10
MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 2020
Colegio de Economistas y organizaciones civiles lanzan Consume con Causa El objetivo es enfrentar el impacto provocado por el covid-19 a empresas y familias Claudia Rodríguez Loera
Dafne Viramontes
/ J. Jesús Esquivel | Mathieu Tourliere Brian Cogan, el juez de la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, determinó celebrar hasta el 17 de febrero de 2021 la siguiente audiencia de procedimiento del caso de Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. En la sesión celebrada de manera virtual debido a la pandemia por covid-19, Cogan también otorgó a la defensa de García Luna, un plazo de 2 a 3 semanas para responder si acepta o rechaza la petición del Departamento de Justicia, de mantener sellada nuevas evidencias del caso para evitar poner en riesgo a posibles testigos del proceso judicial. César de Castro, abogado de oficio y representante legal de quien fuera secretario de Seguridad, asesor, confidente y mano derecha en la lucha militarizada contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, se quejó de la falta de acceso a su cliente. “Sin explicación nos han cancelado tres reuniones, no he visto a mi cliente desde el 20 de octubre (de este año)”, declaró el abogado del exfuncionario mexicano durante la breve audiencia de procedimiento. El defensor de oficio especificó que por la expansión de contagio de covid-19 en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, su cliente está sujeto a aislamiento y cuarentena lo que ha impedido que desde el pasado 28 de octubre no haya tenido acceso a documentos. “No ha visto las pruebas -entregadas por el Departamento de Justicia sobre su supuesta colaboración con el narcotráfico-, sigue en aislamiento debido a la expansión del contagio del virus”, dijo De Castro. A nombre del gobierno de Estados Unidos, el fiscal federal Ryan Harris, se comprometió a hablar con las autoridades de la prisión para buscar la manera de que García Luna tenga acceso a las evidencias en su contra, para con ello preparar su defensa en caso de que haya juicio.
El Colegio de Economistas de Aguascalientes, en conjunto con organizaciones civiles y universidades crearon el proyecto Consume con Causa que integrará un padrón de empresas dirigidas por mujeres para ofrecer sus productos a un grupo de donatarios que a su vez los entregarán a personas vulneradas económicamente por la pandemia del Covid-19, que las afectó principalmente en su empleo e ingreso, informó Dafne Viramontes, integrante del colegiado. Entre las organizaciones participantes, encabezado por el Colegio de Economistas de Aguascalientes, se encuentran: Club Rotario de Aguascalientes Distrito 4110, Kybernus, Tlanemani AC, Mujeres Empresarias de Aguascalientes, Red M, Mujeres Jefas de Familia AC y la Universidad Cuauhtémoc. Destacó que en el ámbito nacional en la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por covid-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020, se encontró que el 86.6% de las empresas en México declararon haber sufrido alguna afectación con motivo de la pandemia, es decir que
prácticamente todas las empresas sufrieron algún impacto, pues el 79.10% manifestaron haber tenido alguna disminución en sus ingresos regulares, el 51.2% señalaron tener un abaja en la demanda de sus productos o servicios, mientras que el 22.8% declararon que tenían escasez de insumos y/o productos. Como parte de los efectos negativos de la pandemia hacia las empresas detectadas en dicha encuesta son: el 16.3% de ellas tuvieron que recurrir a reducir su personal y el 11.3% a reducción de remuneraciones y/o prestaciones. Además, se destaca que algunos de los sectores más afectados económicamente por la pandemia cuentan con un alto porcentaje de participación de mujeres. El objetivo del proyecto es la creación de un mercado local en el que las organizaciones donatarias y grupos de rotarios puedan adquirir productos fabricados por productoras y empresarias locales, para que sean donados a poblaciones vulnerables, para así ayudar a incentivar la economía local y apoyar a aquellas personas que sufrieron afectaciones económicas como consecuencia de la llegada de
la pandemia, que pueden ser adultos mayores, así como a sus hijos e hijas que hayan perdido sus empleos, familias uniparentales entre otros. Consume con Causa funciona de la siguiente manera: las empresas ponen a disposición de las organizaciones donatarias productos para que sean donados y sean de utilidad a los grupos vulnerados por la pandemia, a fin de conformar un círculo virtuoso de ayuda. Dafne Viramontes explicó que el proyecto se abrirá al público en general, ya sea para ofrecer sus productos y servicios o como donatarios. Destacó que a través del Colegio de Economistas se creará un padrón de empresas, principalmente dirigidas por mujeres y que hayan sido afectadas por la pandemia del covid-19 y cuyo giro comercial sean venta de juguetes, alimentos, ropa o cualquiera que pueda ser destinado a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Universidad Cuauhtémoc se encargará de coordinar la base de datos de posibles benefactores como alumnos, empresarios, profesionistas y sociedad civil en general a quienes se les invitará a apoyar el proyecto. Se creará un círculo de satisfacción para que los benefactores puedan adquirir los productos con aquellas empresas registradas en la base de datos conformada por empresas locales con el objetivo es incentivar al consumo local al apoyar a las mujeres empresarias del estado y a la población en situación de vulnerabilidad.
Postergan audiencia de García Luna hasta el 17 de febrero; SRE confirma que solicitó su extradición “No sabíamos de la falta de comunicación entre la defensa y el acusado, fue hasta el viernes de la semana pasada cuando nos enteramos de ello… estamos más que dispuestos para hablar con la defensa y las autoridades de la prisión para remediar la situación”, aseguro Harris. Cogan por su parte solicitó comprensión a ambas partes, tomando en cuenta las dificultades físicas y técnicas generadas por la pandemia en los Estados Unidos. “Estamos en medio de una situación de extrema complejidad, tenemos que ser flexibles por la pandemia, confío en que el gobierno haga todo lo posible para que (García Luna) tenga acceso a las evidencias”, enfatizó el juez Cogan. Como lo publicó Proceso el pasado martes 1 de diciembre, el Departamento de Justicia envió a Cogan una carta en la que solicita que las nuevas evidencias (documentos, grabaciones y fotografías) que ha recolectado para sustentar sus acusaciones a García Luna, se mantengan selladas hasta después del 1 de marzo de 2021. El argumento del gobierno federal de Estados Unidos estipula que, de hacer públicas las pruebas, se identificaría la identidad de posibles testigos en caso de que haya juicio y se pondría en riesgo a su integridad y a la de sus familiares. En esa misiva firmada por el fiscal Seth DuCharme informa a Cogan que, hasta el momento han entregado a la defensa de García Luna “aproximadamente 950 mil páginas de documentos y miles de conversaciones grabadas”. El fiscal le indica al juez Cogan que una orden de la Corte para mantener clasificados a los materiales que deberían entregar a la defensa legal de García Luna no afecta la situación del exfuncionario mexicano en su proceso judicial.
“No perjudica al acusado y propiamente reduce el riesgo de daño a testigos para el juicio y el riesgo de exposición por medio de los materiales de las investigaciones que están en curso”, establece el fiscal del Departamento de Justicia. García Luna detenido en Estados Unidos desde el 9 de diciembre de 2019, negocia con el Departamento de Justicia un posible acuerdo para convertirse en testigo cooperante y con ello evitar un juicio en el cual podría ser declarado culpable de los delitos que le imputan. De llevarse a cabo un juicio en el que pueda ser declarado responsable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le achacan, el exarquitecto de Calderón en la lucha contra el narco recibiría cadena perpetua como castigo máximo o 10 años de cárcel como mínimo, por cada uno de los 4 delitos que le achacan. SRE confirma que solicitó a EU la extradición de Genaro García Luna La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó hoy que solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Lo anterior, días antes de que arranque el juicio contra el excolaborador de Felipe Calderón por narcotráfico y lavado de dinero. La petición de extradición se hizo “por conducto de la embajada y a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)”, indicó la Cancillería a los reporteros que cubren la fuente. En Estados Unidos, la fiscalía anunció que presentará 950 mil cuartillas de documentos que sustentan sus acusaciones contra García Luna, mientras el otrora “súper policía” de Calderón se declaró no culpable de los cinco cargos que se le imputan.
Genaro García Luna | Foto Gobierno Federal En caso de que la administración de Donald Trump acepte extraditar a García Luna a México, se trataría del segundo exfuncionario de muy alto perfil que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sustraería de la justicia de Estados Unidos. El anterior fue el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Gracias a un intenso cabildeo del gobierno mexicano, a través de la Cancillería, se evitó que el militar enfrentara un juicio explosivo. Ante la presión de México, la fiscalía estadunidense abandonó todos los cargos contra Cienfuegos, entregó las evidencias a la Fiscalía General de la República (FGR) y lo regresó en un avión particular. Ahora el general –que según la Agencia Antidrogas (DEA) era conocido como “el Padrino”- goza de libertad, en espera de conocer los resultados de una posible investigación de la FGR.
