que se aventuraba para nuestro Colegio como institución, también ha acabado siendo históricamente excepcional en muchos otros aspectos. Quisiera reconocer la encomiable labor de mis compañeros. Quizás esta profesión no

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es apta para remisos, pero en este año quizás se ha podido atestiguar dicha teoría de manera más palmaria. Los graduados sociales han tenido que afrontar un año repleto de incertidumbres, donde se han multiplicado las horas de trabajo, y se han tenido que rebasar auténticos lodazales ante la emanante vorágine de novedosas corrientes normativas y mecanismos procedimentales que han ido copando nuestra realidad, ante las tan características circunstancias que han envuelto a este pasado año 2020. Una vez más los graduados sociales han vuelto a hacer grande su profesión con dedicación e implicación desmedida. Mi más sincera felicitación a todos vosotros compañeros, y agradeceros por promover de esta forma que nuestra profesión nunca vuelva a ser jibarizada. Y por supuesto, tened la seguridad de que ahora más que nunca podemos afirmar sin ningún tipo de subrepticio que los Graduados Sociales somos una auténtica profesión esencial. ¿Hacia dónde debería ir la profesión? Nuestra profesión debe continuar por el cauce ya prefijado de la tenaz promoción del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social como una inquebrantable filosofía de vida y guía profesional. Debemos conseguir que ello junto con la justicia social se convierta en nuestra insignia más representativa, el estandarte en torno al cual seguir vehiculando nuestro discurrir laboral. Afrontamos una época de cambio, estamos inmersos en la nueva era tecnológica, donde la digitalización y las nuevas tecnologías han de observarse como nuestros principales aliados, para que junto con nuestra profesionalidad, tesón y eficiencia podamos seguir siendo los mejores garantes de nuestros tan reclamados servicios. Confío decididamente en que la administración nos tienda su mano y que juntos superemos las adversidades y podamos enarbolar con magno orgullo la bandera del Graduado social. ¿Qué le pides a tu Colegio de cara a 2021? Para 2021 le pido que siga siendo fiel a su filosofía, que no cese en su firme cometido de enaltecer nuestra profesión y que siga pregonando sus creencias, aquellas que le han acompañado durante estos magníficos 50 años de vida desde aquel 1 de junio de 1970 cuando todo comenzó. Y sobretodo que nunca abandone la persistencia, porque tal y como nos enseñó Benjamin Franklin La energía y la persistencia conquistan todas las cosas

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Artículo

Jesús Cruz Villalón

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Sevilla

Aspectos prácticos de la nueva regulación del teletrabajo

1.- Un cambio relevante en la organización del trabajo 2.- La nueva regulación: el concepto jurídico de trabajo a distancia 3.- Determinación de la norma laboral aplicable 4.- Principio de voluntariedad de la modalidad contractual 5.- Formalización del acuerdo de trabajo a distancia 6.- Favorecimiento del cambio al trabajo presencial 7.- Igualdad de trato y de oportunidades 8.- Derechos económicos 9.- Derechos en materia de prevención de riesgos laborales 10.- Derechos colectivos 11.- La importancia de la implementación a través de la negociación colectiva

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Un cambio relevante en la organización del trabajo

Muchas de las nuevas formas de convivencia que estamos experimentando en los últimos tiempos, tanto en el terreno social como en el económico, se deben a las restricciones a la movilidad impuestas en el marco de las medidas sanitarias adoptadas para hacer frente a la pandemia. Por tanto, muchas de ellas tenemos la percepción de que serán temporales y volveremos a nuestros precedentes estilos de vida en cuanto se supere la situación de emergencia sanitaria. Ahora bien, de igual forma, algunos otros cambios van a dejar una huella profunda, alterando sin duda nuestros hábitos de vida; desde el punto de vista que se analiza aquí, de los hábitos y formas de trabajo. Si se me permite decirlo con simplicidad, el teletrabajo ha llegado para quedarse, eso si el teletrabajo no tal como lo hemos vivido a lo largo de 2020, como una ejecución durante toda la jornada de trabajo confinados en nuestros domicilios, sino en un régimen mixto de teletrabajo semi a distancia o semi presencial. Qué duda cabe de que el contacto personal y social inmediato es imprescindible para el ser humano en todas las facetas de la vida y, como no podía ser de otro modo, también en el ámbito de lo laboral. Igualmente, visto desde el punto de vista empresarial, la eficiencia del trabajo en común y la productividad empresarial resultan inviables con fórmulas de trabajo a distancia a tiempo completo. La vinculación directa entre compañeros de trabajo, la relación personal con suministradores y clien-

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Artículo tela, la conexión directa con las contratistas, incluso la relación directa de las empresas con la Administración Pública, serán imprescindibles en muchos aspectos. Más aún, porque todo lo anterior ha existido y, con ello, se ha construido una tupida red de relaciones personales, sociales y empresariales, ha sido posible pasar de forma tan automática, natural y acelerada a este régimen de teletrabajo a tiempo completo. En definitiva, el trabajo presencial, con mayores o menores dosis de intensidad, será imprescindible en nuestra sociedad contemporánea, tanto por motivos profundos de psicología y socialidad de la condición humana como por razones de eficiencia económica y productividad empresarial. Naturalmente, ello va referido a la situación sociológica más extendida y esperable, sin perjuicio de que puedan desarrollarse en algunos supuestos formas de trabajo a distancia durante toda la jornada de trabajo. Ahora bien, ello no creo que nos retorne al pasado, como si no hubiera pasado nada. Una vez que empresas y trabajadores han probado lo que de positivo tiene el teletrabajo, no podremos volver a las precedentes formas de trabajo presencial a todos los efectos. Puede que ello no se produzca con igual intensidad dentro de la Administración Pública, siempre más resistente a estos fenómenos de trabajo a distancia de los empleados públicos; pero desde luego va a tener un impacto estructural intenso dentro del sector privado y, especialmente, dentro del sector servicios.

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La nueva regulación: el concepto jurídico de trabajo a distancia

A tal nuevo escenario responde la reciente aprobación de una regulación completa del trabajo a distancia, tanto del tradicional trabajo artesanal a domicilios como del teletrabajo, a través de un Real Decreto-Ley del presente año (Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, BOE 23 de septiembre, en adelante RDLTD). Baste con indicar la trascendencia de la intervención normativa que se ha producido, teniendo en cuenta que hasta el presente no había tenido prácticamente ningún impacto aplicativo práctico en España lo establecido en el acuerdo europeo sobre el teletrabajo. Simbólico igualmente resulta que la regulación del trabajo a distancia hasta ahora se encontraba recogida en un solo precepto del Estatuto de los Trabajadores, mientras que ahora pasa a regularse en una norma independiente, que dedica más de 25 artículos a la regulación de esta modalidad contractual; ello sin desconocer que la misma contiene una amplia remisión a la negociación colectiva, para que esta, en clave de complementariedad, proceda a implementar las previsiones generales contenidas en la nueva norma. Comoquiera que en las más de las ocasiones este trabajo a distancia no se efectúa al completo fuera de los locales de la empresa, sino que con mayor o menor intensidad tiene carácter semipresencial o semi a distancia, se esta-

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blece un umbral a partir del cual se considera que el mismo se regula por la normativa específica para el mismo: tiene tal carácter cuando se realiza a distancia un mínimo del 30 % de la jornada en un período de referencia de tres meses (art. 1 RDLTD). A esta modalidad es a la que se denomina por parte de la nueva norma como trabajo a distancia regular, dando a entender que existiría otro que no tendría este carácter, cuando no se supere dicho porcentaje, que implícitamente queda remitido a la regulación del contrato de trabajo ordinario; por ello, probablemente no resulte muy acertado calificar a esta modalidad como trabajo a distancia regular, porque el que no lo es casaría mal con el calificativo presuntamente inverso de irregular. En todo caso, salvo que indiquemos otra cosa, en lo que sigue nos referiremos a la regulación contenida en el RDLTD y, por tanto, a lo que éste denomina trabajo a distancia regular. Por lo demás, este umbral de ejecución de la prestación a servicios a distancia se contempla sin perjuicio de que, a la inversa, a través de la negociación colectiva se pueda establecer también una jornada mínima presencial para todos los trabajadores a distancia (disp. adic. 1ª RDLTD). En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos (art. 3 RDLTD). A esta modalidad contractual se someten dos tipos de situaciones de perfiles sociológicos bien opuestos: uno, los trabajos artesanales a domicilio que presentan un cariz cuasi preindustrial; el otro, el denominado teletrabajo, caracterizado porque se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación (art. 2 RDLTD). En todo caso, uno y otro se someten legalmente a idéntico régimen jurídico, sin perjuicio de que deban adaptarse en sus condiciones de trabajo a las peculiaridades bien diversas de ejecución del trabajo en cada uno de sus tipos.

Algunos cambios van a dejar una huella profunda, alterando sin duda nuestros hábitos de vida; desde el punto de vista que se analiza de los hábitos y formas de trabajo. 41


Artículo

Esta regulación, como modalidad contractual propia, no se aplica a los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas, por cuanto que para ellos se prevé una regulación propia (disp. trans. 2ª RDLTD). Eso sí, esa exclusión sólo afecta a este concreto personal, en el sentido de que esta modalidad sí que se aplica al resto del sector público que no es propiamente Administración Pública. En todo caso, incluso para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, el teletrabajo también se rige por los principios que vamos a analizar a continuación de voluntariedad, compatibilidad con el trabajo presencial, igualdad de derechos entre trabajadores presenciales y a distancia, asunción por parte de la Administración de los medios tecnológicos necesarios para su actividad (art. 47 bis Estatuto Básico del Empleado Público). En ambos casos (trabajo a distancia artesanal y teletrabajo), por la circunstancia de realizarse el trabajo fuera de los locales de la empresa, puede resultar más compleja la diferenciación de estos contratos de trabajo a distancia respecto de ciertas formas de trabajo autónomo, dado que ciertas manifestaciones típicas de la subordinación del trabajador pueden quedar diluidas. En todo caso, requisito imprescindible es que se mantenga en estos casos el elemento de la subordinación para que se incluya como manifestación de una relación laboral sometida a contrato de trabajo, lo que se puede constatar a través de ciertos indicios de los que se deduzca que el trabajo se efectúa dentro del ámbito de organización y dirección del empleador, siendo imprescindible que se

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realice personalmente por el propio trabajador, aunque se lleve a cabo a distancia (STS de 22 de abril de 1996, RJ 3334; 12 de septiembre de 1988, RJ 6870; 17 de mayo de 1988, RJ 4238). A estos efectos, la nueva norma no disipa las dudas al respecto, perdiendo la ocasión de establecer alguna mínima pauta orientativa de cómo se marca la frontera específica entre el trabajo a distancia subordinado respecto del trabajo a distancia autónomo. La nueva norma se limita a establecer que la misma será de aplicación a las relaciones de trabajo en las que concurran los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores para declarar una prestación de servicios como trabajo asalariado (art. 1 RDLRT); en definitiva, allí donde concurran los tradicionales elementos de la ajenidad y la subordinación, pero sin precisar cuándo se darían los datos fácticos determinantes de la subordinación, que resulta imprescindible para aportar seguridad jurídica en una frontera especialmente difícil en estos casos. Es cierto que allí donde un porcentaje significativo del trabajo presencial se efectúe en los locales de la empresa, ello permitirá detectar la subordinación respecto del periodo de presencia, pero lo hará más complejo cuando salvo momentos puntuales la totalidad de la actividad se ejecute a distancia. Las organizaciones sindicales pretenden que por vía de la negociación colectiva se establezcan períodos mínimos de presencialidad en el trabajo a distancia, posibilidad que expresamente contempla en la Ley como materia regulable a través de los convenios colectivos (disp. adic. 1ª RDLRT). Sin embargo, esa pretensión sindical, a la

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Artículo que no se oponen de principio las representaciones empresariales, a mi juicio, más allá de su objetivo bienintencionado, presenta también un enorme riesgo, por cuanto el mismo puede provocar un efecto colateral negativo indeseado. En concreto, la exigencia a través de la negociación colectiva de un período mínimo de presencialidad para el trabajo subordinado a distancia, puede provocar el efecto boomerang indeseado de que se presuma que todo trabajo a distancia sin porcentaje alguno de presencialidad tiene el carácter de autónomo y, por tanto, se sitúe fuera del ámbito de la legislación laboral. Con ello, se acabaría excluyendo del trabajo subordinado a distancia fórmulas de incentivo al mismo que tienen una gran potencialidad de desarrollo con efectos beneficiosos económicos y sociales. De un lado, en España surge como nueva sensibilidad el problema de despoblamiento de ciertas zonas rurales, la llamada entre nosotros la España vaciada, que podría compensarse con políticas de implantación fuerte de la digitalización en esos territorios rurales, que permita unas ofertas de teletrabajo pleno, sin presencialidad alguna, pero con clara concurrencia de los elementos de subordinación. De otro lado, la pandemia parece mostrar el agotamiento de un patrón de crecimiento con fuerte centralidad de la actividad turística en ciertas zonas de monocultivo empresarial basado casi exclusivamente en la actividad turística. En esas zonas geográficas, por su atractivo de agradables condiciones de vida por su bondad climatológica, se comienza a reorientar su actividad productiva, para ofrecer el desplazamiento personal para residir a trabajadores que podrían desarrollar su actividad profesional en régimen de teletrabajo para empresas transnacionales. En los mismos términos, estas formas de trabajo podrían constituir fenómenos de expansión de un teletrabajo con la totalidad de la jornada a distancia, sin presencialidad salvo momentos muy puntuales, pero que no por ello dejarían de ejecutarse en régimen de subordinación. Sin lugar a dudas, todos estos fenómenos provocarán nuevas tensiones en las fronteras entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo. Ello podría ser abordado en la nueva regulación anunciada por el Gobierno de establecimiento de criterios acerca de la concurrencia de la subordinación en el ámbito de los trabajos de plataforma, que en

Las organizaciones sindicales pretenden que por vía de la negociación colectiva se establezcan períodos mínimos de presencialidad en el trabajo a distancia. Graduados Sociales n.º 100 • 2020

todo caso acabará siendo un asunto de segura judicialización entre nosotros.

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Determinación de la norma laboral aplicable

El trabajo a distancia, especialmente cuando se efectúa con la jornada plena a distancia, puede presentar también la singularidad de que la ubicación de la empresa puede encontrarse muy alejada y, especialmente, en distinto Estado del lugar donde se ubica la residencia del trabajador, que es donde presta servicios; a pesar, a su vez, de que el contrato de trabajo se haya celebrado en la sede de la empresa, es decir, en otro Estado. A tal efecto, en principio, rigen las reglas establecidas por el Reglamento de Roma respecto a la normativa aplicable al contrato de trabajo (art. 8 Reglamento UE 593/2008, de 17 de junio de 2008, DOUE de 4 de julio, sobre la Ley aplicable a las relaciones contractuales). Recordar, así, que dicho Reglamento establece los siguientes criterios sucesivos de determinación de la ley aplicable: en primer lugar, rige la preferencia de elección por las partes de la Ley aplicable, aunque con la limitación de que ello no podrá provocar que al trabajador se le prive de la protección que derivaría de la aplicación de la ley aplicable conforme a los criterios siguientes. En defecto de acuerdo entre las partes, se aplica la ley del país con el que el contrato presente mayores vínculos; a falta de poder precisar esto último, el contrato se regirá por la ley del país en el cual el trabajador realice su trabajo habitualmente, pero aclarándose que los cambios temporales de destino no se tomarán en consideración; en defecto de todo lo anterior, se aplicará la ley donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador. Posiblemente estas reglas se encuentren desfasadas y ponen en riesgo las posibilidades de que el teletrabajador pueda ser tutelado suficientemente en sus derechos, especialmente si el Reglamento con su complejidad de reglas pudiera ser interpretado en términos más favorables a los intereses empresariales. El concepto de mayores vínculos, por ejemplo, debería ser precisado allí donde rija un régimen de semipresencialidad y ciertos trabajadores fronterizos se dividan en la ejecución de su trabajo según que lo realicen en régimen presencial o a distancia. Por ello, sería conveniente reflexionar el impacto práctico que estas reglas pueden tener sobre el trabajador a distancia y si no sería preciso una labor de clarificación al efecto por lo que afecta a los teletrabajadores. Problema singular se puede presentar respecto del convenio colectivo aplicable al trabajador a distancia, no tanto por lo que afecta al ámbito funcional del convenio colectivo sino en relación con su ámbito territorial. El interrogante a estos efectos puede surgir en determinar si el criterio referencial de aplicación ha de ser el lugar de ejecución de la prestación de servicios por parte del trabajador determinado a través del acuerdo de trabajo a distancia (art. 7 f RDLTD), o bien por el lugar donde se en-

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Artículo cuentre el centro de trabajo de la empresa a la que queda adscrita el trabajador a distancia y, donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial (art. 7 e RDLTD). Puede suceder que en algunos casos ambos criterios sean coincidentes en cuanto al convenio colectivo aplicable, pero puede que no sea así, teniendo presente que en muchas ocasiones la estructura negocial ofrece un mapa de descentralizado, especialmente con convenios colectivos de ámbito provincial. Cuando en atención a cada criterio el convenio colectivo aplicable sea diferente, corresponderá a los propios convenios colectivos establecer su ámbito territorial de aplicación (art. 85.3.b ET). Eso sí, no puede descartarse que las reglas establecidas por ambos convenios colectivos sean divergentes, en cuyo caso se pueden provocar bien solapamientos por cuanto que la divergencia provoque el resultado de que ambos sean aplicables, o bien que no lo sea ninguno de ellos. Cuando el resultado sea de solapamiento, habrá que aplicar las reglas sobre concurrencia entre convenios colectivos establecidas con carácter general (art. 84 ET). Cuando no resulte aplicable ningún convenio a resultas de las reglas divergentes o bien cuando los convenios colectivos de referencia no establezcan criterio alguno al respecto, habría que identificar alguna regla supletoria de solución del vacío detectado, aplicando algún criterio finalista o sistemático general. A nuestro juicio personal, esa regla supletoria sería la de entender que resultaría de aplicación el convenio donde el trabajador prestase sus servicios en un porcentaje superior de tiempo a distancia o presencial.

un acuerdo colectivo (STS de 11 de abril de 2005, rec. 143/2004, RJ 4060). Sin embargo, tal regla de la voluntariedad debe ser matizada o completada, atendiendo a tres factores que cada vez van a resultar más determinantes. En primer lugar, la voluntariedad individual puede resultar escasamente eficiente en grandes empresas, cuando el trabajo a distancia se encuentra organizado de manera general para el conjunto de la empresa y puede resultar distorsionador la oposición de trabajadores aislados. Salvo que concurran causas singulares de carácter personal en este tipo de trabajadores, más allá de la formalidad de la regla de la voluntariedad empresarial, la empresa va a imponer sus criterios en el momento de la celebración del contrato, sólo concertándolo con aquellos trabajadores que estén dispuestos a aceptar las pautas organizativas generales de la empresa.

En particular, tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, así como los complementos establecidos para quienes solo prestan servicios de forma presencial

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Principio de voluntariedad de la modalidad contractual

Siguiendo la estela del acuerdo europeo sobre teletrabajo, regla de partida básica en el trabajo a distancia es que el mismo debe efectuarse voluntariamente, por tanto, requiere del libre acuerdo entre las partes, bien en el momento inicial de celebración del contrato de trabajo, o bien en el momento posterior si se desea transformar tanto sea un trabajo presencial en a distancia como a la inversa de a distancia en presencial (art. 5 RDLTD), incluida la modificación de incremento o reducción del porcentaje de presencialidad (art. 8.1 RDLTD); sin que, en sentido negativo sea admisible su imposición unilateral por cualquiera de las partes o por derivación de

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En segundo lugar, en un escenario tradicional de desequilibrio contractual entre las partes, posiblemente en especial acentuado en el caso de los trabajadores a distancia que se encuentran más aislados y con riesgos de escaso control sindical, el pacto individual tiene un muy débil valor de tutela de los intereses de los trabajadores, especialmente cuando se trate de pequeñas y micro empresas. En estos casos, la necesidad del consentimiento del trabajador en la práctica resulta irrelevante a los efectos de tomar en consideración los intereses de los trabajadores.

Todo lo anterior requiere un cierto grado de colectivización y de sindicalización del modelo, para dar mayor efectividad real al pacto individual posterior exigido legalmente. En definitiva, ha de tenerse presente que la lógica colectiva, tanto de organización empresarial desde el punto de vista de su eficiencia como de mejor defensa de los intereses de los trabajadores, aconsejaría modular el principio de voluntariedad individual en estos casos. Dicho de otro modo, sería oportuno dar entrada a la negociación colectiva para fijar vía convenio el régimen del trabajo a distancia exigible de forma colectiva al conjunto de los trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Ello proporcionaría un sistema racional de organización del trabajo, una tutela adecuada de las situaciones de los trabajadores y conjurar los riesgos de agravios comparativos derivados de diferencias de trata-

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Artículo mientos injustificados entre unos y otros trabajadores. Alguna pista al efecto ya ofrece la regulación de esta modalidad contractual cuando prevé que los convenios colectivos podrán establecer, atendiendo a la especialidad de la actividad concreta de su ámbito, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia (dips. adic. 1ª RDLRT). Por otra parte, se le reconoce al trabajador el derecho a solicitar pasar a prestar su trabajo a distancia para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida laboral o familiar, si bien ello queda condicionado a los términos en que se pacte en la negociación colectiva y, a falta de pacto en convenio colectivo se contempla un período de negociación que puede desembocar en la negativa del empleador, quien en todo caso deberá indicar las razones objetivas justificativas de su oposición (art. 34.8 ET y art. 4.5 RDLTD). Forma parte igualmente del principio de voluntariedad la decisión del trabajador de elegir el lugar concreto de ejecución del trabajo, lo sea en su domicilio o en otro sitio elegido por este, si bien el empleador debe conocer el sitio donde se realiza a efectos de cumplimiento de su deber de seguridad y salud en el trabajo, por lo que debe constar en el acuerdo de trabajo a distancia el preciso lugar en el que se va a efectuar (art. 7 f RDLTD).

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Formalización del acuerdo de trabajo a distancia

A mayor abundamiento, esa voluntad de las partes debe expresarse por escrito y con el contenido preciso que viene identificado legalmente. En concreto, la norma de forma muy pormenorizada enumera los contenidos que necesariamente debe contener dicho acuerdo: a) inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos; b) enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación; c) horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad; d) porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso; e) centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial; f) lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia; g) duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso; h) medios de control empresarial de la actividad; i) procedimiento a

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Artículo seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia: j) instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia; k) instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el trabajo a distancia; l) duración del acuerdo de trabajo a distancia (art. 7 RDLTD). La empresa debe entregar a la representación legal de los trabajadores y al oficina de empleo una copia del acuerdo de trabajo a distancia y de sus actualizaciones, incluida la notificación del porcentaje de presencialidad, excluyendo aquellos que puedan afectar a la intimidad o privacidad del trabajador (arts. 6 y 8.1 RDLTD). La falta de formalización por escrito del acuerdo de trabajo a distancia, a semejanza con lo que sucede con la validez del contrato de trabajo, no provoca su nulidad, sino exclusivamente su presunción de celebración por tiempo indefinido y a tiempo completo (art. 8.2 ET), sin perjuicio de que adicionalmente cabe la imposición de la correspondiente sanción administrativa por estar ello tipificado como infracción grave (art. 7.1 LISOS). De igual forma, el incumplimiento del deber de información a los representantes de los trabajadores no afecta a la validez del contrato, pero si es susceptible de sanción administrativa por infracción grave (art. 15.4 LISOS).

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Favorecimiento del cambio al trabajo presencial

A los efectos de facilitar la movilidad y promoción del trabajador, se establece que cuando se realiza el trabajo a distancia durante la totalidad de la jornada, se tiene prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, el empresario deberá informar a los trabajadores a distancia y a sus representantes legales de la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan (art. 8.2 RDLTD): Eso sí, conviene advertir que con ello no se altera la regla de la voluntariedad, en el sentido de que esta regla no está reconociendo al trabajador un derecho unilateral a transformar su contrato de a distancia en presencial cuando existan las mencionadas vacantes, pues se mantiene la exigencia del acuerdo mutuo para ello. A estos efectos, la negociación colectiva puede desarrollar un papel importante en el establecimiento de mecanismos y criterios para desarrollar el trabajo presencial o a distancia (art. 8.3 RDLTD).

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Igualdad de trato y de oportunidades

En cuanto a las condiciones de trabajo, igualmente en correspondencia con lo establecido por el acuerdo eu-

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ropeo sobre teletrabajo, el principio general es el reconocimiento al trabajador a distancia de los mismos derechos que le corresponden a quienes prestan sus servicios presencialmente en los locales de trabajo de la empresa, salvo aquellos inherentes a la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En particular, los trabajadores a distancia y no podrán sufrir, comparativamente con los trabajadores presenciales, perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional (art. 4.1 RDLTD). Esta igualdad de trato se extiende al conjunto de los derechos y situaciones del trabajador a distancia, respecto de los trabajadores presenciales: retribución (art. 4.1 RDLTD) y costes laborales (arts. 11 y 12 RDLTD), derecho al horario flexible y al registro horario adecuado (arts. 13 y 14 RDLTD), a la desconexión digital (art. 18 RDLTD), modificación de condiciones (art. 4.2 RDLTD), discriminación por razón de género y Planes de igualdad (art. 4.3 RDLTD), acoso en el trabajo, conciliación y corresponsabilidad familiar (art. 4.5 RDLTD), derecho a la formación y a la promoción profesional (arts. 9 y 10 RDLTD, derecho a la prevención de riesgos laborales (arts. 14 y 15 RDLTD), al uso de los medios digitales y a la protección de la intimidad y a la protección de datos (art. 17 RDLTD), a los derechos colectivos (art. 19 RDLTD), a las facultades de control empresarial (art. 22 RDLTD).

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Derechos económicos

En particular, tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, así como los complementos establecidos para quienes solo prestan servicios de forma presencial, particularmente aquellos vinculados a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las características del puesto de trabajo (art. 4.1 RDLTD). Ello ha de entenderse no en el sentido formalista, de que no puedan existir ningún tipo de diferencia retributiva entre uno y otro tipo de trabajos. Por el contrario, si serían admisible este tipo de diferencias cuando concurran circunstancias objetivas y proporcionadas que justifiquen una diferencia de tratamiento, tanto en uno como en el otro sentido. Pueden existir determinadas características propias del puesto de trabajo presencial que no se den en el trabajo a distancia, que justifiquen la existencia de un complemento exclusivamente para los trabajadores presenciales, del mismo modo que a la inversa pueden existir determinadas singularidades propias del trabajo a distancia que justifiquen la existencia de un complemento a percibir exclusivamente por el trabajador a distancia. Ello puede extenderse incluso a las percepciones extrasalariales; por ejemplo, una auténtica compensación económica por el desplazamiento del trabajador

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Artículo a su centro de trabajo (coloquialmente conocido como plus de transporte) podría admitirse que se abonase tan sólo a los trabajadores presenciales; eso sí, advertir que nos referimos a un plus de transporte auténtico como percepción extrasalarial y no como se encuentra muy extendido oculta cantidad estrictamente retributiva del trabajo. Desde luego esta diferenciación entre el principio general de igualdad retributiva entre presenciales y teletrabajadores, con las fundadas diferencias por razón del trabajo realizado en uno u otro caso con toda seguridad va a provocar con seguridad discusiones prácticas en la sucesiva aplicación práctica de la nueva norma. A tal efecto, la clave a nuestro juicio se encontrará en la aplicación del principio de igualdad retributiva por trabajos de igual valor con independencia de que se efectúen presencialmente o a distancia.

bajo a distancia el lugar exacto elegido por el trabajador para ejecutar su trabajo (art. 7 f RDLTD), permitiendo así evaluar los riesgos profesionales de la zona habilitada para el trabajo, sin que el resto de la vivienda o local donde se trabaje haya de ser ni controlada ni alcanzar a la totalidad de la vivienda o local la responsabilidad empresarial. El empresario debe recibir la información necesaria para poder efectuar la evaluación y puede determinarse si para ello es preciso una visita por parte del técnico en prevención. Como garantía de la privacidad del trabajador, éste debe permitir dicha visita y, de no obtenerse dicho permiso, la evaluación se realizará con la información que se le recabe al trabajador (art. 16 RDLTD).

Elemento singular en estos casos se produce por el hecho de que al efectuarse el trabajo a distancia el trabajador podría tener determinados costes o gastos derivados del trabajo, que es claro que nunca se soportan en el trabajo presencial. A tal efecto, se prevé que quienes trabajan a distancia tienen derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario incorporado en el acuerdo de trabajo a distancia (art. 12.1 RDLTD). Ello incluye también la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo (art. 12.2 RDLTD).

En la línea general de la regulación de esta modalidad contractual, la misma pretende garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos por parte de los trabajadores a distancia como si se tratase de trabajadores presenciales y lo mismo por lo que se refiere a los representantes de los trabajadores. En particular, se alude a facilitar el ejercicio del derecho al voto por parte del trabajador a distancia en las elecciones a representantes de los trabajadores, de participar en las actividades organizadas por estos representantes, como pueden ser la asamblea de trabajadores. Del mismo modo, se prevé que se le deben facilitar a los representantes de los trabajadores los medios tecnológicos precisos para poderse poder en contacto con el trabajador a distancia, aparte de acceder a una copia del acuerdo de trabajo a distancia entre las partes (art. 19 RDLTD).

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Derechos en materia de prevención de riesgos laborales

La peculiaridad principal en esta materia se encuentra en el hecho de que el trabajo no se ejecuta en los locales de la empresa ni en un lugar controlado por ésta, al mismo tiempo que desea mantenerse el criterio general de imponer al empleador el deber general de garantizar la seguridad del trabajador frente a riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también respecto de quien efectúa su trabajo a distancia. A tal efecto, lo que se prevé es que debe precisarse en el acuerdo de tra-

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Derechos colectivos

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La importancia de la implementación a través de la negociación colectiva

Como ya hemos indicado, la nueva norma contiene importantes reenvíos a la negociación colectiva, para que ésta proceda a desarrollar aspectos esenciales del trabajo a distancia. El papel asignado a los convenios colectivos en esta materia resulta crucial, al extremo que algunos aspectos de su régimen jurídico requieren de su intervención en todo caso, a efectos de permitir la integración normativa de materias importantes, en términos tales que su ausencia puede provocar importantes lagunas regulativas. A estos efectos, va a resultar clave el devenir de los procesos de contratación colectiva en ciertos ámbitos donde se detectan nuevas formas de negocios que, por sus características, como tales podrían encontrarse fuera del ámbito de aplicación de los convenios colectivos más clásicos. En definitiva, pueden surgir vacíos de cobertura negocial, de modo que para estos nuevos negocios no cupiera detectar convenio colectivo de aplicación, por no ser de referencia ni los convenios sectoriales tradicionales ni verificarse impulsos de negociación en el ámbito empresarial.

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Entrevista

"En relación con el mercado laboral, el COVID-19 evidencia la debilidad de nuestro modelo productivo no sustentado en una base sólida"

Milagro Martín López

Presidenta del Consejo Económico y Social de Sevilla

La presidenta del Consejo Económico y Social de Sevilla nos explica cómo ha afectado la pandemia en la ciudad, analizándolo teniendo en cuenta diferentes sectores y como esta crisis ha destapado las carencias de nuestro modelo productivo y la realidad de la brecha digital. Además, nos desglosa las diferentes medidas que ha adoptado el Ayuntamiento para conseguir la recuperación económica y social.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la ciudad de Sevilla?

cios, empresas o universidades- y que sus efectos van a marcar un antes y un después en nuestras vidas.

Cuestión que no plantea matices es el hecho de que la pandemia ha tocado los cimientos económicos y sociales de la ciudad, se ha extendido por toda la sociedad -familias, nego-

Es como si la ciudad estuviera dormida esperando a despertarse en primavera. Hablando de primavera, Sevilla ha perdido durante dos años sus fiestas primaverales principales, la

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Entrevista Semana Santa, la Feria y la feria taurina, importantes fuentes de ingresos para muchos sevillanos. También se paralizaron, entre otras cosas, las actividades del Teatro de la Maestranza que, poco a poco, vuelven a programarse, las jornadas del Palacio de Exposiciones y Congresos y las visitas a la Catedral o al Real Alcázar. Hablando de este último monumento, es el bien cultural civil de mayor importancia, histórica y económica, de la ciudad que cerró el año 2019 con 2 millones de visitantes y que en el año 2020 apenas superó el medio millón de visitas, de las que un 12,36% se correspondían con ciudadanos sevillanos. En lo positivo, Sevilla se ha reencontrado con sus ciudadanos, son éstos los que disfrutan de los monumentos de la ciudad, antes copados por el turista, en esa espera lenta hasta que la urbe vuelva a vivir. ¿Cuáles son las principales necesidades que se tienen que atender y qué medidas se están tomando desde el Ayuntamiento? Las primeras necesidades que son, al mismo tiempo, necesidades básicas, que resultan de la influencia del COVID-19 y que es necesario atender son de índole social. En consecuencia, las primeras acciones realizadas por el Ayuntamiento han ido dirigidas a mitigar, en la medida de lo posible y siempre en el ámbito propio de las competencias municipales, la difícil situación de aquellas personas en quienes se ha cebado la crisis motivada por la pandemia que padecemos. Es decir, cabe destacar, la actuación del Ayuntamiento en la atención directa a las personas más vulnerables. Destacan las intervenciones del Área de Bienestar Social y Empleo a través de los servicios sociales municipales, tanto en lo relativo a las garantías alimentarias familiares como a las personas sin hogar. No son medidas de carácter exclusivamente coyuntural que estén acotadas por periodos de tiempo, sino vinculadas a razones reales de necesidad, en la medida en que esta población es la más frágil y la que va a estar más afectada por los efectos del COVID-19. Teniendo en consideración que Sevilla tiene a tres de los cuatro barrios más pobres de España y a seis que se encuentran entre los quince con menor renta anual por habitante. Han sido muchas las propuestas que, a lo largo del año, se han realizado por parte del Ayuntamiento, sin olvidar las llevadas a cabo por otras Instituciones públicas, para contribuir a la reactivación del tejido productivo sevillano. Entre las que se podrían destacar las subvenciones destinadas a las microempresas sevillanas, las ayudas para la protección de los autónomos, el apoyo al comercio local o la bajada de tasas y/o precios públicos. Medidas como éstas deben ir acompañadas por efectivos planes activos de empleo para que se recupere la economía y se regenere el tejido económico y social de la ciudad Hablamos de datos, ¿en qué situación se encuentra la ciudad?

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Antes de hacer un análisis somero de la situación de la ciudad, habría que hacer un estudio previo a través de los datos macroeconómicos del país de las consecuencias económicas que el COVID-19 va a tener en el medio plazo sobre la economía. En este sentido, la Comisión Europea apunta a que el PIB de nuestro país tuvo una caída en el año 2020 del 12,4%, que la tasa de paro se situó en el 16,7%, así como que la deuda pública alcanzó el 120,3%. Las previsiones para 2021 no son, lógicamente, muy halagüeñas. El crecimiento del PIB se sitúa en el 5,4% pero el nivel de paro superará incluso el alcanzado en el 2020, con un 17,9%, y la deuda pública alcanzará un 122%. No debemos olvidar que el Tejido Productivo de Sevilla no se puede circunscribir a la ciudad, sino que hay que hacerlo extensivo a su área metropolitana. Nuestro tejido empresarial, desde un punto de vista estructural, se caracteriza por estar integrado por MyPymes y, funcionalmente, por tener dedicación preferente al sector servicios. Dos características que lo hacen especialmente vulnerable en épocas de crisis, como las dos que hemos vivido en los últimos 20 años. De acuerdo con el Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad Económica de Andalucía (publicado IECA), el número de empresas que desarrollaban su actividad económica en la ciudad de Sevilla a 1 de enero de 2019 ascendía a 48.040, siendo el 99,8% del total PYMES y el 94,3% microempresas. Por sector de actividad, entre los más representativos de la capital, -industria, construcción y servicios-, el sector servicios es el de mayor peso, representando cerca del 88,5% de las empresas sevillanas y el sector industrial no supera el 4%. El número de contratos celebrados en diciembre de 2020 en Sevilla fueron 24335, lo que supone un decremento del 30,2% de los contratos registrados en diciembre de 2019 (34883). ¿En qué situación se encuentra el sector industrial sevillano? Es bien sabido que el sector industrial aporta más valor añadido que cualquiera de los restantes sectores productivos, siendo el motor de las economías más competitivas de nuestro entorno social. Y que las sociedades que basan su desarrollo en la industria son las que mejor sobreviven a las crisis económicas, y son, por ende, las que mejores datos tienen en cuanto estabilidad en el empleo. Sin olvidar la transformación productiva que la industria provoca en el desarrollo local de la ciudad. Resultaría demasiado simple decir que se debería propiciar un cambio de modelo productivo, mediante acciones encaminadas a apoyar o atraer proyectos industriales que ejerzan un efecto tractor para otras organizaciones y creen un tejido empresarial y de servicios que favorezca el crecimiento de nuestro sector industrial. Pero, ese sería un objetivo a medio plazo que en nada contribuye, ahora mismo, a planificar la reactivación

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Entrevista económica, cuando se necesitan medidas de choque, inmediatas, pero del que no nos podemos olvidar como motor de desarrollo. Tenemos que concentrarnos en lo que, hasta el momento, constituía la base del sector industrial sevillano. Lo que hay que acometer de inmediato, es una verdadera reconstrucción de aquello que, en mayor o menor medida, pudiéramos conservar o levantar sobre la base de los sólidos cimientos existentes con anterioridad a la pandemia. El sector industrial sevillano resulta integrado por empresas pertenecientes a muy diversas actividades que van, desde la industria agroalimentaria, la industria química, el sector de la automoción, la industria siderúrgica, el sector tecnológico, hasta el sector aeroespacial. Fijémonos en este último sector, uno de los principales dentro del tejido industrial sevillano, andaluz y español. En torno al mismo se ha creado un parque tecnológico aeroespacial del que forman parte más de 90 empresas y que requiere de una especial atención, porque se ha visto en los últimos tiempos azotado por ciertos avatares que han mermado sus expectativas de mercado y hacen incierto su futuro. Sevilla tiene dos grandes centros de producción de esa importante industria y habría que procurar que la pandemia que nos ocupa, no arrastre sus cimientos de nuestra ciudad. Además, la importancia de Airbus y del sector aeronáutico en general trasciende del ámbito meramente empresarial. El compromiso y la labor de mejora de la visibilidad de la ciudad, como ejemplo de metrópoli emprendedora y capaz de acometer proyectos de envergadura respondiendo con solidez y eficacia a los más difíciles retos, son muestra del alcance e importancia de dicha industria. ¿El Sector Servicios es vital para una ciudad como Sevilla? ¿Cómo ha sufrido la pandemia y qué medidas se han adoptado? Sevilla es una ciudad de servicios. Sector esencial, que ha generado importantes ingresos y, a la vez, ha mantenido la capacidad económica de nuestra tierra, pero configurado sobre la base de actividades muy influenciadas por razones estacionales, fluctuaciones y sumamente sensibles a situaciones de anormalidad como es el momento actual. Dentro del sector servicios, ha sido el sector turístico el motor económico de la ciudad en los últimos tiempos. El incremento paulatino de los turistas o visitantes nos llevó a una

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mejora de nuestra oferta turística, con una reestructuración del sector capaz de responder a una demanda creciente y con mayores exigencias de calidad. El COVID-19 ha paralizado la actividad turística, lo que tendrá unas consecuencias económicas importantes. Consecuencias que lo serán a largo plazo por la idiosincrasia de la actividad económica que constituye el turismo y su gestión, sector que tiene su base fundamental en la estabilidad social, política y sanitaria. Es urgente, en el momento que el virus nos dé una tregua, que la ciudad centre sus esfuerzos en recuperar la confianza de los viajeros como destino turístico. El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un plan para el impulso del turismo 2020-2021 dentro de la estrategia de reactivación de la capital para que, una vez, se supere la crisis sanitaria, recuperar el mercado turístico. El comercio local de Sevilla y los mercados de abastos han sido elementos esenciales que han formado parte del paisaje de la ciudad de Sevilla a lo largo de su historia. Han sabido adaptarse, sometiéndose a grandes procesos de transformación, como consecuencia de la globalización y de las nuevas formas de comercialización de la producción. Esta pandemia debe servir para favorecer a los que tenemos más cerca, apostar por las compras en el comercio local y en los mercados de abastos. En cuanto a los polígonos industriales, podría incrementarse la protección y las medidas de seguridad para no perder la posibilidad de mantener esos espacios como polos comerciales de nuestra ciudad. Directamente relacionado con la dinámica empresarial se encuentra el mercado de trabajo. La tasa de paro en el último trimestre de 2019 en la ciudad se situaba en el 16,41%, siendo la media del año 2019 el 20,63%. Tasas ya de por sí muy elevadas, pero lejos de la alcanzada en diciembre de 2020 que se situó en el 24,52% en la ciudad. En relación al mercado laboral, ¿Cómo se ha actuado? En relación con el mercado laboral, el COVID-19 evidencia la debilidad de nuestro modelo productivo no sustentado en una base sólida. Si bien 1os datos de empleo mantenían una tendencia positiva antes de la pandemia hasta que éstos se han invertido. El número de parados se ha incrementado exponencialmente y se desconoce el alcance que puede llegar a tener en este año.

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Entrevista Las medidas económicas a las empresas deben ir acompañadas con medidas especiales para el apoyo y el fomento del empleo y del emprendimiento, medidas que reestablezcan la economía y que permitan la circulación del dinero. Las políticas de empleo no son competencias propias de los Ayuntamientos, pero éstos disponen de instrumentos que pueden servir de catalizadores en la creación de empleo. El Ayuntamiento aporta las condiciones necesarias para la consolidación del tejido empresarial, mediante la bonificación o la exención de tasas en aquellos aspectos vinculados a la producción. De igual modo, el Ayuntamiento dispone de determinados planes de empleo que facilitan la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o colectivos vulnerables. ¿Y la logística? Un sector de actividad que gozaba de una creciente importancia en nuestra ciudad era el de la Logística. Su expansión ha ido en paralelo a la mejora de las infraestructuras y comunicaciones de la ciudad, facilitando de esta manera el flujo y la comunicación entre la producción y el mercado. Lógicamente, la mejora de las infraestructuras y de las conexiones de la ciudad también es un elemento de desarrollo económico. Y, aunque desde un punto de vista sustantivo, habría que caracterizar la actividad que conlleva la logística como propiamente de servicios, de intermediación, lo cierto es que su proximidad al sector industrial la hacen merecedora de ese status. Este sector se enfrenta a nuevos retos, como se desprende del Informe Logístico de España, a los que debe ir adaptándose para ser cada vez más competitivo. Entre éstos quisiera destacar: una nueva forma de distribución adaptada a los cambios de hábitos de consumo a través de internet, incrementado éste por la pandemia; la logística inversa; la distribución capilar o reparto de los productos dentro de las ciudades; un nuevo entorno de trabajo en la ciudad basado en el big data; puntos intermodales; etc. En todo caso, como se afirma en el Informe, ha sido un sector que ha sido capaz de reinventarse, para ser más competitivo en un mercado cada vez más global y cambiante. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la brecha digital? Pregunta muy oportuna la de la vinculación de la pandemia con la brecha digital. La brecha digital es un problema que asomaba en el horizonte, pero al que la pandemia ha obligado a hacerle frente de inmediato. La brecha digital resultaba generadora de desigualdades en los inicios del siglo XXI y puede llevar a la marginación de sectores poblacionales o empresas como consecuencia de la pandemia. Hay que diferenciar tres elementos intrínsecos, a su vez únicos y diferenciadores, de la brecha digital, por una parte, la disposición de los medios informáticos, por otra, el acceso a la conexión wifi y, por último, las competencias y habilidades específicas por parte de los usuarios para trabajar con las tecnologías informáticas. La necesidad de acomodarse a

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modalidades laborales no presenciales y, por consiguiente, la necesidad de adquirir competencias digitales en plazos muy breves ha traído consigo una falta de formación específica para la mejor adaptación de los trabajadores. Por otra parte, la crisis económica ha provocado el recorte de los gastos menos prioritarios en los hogares de nuestra ciudad, entre el que se puede incluir el acceso a la conexión wifi. Por tanto, la brecha digital es un reto al que nos enfrentamos y con unas ramificaciones de alcance social de enorme calado. ¿De qué manera debe afrontar Sevilla su futuro para recuperarse? Aunque la incertidumbre aún nos rodea, debemos, como punto de partida, empezar apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, de todas las edades, a cumplir con las medidas profilácticas, como el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, impuestas por las autoridades. Dicho lo anterior, no en todos los sectores la crisis va a tener una misma repercusión ni todos van a tener, lógicamente, una misma recuperación. Por ejemplo, el sector agroalimentario, sometido a un importante proceso de transformación en años anteriores, al hacer frente a un mercado más competitivo tanto en calidad como en precio, se ha convertido en esencial en estos meses, aunque con una disminución importante de las ventas como consecuencia de la paralización o disminución de los servicios de hostelería y restauración. El sector logístico, como se ha mencionado, ha sido prioritario como consecuencia de los cambios de los hábitos de consumo de la sociedad. Han prevalecido las compras a través de internet desde el inicio del estado de alarma. A diferencia, el sector turístico, el aéreo, hostelero y la restauración o el transporte, entre otros, todos ellos vinculados con el turismo, tendrán una más lenta recuperación que dependerá del nivel de confianza de los consumidores. No obstante, la crisis ha puesto de manifiesto la inmediatez en respuestas a problemas económicos, sociales, educacionales y sanitarios y se ha agudizado el ingenio por parte de la sociedad. Hay sectores que, a medio o largo plazo, tendrán una mayor proyección como la ciberseguridad, el apoyo al teletrabajo y a la conciliación durante la jornada laboral, el soporte a la educación, los servicios de proximidad, la inteligencia artificial o la telemedicina. En este sentido, los emprendedores, la mayoría bajo la forma de trabajador autónomo, se han reinventado y han propuesto soluciones rápidas, eficientes y creativas a problemas locales abarcando un amplio campo de actuación. Como se ha mencionado, los ciudadanos pueden tener un papel protagonista y deberán contribuir de forma activa a la activación de la economía. Pero, sin olvidar, el papel que deben realizar las instituciones públicas, a través de adecuadas políticas sociales y económicas, en la recuperación del tejido productivo de la ciudad.

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Artículo

Juan Pañella Martí Presidente de la Asociación Profesional de Auditoría Sociolaboral y de Igualdad (CEAL)

Planes de igualdad e igualdad retributiva

INTRODUCCIÓN Este mes de enero ha entrado en vigor uno de los dos Reglamentos que se publicaron el pasado 13 de octubre, a raíz de los acuerdos entre el Gobierno y los agentes sociales, a fin de desarrollar el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 marzo, que modifica la Ley de Igualdad 3/2007. Alguien podría pensar que toda esta batería de medidas son modas españolas como consecuencia del cambio de gobierno y que, como tal, pudieran no ser tenidas en cuenta en un futuro próximo. Quien llegue a esta conclusión comete un gravísimo error: solo tenemos que analizar las últimas resoluciones y comunicaciones de la Unión Europea para comprobar que el compromiso por la igualdad está por encima de gobiernos y de tendencias. La igualdad entre mujeres y hombres es un compromiso prioritario de la Unión Europea en base al cual están obligados sus estados miembros a desarrollar cuantas medidas sean necesarias para favorecer la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Al margen de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la propia OIT, me gustaría como introducción a este artículo hacer referencia a las últimas disposiciones de la Unión Europea: - Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea. - Pacto Europeo por la igualdad de Género (20112020) aprobado por el Consejo de Europeo en marzo 2011.

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- Comunicación de la Comisión de 5 de marzo 2010, titulado Un compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una carta de la Mujer. - Comunicación de la Comisión de 21 de septiembre de 2010, titulada Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres ´ - Directiva del Consejo Europeo 2004/113/CE para la igualdad de trato entre mujeres y hombres. - Resolución de 6 de julio 2011 sobre mujeres y la dirección de las empresas. En todas estas resoluciones y comunicaciones la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea, consagrado como tal en el Tratado de la Unión Europea, reconociendo que a pesar de los avances en esta materia, son muchas las desigualdades que persisten entre hombres y mujeres. La propia estrategia de la Comisión para el periodo 2010-2015, para la igualdad entre mujeres y hombres, había priorizado entre otros: - La independencia económica igual para mujeres y hombres - Igual salario por trabajo de igual valor. - La dignidad, la integridad y la eliminación de la violencia basada en el género. - Y la promoción de la igualdad de género más allá de la UE.

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Artículo

• En el último Plan de Acción de la Unión de Europea para el periodo 2017-2019 se ha querido abordar la brecha salarial entre mujeres y hombres, reconociendo la no eficacia de algunas de las recomendaciones de la Directiva del 2013, y por ello proponía:

ya sea sexual, por razón de sexo o en cualquiera de sus modalidades.

- Examinar la necesidad y la posibilidad de hacer vinculantes algunas o todas las medidas sobre transparencia salarial previstas en la Recomendación de 2013, como por ejemplo:

En España, el País Vasco fue la comunidad precursora en legislar sobre la Igualdad, concretamente a través de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

- Derecho del personal empleado a solicitar información sobre los niveles salariales.

No es hasta marzo de 2007 cuando, con el gobierno del Sr. Zapatero, se aprueba la primera ley sobre la Igualad con efectos en todo el territorio nacional. Se trata de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- Información periódica por parte de las empresas sobre la remuneración media por categoría o puesto de trabajo. - Aclaración de la noción de trabajo de igual valor. Como vemos estas medidas son las recogidas precisamente en el RD-ley 6/2019 de 1 de marzo. He querido hacer esta introducción sobre la evolución de recomendaciones y resoluciones de la Unión Europea, para reafirmar que el compromiso de la Igualdad y la lucha contra la discriminación laboral no es una moda propia de un determinado gobierno sino que es el compromiso de toda la sociedad europea y, consecuentemente, se trata de medidas que han venido no solo para quedarse sino para evolucionar en nuestro ordenamiento jurídico hasta conseguir la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres, la eliminación de la brecha salarial y favorecer un entorno laboral donde no exista ni la discriminación ni el acoso,

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ANTECEDENTES EN ESPAÑA

Esta ley pionera en España, aunque muy ambiciosa, tuvo la desventura de nacer poco antes del inicio de una crisis económica, circunstancia que, unida al posible desinterés de las partes implicadas, comportó que no tuviera los efectos esperados en materia de Planes de Igualdad y políticas anti-acoso. Así pues, en la mencionada ley se establecía: Disposición final tercera. Habilitaciones reglamentarias. 1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente Ley en las materias que sean de la competencia del Estado. No es preciso indicar que, durante todos estos años, no ha habido ningún reglamento que desarrollara la mencionada ley en materia de Planes de Igualdad.

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Artículo Igualmente, más adelante se disponía lo siguiente: Disposición final quinta. Planes de igualdad y negociación colectiva. Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procederá a evaluar, junto a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad, y a estudiar, en función de la evolución habida, las medidas que, en su caso, resulten pertinentes. Esta ley dejó numerosos vacíos normativos que no fueron desarrollados reglamentariamente y esto, unido al hecho de no existir un registro obligatorio de Planes de Igualdad, implica que no se haya tenido una verdadera certeza del alcance de la implantación de los mismos al conjunto de las 4.500 empresas que en estos momentos tenían mas de 250 trabajadores y que por tanto quedaban obligadas por ley. Pero tampoco durante este periodo de tiempo los Protocolos de Acoso fueron implantados en las empresas. No ha existido un interés por ninguna de las partes en aplicar medidas en el seno de las empresas que eviten las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. En algunos casos por la interpretación errónea de que estos protocolos solo eran obligatorios para empresas de más de 250 trabajadores. Incluso me atrevo a decir que ni la propia Inspección de Trabajo, a lo largo de este periodo, ha requerido con carácter general en sus actuaciones la acreditación del Protocolo y la verificación de la existencia de un canal de denuncias.

RDL 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que viene a modificar y a mejorar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Sin querer valorar la actuación ni de los políticos ni de los agentes económicos y sociales, cabe manifestar que tuvieron que pasar doce años desde la publicación de la indicada ley para que viera la luz un nuevo Real Decreto-ley, precisamente el RDL 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que viene a modificar y a mejorar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.

- Segundo, y no menos importante, establece que el diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Igualdad, deberá ser realizado en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. - En la materia de Condiciones de Trabajo, se incluye la auditoría salarial entre hombres y mujeres. - Se reduce la obligación de elaborar un Plan de Igualdad a partir de empresas con una plantilla igual o superior a cincuenta personas trabajadoras. - Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, estando éstas obligadas a inscribir sus planes de igualdad. - Modifica el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, obligando a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución. - Define el concepto de trabajo de igual valor. - Obliga a la creación de un Registro Salarial, teniendo derecho de acceso a éste las personas trabajadoras. - Se modifica el artículo 34.8 del ET a fin de facilitar la conciliación de las personas trabajadoras, con las circunstancias que en dicho artículo se establecen. Y por último y más importante se incorpora, además de los apartados 4 y 5 que hacen referencia al Registro de los Planes de Igualdad, el apartado 6 del artículo 46 de la Ley de Igualdad donde dice: 6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso. Y es en este momento donde, una vez publicado este Real Decreto-ley y a la espera de su desarrollo reglamentario, aparecen el COVID-19, el Estado de Alarma y una proliferación de normativa, que hacía temer que dichos Reglamentos no verían la luz, como ya ocurrió con la anterior Ley, en aquella ocasión por causa de la crisis económica. Sin embargo, esta vez hay que agradecer que, en medio de una lluvia de normativa relativa a los ERTES y su aplicación, en el mes de octubre aparecen publicados:

Y es en este RDL, en relación con los Planes de igualdad, donde se incorporan algunos elementos destacables, de los que destacaré los siguientes:

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

- En primer lugar, tasa las materias que como mínimo deberán de contener los Planes de Igualdad;

y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

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Artículo Pasaré a analizar las características y novedades más importantes de ambos reglamentos.

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Lo primero que hemos de destacar es su entrada en vigor, a los tres meses de su publicación. Así pues, desde el pasado 14 de enero, los Planes de Igualdad que estemos negociando deberemos de hacerlo en base lo regulado en este Real Decreto. En modo de crítica diré que no me ha parecido oportuno que los dos Decretos tuvieran una entrada en vigor en periodos distintos, más aún cuando, si bien la entrada en vigor de éste como hemos dicho era a los tres meses, en el caso del RD 902/20 su entrada tiene efectos a los seis meses, es decir, el 14 de abril. Pero es que, precisamente, es en ese otro RD donde se regula la auditoría retributiva y la valoración de puestos de trabajo, y el compromiso a publicar las guías correspondientes, algo esencial para la negociación de cualquier plan de igualdad. Así pues, no parece tener sentido que entrara en vigor en primer lugar la obligación y haya que esperar tres meses más para tener las herramientas. El primer punto que quisiera destacar, y no tanto por su novedad como por su claridad, es el artículo segundo de este real decreto que aclara que todas las empresas, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla, están obligadas a respetar la igualdad

Con este artículo, todas las empresas, al margen de los Planes de Igualdad, deberán de promover medidas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral, y dichas medidas deberán de estar negociadas, así como todas las empresas deberán de disponer de un Protocolo de Acoso y un Canal de Denuncias. Graduados Sociales n.º 100 • 2020

de trato y oportunidades en el ámbito laboral. Además establece la obligación de adoptar medidas negociadas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral. Igualmente establece la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrando procedimientos y medidas para su prevención, así como de disponer de un canal de denuncia donde poder presentar las reclamaciones al efecto. Con este artículo, todas las empresas, al margen de los Planes de Igualdad, deberán de promover medidas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral, y dichas medidas deberán de estar negociadas, así como todas las empresas deberán de disponer de un Protocolo de Acoso y un Canal de Denuncias. Las empresas tienen la obligación de disponer de un Plan de Igualdad cuando su plantilla de personas trabajadoras sea igual o superior a 50 trabajadores de acuerdo con lo establecido en este RD. Para el resto de las empresas la elaboración de un Plan de Igualdad será voluntaria, y tan solo requerirá previa consulta o negociación con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, siendo de aplicación para todo lo demás lo regulado en el real decreto. Es decir, en los planes voluntarios no es requisito indispensable su negociación con la representación legal, aunque sí requiere una consulta previa a su elaboración pero sin mayor implicación. Debemos tener en cuenta que aquellas empresas con varios centros de trabajo podrán elaborar un plan único para todas o parte de las empresas del grupo. El Plan de Igualdad deberá tener en cuenta la actividad de cada una de las empresas que lo componen. Otro aspecto importante de este Real Decreto es que aclara y determina cómo se cuantifica el número de personas trabajadoras de la empresa. Así, en su artículo 3, especifica muy detalladamente su cuantificación, resaltando los siguientes aspectos: - Se cuantifica el total de personas teniendo en cuenta la totalidad de centros de trabajo. - Se incluyen los fijos discontinuos - Los contratos de duración determinada - Y los contratos a puesta a disposición - Los contratos a tiempo parcial se computan como una persona con independencia del número de horas de trabajo. - Los contratos de duración determinada que se hubieran extinguido en los últimos seis meses se deberán de computar de modo que cada cien días tra-

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Artículo bajados o fracción se cuenten como un empleado o empleada más. - El cómputo según los cálculos previstos se deberá de realizar al menos el último día de junio y diciembre de cada año. Una vez alcanzado el umbral, nace la obligación de negociar, elaborar y aplicar el plan de igualdad. Constituida la comisión, aunque descienda el número de personas en plantilla, se deberá igualmente de negociar el plan y tendrá vigencia hasta que concluya el periodo pactado. Este Reglamento establece que, desde que se tiene la obligación de elaborar el plan de igualdad, se dispone de tres meses para la constitución de la comisión negociadora, a menos que el convenio colectivo disponga otro plazo. Una vez constituida, se dispone de un plazo máximo de doce meses para su negociación y su registro. Uno de los errores que habitualmente se cometen en cuanto a la obligación de disponer del plan de igualdad es pensar que a partir del siete de marzo tendrán la obligación de negociar las empresas de 50 o más trabajadoras. Lo que dice la norma es que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán tener un plan de igualdad. Lo que se amplía es el plazo de negociación, pero, en el caso de empresas de 50 o más personas en plantilla, ya deberán de disponer del plan el 7 de marzo del 2022. Así pues cualquier empresa de 50 o más personas trabajadoras no debería posponer la convocatoria de la comisión negociadora ya que su constitución puede demorarse un plazo de tres meses. Si a ello le sumamos los doce meses de plazo de que dispone la comisión para negociar e inscribir el plan de igualdad, nos iríamos a que el Plan podríamos no tenerlo registrado hasta finales de abril del 2022. Así pues, la recomendación es que todas las empresas obligadas inicien cuanto antes los trámites para constituir la Comisión de Negociación.

Otro de los aspectos que regula este reglamento es la composición de la comisión negociadora. Según interpretación de la Administración, las comisiones Ad Hoc no están legitimadas para negociar un Plan de Igualdad. La norma establece unos mecanismos: en primer lugar, se deberá de negociar con la representación de las personas trabajadoras, siendo la composición de la comisión de un máximo de seis personas por cada parte (empresa y plantilla), e intentando que la comisión sea paritaria. En el supuesto de no haber representación legal de los trabajadores y trabajadoras, se deberá de constituir la llamada Comisión Sindical. Para ello se deberá convocar a los sindicatos más representativos (CCOO y UGT), y además a los sindicatos legitimados para negociar el convenio colectivo del sector al que pertenezca la empresa. Los sindicatos dispondrán de diez días para comparecer y formar parte de la Comisión. En el supuesto de varios centros de trabajo, unos con representación y otros no, en aquellos en que no existiera tal representación se deberá constituir la comisión sindical como he indicado en el punto anterior, pudiendo alcanzar en este caso un número máximo de 13 personas por cada parte. Nada establece el reglamento en caso de no comparecer el sindicato llamado a formar parte de la Comisión. En este supuesto estaríamos ante un Plan No Negociado, y esto puede hacernos perder beneficios de la administración como es el caso de disponer del Distintivo de Igualdad. Como veis, éste no es tema pacífico y a buen seguro tendremos interpretaciones futuras que nos permitan encontrar soluciones cuando no haya sido posible constituir la comisión sindical. El Reglamento también establece las competencias de dicha comisión negociadora, que no suscita ninguna controversia. En todo caso hacer constar que los miembros de esta comisión, ya sea de la parte social como de la empresa, deberán de disponer de una formación necesaria para abordar las competencias y fines que se indican en el reglamento. Un punto que también puede generar dudas es a qué colectivos implica el Plan de Igualdad. Si bien se indica que afecta a todos los niveles jerárquicos, entiendo que no deben de estar sujetos al mismo aquellos socios directivos que tengan el control efectivo de la empresa, es decir los administradores con un 25 por ciento o más del capital social, los socios con más del 33 por ciento de las participaciones o aquellos familiares que por su vinculación y número de participaciones deban de estar encuadrados en el RETA.

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Artículo No entro en las áreas y contenido mínimo del plan de igualdad ya que el mismo está suficientemente detallado en el propio reglamento. Sí quisiera hacer constar como novedad que el plazo máximo de vigencia de dicho Plan es de cuatro años, aunque las partes pueden pactar una duración inferior. Se requiere que como mínimo exista una revisión intermedia y otra al final del periodo, a menos que las partes decidan unos periodos más cortos, o bien cuando se den las causas que se determinan en el artículo 9, donde se establecen determinados supuestos que obligan a una revisión del plan. Por ejemplo en caso de fusiones, o por resolución judicial condenando a la empresa por discriminación directa o indirecta por razón de sexo, entre otros supuestos. Finalmente se establece que los Planes de igualdad deberán registrarse en un plazo máximo de quince días desde su firma. Se deberá de completar un cuestionario por la empresa designada en la Comisión Negociadora y allí se hará constar, entre otras cosas, si el Plan es voluntario u obligatorio y si ha sido negociado o no. A estos Planes se les asignará una codificación, de la cual se podrá extraer la lectura de saber si era obligatorio/voluntario o con acuerdo/sin acuerdo. Los Planes de Igualdad forzosamente deberán de estar registrados. Caso contrario no se entenderá que el mismo sea un plan de igualdad, y será público, estando su contenido al alcance de cualquier persona interesada. Esta medida facilitará la labor a las Mesas de Contratación de la Administración, las cuales podrán conocer, más allá de la declaración responsable que el licitador pueda aportar, si la empresa dispone de Plan, requisito necesario para poder concursar aquellas empresas que están obligadas a tenerlo. Hace constar el reglamento, que, para poder disponer del Distintivo de Igualdad, se tomará en consideración si el plan ha sido negociado y, en su caso, acordado. Finalmente, y de especial atención, es la regla transitoria donde se dispone que todos aquellos Planes vigentes al momento de entrada en vigor del real decreto, dispondrán de un plazo de doce meses para adaptarse, previa negociación. Es decir, con las condiciones que he detallado anteriormente.

El objetivo principal de este reglamento es regular y desarrollar instrumentos que garanticen la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres. Por ello quiere garantizar mediante instrumentos y mecanismos lo establecido en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto al principio de igual retribución por trabajo de igual valor. Recordemos que éste era uno de los principios básicos y en idénticos términos que defiende la unión europea. Los instrumentos que se quieren dotar para hacer efectiva esta transparencia retributiva son: - Registro retributivo - Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva - Valoración de puestos de trabajo. - Auditoría Retributiva - La valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos - Tutela administrativa y judicial. Así mismo el Instituto de las Mujeres (nueva denominación desde la Ley de Presupuestos), deberá de elaborar una Guía Técnica, en colaboración con los agentes sociales y económicos, para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de género. Igualmente, desde los Ministerios de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, se dictará una orden para determinar un procedimiento de valoración de puestos de trabajo. En definitiva, el Real Decreto 901/20 ha entrado en vigor el pasado 14 de enero y los instrumentos para desarrollar una parte importante del Plan de Igualdad no estarán disponibles hasta que se publiquen las guías y órdenes mencionadas en los apartados anteriores. Cabe señalar, en cuanto a los instrumentos que se regulan para garantizar la transparencia retributiva, lo siguiente:

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Registro retributivo: Obligatorio para todas las empresas. Antes de proceder a su elaboración y con una antelación mínima de diez días se debe consultar a los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, así como cualquier modificación de dicho registro.

Este Real Decreto, como hemos dicho anteriormente, entra en vigor a los seis meses de su publicación, es decir, el próximo 14 de abril.

En las empresas sin representación de las personas trabajadoras se podrá acceder al registro, pero únicamente a las diferencias porcentuales que existan en las retri-

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buciones promediadas entre mujeres y hombres. En el supuesto de haber representantes, las personas trabajadoras a través de éstos tendrán acceso al contenido íntegro del mismo. El documento podrá tener un formato que se establezca en la Web del Ministerio. En los registros retributivos en empresas con auditoría retributiva, es decir con cincuenta o más personas trabajadoras, el registro deberá de contener, además de las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de trabajos de igual valor, también el resultado de la valoración de puestos de trabajo y aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional. Es decir, en estos casos será preceptivo contar con una previa valoración de puestos de trabajo. Auditoría Retributiva: Se deberá incluir obligatoriamente a la hora de elaborar un plan de igualdad, y su resultado se deberá aportar a la comisión negociadora junto con el Registro Retributivo. Así mismo, si aparece una brecha retributiva en su conjunto superior del 25% se deberá de justificar por parte de la empresa. La auditoría retributiva tendrá la vigencia del Plan de Igualdad, pero se podrá revisar en función del acuerdo que se adopte. Para la elaboración de la auditoría retributiva implicará la realización de un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa, debiendo contar con la valoración de puestos de trabajo, especificando lógicamente las tareas y funciones de cada puesto de trabajo. Teniendo en cuenta los factores de valoración de manera objetiva y vinculados necesariamente al puesto de trabajo a desarrollar, En la Auditoría se deberá establecer un plan de actuación para la corrección de las desigualdades, con actuaciones, con un cronograma y designando las personas responsables.

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Como vemos, el auditor se convierte en este caso en un consultor, pudiendo perder su independencia. Además, se le atribuyen funciones propias de la comisión de negociación, ya que debe ser éste quien incluya en el plan de igualdad el cronograma de actuación, asignando las personas y los recursos necesarios y estableciendo el sistema de seguimiento y la implantación de mejoras en función de los resultados obtenidos. Con el tiempo veremos cómo cohabita la figura del auditor con los componentes de la Comisión, por cuanto cualquier actuación o propuesta de este, deberá de ser refrendada por la propia Comisión. Y por último, pero no menos importante, el Real Decreto nos recuerda el alcance de la tutela administrativa y judicial. Como la propia administración a través del artículo 1487.c) de la LRJS;

Artículo 148. Ámbito de aplicación. El proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia: Artículo 148.c) de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social. c) De las actas de infracción o comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constatación de una discriminación por razón de sexo y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinación de la indemnización correspondiente Es de destacar que en un Real Decreto recuerden tanto el alcance de la LISOS como la Ley Reguladora de Jurisdicción Social; cabe pensar que en esta ocasión la voluntad de la administración es que se cumpla estrictamente el contenido de estos reglamentos, avisando de las consecuencias patrimoniales que para la empresa puede suponer su incumplimiento.

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Entrevista

"En Banco Sabadell mantenemos una firme apuesta por la colaboración con profesionales"

Julián Barrero Cortijo,

Director de Colectivos Profesionales del Banco Sabadell

Banco Sabadell lleva desde 2005 junto a los Graduados Sociales de Sevilla una larga trayectoria de colaboración y ayuda personificada en su Director de Colectivos Profesionales, Julián Barrero Cortijo, que siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado como institución. En estas líneas repasamos con él la actualidad marcada por la COVID-19, así como las líneas de ayudas preparadas por el Banco para hacer frente financieramente a las consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, económica y social. Banco Sabadell es una de las instituciones que más viene apostando por los colectivos profesionales ¿Cómo surge el interés de Banco Sabadell por estos? El interés del banco por los profesionales tiene mucho sentido y, de hecho, su creación, hace ya más de treinta años, fue una decisión estratégica y muy coherente con nuestra vocación de servicio a las empresas y a los profesionales. La especialización es nuestra manera de entender el servicio al cliente. Por ello, de esta forma, conocemos cuáles son las necesidades específicas de cada colectivo y sector. En estos momentos, nos ha servido para conocer más de cerca sus necesidades e inquietudes,

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pudiendo acertar en las soluciones que les damos en cuanto a productos y servicios financieros. Hablando más concretamente de vuestro colectivo, los Graduados Sociales son clave para preservar el desarrollo económico del país. Ahora, con la declaración del estado de alarma y la consideración de su actividad como esencial, se pone de manifiesto que se trata de una profesión fundamental y necesaria para el buen funcionamiento de nuestra sociedad y economía. Han demostrado una dedicación absoluta, manteniendo sus despachos abiertos, para ayudar a las empresas y a los autónomos a realizar trámites ante la Administración y que sus empresas y actividades siguieran teniendo una continuidad.

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Entrevista ¿Cómo ha afrontado Banco Sabadell la situación generada por la pandemia? En estos momentos de grave crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19, en Banco Sabadell hemos volcado nuestros esfuerzos en proteger a nuestros clientes, así como en trabajar para mitigar su impacto. Hemos puesto en marcha todo un plan de acompañamiento a empresas, pymes, negocios, autónomos y particulares para ayudarles a conocer y valorar el impacto de los acontecimientos, anticiparnos a sus necesidades y poder ofrecerles las mejores soluciones de financiación, así como facilitarles la operativa digital. ¿Qué medidas para autónomos y profesionales ha tomado vuestra entidad para paliar los efectos de la misma? En esta crisis estamos siendo parte de la solución, distribuyendo las líneas de financiación con aval del Estado a través del ICO, implantando las moratorias legales y sectoriales para hipotecas y préstamos al consumo, facilitando el anticipo de los ERTE, adelantando el pago de pensiones y subsidios de desempleo, etc., además de soluciones propias para la venta a distancia de los comercios, anticipación de renovaciones de crédito y líneas de circulantes, etc. Y, por supuesto, todas estas acciones están disponibles para los profesionales. Respecto a los colegios profesionales, ¿habéis tomado alguna medida? Hemos incrementado de manera significativa nuestra comunicación con los diferentes colectivos, facilitándoles información de valor y estando próximos. Hemos realizado continuamente webinars sobre los temas que hemos detectado necesitaban algún tipo de asesoramiento, como por ejemplo sobre tipos de soluciones de financiación, medios de pago, etc. Así como la puesta en marcha de firma de convenios a distancia. Banco Sabadell mantiene desde el año 2005 un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla ¿En qué consiste? La relación de nuestra entidad con los Colegios de Graduados Sociales viene desde 1.998, año en el que se firmó el primer convenio con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete. A lo largo de los años se han ido firmando con el resto de los Colegios, estando presentes en todas las comunidades autónomas. En el trascurso de estos 14 años que llevo desarrollando las distintas funciones de este puesto, cabe destacar la demanda permanente de información sobre la posibilidad de conseguir financiación del circulante. Puedo afirmar con orgullo que este objetivo ya lo hemos logrado y ac-

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tualmente ofrecemos activamente soluciones. Otro de los servicios más demandado, es la presentación de recibos a través de la Norma-19. ¿Qué cuota de mercado supone para Banco Sabadell los colectivos profesionales? Actualmente, contamos con más de 3.400 convenios en vigor, lo que nos sitúa en una posición de liderazgo en el sector, con cuotas del 57% en colegios profesionales y del 54% en asociaciones. De cara al futuro ¿Qué expectativas maneja el Banco Sabadell con relación a los colegios profesionales? En Banco Sabadell mantenemos una firme apuesta por la colaboración con profesionales y tenemos el objetivo de satisfacer todas sus necesidades financieras y poner a disposición de sus miembros múltiples herramientas y servicios de interés y utilidad para impulsar su actividad. Reforzar esta colaboración se hace hoy en día todavía más necesario. Como dice nuestro lema, trabajamos EN PRO de los profesionales. ¿Qué papel va a desarrollar Banco Sabadell en el Fondo de Recuperación europeo Ahora más que nunca, queremos acompañar y ofrecer a nuestras empresas, pymes y autónomos las mejores soluciones para su negocio. El Fondo de Recuperación Europeo supone para España una ocasión histórica para modernizar su economía en el ámbito ecológico y digital e impulsar una recuperación económica inclusiva y transformadora del tejido productivo de forma sostenible. Para Banco Sabadell es prioritario, en este contexto, estar al lado de todas las empresas y acompañarlas para identificar oportunidades y poder beneficiarse de esta iniciativa única.

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Artículo

Enric Martí Morón Graduado Social

El graduado social del siglo XXI desde el espejo de la pandemia de la Covid-19 Especial referencia a las comunicaciones con el Sepe

Era diciembre de 1997 y cayó en mis manos la revista que el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia edita cada trimestre. En ese número había un artículo de un compañero al que, aunque él no lo sepa, yo le estaré eternamente agradecido. Un par de años antes se había puesto en marcha un proyecto piloto por parte de la TGSS llamado Remisión Electrónica de Documentos. Lo que hoy en día llamamos Sistema Red. Y ya en 1997, pasadas las pruebas en algunos despachos de cada provincia, se estaba empezando a implantar. A una muy baja velocidad dado que aún era desconocido para muchos de nosotros, y a mi igual que a muchos compañeros, como toda novedad, nos asustaba. Aquel compañero relataba lo que para él había supuesto iniciar su andadura en el Sistema Red, obtener una autorización de la TGSS para la utilización del Sistema Red supone que, de cara a mis clientes, ven que gozo de la confianza de la Administración para realizar una serie de trámites que hasta ese momento sólo estaba en manos de los funcionarios. Me otorgan la posibilidad de tramitar las altas y las bajas de trabajadores en la seguridad social, dejando en mi mano la introducción de datos en el Fichero General de Afiliación. Ese fue el día y ese fue el momento en el que yo decidí que iba a solicitar una autorización para el uso y disfrute del Sistema Red. Y recuerdo la comunicación

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que envié a mis clientes, tras obtener el número de autorización 4.497 en enero de 1998; y era algo así como que a partir de ahora para las altas y bajas de los trabajadores en la seguridad social no será necesario que os firmen ningún documento puesto que yo voy a poder realizar dicha tramitación de forma telemática, mediante conexión por internet a sus ordenadores centrales, porque he obtenido una autorización en mi despacho para poder realizarlo. Los que sois más noveles y ya habéis iniciado la profesión con el Sistema Red, sabed que hasta ese momento las altas y bajas se tramitaban en papel y en la propia Administración; que para cada empresa te debías de desplazar, primero a la empresa para firmar los documentos y posteriormente a la Administración correspondiente al domicilio de actividad de la misma, y que esto sólo ya impedía que pudieras tener clientes que no estuvieran en el ámbito geográfico de influencia de tu despacho. Parece mentira, pero esto era así. Y a partir de ese momento, la evolución de las gestiones que un Graduado Social puede realizar con la TGSS se ha ido acelerando todos los años. Con nuevas funcionalidades, con nuevas responsabilidades, pero con grandes contrapartidas para nuestros despachos. Como bien describió Joaquin Estefanía en su fantástico ensayo

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Artículo Diccionario de la nueva economía (Ed. Planeta, 2001), la introducción de innovaciones tecnológicas en la empresa provocan de forma inmediata incrementos de la productividad. Y esto es lo que sucedió en nuestros despachos. Pasamos a poder gestionar empresas que no estuvieran cerca físicamente de nuestros despachos; suprimimos con cada vez mayor intensidad el desplazamiento a las Administraciones, y por encima de todo ello, empezamos a ser reconocidos por la Administración como uno de los colectivos profesionales con los que, sí o sí, había que contar para el despliegue de toda esta tecnología. Es decir, esa implementación tecnológica trajo consigo el reconocimiento de la Administración para nuestro colectivo, y hoy en día no se entendería el Sistema Red sin los Graduados Sociales. Pero más importante que lo anterior, también ha propiciado que los Graduados Sociales podamos influir en las nuevas funcionalidades que se van implementando en el Sistema. Es decir, la Administración nos retó, los Graduados Sociales aceptamos la responsabilidad, y a cambio nos otorgó un papel preponderante en la gestión de la información que les transmitimos, habiendo producido todo ello un enorme beneficio para la profesión. También recuerdo que, en aquellos primeros momentos del Sistema Red, y posteriormente con la introduc-

Es un reconocimiento que se debe transformar en influencia. Este es el verdadero reto para nuestro colectivo en el siglo XXI. Utilizar ese reconocimiento para influir. ción de muchas de sus nuevas funcionalidades, hubo voces críticas con este camino que estábamos recorriendo. Ya en esa época había compañeros que ponían el grito en el cielo por lo que ellos consideraban que suponía que nos estaban convirtiendo en funcionarios sin gratificación. ¿Os suena? Recuerdo años más tarde un acto en el Colegio de Valencia, tras la instauración de la posibilidad de poder domiciliar el pago de cuotas de los antiguos TC1. La TGSS quiso entregar un diploma a los compañeros que habíamos conseguido en pocos meses domiciliar el 90% de los pagos de nuestros CCC asignados. En presencia del Director General de la TGSS del Ministerio de Trabajo, algún compañero les pidió que a cambio de realizar todos estos trámites el Ministerio podría pagarnos el coste de los programas de

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nómina dado que estábamos soportando muchos costes derivados de la implantación progresiva del Sistema Red. A continuación, tomé yo la palabra para manifestarle al Director General el agradecimiento por poner en nuestras manos este despliegue tecnológico, por haber confiado en nuestro colectivo para lanzarlo, por haberlo hecho de forma totalmente gratuita con implementación de software específico, y para decirle que yo no quería que me pagaran el coste de mi programa de nóminas, sino que lo que yo pedía era MÁS. Más Sistema Red, más funcionalidades y, sobre todo, que continuaran teniendo en cuenta nuestras opiniones y nuestra experiencia en cualquier iniciativa en esa materia. Este es el camino de nuestra profesión para el futuro. Tal y como lo hemos encarado y lo hemos asumido en la pandemia. La Administración nos lanzó un reto el 14-3 sabiendo que por ella misma no iba a poder resolver esta situación tan compleja que la vida nos ha puesto delante a todos nosotros. Y nosotros lo asumimos con valentía, por nuestros clientes y sus trabajadores, y por la Justicia Social. Porque de la mano de entender que somos imprescindibles ha llegado el reconocimiento institucional. Pero es un reconocimiento que no nos sirve si sólo consiste en una palmada en la espalda o en un gracias por vuestra ayuda en una placa conmemorativa. Es un reconocimiento que se debe transformar en influencia. Este es el verdadero reto para nuestro colectivo en el siglo XXI. Utilizar ese reconocimiento para influir. Influir en modificaciones legislativas, influir para forzar modificaciones en procesos de gestión que están obsoletos o que la Administración ni siquiera se ha planteado que funcionan mal, influir para … para que todo funcione mejor porque nuestra opinión es importante, solvente y de gran ayuda. Esa concepción del Graduado Social activo, valiente, que acepta el reto de la Administración, y que se coloca en una posición de poder influir, es la que nos debe de guiar en el futuro. Obtengamos y busquemos un reconocimiento a partir de la consideración de nuestra importancia para que el sistema funcione. Y esta reflexión es la que debemos extraer también de la pandemia de la COVID-19 que estamos atravesando, y más concretamente, en nuestras relaciones con el SEPE Este es también nuestro reto inmediato en las comunicaciones que hemos tenido que realizar de los ERTE con el SEPE. Somos los que más sabemos de ellas porque las hemos tenido que sufrir. Conocemos sus deficiencias y sabemos cómo solventarlas. Reto que han sabido recoger en los Colegios Profesionales y en el Consejo General, desde el cual ya se inició antes de verano un camino con el Ministerio de Trabajo para trasladarle propuestas y sugerencias de los Graduados Sociales para la mejora de la gestión de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE. Propuestas que servirán en la presente pandemia, pero también en el futuro, para que el SEPE cambie a mejor.

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Artículo Y entre esas propuestas que los Graduados Sociales debemos de liderar están: Comunicaciones previas dirigidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la afectación o desafectación de trabajadores en un ERTE. Nadie discute la necesidad e importancia de esta comunicación por lo que se refiere el control del fraude en el acceso a prestaciones. Todos entendemos que la afectación de trabajadores en un ERTE, especialmente si se trata de trabajadores en reducción de jornada, debe quedar previamente plasmado en una información que debe estar a disposición del organismo de control. Y nadie duda que dichas comunicaciones iniciales, o de variación o de finalización de las propias medidas, se deben de realizar con carácter previo a que surtan efecto. Sólo de esta forma, se podrá distinguir aquella cuya comunicación es un fiel reflejo de la realidad de la empresa en el ERTE, de aquella otra que pretende un uso indebido de prestaciones públicas. Pero que asumamos como correcta esta comunicación previa y como parte de nuestra actuación profesional, no quiere decir que tenga que realizarse de la forma que actualmente está prevista. Con la realización de unos ficheros en un formato complejo que en algunos casos son farragosos e incluso inhumanos de rellenar; sin que podamos acceder con posterioridad al envío, a consultar el estado del calendario comunicado; sin que se pueda realizar una modificación sobre los datos introducidos de una forma sencilla, clara e igualmente efectiva.

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Es nuestra responsabilidad asumir esta comunicación, pero debe de formar parte de este nuevo papel que debemos asumir como colectivo profesional, hacerle ver a la administración que el procedimiento no es adecuado, ni sensato, ni lógico. Y proponer y estudiar codo con codo con ellos la forma de poder realizarlo de una forma más intuitiva y sencilla para conseguir el mismo objetivo informativo.

Periodos de actividad Es indudable que estas comunicaciones han sido y van a seguir siendo realizadas por los Graduados Sociales. El ERTE es un ser vivo cuyas vicisitudes nos corresponde a los profesionales informar, porque nadie que no sea la empresa tiene esta información. Podremos en todo caso no tener que realizar la solicitud de la prestación, pero la comunicación de los periodos nos va a corresponder a nosotros sí o sí. Pero sí podremos hacerle ver a la Administración las deficiencias que han tenido este tipo de comunicaciones para que cambien cosas: • Necesitamos formación en materia de periodos de actividad. Una formación integral que abarque todas las situaciones en las que un trabajador se puede encontrar al estar incluido en un Expediente de suspensión o de reducción de jornada.

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Artículo Esa concepción del Graduado Social activo, valiente, que acepta el reto de la Administración, y que se coloca en una posición de poder influir, es la que nos debe de guiar en el futuro. • Necesitamos la elaboración de un completo manual de uso y utilización de los periodos de actividad, descriptivo de todas las situaciones posibles. • Necesitamos que los generadores de periodos de actividad se mejoren más. Que los códigos de días trabajados vayan diferenciados de los códigos de incapacidades o de vacaciones para no generar confusión entre los profesionales. • Necesitamos que cada vez que se mejore la versión del generador, se nos informe a través de nuestros colegios profesionales, y, sobre todo, si el cambio se produce porque la anterior versión contenía algún error. • Necesitamos que, si se dictan instrucciones para la elaboración de los ficheros XML de periodos a través de los generadores, no se cambien estas instrucciones por otras que emanan de algunos funcionarios o incluso de algunas Direcciones Provinciales con explicaciones contradictorias con las que están incluidas en los generadores.

• Necesitamos que el Ministerio de Trabajo, a través del SEPE invierta en la renovación, cuando no sustitución, del aplicativo de reconocimiento de las prestaciones derivadas de ERTE, para que ciertas comunicaciones realizadas por los profesionales, conforme a las normas establecidas de forma correcta, no generen incidencias en el pago de la prestación, provocadas por las propias limitaciones de ese sistema informático. • Necesitamos una comunicación fluida del SEPE con los Colegios Profesionales para informar y anticiparse a errores que se pueden provocar en la gestión de las prestaciones por la publicación de nuevas normas. • Necesitamos tener acceso al resultado de los envíos de los ficheros de periodos de actividad. Si nos hacen responsables del envío, si nos hacen responsable del correcto percibo de la prestación de los trabajadores de cara a éstos y de cara a nuestros clientes, necesitaríamos tener acceso a los datos de la prestación del trabajador para comprobar que lo que hemos comunicado se ha transformado en un pago correcto de la prestación. Si hace falta cambiar la LOPD, que se cambie. Echando la vista atrás a nuestra profesión desde aquel día de diciembre de 1.997, todo reto que nos ha lanzado la Administración como colectivo, lo hemos transformado en una oportunidad para nuestro despacho y en un paso para el afianzamiento de nuestra profesión con nombre y apellido. Asumamos nuestro papel sin miedo, con una confianza renovada en nosotros mismos. Llevamos muchos meses demostrando que somos muy capaces de hacer y de proponer. Orgulloso de ser GRADUADO SOCIAL DEL SIGLO XXI.

SIGLO XXI 64

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Artículo

Jesús Maza Burgos Presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Sevilla #AcuerdoContraelCáncer

El cáncer en tiempos de Covid

La pandemia que nos invade está teniendo múltiples y variadas consecuencias, en cualquier ámbito de nuestra vida en que nos fijemos. El 4 de febrero está señalado en el calendario de los recordatorios como el Día Mundial Contra el Cáncer, y qué mejor momento para ver como esta dichosa epidemia está afectando, y de qué manera, a todo el entorno oncológico, en el que, desde hace muchos años, miles de pacientes cada año luchan por salir adelante, frente a una enfermedad que cada día nos reta de una forma diferente. Es evidente que la noticia está en el COVID, es lo que llena las páginas de nuestros diarios, y los minutos de los informativos. Lamentablemente, ha paralizado nuestra sociedad, y entre todos tenemos que luchar y tratamos de hacerle frente, con mayor o menor fortuna. Ojalá que, dentro de poco, consigamos vacunarnos todos, y dejar esto como una lejana pesadilla. Pero ¿cómo está afectando el virus a los enfermos de cáncer? Sin duda, la pandemia está teniendo un efecto muy pernicioso en estos ciudadanos, sobre los que la Asociación Española Contra el Cáncer vuelca todos sus esfuerzos y centra su actividad. Partimos de dos premisas, y ya que están tan de moda las vacunas, podemos afirmar que la mejor vacuna del cáncer tiene dos componentes: el diagnóstico precoz y la investigación, y ambos están sufriendo el impacto de la pandemia. Por una parte, el temor ciudadano al contagio, y por otro, la saturación de la atención primaria, han hecho que se reduzcan los diagnósticos precoces de una forma alarmante en los últimos meses. Se han detenido algunos programas de cribado, que son clave para la cura en el cáncer de colon, y se está produciendo una disminución de la actividad diagnóstica de cáncer en citologías (30%) y biopsias (23%).

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Evidentemente esta circunstancia tendrá consecuencias dentro de poco, porque los índices de recuperación que se estaban consiguiendo, gracias a esta anticipación en el diagnóstico, se van a ver frenados, ya que un diagnóstico tardío compromete en gran medida el éxito de la recuperación. En nuestro sistema sanitario, a pesar de las dificultades y la saturación, se está tratando de mantener el nivel de atención tanto en los tratamientos, como en las operaciones oncológicas, pero es necesario insistir en la diagnosis anticipada, mantener las campañas de prevención, seguir difundiendo las campañas de concienciación en hábitos de vida saludable, así como mantener las campañas de cribado y cualquier otra que anticipe lo más posible el diagnóstico. En todo esto, las autoridades sanitarias por un lado y los ciudadanos tienen mucho que decir, pero para eso nos tienen a la Asociación Española Contra el Cáncer y a otras muchas organizaciones que luchan contra esta enfermedad, para colaborar con la administración, y para orientar y apoyar a todas aquellas personas que lo necesiten. Pero no nos olvidemos de la otra parte de la vacuna contra el cáncer: la investigación. Es indudable que la urgencia marcada por el COVID está centrando gran parte del esfuerzo en la investigación en la pandemia, y perjudicando otras patologías que, aunque tengan menor actualidad, sin embargo, tienen a sus espaldas un número de víctimas mayor que los de la propia pandemia. Mientras el país está sufriendo una crisis económica sin precedentes en la historia, y lógicamente, en el caso de las personas enfermas de cáncer la situación para ellos y sus familias están siendo devastadoras. Y aquí es donde

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Artículo Mientras el país está sufriendo una crisis económica sin precedentes en la historia, y lógicamente, en el caso de las personas enfermas de cáncer la situación para ellos y sus familias están siendo devastadoras. vemos que, aunque el cáncer es igual para todos, no todos somos iguales ante el cáncer. En el 46% de los casos la situación económica de la familia ha empeorado debido a esta crisis: se ha producido un grave recorte de ingresos por la pérdida de empleos del propio paciente o de sus familiares, sin que el nivel de gastos necesarios para hacer frente a esta enfermedad se haya reducido. Tenemos que tener en cuenta que el cáncer genera una serie de gastos que no siempre están cubiertos por el sistema sanitario. Deberíamos reflexionar en el impacto que el cáncer tiene en el empleo, y como debe reaccionar la empresa y la administración ante las contingencias que tiene que afrontar un paciente frente a su situación laboral. Gracias a Dios cada día es mayor el índice de recuperación frente a procesos oncológicos. La investigación, la detección precoz y unos hábitos de vida cada vez más saludables, lo están haciendo posible. Pero el 65% de las personas diagnosticadas con cáncer tiene más de 50 años, lo que supone una dificultad añadida, cuando después del duro proceso de recuperación, tiene que volver a reincorporarse a la vida laboral. Si ha conseguido preservar su puesto de trabajo, la clave estará en afrontar la reincorporación con las garantías físicas y psicológica para estar al nivel de exigencia que el puesto de trabajo le exija. Y en este punto es donde la empresa debería establecer protocolos para garantizar la incorporación al empleo en las mejores condiciones.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer seguimos luchando cada día para sensibilizar a la sociedad en esta incansable batalla, para acompañar a los pacientes y a sus familiares en su día a día, y para apoyar y complementar al sistema de salud y a la investigación que nos permite albergar esperanzas. Con motivo de la campaña del día mundial del Cáncer tenemos que seguir reclamando que los proyectos iniciados, continúen recibiendo el apoyo de las administraciones. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer, cada año son más los proyectos que financiamos, gracias a la ayuda de miles de personas que, con sus aportaciones voluntarias, nos permiten continuar apoyando a los investigadores. Este año se han tomado medidas para que el confinamiento no afecte a estos investigadores, y que nos vayan presentando sus avances, que poco a poco contribuyen a que cada día nos acerquemos más a la derrota de esta cruel enfermedad. También, la Asociación Española Contra el Cáncer dentro de sus prioridades, en la misión que nos planteamos como asociación, incluimos el acompañamiento y el apoyo psico-oncológicos, que se ha revelado como una de las mejores terapias para luchar contra esta enfermedad. Tenemos que recuperar esta confianza, y existen fórmulas que estamos ensayando desde la AECC para seguir acompañando a estas personas en su lucha. Para ello, la legión de voluntarios que nos apoyan son el engranaje fundamental, a través del que poco a poco, iremos recuperando la normalidad La AECC con sus más de 800 voluntarios en Sevilla, sus 52 juntas locales en otros tantos municipios, y nuestros casi 23.000 socios en la provincia que aportan su ayuda económica, siguen luchando a diario. Pasará el tiempo del COVID, cuando las vacunas consigan inmunizar a la población, pero seguirá la amenaza del cáncer, contra el que tenemos que seguir luchando. Y seguiremos haciéndolo, al lado de los pacientes y sus familias, apoyando al sistema de salud, y gracias a la ayuda de todos.

Pero si no lo ha podido preservar, o simplemente, si se trata de un trabajador autónomo, las dificultades se incrementan notablemente, y el paciente, o el familiar del paciente que también se ha podido ver afectado, se enfrenta a un reto difícil de superar. Y es aquí donde las administraciones deberían articular programas de apoyo para lograr amortiguar lo más posible este impacto.

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Artículo

Ana Aranzábal Directora Territorial Jurídica-Zona 4 Mutua UniversaL -MUGENAT, MCSS, nº 10

Las impugnaciones- revisiones de alta antes y tras los 365 días

El Real Decreto 1430/2009 de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007 de 4 de diciembre de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal, regula en el artículo 3 el procedimiento de disconformidad con el alta emitida por las entidades gestoras, y en el artículo 4, el procedimiento administrativo de revisión de las altas médicas en los procesos de incapacidad temporal emitidas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

El proceso se inicia ante la entidad Gestora. El interesado debe comunicar el inicio de este proceso de revisión a la empresa el mismo día o al siguiente hábil.

Interesa abordar el artículo 4, de manera especial, ya que resultó modificado por el Real Decreto 625 /2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, el cual sustituye a las anteriores disposiciones reglamentarias que regulaban la gestión y el control de esta prestación, y complementa otras normas, adecuando el contenido de aquellas a los cambios legislativos que se han ido produciendo, en el ámbito de la gestión y el control de la incapacidad temporal.

El abono de la prestación se realiza en la modalidad de pago delegado.

Regula la revisión de las alta médicas expedidas por los servicios médicos de las Mutuas y empresas colaboradoras en los procesos de Incapacidad Temporal derivados de contingencia profesional antes de los 365 días. El trabajador dispone de un plazo de diez días naturales (antes 4) para impugnar el alta emitida por la Mutua.

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La mutua dispone de un plazo de 4 días para realizar las alegaciones y presentar prueba. La iniciación del procedimiento especial de revisión suspende los efectos del alta médica emitida, y debe de entenderse prorrogada la situación de incapacidad temporal (artículo 4.3)

Sin embargo, tal y como se adelanta en este apartado, y se recoge expresamente en el apartado 8, si la entidad gestora confirma el alta emitida por la entidad colaboradora, o establece nueva fecha de extinción de la it, las prestaciones económicas se considerarán indebidamente percibidas, y por tanto será exigible su devolución. El apartado 11 declara la incompatibilidad de salarios con la prestación de incapacidad temporal, durante la tramitación de este procedimiento. Y establece que la resolución que se emite pone fin a la vía administrativa y habilita la posibilidad de demanda ante el Juzgado de lo Social. El proceso de disconformidad del alta tras los 365 días, viene recogido en el artículo 170 de la Ley General de Seguridad Social (en adelante LGSS), que regula las Competencias sobre los procesos de incapacidad tem-

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Artículo

poral, en redacción dada en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde el alta médica, el interesado podrá manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud. Si esta discrepara del criterio de la entidad gestora tendrá la facultad de proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de su decisión, especificando las razones y fundamento de su discrepancia. Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, el alta médica adquirirá plenos efectos. Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal. Es decir, si el trabajador impugna el alta médica, la situación de incapacidad temporal se prorrogará durante la tramitación del procedimiento hasta emisión de la Resolución. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo de revisión, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a instancia del interesado, de las altas que expidan las entidades colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal, previsión entendemos ha quedado cubierta con el redactado del Real Decreto 625/2014 y su desarrollo por la Orden ESS / 1187/205 de 15 de junio.

Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde el alta médica, el interesado podrá manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud. Si esta discrepara del criterio de la entidad gestora tendrá la facultad de proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de su decisión, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.

El procedimiento finaliza como el de la revisión de alta instado antes de los 365 días: la resolución que emite es INSS da por finalizada la vía administrativa, y apertura el plazo de demanda, que es de veinte 20 días y se rige por lo establecido en los artículos 71 y 140 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Por tanto, en los dos procedimientos la Resolución de la entidad Gestora agota la vía previa y da pie de demanda.

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Movimiento Colegial Incidencias colegiales Octubre - Diciembre 2020 ALTAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Colegiado: 2035

Colegiado: 2038

Sergio Domínguez Caraballo

José Juan Mantilla Rodríguez

Domicilio profesional:

Plaza de España, 13

Localidad profesional:

41400 ECIJA

Tlfno:

658 906 008

Domicilio profesional:

Avda. Santa Lucía, 25

Localidad profesional:

41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

Tlfno:

606 790 745

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2036

Nº Colegiado

2039

Nombre

José Luis Garrudo García

Nombre

Inmaculada Navarro Villalobos

PRECOLEGIADOS PRECOLEGIADO

PRECOLEGIADO

Nº Colegiado

2030

Nº Colegiado

2031

Nombre

Ramón Muñoz León

Nombre

Isabel Torquemada García

PRECOLEGIADO

PRECOLEGIADO

Nº Colegiado

2032

Nº Colegiado

2033

Nombre

Rubén Núñez Bascón

Nombre

Alicia Vaca Martín

PRECOLEGIADO

PRECOLEGIADO

Nº Colegiado

2034

Nº Colegiado

2037

Nombre

Joaquín Luis Suárez Reyes

Nombre

Mª del Carmen Gordillo Rodríguez

CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJERCIENTE DE EMPRESA A EJERCIENTE

Nº Colegiado

1315

Nombre

José Carlos Barbero García

EJERCIENTE A EMÉRITO

Domicilio profesional C/ Albert Einstein, Nº 10 Tlfno.

696 450 938

Nº Colegiado

1359

Localidad prosional

41092 SEVILLA

Nombre

Anselmo Delgado Muñoz EJERCIENTE A EMÉRITO

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

1867

Nº Colegiado

0266

Nombre

Rafael Baena Sánchez

Nombre

Juan Caso Moreno

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Movimiento Colegial CAMBIOS DE MODALIDAD EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0543

Nº Colegiado

1508

Nombre

Juan Antonio Labrado López

Nombre

Consolación Granado Expósito

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

EJERCIENTE A NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1395

Nº Colegiado

1823

Nombre

Luis Talavera Fernández

Nombre

Carlos Javier Campos Muñiz

DE NO EJERCIENTE A EMÉRITO

Nº Colegiado

0442

Nombre

Francisco Delgado Muñoz

BAJAS EJERCIENTE LIBRE

EJERCIENTE LIBRE

Nº Colegiado

1370

Nº Colegiado

0793

Nombre

Zenaida González-Caballos Martínez

Nombre

José Marquina Maldonado

EJERCIENTE LIBRE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1940

Nº Colegiado

1536

Nombre

Rafael Vera Ortiz

Nombre

José Luis García Martín

EJERCIENTE DE EMPRESA

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

0441

Nº Colegiado

1653

Nombre

Luis Carlos Carnerero Miranda

Nombre

Manuel Barragán Rodríguez

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

1877

Nº Colegiado

1292

Nombre

Clara Isabel Prior Vázquez

Nombre

Marta Isabel Lara Martín

NO EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

Nº Colegiado

2016

Nº Colegiado

1629

Nombre

Laura Marín Iglesias

Nombre

Manuel Rodríguez Martín

PRECOLEGIADO

PRECOLEGIADO

Nº Colegiado

1950

Nº Colegiado

1954

Nombre

Juan Antonio Hospital Pérez

Nombre

Consolación García Lara

PRECOLEGIADO

PRECOLEGIADO

Nº Colegiado

1989

Nº Colegiado

1994

Nombre

Marina Toledo Ramírez

Nombre

Cristina Ruiz Pérez-Aranda

PRECOLEGIADO

PRECOLEGIADO

Nº Colegiado

2000

Nº Colegiado

2002

Nombre

Isabel Calero Castro

Nombre

José Ángel Cordero Rufo

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Jurisprudencia

"Selección de jurisprudencia realizada por Alejandro Nisa Ávila (Graduado Social, Vocal del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y miembro del Consejo Editorial)" EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR MUERTE TRABAJADOR RELEVADO: Tribunal Supremo, 28-10-2020 EL fallecimiento del trabajador relevado causa la extinción de su contrato de trabajo, pero no determina el cese del contrato del relevista que, con independencia de que se haya suscrito por tiempo indefinido o por una duración determinada se mantiene en sus propios términos. Un trabajador suscribe con un ayuntamiento un contrato de relevo por jubilación parcial acordando como fecha de finalización el 28-9-20. El 22-5-17, el ayuntamiento comunica al trabajador la extinción de su contrato debido al fallecimiento del trabajador relevado. Desestimada la demanda de despido tanto en primera instancia como en suplicación, el trabajador recurre en casación para unificación de doctrina. La cuestión litigiosa es la incidencia del fallecimiento del trabajador relevado en el contrato suscrito por el relevista.

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El TS señala que, aunque en su origen el contrato de relevo surge de una novación del contrato de trabajo del relevado que convierte su relación de trabajo en empleo a tiempo parcial, esta conexión originaria no determina una dependencia funcional del contrato de relevo respecto de la situación del jubilado parcial. La conexión de ambos contratos es meramente externa, de coordinación y no de subordinación de un contrato a otro. Una prueba de ello es que el contrato de relevo suscrito por el relevista puede ser desde el principio un contrato de trabajo por tiempo indefinido (ET art.12.7. b). La finalidad de la jubilación parcial es combinar los intereses de los sujetos implicados -empleador, relevado y relevista- sobre la base de mantener el volumen de empleo existente en la empresa. De ello se deduce que el puesto de trabajo afectado por el contrato de relevo, que ha de ser el mismo desempeñado por el jubilado parcial o un puesto de trabajo similar, se ha de conservar, salvo causas económicas justificadas sobrevenidas, al menos hasta la jubilación total del relevado. Así se deduce del art. 12.7.b ET cuando exige una duración mínima del contrato igual al intervalo entre la jubilación parcial y

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Jurisprudencia la total. En conclusión, la muerte del trabajador relevado es, ciertamente, causa de la extinción de su contrato de trabajo (ET art.49.1. e), pero tal acontecimiento no tiene incidencia en el contrato de trabajo del relevista, el cual, se haya suscrito por tiempo indefinido o por una duración determinada, se mantiene vivo y vigente en sus propios términos. El contrato del trabajador relevista debió mantenerse hasta la fecha concertada prevista de jubilación total del relevado, es decir, hasta el 28-9-20. En consecuencia, la extinción del contrato el 22-5-17, por el fallecimiento del relevado, constituye un despido improcedente. Reitera doctrina de TS 25-2-10

EQUIPARACIÓN RETRIBUTIVA DE TRABAJADORES DE ETT: Tribunal Supremo, 20-10-2020 La equiparación retributiva de los trabajadores de las ETT puestos a disposición de las empresas usuarias alcanza a todos los conceptos retributivos reconocidos en cualquier instrumento de negociación colectiva, siempre que tenga una aplicación general en la empresa. Es irrelevante que el concepto retributivo sea variable y que no tenga su origen en un convenio colectivo estatutario, sino en un acuerdo del comité de empresa europeo

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Se plantea demanda de conflicto colectivo por la representación de los trabajadores de la ETT que fueron cedidos legalmente a través del contrato de puesta a disposición a una empresa usuaria integrada en un grupo de empresas a nivel europeo. La demanda se presenta en reclamación de que se les abone la paga de beneficios que en virtud de acuerdo alcanzado por el comité de empresa europeo perciben los trabajadores de la empresa usuaria que reúnen los requisitos exigidos en el acuerdo. La demanda fue estimada por la AN, por lo que tanto la empresa usuaria como la ETT recurren en casación. Alegan ambas, que la ETT no puede ser obligada a satisfacer una paga que deriva de un acuerdo colectivo del grupo empresarial al que pertenece la empresa porque no está incluida en el convenio colectivo que le es aplicable a ella. El TS señala que la obligación de equiparación retributiva de los trabajadores de las ETT puestos a disposición de las empresas usuarias respecto de los contratados directamente por estas no surge del convenio de las ETT, sino de una norma con rango legal que se impone sea cual sea la actividad de la empresa usuaria (LETT art.11.1). Tiene por finalidad que los trabajadores de la ETT perciban una retribución al menos igual que la del trabajador de la empresa usuaria, sin perjuicio de que por convenio colectivo de las ETT se puedan establecer retribuciones superiores, en cuyo caso serían aplicables estas últimas. Las condiciones retributivas de la empresa usuaria que deben tomarse en consideración son, por lo tanto, las reconocidos en cualquier instrumento de ne-

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Jurisprudencia gociación colectiva, cualquiera que sea su naturaleza o eficacia, siempre que tenga una aplicación general en la empresa. De lo contrario, la finalidad de la norma se vería perjudicada en los casos en que o bien no existe un convenio colectivo estatutario o bien las retribuciones han sido fijadas a través de acuerdos o pactos de empresa. Por lo tanto, la ETT está obligada a satisfacer todas las partidas retributivas que la usuaria abona a sus empleados si la obligación de pago surge de cualquier acuerdo colectivo o decisión de carácter general, sin que se pueda excluir el acuerdo alcanzado por el comité de empresa europeo. El TS rechaza también, en atención a la literalidad del art.11.1 de la LETT, que la paga de beneficios deba ser excluido de la equiparación retributiva por ser un concepto variable. En cuanto a la alegación de que la paga de beneficios no está vinculada al puesto de trabajo, el TS interpreta el principio de igualdad retributiva afirmando que incluye todo lo percibido como consecuencia de la actividad laboral puesto que lo que se pretende lograr es que el resultado económico obtenido por el trabajador de la ETT mientras presta servicios en la usuaria no sea inferior al que obtiene el de la empresa usuaria por el mismo trabajo. Ello determina que la equiparación no puede detenerse en el salario, sino que debe comprender, para ser efectiva, la compensación de los gastos realizados en función de la prestación de trabajo.

despido colectivo realizado al margen del procedimiento legal sea calificado nulo. La empresa, dedicada a la instalación y mantenimiento de redes que contaba de 180 trabajadores, extingue entre el 16-3-20 y el 3-4-2020 los siguientes contratos: 6 temporales, 25 por no superar el periodo de prueba y 34 disciplinariamente por disminución de rendimiento, los que pagó la indemnización por despido. La empresa solicitó la aplicación de un ERTE por fuerza mayor a partir del 6-4-2020. La representación de los trabajadores entiende que debió tramitarse como un despido colectivo por lo que interpone demanda solicitando la nulidad de las extinciones contractuales de los 65 trabajadores o subsidiariamente que se declare que no son ajustadas a derecho. El TSJ parte de considerar que la actividad de la empresa no quedó ni interrumpida ni limitada por el estado de alarma, ni para la gestión de la situación de crisis sanitaria y tampoco resultó afectado por el permiso retribuido recuperable (RDL 10/2020). Por todo ello, indica que, aunque ignora la suerte que corrió el ERTE solicitado, la empresa quedaba fuera del RDL 8/2020 art.22 y 23.

Por ello, el TS desestima los recursos y reconoce el derecho de los trabajadores de la ETT a percibir la paga de beneficios siempre que reúnan los requisitos exigidos en el acuerdo para su percepción.

Respecto de la extinción de los contratos temporales, la empresa no ha acreditado la causa de las finalizaciones, por lo que declara su improcedencia. Además, considera que la extinción de los contratos temporales resulta contradictoria, al menos en teoría, con el mantenimiento de la actividad de la empresa que, además, le sirvió para reprochar bajo rendimiento a quienes despidió disciplinariamente.

UMBRALES DEL DESPIDO COLECTIVO:

Respecto de los despidos disciplinarios, el TSJ considera que también merecen la calificación de improcedencia sin necesidad de otra argumentación al haber pagado la empresa la indemnización oportuna; y en coherencia con la ausencia, de nuevo, e cualquier prueba sobre la imputación de disminución del rendimiento.

TSJ País Vasco, 12-11-2020 El TSJ País Vasco declara la nulidad de los despidos producidos durante el estado de alarma al haberse superado los umbrales necesarios para su tramitación como despido colectivo. Entre los despidos anulados computa a 25 personas despedidas por no superar el periodo de prueba, ya que, aunque, en general, la empresa no debe esgrimir causa, si debe acreditarla cuando la extinción coincide con otros despidos sin causa y existe un número elevado de extinciones (25). La prohibición de despidos colectivos en aquellas fechas no es obstáculo para que el

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Sobre los despidos por no superar el periodo de prueba el TSJ considera que también deben calificarse como improcedentes. Señala que, aunque la empresa no ha de esgrimir la causa por la que considera no superado el periodo de prueba, si, como en el supuesto enjuiciado, la extinción se produce en coincidencia cronológica con otros despidos disciplinarios declarados improcedentes y con extinciones de contratos temporales también improcedentes, así como en número elevado (25), la decisión empresarial requiere ser acreditada. Se concluye que en cuanto que las extinciones (65 en una plantilla de 180 trabajadores) no cuentan con co-

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Jurisprudencia bertura legal, atendiendo al umbral numérico ET at.51.1, la empresa debió proceder a tramitar y negociar un despido colectivo. Asimismo, la imposibilidad del despido colectivo en aquellas fechas (RDL 8/2020 art.22 y 23) no es un obstáculo para que el despido colectivo operado al margen de su cauce legal sea calificado como nulo Se estima la demanda planteada ante el TSJ País Vasco declarando nulas las extinciones de los 65 trabajadores condenando a la empresa a su readmisión con abono de los salarios de tramitación.

CONTRATO EVENTUAL PARA SUSTITUIR EMPLEADOS: Tribunal Supremo, 10-11-2020 La genérica invocación de la necesidad de cubrir los permisos, licencias y vacaciones de los trabajadores de plantilla, no justifica la utilización del contrato eventual por circunstancias de la producción. No queda acreditada la insuficiencia del personal necesario para el desarrollo de la actividad de la administración empleadora siendo exigible una prueba más precisa y exhaustiva de las concretas circunstancias que concurren en la plantilla Un trabajador incluido en la bolsa de trabajo de un organismo público presta servicios para la misma en virtud de diferentes contratos eventuales por circunstancias de la producción para la realización de tareas propias de la oficina, y contratos de interinidad para la sustitución por vacaciones de los trabajadores. A la finalización del último de los contratos, el trabajador presenta demanda de despido considerando que los diferentes contratos temporales suscritos con la administración no son ajustados a derecho. Se estima la demanda en primera instancia al considerar el juzgado que los contratos temporales se concertaron en fraude de ley, lo que conlleva la calificación de la relación laboral como indefinida y su extinción como despido improcedente. Frente a la sentencia revocatoria en suplicación, recurre el trabajador en casación para la unificación de doctrina.

de los trabajadores de la plantilla solo podrían justificar una acumulación de tareas. El contrato eventual por circunstancias de la producción exige que se exprese con precisión y claridad la causa o circunstancia que justifican la contratación. En el caso analizado, los contratos eventuales suscritos incurren en una clara irregularidad formal pues se limitan a reflejar como causa de temporalidad la realización de tareas propias de la oficina sin ninguna otra precisión. Frente a la falta de concreción se admite prueba en contrario que demuestre que el contrato obedecía a la existencia de un déficit de plantilla que justifique la utilización de esta modalidad de contratación, pero no cabe dar por válida la mera y genérica necesidad de cubrir las situaciones de vacaciones, licencias y permisos del personal de plantilla, sin mayor especificación. La doctrina del TS acoge la posibilidad de utilizar la contratación eventual como mecanismo coyuntural para suplir la insuficiencia de personal en organismos públicos, pero limita su alcance a las situaciones en las que se produce un manifiesto desequilibrio entre el personal disponible y la actividad que debe desarrollar el organismo, por la existencia de vacantes que no pueden ser cubiertas de modo rápido por tener que respetarse los mecanismos legales que rigen en materia de empleo público. En estos casos concurre nítidamente el supuesto propio de la acumulación de tareas. Pero esto no se acredita con la abstracta y genérica invocación de los períodos de vacaciones, licencias y permisos de los que disfruta el personal que configura la plantilla ordinaria del organismo público, sino que exige una prueba más precisa y exhaustiva de las concretas circunstancias que concurran en la plantilla que justifiquen el recurso a esta modalidad de contratación. El TS no considera acreditada ninguna causa extraordinaria que justifique el recurso al contrato eventual por circunstancias de la producción, por lo que los considera celebrados en fraude de ley. Por ello, estima el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirma íntegramente la sentencia de instancia.

Sobre este asunto, el TS recuerda que, en las administraciones públicas, la desproporción del personal con el volumen da las tareas justificarían la interinidad por vacante, pero las necesidades provocadas por las vacaciones

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Jurisprudencia ACCIDENTE DE TRABAJO DURANTE EL TIEMPO DE DESCANSO: Tribunal Supremo, 13-10-2020 El TS considera procedentes de AT las lesiones del trabajador producidas durante el periodo de descanso cuando se dirigía al aparcamiento de la empresa. Aprecia que existe un enlace directo entre la situación en la que se encontraba el trabajador cuando se produjo la caída y el tiempo y el lugar de trabajo. Un trabajador por cuenta ajena y afiliado al RGSS se resbala y cae al suelo cuando se dirigía a su vehículo situado en el aparcamiento de la empresa durante su tiempo de descanso de 40 minutos. Como consecuencia de la caída, sufre determinadas lesiones que la Mutua considera no proceden de AT al haberse producido durante el tiempo de descanso del trabajador. Presentada demanda solicitando que se declare su origen laboral, tanto en la instancia como en suplicación se declara que el procedo de IT iniciado deriva de AT. Disconforme la mutua interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS. Para resolver la cuestión el TS recuerda su teoría de la ocasionalidad relevante que se caracteriza por una circunstancia negativa y otra positiva. La primera es que los elementos generadores del accidente no son específicos o inherentes al trabajo y la positiva es que o bien el trabajo o bien las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no se hubiese producido el evento. Esta doctrina es aplicable al supuesto enjuiciado, ya que la forma en que ocurrió el accidente evidencia la existencia de un enlace directo y necesario entre la situación en la que se encontraba el trabajador cuando se produjo la caída y el tiempo y el lugar de trabajo. Lo que permite aplicar la presunción de según la cual se considera AT el sucedido durante el tiempo y lugar de trabajo (LGSS art.156.3), al haberse acreditado que se ha producido con ocasión de su desplazamiento al aparcamiento de la empresa, lo que impone su calificación como accidente de trabajo (LGSS art.156.1). En cuanto que no concurre ninguna circunstancia que evidencie de manera inequívoca la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y la caída, el TS concluye que las prestaciones derivadas del mismo, deben calificarse como derivadas de AT.

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Por todo ello, se desestima el recurso planteado confirmando la sentencia de instancia

FAMILIAS MONOPARENTALES; DERECHO A LA PRESTACIÓN DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE HIJO TSJ País Vasco, 6-10-2020 Se reconoce el derecho de las familias monoparentales a disfrutar de 24 semanas en la prestación por nacimiento y cuidado de hijo. Considera que lo contrario vulnera el derecho de igualdad por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo que va a recibir el menor afectado va a sufrir una merma respecto del que recibe el que forma parte de una familia monoparental. Además, se produce una discriminación contra la mujer, que es la que constituye la mayor parte de las familias monoparentales. Trabajadora con una hija el 16-6-2019 constituyendo una familia monoparental al ser la única progenitora. Solicita la prestación por nacimiento y cuidado de menor que le es reconocida por el INSS hasta el 5-10-19. El 4-9-2019 solicita la prestación por nacimiento y cuidado del menor que en caso de familia biparental hubiera correspondido al otro progenitor. Considera que, mientras aquellas disfrutan de un permiso de 24 semanas, repartidas entre 16 semanas para la madre y 8 para el progenitor, en éstas el beneficio es exclusivamente de 16 semanas, restándose derechos fundamentales que afectan tanto al derecho de la igualdad de género, como a los hijos que quedan desprotegidos Al ser denegada por el INSS, la trabajadora presenta demanda que es desestimada por el juzgado de lo social. Disconforme, la trabajadora presenta recurso de suplicación ante el TSJ País Vasco. El TSJ recuerda que la prestación por nacimiento y cuidado de menor suspende el contrato de trabajo de la madre biológica durante 16 semanas, fijando también para el progenitor distinto de la madre biológica una suspensión de 16 semanas. Es un derecho individual de la persona trabajadora, cuyo ejercicio no puede transferirse al otro progenitor. Para el TSJ esto supone que la prestación esté basada en la protección del menor y en general de la infancia; la introducción de una medida de igualdad de la mujer; y un elemento de conciliación de la vida familiar. Partiendo de esta regulación, el TSJ estima la demanda en base a las siguientes consideraciones:

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Jurisprudencia Si se deniega la prestación a la beneficiaria, en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir. En cuanto la aplicación de la normativa nacional quiebra esa igualdad, el TSJ aplica el Convenio sobre los Derechos del Niño que resulta de aplicación directa. La norma nacional introduce un elemento de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida familiar. Señala que, desde una perspectiva sociológica, el sistema de familia nuclear biparental ha variado, introduciéndose nuevos modelos y entre ellos la familia monoparental, que, en términos estadísticos, están constituidas en su mayoría por mujeres. Cuando en la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento o cuidado del menor se incorpora al varón u otro progenitor de forma indirecta perjudica a la mujer. Aunque la reforma pretende la igualdad entre el hombre y la mujer, también introduce una nueva brecha en la que los hogares monoparentales, e indirectamente la mujer, queda discriminada. Para el TSJ no está justificado que las familias monoparentales reciban un trato distinto, ya que el estado civil de la persona se introduce como un elemento fundamentalmente determinante de una situación de facto, como son solteros, viudas, o en ruptura matrimonial frente a los que presentan una situación de matrimonio o unión. Respecto de los derechos de conciliación y vida familiar, se considera que se produce un trato dispar ya que la protección es menor para las familias monoparentales. La finalidad de la norma es la búsqueda de fórmulas que congenien la realidad de la persona y la de los ciclos productivos. Es cierto que la suspensión del contrato de trabajo tiene una repercusión dentro de la actividad empresarial, pero la integración en un solo progenitor de la acumulación de todo el período de suspensión, aglutina toda la suspensión en un solo trabajador, pero no deja de ser el mismo disfrute que cuando nos encontramos ante una dualidad de progenitores. Aunque puede existir una justificación del trato dispar a las formas de unidad de las parejas, de ello no puede inferirse un trato desigual a las familias que integran el hecho de la maternidad, acogimiento, adopción o guarda, pues la opción por el hogar monoparental no delimita un vínculo diferente de filiación determinante del cuidado y atención del menor, y sus propios derechos.

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Por todo ello, se estima la demanda y se declara el derecho de la trabajadora a acumular 8 semanas adicionales por nacimiento y cuidado de hijo, determinando ello el abono de la prestación correspondiente.

DINÁMICA DEL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE: Audiencia Nacional, 16-11-2020 La forma de recuperación de las horas no trabajadas durante el permiso retribuido recuperable debe negociarse con la representación de los trabajadores. Pero a falta de acuerdo, la empresa puede decidir la medida unilateralmente en el ejercicio de su poder de dirección y organización. El 3-7-2020 la comisión negociadora de la empresa inicia un período de consultas para establecer la forma de recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable (PRR) implantado para 113 entre el 30-3-2020 y el 9-4-2020. Ante la falta de consenso, el 16-7-2020, la empresa comunica la forma de recuperación del permiso que puede realizarse, hasta el 31-12-2020, de alguna de las siguientes maneras: - Recuperación diaria, hasta el máximo de 10 horas/día y 45 horas/semana, respetando el descanso diario y semanal. - Compensando las horas de PRR con horas de vacaciones si la persona trabajadora lo solicita y con el acuerdo de la empresa. - Recuperación en proyectos con ampliaciones de jornada, incluidas aquellas en fines de semana y/o festivos, previo acuerdo con el empleado. - Compensando las horas de PRR con horas o días de libre disposición si la persona trabajadora lo solicita y con el acuerdo de la empresa. La representación sindical presenta demanda de conflicto colectivo solicitando la declaración de nulidad de la medida. Considera que la recuperación diaria planteada no es ajustada a lo establecido en los convenios de aplicación en la empresa y en el resto de la normativa aplicable (ET y RDL 10/2020) ya que el convenio colectivo aplicable a uno de los colectivos afectados por la medida establece un máximo de 9 horas/día para la distribución irregular de la jornada.

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Jurisprudencia La AN señala que si se tratara de un supuesto estricto de distribución irregular de la jornada (ET art.34.2), la decisión de la empresa sobre la forma de recuperación del permiso retribuido recuperable hasta un máximo de 10 horas/día sería contraria a lo establecido en el convenio colectivo. No obstante, el permiso retribuido obligatorio recuperable consiste en una distribución irregular de la jornada, pero con origen, no en el art.34.2 del ET sino en el RDL 10/2020 y los únicos límites que operan en su recuperación son los previstos en dicha norma, entre los que no figura un límite máximo de recuperación diaria. Rechaza que se puedan recuperar las horas no trabajadas mediante su imputación a vacaciones ni por decisión unilateral de la empresa, pues ello supondría una clara contravención del art. 38 ET que establece que el período de disfrute de las vacaciones se debe fijar de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, ni mediando acuerdo en el periodo de consultas, dado que se trata de un derecho indisponible. Además, la imposibilidad de compensar las horas de trabajo a recuperar con el disfrute de las vacaciones se desprende del propio tenor del art.3 RDL 10/2020 que solo habla de recuperar las indicadas horas, omitiendo toda referencia a una posible compensación total o parcial con el período de vacaciones. No obstante, nada impide que los trabajadores, como ocurre en el caso analizado, puedan optar entre recuperar el permiso retribuido o, compensar las horas de PRR con horas de vacaciones. En atención a estas circunstancias, la AN concluye que la decisión empresarial supone un ejercicio adecuado de su poder de dirección y organización, habiéndose contado en todo momento con la representación legal de los trabajadores a través de un proceso negociador, sin que el hecho de que no se haya logrado un acuerdo implique la ilegalidad de la actuación empresarial y desestima la demanda.

DERECHO DE PREFERENCIA DE REINGRESO EN LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA: Tribunal Supremo, 11-11-2020 Solicitado el reingreso tras un período de excedencia voluntaria, la empresa debe atender al derecho preferente del trabajador a ocupar las vacantes que se produzcan sin que sea necesario impugnar la denegación de la solicitud de reingreso ni reiterar la solicitud periódicamente. Este derecho queda vulnerado sí, con posterioridad a la solicitud de reingreso

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y una vez finalizada la excedencia voluntaria, la empresa lleva a cabo la transformación en fijos a tiempo completo de trabajadores temporales. Trabajadora con categoría profesional de tripulante de cabina de pasajeros (TCP) solicita excedencia voluntaria desde el 1-11-2010 extendiendo sus efectos, tras sucesivas prórrogas, hasta el 30-4-2013. El 25-2-2013 solicita la reincorporación al trabajo que le es denegada por no existir en ese momento ninguna vacante. Previamente a la solicitud, la empresa acuerda con el comité de empresa un calendario para la conversión en fijos a tiempo completo de los contratos de los TCP temporales, de los que 108 se materializan el 25-1-2012, otros 70 en marzo de 2013 y el resto en marzo de 2014. El 15-2-2016, la trabajadora solicita nuevamente la reincorporación que le es denegada por no haberse producido ninguna vacante. Se presenta demanda contra la empresa que es desestimada tanto en primera instancia como en suplicación, por lo que recurre en casación para la unificación de doctrina. La cuestión que se plantea consiste en determinar si una vez que la trabajadora, en fecha próxima a finalizar su período de excedencia, solicita el reingreso en la empresa, siéndole denegado, ha de impugnar la negativa o su petición subsiste para cuando exista plaza vacante. Para el TS, una vez formulada la primera petición, la empresa ya conoce la voluntad de la trabajadora de reingresar en la empresa en la primera vacante que se produzca, por lo que no es exigible que reitere su petición. El hecho de que no impugnara la denegación del reingreso no priva a su petición de virtualidad pues la finalidad de la petición es dar a conocer a la empresa la voluntad de reingresar en la primera vacante que se produzca de igual o similar categoría a la suya. Una vez solicitado el reingreso, el excedente queda a la espera de que la empresa le reincorpore si existe plaza vacante, y si no existe, de que le reincorpore en la vacante que se produzca sin necesidad de reiterar periódicamente la solicitud de reingreso. La actora solicitó el reingreso el 25-2-2013, naciendo a partir de la finalización del periodo de excedencia solicitado (30-4-2013) la obligación de la empresa de reintegrarle en la vacante que se produzca con carácter preferente a otros trabajadores. Por ello, antes de efectuar la conversión de contratos de marzo de 2014, la empresa debió tener en cuenta el derecho preferente de reingreso de la trabajadora y ofrecerle la vacante.

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Jurisprudencia El TS estima el recurso y condena a la empresa a readmitir a la trabajadora y a abonar los salarios dejados de percibir por la trabajadora desde el mes de marzo de 2014.

DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS PRODUCTIVAS QUE AFECTE A SÓLO UNA PARTE DE LA EMPRESA: Tribunal Supremo, 18-11-2020 El TS declara que, al tratarse de una causa productiva, esta debe examinarse en relación con la concreta unidad afectada. En cuanto que el cambio productivo que recae sobre una unidad dentro de la empresa y la decisión extintiva resulta razonable y se ajusta al estándar de conducta del buen comerciante, se considera procedente el despido colectivo. Ante el inicio de un procedimiento de despido colectivo por causas productivas aplicable sobre una de las ramas de actividad de la empresa, la representación de los trabajadores presenta demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare la nulidad del despido colectivo planteado. El despido afecta a 23 puestos de trabajo, de los cuales 20 se dedican a la fabricación de piezas, en la sección de mecanizado, que constaba de 48 trabajadores. La empresa alega que, al menos desde 2016, el centro de trabajo (Pamplona) sobre el que se ha planteado el despido colectivo carecía de espacio físico suficiente para desarrollar nuevos proyectos. Por esta razón, se puso en marcha de una nueva planta (Zuera) dedicada al mecanizado de piezas y se llevó a cabo la ampliación una sección de inyección en Pamplona con la previsión de que parte del personal de la sección de mecanizado pasara a aquélla. Asimismo, señala que la empresa estaba perdiendo competitividad impidiéndole obtener nuevos productos. El TSJ declara que el despido colectivo no es ajustado a derecho y la empresa plantea recurso de casación ante el TS. El TS aclara que las causas productivas existen cuando se produce una reducción del volumen de actividad que incide en el buen funcionamiento de la empresa. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Este tipo de causas pueden actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto, como en un solo centro de trabajo o unidad

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productiva autónoma. Sucede cuando la situación de desajuste, entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción afecta y se localiza exclusivamente en puntos concretos de la actividad de la empresa, pero no alcanza a la entidad globalmente considerada. Cuando esto sucede, la medida extintiva sólo está justificada, donde se produce ese desfase entre el volumen de la plantilla y las necesidades que deben cubrirse con ella. Asimismo, el TS señala que la legalidad vigente no impone al empresario la obligación de recolocar al excedente de mano de obra y reforzar con él otra en situación de equilibrio, ya que supondría desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo. En el supuesto enjuiciado la planta de Pamplona estaba siendo destinada a la actividad de fundición de piezas, habiéndose desarrollado una política consistente en llevar a cabo las subsiguientes tareas de mecanizado en un centro de trabajo distinto por la necesidad de ampliar el espacio, en términos de instalaciones, para la esencial labor de fundición. La duración de declare la desarrollo de los proyectos en marcha y la no obtención de nuevos proyectos de forma suficiente, pone de relieve que el número de personas trabajadoras de mecanizados que quedaban en la planta de Pamplona mostraba un sobredimensionamiento a la vista de que los productos que se fabrican son en su enorme mayoría aquellos que nutren la actividad de mecanizados de la planta de Zuera, sin que las previsiones de futura actividad permitan dar actividad a esa sección de la planta de Pamplona. Esto supone que quede acreditada la causa productiva. Las medidas adoptadas para paliar los cambios acontecidos en el ámbito técnico, organizativo o productivo de la empresa se ajustan o no al estándar de conducta del buen comerciante, el TS considera que esto supone que la decisión extintiva debe constituir una medida racional en términos de eficacia de la organización productiva que sea proporcional y adecuada a los fines que se pretenden conseguir y que únicamente han de excluirse las decisiones empresariales que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores. En el supuesto enjuiciado se trata de examinar la causa en relación con la concreta unidad afectada, que es la de mecanizados en una planta concreta. Para el TS la causa ha quedado acreditada y la decisión extintiva resulta razonable, máxime si se tiene en cuenta que no existen elementos que pudieran hacer pensar que la situación hubiera sido creada artificialmente por la empresa. El TS declara que el recurso debe ser estimado, por lo que se casa y anula la sentencia recurrida.

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Jurisprudencia ¿PUEDEN SUPRIMIRSE LOS TICKETS RESTAURANT EN CONFINAMIENTO? Audiencia Nacional, 09-12-2020 La supresión de los tickets restaurante en los días de confinamiento durante el estado de alarma constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en materia de salario. Por ello, la AN declara la nulidad de la medida adoptada de forma unilateral por la empresa como medida para paliar el impacto de la COVID-19 en el negocio. El 27-4-2020 la empresa comunica a los trabajadores la adopción de un conjunto de medidas para paliar el impacto en el negocio de la crisis económica y social ocasionada por la COVID-19. Entre las medidas se comunica la supresión de los tickets comida entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 a los trabajadores de la empresa que prestaron servicios mediante teletrabajo durante el confinamiento. Considerando que esta medida constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo, la representación sindical presenta demanda de conflicto colectivo solicitando su nulidad por haberse adoptado de manera unilateral sin llevar a cabo el preceptivo periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores (ET art.41). La empresa se opone alegando que el ticket comida no es una retribución, sino una compensación por tener que comer fuera del domicilio los días de trabajo, por lo que no es necesaria la negociación. Del análisis del supuesto de hecho, la AN concluye que los trabajadores disfrutan de los tickets restaurante controvertidos en virtud de un acuerdo suscrito en 2015 entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. Se trata de un beneficio social que disfrutan en días laborables y que no se percibe en vacaciones ni en los días en que no se trabaje efectivamente tales como ausencias pagadas o de baja laboral, permiso sin sueldo, maternidad o paternidad o cuando el trabajador devengue dietas o se encuentre prestando servicios en el extranjero. Por lo tanto, los trabajadores tienen derecho a percibir los tickets restaurante con independencia de que el trabajo se desempeñe de forma presencial o mediante teletrabajo. Esta conclusión queda reforzada si se tiene en cuenta que en la empresa existe un proyecto piloto de teletrabajo en el que la participación de los trabajadores no supone variación alguna de las condiciones laborales. Se trata por lo tanto de un derecho

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colectivo incorporado de forma definitiva al acervo de los trabajadores y que, por lo tanto, no puede ser modificado unilateralmente por la empresa, sino que precisa de uno de los siguientes mecanismos: acuerdo entre el empresario y el trabajador; procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o neutralización a través del mecanismo de la compensación o absorción. Excepcionalmente se admite la modificación de un acuerdo si acontecimientos posteriores a su adopción e imprevisibles determinan que su mantenimiento resulta excesivamente oneroso para una de las partes (cláusula rebus sic stantibus), pero esta cláusula debe ser interpretada de forma restrictiva. La empresa no estaba, por lo tanto, facultada para suprimir los tickets restaurante de los días comprendidos entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 de manera unilateral esgrimiendo como argumento la necesidad de paliar el impacto en el negocio de la situación de crisis ocasionada por la COVID-19, sino que debió seguir el procedimiento previsto para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por ello, estima la demanda y declara la nulidad de la medida.

PRESTACIÓN DE IT SIN CARENCIA TRAS EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS: TSJ Aragón 14-12-20 Aplicando la perspectiva de género, se reconoce el derecho de una trabajadora a la prestación de IT por contingencias comunes causada 5 días después de su regreso al trabajo tras haber estado 5 años en situación de excedencia por cuidado de hijos y, por consiguiente, sin acreditar el periodo de carencia. Considera que debe aplicarse la teoría del paréntesis para excluir los períodos de excedencia del cómputo del período cotizado y tomar en consideración las cotizaciones anteriores a esta situación. Una trabajadora presta servicios para una empresa desde el 4-7-2011 hasta que el 21-2-2014 inicia una situación de excedencia para el cuidado de hijos que se prolonga durante 5 años. El 18-8-2019 regresa a la actividad laboral y 5 días más tarde, el 23-8-19, inicia un período de IT por contingencias comunes por el que solicita la prestación correspondiente. La prestación es denegada por no reunir el periodo de cotización de 180 días en los últimos 5 años.

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Jurisprudencia Desestimada la demanda presentada en primera instancia, la trabajadora recurre en suplicación. Considera que la denegación supone una discriminación indirecta por razón género porque la única razón por la que ha dejado de cumplir el período de cotización requerido es por haber cumplido con sus obligaciones familiares atendiendo a sus hijos en virtud del derecho a la excedencia voluntaria y son las trabajadoras quienes hacen uso en su mayor parte de este derecho. Por ello, alega la aplicación de la teoría del paréntesis excluyendo los períodos de excedencia del cómputo del periodo cotizado. Conforme a la legislación vigente, los periodos de excedencia por cuidado de hijos tienen la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, no así a afectos de la prestación de IT (LGSS art.237.1). Además, se considera situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, salvo en lo que respeta a IT, maternidad y paternidad (RD 295/2009 disp. adic. 4ª). No obstante, para el TSJ Aragón, estas normas lo que excluyen es la prestación por IT cuyo hecho causante se produzca durante la situación de excedencia por cuidado de hijos pero no se puede exigir que tras la finalización de la excedencia se deba reunir de nuevo el período de carencia de 180 días, lo que supondría una penalización por la exclusiva causa de haber utilizado el derecho a la excedencia por cuidado de hijo que contraviene la normativa constitucional y ordinaria que ampara el derecho a la maternidad e igualdad. Como señala el TCo la dimensión constitucional de las medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de las circunstancias personales como desde la perspectiva de la protección a la familia y a la infancia, debe prevalecer para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar. En el supuesto analizado la trabajadora estaba, a la fecha del hecho causante, de alta y acreditaba antes del inicio de la excedencia cotizaciones más que suficientes en los 5 años anteriores al inicio de dicha situación, concurriendo una situación que imposibilitaba la asistencia al trabajo para poder conciliar la vida laboral y familiar. Por ello, esta situación no debe ser tenida en cuenta a efectos del cumplimiento de la necesaria carencia, en aplicación de la doctrina del paréntesis. Una interpretación contraria podría dar lugar a una situación de discriminación indirecta por razón de sexo pues un 90% de las personas que hacen uso de la excedencia por cuidado

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de hijos son mujeres y se verían perjudicadas ante una situación de IT posterior a la excedencia. Se estima el recurso y declara el derecho de la trabajadora a percibir la prestación de IT.

NUEVA DOCTRINA SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN SUBCONTRATAS: Tribunal Supremo, 29-12-2020 El TS cambia su doctrina y rechaza que los contratos temporales puedan extenderse en el tiempo sin más justificación que la duración de la contrata. Considera que no puede mantenerse que una empresa apoye la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales. El trabajador, que pertenece a una empresa subcontratista, ha prestado servicios durante 15 años llevando a cabo la misma actividad para la misma empresa cliente, en virtud de un contrato de obra o servicio determinado. Al finalizar la contrata, se extingue su contrato de obra. El trabajador presenta demanda de despido, que se declara procedente en la instancia y, al apreciar fraude en la contratación temporal, improcedente en suplicación. Disconforme, la empresa interpone recurso de casación par la unificación de doctrina. La cuestión que se plantea consiste en determinar cómo debe calificarse una relación laboral, acogida a la modalidad contractual de obra o servicio determinado, cuya delimitación en el tiempo se justifica en la existencia del vínculo mercantil de la empresa con un tercero. El TS recuerda los requisitos para la validez de un contrato de obra o servicio determinado y que su jurisprudencia (entre otras, TS 15-1-97; 14-6-07, 4-10-07) ha admitido que la duración de un contrato de obra o servicio determinado quede vinculada a la duración de una contrata, siendo la finalización de ésta la causa válida de extinción de aquél. No obstante, TS también ha rechazado que sea considerado temporal cuando el contrato se prolonga en el tiempo, al superarse la mera prórroga de la contrata y desnaturalizar la contratación temporal y pervirtiendo su objeto y finalidad. En cuando en cuanto en el supuesto enjuiciado, el contrato para obra o servicio se mantuvo desde marzo de 2000, aplicando

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Jurisprudencia esta doctrina, el TS considera que debía desestimar el recurso. La sala considera que no sólo debe rechazarse que estemos ante una relación laboral de carácter temporal, sino que también se plantea la licitud de acudir a este tipo de contrato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos contratos en cada caso. En este punto, el TS rectifica su doctrina y considera lo siguiente: - No es posible continuar aceptando ni la autonomía ni la sustantividad de la obra o servicio porque el objeto de la contrata es, precisamente, la actividad ordinaria, regular y básica de la empresa. Quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos y, por tanto, no es lógico sostener que lo que constituye el grueso de su actividad tenga el carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio busca atender. - Aunque los contratos celebrados con la empresa cliente estén sujetos a una duración determinada, esta delimitación temporal en la ejecución no puede permear la duración de la relación laboral de la plantilla de la empresa. - Que el objeto de la empresa se alcance o intente alcanzar mediante plantillas eminentemente temporales lleva a construir un marco ad hoc, pues la existencia de contratos indefinidos se torna anecdótica y normalmente limitada a mínimos reductos de dirección y gestión. La estrategia de la temporalidad como recurso esencial del desarrollo de la actividad comporta la estanqueidad de las relaciones laborales, cuya vida -al supeditarse a cada contrata- se desarrolla en espacio temporal y funcional limitado.

minada. Recuerda que el legislador ha diseñado otros instrumentos para atender la variabilidad de las necesidades de la empresa y adoptar decisiones sobre la dimensión de la plantilla. Se desestima el recurso.

DEUDAS SOLIDARIAS EN COMPRAVENTA DE EMPRESA EN CONCURSO: Tribunal Supremo, 11-12-2020 Cuando se produce la adquisición de los bienes en concurso, aunque el juez del concurso haya declarado que no existe sucesión de empresa, la adjudicataria no puede ser exonerada de deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores cuyo contrato se encontraba extinguido en el momento de la adjudicación. La declaración del juez del concurso no puede servir para eludir la responsabilidad del adquirente, al tratarse el ET art. 44 de una norma imperativa. Una trabajadora es despedida por causas objetivas el 26-10-14 sin percibir indemnización por despido por falta de liquidez de la empresa. Poco después, la empresa es declarada en concurso por auto del Juzgado de lo Mercantil de 20-11-14. El 29-7-15 el juez del concurso autoriza la venta de la unidad productiva en la que había prestado servicios la trabajadora señalando que la adjudicataria no quedaba subrogada en las deudas laborales de la concursada que fueran anteriores a la enajenación de la unidad productiva.

A todo ello se suma, en palabras del Tribunal, que la automatización de esta contratación temporal, por el mero mecanismo del tipo de actividad, puede llevar a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el Derecho de la Unión Europea (establecido por la Dir 99/70 sobre trabajo de duración determinada).

Se presenta demanda que se estima declarando la improcedencia del despido y condenando a la empresa concursada al abono de la indemnización correspondiente. En suplicación, se declara la responsabilidad solidaria de la empresa adjudicataria mediante sentencia que esta recurre en casación para la unificación de doctrina.

Por otra parte, la Sala indica que es consciente de que determinadas actividades empresariales están sujetas a flujos variables de demandas, considera que estas situaciones no pueden paliarse a través de una política de contratación que no se ajusta a la regla esencial de nuestro sistema de relaciones laborales, cual es la de indefinición del contrato de trabajo y la limitación de los supuestos de relaciones laborales de duración deter-

Es doctrina reiterada del TS que las reglas de la sucesión de empresa (ET art.44) son perfectamente aplicables a las adjudicaciones de empresa adoptadas por el juez del concurso en el seno del trámite de liquidación, aun cuando en el auto del órgano judicial de lo mercantil se haga constar que no existe sucesión de empresa. El art. 44 ET es una norma de carácter imperativo, lo que implica que el fenómeno de la sucesión opera salvo que

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exista una disposición que disponga lo contrario, lo que no ocurre en relación con las empresas en situación de concurso. El art. 149.4 LCon establece que, cuando, como consecuencia de la enajenación una entidad económica mantenga su identidad entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de conformidad con el artículo 33 del ET. El precepto tan solo autoriza al juez del concurso para excluir de la responsabilidad del adquirente la parte de salarios o indemnizaciones asumidas por el FOGASA, lo que evidencia que no cabe eximir al mismo del cumplimiento de las demás obligaciones laborales que sigan pendientes en la fecha de la adjudicación. Deben, por tanto, aplicarse las consecuencias del art.44 ET que imponen al cedente y al cesionario la responsabilidad solidaria durante 3 años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieren sido satisfechas, lo que incluye a los trabajadores de la empresa cedente que mantengan créditos contra la misma, incluso aquellos en cuyos contratos de trabajo no se subroga la cesionaria por haberse extinguido previamente conforme a derecho. El TS desestima el recurso.

ERROR EXCUSABLE EN LA INDEMNIZACIÓN: Tribunal Supremo, 9-12-2020 No puede calificarse de error excusable una diferencia de un 3% entre la indemnización abonada por la empresa y la que le correspondía al trabajador por lo que se califica el despido objetivo como improcedente y se considera que la diferencia de cuantía es relevante con relación al salario que percibe el trabajador. El trabajador recibe una comunicación de la empresa por la que le comunica la extinción de su contrato por causas objetivas. La empresa le entrega de la indemnización de 21.386,64 euros más el importe por preaviso. En

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cuanto que el trabajador entiende que la indemnización ofrecida es inferior en 677,9 euros a la que debe corresponderle al no haberse computado la antigüedad del trabajador, presenta demanda contra el despido, que se declara improcedente al considerar que la diferencia se basa en un error excusable. La empresa interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS. La cuestión que se plantea en el recurso se centra en determinar si la diferencia entre la indemnización ofrecida al trabajador y la que, finalmente, le correspondía por extinción del contrato por causas objetivas, puede calificarse de error excusable.

Para resolver la cuestión, el TS recuerda su doctrina sobre lo que debe considerarse un error inexcusable. Así, se considera inexcusable una conducta cuando puede calificarse de maliciosa o se entiende que pudo evitarse con una mayor diligencia. Respecto de la escasa cuantía en la diferencia, se ha dicho que constituye indicio muy relevante de que el error es poco trascendente y disculpable, pudiéndose invocar cuando se esté en operaciones de cálculo sin especial dificultad jurídica. No obstante, ni todo error jurídico es necesariamente constitutivo de error inexcusable, ni toda diferencia de escasa entidad aboca a la consideración del error como excusable. En el supuesto enjuiciado, la diferencia entre la indemnización legal y la que se puso a disposición del trabajador era del 3,07%, inferior respecto. Para el TS, aunque sobre el monto total pueda entenderse insignificante, lo cierto es que una cuantía de casi 700 euros sí puede tener relevancia para un trabajador que percibía un salario de un poco más de 2000 euros. Asimismo, se ha producido un error de cálculo en una situación en la que no solo no había elementos complejos en el cálculo de la indemnización, sino que, por el contrario, se partía de conceptos salariales claros y cuantías salariales que no requerían de operaciones en su determinación. Esto supone que el importe legal podría haberse obtenido fácilmente, máxime conociendo el alcance que el error en el importe de la indemnización puede acarrear. Tampoco hay justificación alguna de la empresa que salve ese error y tampoco consta una conducta de la empresa para subsanarlo, que manifieste una voluntad de cumplir exactamente con el abono y, en definitiva, respetar los derechos del trabajador y que, en caso de desconocerlo, al menos, podría haberlo corregido en el acto de conciliación. El TS desestima el recurso y confirma la sentencia dictada en suplicación y la improcedencia del despido.

Graduados Sociales n.º 100 • 2020


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REVISTA JUSTICIA SOCIAL ESPECIAL Nº 100  

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