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INE ajusta su presupuesto 2021 para enfrentar recorte aplicado por diputados a su gasto
Aunque sea sutil, es violencia
UNAM
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Idealizar a la pareja y restar importancia a conductas agresivas en una relación permiten la instauración poco perceptible de violencia, que puede ser psicológica, física, sexual, económica y digital, cuyo propósito es mantener el control y poder sobre el otro.
Así lo consideró Brenda Paola Méndez Romero, persona orientadora académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, en el marco de la Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N.
Y agregó: la violencia en las relaciones de pareja es un tema que suele minimizarse, toda vez que se le considera una situación normal. Sin embargo, es un fenómeno social que contribuye a generar patrones de agresión dentro de una unión sentimental.
Al participar en la charla “El amor no es como lo pintan”, dijo: el ser humano elige pareja por satisfacción, pero cuando esa emoción empieza a tornarse en miedo, tristeza, enojo y conflictos impiden una sana interacción y resulta difícil salir de ese ciclo de violencia, “porque nos enganchamos en la fase de luna de miel, cuando el agresor se muestra arrepentido”, un círculo vicioso que suele repetirse.
Ante ello, sugirió que quienes viven esa situación busquen apoyo psicológico vía telefónica o platiquen con un tercero para identificar, desde una perspectiva diferente, si las situaciones que se están dando son violentas.
Puntualizó que se requiere comunicación, honestidad, confianza, apoyo, respeto, libertad e identidad propia. “Es importante entender que quizá antes de conocerse, cada uno tenía diferentes mundos y que en una relación sentimental debemos compartir un pedacito de nuestros mundos”.
Se necesita una deconstrucción de la relación de pareja y, a partir de nuestro propio conocimiento y sentir, generar una idea de lo que quiero y necesito, qué características debe reunir el otro, pero también qué límites voy a poner; eso es importante definir.
Berenice Cano Santos, también persona orientadora de la FES Aragón, destacó: desdichadamente también en la comunidad universitaria se presentan estas relaciones tóxicas, donde impera la violencia de género. Pero los universitarios en esa situación no están solos, la Universidad trabaja para brindarles apoyo y, de manera conjunta, encontrar soluciones.
Para ello, recordó, la UNAM instituyó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, documento en el que participaron especialistas, académicos y la comunidad estudiantil, el cual establece políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la institución.
Dijo que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género es la encargada de darle seguimiento. Si alguien es víctima puede acudir, en primera instancia, a las personas orientadoras de los planteles universitarios: “nosotros seremos escucha, y brindaremos información y asesoría para trabajar el caso de manera conjunta”.
Se trata de procedimientos voluntarios que consisten en un diálogo equitativo y respetuoso entre integrantes de la comunidad universitaria para encontrar una solución pacífica y, en su caso, lograr un acuerdo con respecto a la mejor manera de enmendar el daño causado. También participan psicólogos.
De acuerdo con el protocolo también existe la figura de una tercera persona quien puede señalar que sus amigos están en una relación tóxica; en este caso la instancia universitaria se pone directamente en comunicación con ellas para actuar, abundó Berenice Cano Santos.
Exhortó a la comunidad universitaria a visitar el portal de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género (https://www.defensoria.unam.mx), para saber cómo actuar en casos de violencia de género.
Según sea el caso, se canalizará con una psicóloga o abogada especializadas en perspectiva de género.
INE ajusta su presupuesto 2021 para enfrentar recorte aplicado por diputados a su gasto
/ cAriNA GArcíA
El Instituto Nacional Electoral (INE) emprenderá una estrategia jurídica para demandar la entrega de recursos por mil 500 millones de pesos para financiar la consulta popular de agosto de 2021, sobre las responsabilidades de personajes políticos del pasado, porque no cuenta con fondos para su realización.
En sesión del Consejo General, el INE ajustó su gasto para absorber, vía ahorros, el recorte de 870 millones de pesos que la Cámara de Diputados le redujo a su presupuesto para 2021.
Tras la reingeniería a su gasto declaró que podrá operar con normalidad el próximo año para realizar el proceso electoral federal de junio.
Pero, argumentó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el organismo no cuenta con recursos para la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Insistió en que la organización de la consulta popular requiere mil 500 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados “fue omisa al no destinar un solo peso para
UNAM
La ciberviolencia es una modalidad que va de la mano de la impunidad y cuyos perpetradores rara vez son responsabilizados, consideró Aimée Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la UNAM.
La experta en Derechos Humanos de las Mujeres precisó: la violencia en línea es una extensión de la física, que incluye la distribución de material personal sin autorización; el riesgo es que puede complementarse con vandalismo, inclusive asalto físico.
Vega Montiel participó en el conversatorio “Ciberfeminismo contra la violencia machista en las universidades”, organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, como parte de las 150 acciones en contra de este flagelo y en concordancia de la campaña internacional de ONU-MUJERES “16 días de activismo contra la violencia de género”.
Recordó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019 en nuestro país, 23.9 por ciento de la población que usó internet dijo experimentar acoso cibernético; de ellas, 40.3 por ciento recibió propuestas sexuales, 35.3 por ciento fueron contactadas mediante identidades falsas y 22.9 por ciento recibió mensajes ofensivos.
La ganadora de la medalla Alfonso Caso de la UNAM agregó: 75 por ciento de mujeres y niñas usuarias de redes sociales fueron este rubro” y, por el contrario, se recortaron 870 millones de pesos al INE.
“Para la Cámara de Diputados no existe en el mapa presupuestal del próximo año la consulta ciudadana que tendrá que realizarse el 1 de agosto, por lo tanto, ese instituto, quiero señalarlo, en próximos días interpondrá los recursos jurídicos correspondientes para poder garantizar el derecho de las y los mexicanos de participar en ese importantísimo ejercicio de consulta popular, que es el primero que se realiza en nuestra historia el INE”, apuntó Córdova.
Los recortes
El consejero presidente de la Comisión de Presupuesto, Ciro Murayama, explicó que parte de las economías se hicieron a la instalación de casillas, materiales, documentación electoral, tareas de capacitación e insumos anticovid-19.
Esto porque, debido a que durante meses estuvieron cerrados los módulos de credencialización, actualizaron sus micas o se registraron en el padrón menos ciudadanos de los esperados. víctimas de violencia digital, y solamente un porcentaje menor al 30 por ciento denuncia.
Vega Montiel recordó que las protestas durante 2016 con el movimiento Me Too, el cual desencadenó una serie de denuncias por la violencia sexual vía Twitter, evidenciaron que no se trató de casos aislados.
Tres años después se dio una nueva “ola” que detonó la apertura de cuentas desde escuelas y centros educativos de México, que en 10 días sumaron más de 400 mil tweets con denuncias de acoso, provenientes de más de 200 mil cuentas individuales, según un conteo realizado por su equipo.
“Si bien las redes han sido territorio para la denuncia y el fortale-
Así, el Listado Nominal de Electores que se tenía proyectado en 94 millones 980 mil personas, quedó en 93 millones 886 mil, o sea 1 millón 94 mil ciudadanos menos.
Eso hizo que todas las demás cifras fueran a la baja: las proyecciones de casillas a instalar se redujeron de 164 mil 550 a 163 mil 224 (mil 326 menos), lo que causará que haya 7 mil 836 funcionarios de casilla menos.
Eso implicará menos material y papelería electoral.
También habrá menos contratación de capacitadores, con ahorro de 120 millones de pesos, 59 millones 811 mil pesos de reducción en gastos de campo y otros 20 millones de pesos menos en materiales y capacitación, entre otros rubros.
Murayama indicó que se aplicó una reducción de 87 millones de pesos en gastos anticovid-19 y decidieron disminuir de 300 a 200 los cubre bocas por casilla, además de que se eliminó la dotación de 3.8 litros de cloro por casilla.
Otros ahorros serán porque parte del año algunas áreas del INE
Acoso y agresión en línea, problema real que enfrentan las mujeres
harán trabajos no presenciales. cimiento de redes de actuación, lo que nos muestran los datos del Me Too Mx es que ninguna facultad, nivel escolar, escuela, ya sea privada o pública, son territorios seguros para las mujeres”, comentó.
En tanto, Raquel Ramírez Salgado, coordinadora de la Escuela Feminista de Comunicación, destacó: la animadversión de algunos sectores de la sociedad contra el feminismo tiene que ver con las narrativas en los medios de comunicación masiva.
“Necesitamos herramientas de protección para quienes estamos denunciando. No podemos perder de vista la forma en que son silenciadas las mujeres a partir de mecanismos de poder, de menosprecio, a partir de jerarquías y cómo son descalificadas cuando levantan la voz”, comentó la consultora independiente.
Vega Montiel destacó que actualmente se habla sobre ciberfeminismo, término que se basa en una visión utópica del feminismo con las nuevas tecnologías; y sugirió usar la palabra tecnofeminismo la cual considera que éstas, por sí mismas, no resuelven los problemas relacionados con las desigualdades entre mujeres y hombres, la discriminación y la violencia de género.
“El término tecnofeminismo insiste en la importancia del género en su análisis y acción, permite comprender la naturaleza del cambio en el mundo tecnoindustrial, así como las modificaciones a través de las cuales ejercer políticas comprometidas”, enfatizó la investigadora.
Piden a Conasami establecer salario mínimo para trabajadoras del hogar
El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) pidió a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establezca un salario mínimo de 350 pesos diarios y 450 para la zona norte del país, para quienes se dedican a esta actividad.
En un pronunciamiento emitido este 4 de diciembre, las presidentas colegiadas del Sinactraho, María Isidra Llanos Moreno, Norma Palacios Trabamala y María de la Luz Padua Orihuela, expresaron a la Conasami que el establecimiento de un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar es una deuda histórica.
También señalaron que uno de los puntos mínimos del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo del hogar, que ratificó México el 13 de diciembre de 2019, establece la fijación de un salario mínimo, el cual debe ser cubierto en efectivo, en cheque o en transferencia bancaria y en intervalos regulares de no más de una semana, como también lo señala la Ley Federal del Trabajo.
En concreto, las sindicalistas pidieron fijar un salario mínimo de 350 pesos diarios y 450 para la zona norte del país, esto tomando en cuento el costo de vida de las personas trabajadoras y sus familias, el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, así como el tamaño medio de una familia, que es igual a 4.3 integrantes.
De acuerdo con un documento que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el análisis del salario mínimo de este sector, hasta marzo de 2019 un total de 44 por ciento total de las trabajadoras del hogar ganaban menos de un salario mínimo, que ese año fue de 102 pesos.
Las presidentas del Sinactraho recordaron que para fijar el salario mínimo deberán participar en condiciones de igualdad representantes de las organizaciones de empleadores, así como de trabajadoras interesadas.
Evasión dE la Conasami
El llamado a establecer un salario mínimo para las 2.4 millones de trabajadoras del hogar no es nuevo, sino una demanda histórica que se convirtió en un compromiso que hizo con ellas el Senado de la República como parte del paquete de reformas laborales de 2019.
Pero al fijar los nuevos salarios mínimos al cierre de ese año, la Conasami dijo que México mantendrá la “deuda histórica” que tiene con las trabajadoras del hogar desde 1970 (cuando se propuso por vez primera fijar un ingreso mínimo para ellas), pues el Consejo de Representantes de esa dependencia no llegó a ningún acuerdo al respecto.
Con base en solicitudes de información, Cimacnoticias encontró en marzo pasado que la Conasami ni siquiera discutió el tema durante las reuniones del pasado 28 de noviembre y 16 de diciembre de 2019, cuando se establecieron los salarios mínimos para 2020.
Además, como consta en minutas obtenidas por esta agencia, en esas reuniones representaron a las y los trabajadores, entre otros, José Luis Carazo Preciado, de la Confederación de Trabajadores de México y Felipe de Jesús Macedo Martínez, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. No participó ninguna mujer ni ninguna representante del Sinactraho, constituído desde 2015.
De acuerdo con lo proporcionado vía transparencia por la Conasami, sólo hubo una reunión en la que el Consejo de Representantes discutió el tema de las trabajadoras del hogar en todo 2019. Ésta se llevó a cabo el 28 de marzo del mismo año. En ella, Marcos Moreno Leal, quien acudió como suplente del comisionado Daniel Raúl Arévalo Gallegos, pidió que se hiciera un análisis de “cómo se captaría la realidad del servicio doméstico” porque “tenía entendido que la mayor parte de ellas trabaja por horas y cobran bastante bien, cobran lo de dos días por una hora”.
Según la misma minuta, Tomás Natividad -representante de la patronal– dijo que los patrones de estas trabajadoras del hogar eran personas físicas no las empresas, por lo que secundó a Moreno Leal en reconsiderar la propuesta al decir que sería contraproducente para ellas elevar el salario mínimo.
AngélicA Jocelyn Soto eSpinoSA
La OCDE alerta que pandemia agravó los desafíos que enfrentan los planes de jubilación
La pandemia del covid-19 ha agravado los desafíos que enfrentan los planes de ahorro para la jubilación y pensiones de vejez, según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“El OCDE Pensions Outlook 2020 dice que miento, los bajos rendimientos y las bajas tasas de interés ya pesaban mucho sobre los planes de pensiones financiados y de reparto, los planes de prestaciones definidas y las contribuciones definidas, así como las jubilaciones públicas y privadas. disposiciones antes del estallido de la pandemia. Los impactos de la crisis económica y sanitaria mundial probablemente mantendrán el crecimiento económico, las tasas de interés y los rendimientos bajos en el futuro, poniendo a muchas personas en riesgo de no poder ahorrar lo suficiente para la jubilación”, dice el reporte.
Además, añade que los gobiernos han tomado una serie de medidas rápidas para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los acuerdos de pensiones en respuesta al covid-19. Estos, prosigue, incluyen la ampliación de los planes de retención del empleo y las prestaciones por desempleo que permiten a los trabajadores seguir acumulando derechos a las prestaciones de jubilación o proporcionar flexibilidad en torno a los planes de pensiones.
“Los países deben lograr un equilibrio entre el apoyo a los ingresos a corto plazo proporcionado por medidas como otorgar a las personas acceso a sus ahorros para la jubilación antes de que alcancen la edad de jubilación, y el posible efecto negativo de tales medidas en los ingresos de jubilación futuros”, afirmó el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría.
Y añadió: “Permitir el acceso a los ahorros para la jubilación debe ser una medida de último recurso y debe basarse en circunstancias difíciles en lugar de otorgarse de manera amplia e incondicional”.
Según Gurrría, la crisis del covid-19 también ha subrayado la importancia de tener ahorros a largo plazo para emergencias: “La introducción de acuerdos de ahorro a largo plazo que combinen una cuenta de ahorros destinada a la jubilación y una cuenta de ahorros para emergencias podría hacer que los ahorros para la jubilación sean más resistentes”.
REComEndaCionEs
Para atenuar esta situación, el informe recomienda los líderes políticos seguir las siguientes líneas de acción: *Asegurar que las personas sigan ahorrando para la jubilación y evite vender activos y materializar pérdidas cuando los mercados sufran caídas bruscas. *Adoptar un marco para evaluar la adecuación de los ingresos para la jubilación y realizar evaluaciones con regularidad, identificando los grupos en riesgo y respondiendo a sus deficiencias específicas de adecuación. *Considerar medidas específicas para garantizar que los trabajadores en formas de trabajo atípicas (empleados temporales y a tiempo parcial, trabajadores autónomos y trabajadores informales) tengan la oportunidad de ahorrar para la jubilación. *Abordar las posibles consecuencias negativas de los frecuentes cambios de estrategias de inversión en los ingresos de jubilación futuros y la estabilidad de los mercados financieros. *Disponer de un marco regulatorio que garantice que los acuerdos de distribución de riesgos sean sostenibles y promuevan la equidad entre los participantes, permitiendo que todos disfruten de los beneficios de la distribución de riesgos en términos de mitigación de riesgos y mayores ingresos de jubilación esperados. *Asegurar que la comunicación sobre las estrategias de inversión, sus riesgos asociados, recompensas y costos, sea consistente y estandarizada, adaptada al público objetivo y evite jerga y métricas complejas.
IMCPMI aumentó 2.2% en septiembre
Con base en cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) presentó el envejecimiento de la población, el bajo creci-
una variación de 2.2% durante septiembre de 2020 con relación al nivel del mes inmediato anterior. Por componentes, el consumo en Bienes y Servicios de origen nacional avanzó 2.7%, mientras que en Bienes de origen importado disminuyó (-)1.8% en el noveno mes de 2020 respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad.
Cifras originales
Información en materia de fiscalización, clave para activar controles sociales contra la corrupción
A partir del acceso a la información sobre la labor de fiscalización, es posible generar estrategias efectivas en el combate a la corrupción: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI
INAI
El acceso a la información en materia de fiscalización es indispensable para activar ejercicios ciudadanos de participación, rendición de cuentas y contraloría social que contribuyan a exhibir y combatir la corrupción, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Durante el panel “Auditoría social en América Latina: participación ciudadana en contextos de crisis”, Ibarra Cadena enfatizó que, a partir del acceso a la información en materia de fiscalización, es posible generar estrategias efectivas en el combate a la corrupción, que el año pasado generó en el país un costo aproximado de más de 12 mil 770 millones de pesos en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi.
Sin embargo, la Comisionada reconoció que no en todos los casos la información está disponible y cuando es solicitada por las personas, las autoridades no siempre la entregan; por lo que destacó el papel de los órganos garantes de transparencia para revisar las respuestas que brindan los sujetos obligados y, de ser el caso, ordenar que se proporcione la información requerida.
A manera de ejemplo, citó la resolución del Pleno del INAI, en la que se instruyó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México entregar la información sobre los contratos por liquidar y la fuente de financiamiento o el tipo de recurso utilizado para la liquidación de los mismos, luego de que fuera cancelada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por diversas irregularidades, como lo indicó el Gobierno federal.
Expuso que otro caso fue la resolución emitida contra el SAT, en la que se le ordenó entregar el listado de proveedores considerados como Entidades de Facturación de Operaciones Simuladas (EFOS) con las que realizó operaciones el Hospital Juárez de México, así como Comprobantes Fiscales Digitales emitidos.
Nelson Shack, Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), aseveró que el mejor aliado del control gubernamental es la contraloría social, por lo que no solo es necesario reconocer el derecho de los ciudadanos de participar en la fiscalización pública, sino establecer mecanismos institucionalizados de participación ciudadana.
la columna J Plan de trabajo para el ITEA
RobeRto Valdés ahumada
Estimado lector, es mi deber hacer de su conocimiento que me registré como candidato para participar en el proceso de renovación del comisionado del ITEA, considero que es necesario hacerle mención del plan de trabajo que presenté en el H. Congreso del Estado. Como servidor público me interesa en demasía que usted pueda saber cual es mi visión, y que también me pueda expresar si coincide o si difiere, en el preámbulo de ser transparente considero que es un ejercicio necesario que le exponga el siguiente plan de trabajo.
INTRODUCCIÓN
En la antesala de la importancia de la respectiva aplicación del sistema nacional anticorrupción, es menester extender la opinión de diversos autores como Zaffaroni o Carbonell, sobre la idea que plantean sobre que el derecho de acceso a la información es un derecho de derechos, en tanto que protege dos bienes básicos, el propio valor que es la información como bien jurídico, pero también el relativo a la “posibilidad de darle contenido, calidad y sustancia a otros derechos fundamentales”. En la importancia y tesitura de la trascendencia que se ejerce sobre el Estado de derecho mexicano.
La transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas emulan, las máximas que toda sociedad debe de tener en relación a su posible progreso. Resulta un potenciador de la realización de la personalidad humana, de sus derechos fundamentales, por lo tanto, coincide con la actuación de que el organismo garante es fundamental, importancia que cobra además relevancia por su relación con el resto del entramado jurídico de la rendición de cuentas, principalmente con el Sistema Nacional de Transparencia.
Se extiende el presente programa de actividades para el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y del mismo modo plantea partir justamente de los objetivos constitucionales previstos en el artículo sexto, de la reglamentaria Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de las resoluciones del organismo implementador, el Sistema Nacional de Transparencia.
Acorde a lo anterior, se divide este programa de trabajo en cuatro ejes y líneas de trabajo específicos, además de un eje transversal que impacta en el resto de los puntos.
EJE 1. TRANSPARENCIA PROACTIVA EN LOS PORTALES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Objetivo: que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, coadyuve en la dinámica proactiva de revise y apoye a que las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados con la finalidad de que la información se encuentre en línea, tanto en la página web del ente como en la Plataforma Nacional de Transparencia, de un preámbulo de presteza, dinamismo y proactividad.
Líneas acción
Revisión de las obligaciones comunes de transparencia.
Criterios substantivos de contenido;
Revisión de las obligaciones específicas de transparencia.
Revisión de la información reservada o confidencial.
Revisión de la existencia de los comités de transparencia de los sujetos obligados.
Capacitación constante a los entes sobre las obligaciones comunes de transparencia.
Impulso a las políticas públicas de datos abiertos.
EJE 2. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo: que las solicitudes de acceso a la información sean cabalmente respondidas por los sujetos obligados en los términos establecidos en la normatividad en menores parámetros de temporalidad.
Líneas de acción
Revisión de cumplimiento de las solicitudes de transparencia.
Análisis estadístico de las solicitudes de transparencia y su tiempo de respuesta.
EJE 3. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Objetivo: que los medios de impugnación presentados ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, sean resueltos por lo menos en el plazo legal establecido y que su resolución sea eficaz, evitando o disminuyendo al mínimo su revocación por instancias superiores.
Líneas de acción
Resolución en tiempos legales de medios de impugnación tramitados ante el Instituto de Transparencia.
Eficacia de los medios de impugnación resueltos por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
EJE 4. DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Objetivo: cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Líneas de acción
Revisión de los avisos de privacidad simplificados e cada portal de los sujetos obligados. Del mismo modo que
integrales de los sujetos obligados.
Revisión de las políticas de los sujetos obligados para la salvaguarda de los datos personales.
Derechos ARCO y su efectividad.
EJE 5. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Objetivo: promocionar y difundir entre la ciudadanía la importancia del acceso a la información como un derecho humano, tener vínculo y esquemas de trabajo con las principales cámaras y centros académicos, a fin de generar un esquema proactivo en torno a la transparencia.
Promoción y socialización con los ciudadanos sobre las distintas obligaciones y responsabilidades en materia de transparencia.
Exposición de los distintos métodos para generar y elaborar solicitudes.
Promoción ante la ciudadanía y universidades sobre los datos personales y sus derechos de protección, así como los distintos esquemas legales en su aplicación.
Convocatoria para concurso de ensayo en transparencia y datos personales.
Convocatoria para concurso de debate y oratoria sobre la materia de transparencia.
Actualización de las redes sociales y de la página web de transparencia del ITEA.
Concurso y premiación ciudadana al ente con mayor cumplimiento.
Programa de capacitación para adolescentes y niños en coordinación con el Comité de participación ciudadana.
EJE 6. CAPACITACIÓN PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS
Capacitación constante a los entes sobre las obligaciones comunes de transparencia.
Foros con centros académicos para la retroalimentación normativa aplicada
Inventario de capacitaciones virtuales para todos los entes en las distintas temáticas de transparencia.
Paneles y debates con ponentes nacionales e internacionales expertos en la materia de transparencia.
Servicio profesional de carrera para los trabajadores del ITEA.
In silentio mei verba, la palabra es poder.
