Revista PyME: Producción y Mundo Empresarial. Edición N° 14.

EDICIÓN N.

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OCTUBRE DICIEMBRE

2019 ISSN 2422 - 2127

Cambiará la forma de medir el tamaño de las empresas

DIAN fija trámite para que UGPP haga devolución de aportes

POT: Continúa el riesgo para la creación de riqueza y empleo

Impuesto diferencial de renta: La agremiación mipyme presentará la propuesta en nueva Ley de Financiamiento acopibogota.org.co @AcopiBtaCund

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Acopi Bogotá Cundinamarca

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Contenido EDITORIAL

Que Alcaldía y gremios de la producción trabajen en equipo por la industria Bogotana......................................................4 Alfredo Castellanos, Presidente Junta Directiva de Acopi BogotáCundinamarca Impuesto diferencial de renta: la propuesta vigente de Acopi Bogotá-Cundinamarca...................................................6 DIÁLOGO INSTITUCIONAL Según Alcaldía, POT fomentará innovación, conocimiento, cultura y turismo..........................................................8 Entrevista a Andrés Ortiz, secretario Distrital de Planeación de Bogotá EMPRESARIO DESTACADO Uso de conocimiento, clave para crear desarrollo económico y social...........................................................10 Entrevista de la Revista PyME a José Parrado e Iván Padilla, socios de Fahysa ESPECIAL: ¿QUÉ NECESITA BOGOTÁ?

El POT desprecia la industria manufacturera...........................12 Entrevista de la Revista PyME a Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático Alternativo El POT requiere quorum y voluntad política............................14 Entrevista de la Revista PyME a Gloria Díaz, concejal del Partido Conservador Colombiano En principio, POT no excluye o expulsa directamente a los empresarios de zonas industriales................................16 Entrevista de la Revista PyME a Andrés Forero, concejal del Centro Democrático Pymes manufactureras, opción de desarrollo económico............18 Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca ACTUALIDAD EMPRESARIAL El Concejo debe votar NO el POT..................................22 Ta m a ñ o d e e m p r e s a s y a n o s e m e d i r á p o r n ú m e r o d e empleados..................................................27 Puntillazos económicos y estadísticos...................................28 Carlo Martínez, jefe de Comunicaciones y Prensa de Acopi Bogotá-Cundinamarca, editor en Jefe de la Revista PyME El Congreso sí tiene la facultad constitucional para proponer proyectos legislativos en materia arancelaria..............29 Gilberto Olarte, miembro de la Junta Directiva de Acopi BogotáCundinamarca DANE hará censo económico.......................................31 John Fredy Hernández, practicante de Acopi Bogotá-Cundinamarca EDICIÓN N.

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OCTUBRE DICIEMBRE

2019 ISSN 2422 - 2127

Cambiará la forma de medir el tamaño de las empresas

DIAN fija trámite para que UGPP haga devolución de aportes

POT: Continúa el riesgo para la creación de riqueza y empleo

DIAN reguló procedimiento para que UGPP devuelva aportes por nulidad.........................................................32 La desigualdad empresarial como norma en la Ley de F i n a n c i a m i e n t o ............................................33 Shehiner Rodríguez, investigador asociado a Acopi Bogotá-Cundinamarca Programa de Formación en Innovación Empresarial: un aporte para el fortalecimiento de las mipymes......................................35 Nohora Fonseca, Miembro de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca NOTAS ECONÓMICAS Una coyuntura económica crítica .................................37 Cedetrabajo INTERNACIONAL Se escala la guerra comercial.....................................39 Enrique Daza, miembro de Cedetrabajo REPRESENTACIÓN GREMIAL Exitosa edición del Día Mundial de la Mipyme .................40 Ley de plazos justos, clamor de la mipyme...........................44 Muñecos de peluche: el camino para solicitar la aplicación de derechos antidumping......................................................46 Paola Ayala, practicante de Acopi Bogotá-Cundinamarca Crisis del sector calzado, ¿por ineficiencia de quién?................47 David Rodríguez, Coordinador de Desarrollo Sectorial de Acopi Bogotá-Cundinamarca POT perjudicaría aprovechamiento de material reciclable de Bogotá................................................................49 Contaminación ambiental en la cuenca alta del río Bogotá: La solución no es cerrar las empresas de curtiembres.....50 Jonny Ricaurte, coordinador de Estudios Económicos de Acopi Bogotá-Cundinamarca El nuevo POT no garantiza la supervivencia de la central de alimentos más importante del país..................................52 Héctor Veloza, miembro de la Junta Directiva de Conalco HISTORIA La prohibición de la industria, una causalidad soslayada de la independencia................................................53 Gustavo Adolfo Quesada Vanegas, investigador de Cedetrabajo CIENCIA Y TECNOLOGÍA Una posible solución bionanotecnológica para los vertimientos de las empresas de curtimbres colombianas........................56 Yaneth Vásquez, José Augusto Galvis y Óscar Herrera.

SECTORIAL Diagnóstico económico del sector metalúrgico........................58

Camilo Andrés Mesa Salamanca y Edith Mateus Álvarez.

Revista Producción y Mundo Empresarial – PyMEDirección: Junta Directiva Acopi Bogotá-Cundinamarca.

Jefe Editorial: Carlo Martínez Fernández. Comité Editorial: Alejandra Osorio, Alfredo Castellanos, Enrique Daza, Gilberto Olarte. Infografías: Alejandra Benavides. Portada: Carlo Martínez y Laura Portela. Diseño y Diagramación: Alejandra Benavides, David Benavides y Laura Portela. Fotografía: Alejandra Benavides y Felipe Ortiz López. Impresión: Grafismo Impresores.

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Impuesto diferencial de renta: La agremiación mipyme presentará la propuesta en nueva Ley de Financiamiento

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Los artículos que no son de la autoría del Comité Editorial de la Revista Producción y Mundo Empresarial – PyME-, son responsabilidades de sus respectivos autores y no comprometen la posición de la Revista ni de la Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca.

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International Automotive Task Force

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Editorial

Que Alcaldía y gremios de la producción trabajen en equipo por la industria de Bogotá Insistimos en el Impuesto Diferencial de Renta para la mipyme

Alfredo Castellanos, presidente de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca

A

la hora en que se escribe este editorial, las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Bogotá aseguran que hay un empate técnico entre Claudia López y Carlos Fernando Galán, por lo tanto estas notas van para quien asuma la dirección de la ciudad a partir del año entrante.

Para la Seccional Bogotá-Cundinamarca de Acopi, es clave que quien rija los destinos de la capital emprenda acciones y asigne recursos para promover el desarrollo de la mipyme, especialmente las de manufactura que, como es sabido, es la que genera más empleo calificado, mejor remunerado, estable y de uso intensivo de conocimiento.

Desde Acopi Bogotá-Cundinamarca en los últimos años venimos llamando la atención sobre la delicada situación por la que atraviesa la industria manufacturera en nuestra región y el país. La participación de la industria en el PIB nacional ha perdido varios puntos porcentuales últimamente, pues pasó del 21% en 1989 al 11% en 2018, y en Bogotá pasó del 14,2% en 2006 al 7,9% en 2018.

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Los TLC, el contrabando, el costo país, la falta de una política industrial que busque su desarrollo y las normas estranguladoras, todo esto que tiene origen en el nivel central, se agravó en Bogotá durante el mandato Peñalosa quien redujo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, no incluyó el tema industrial en su Plan Distrital de Desarrollo y en cambio asestó duros golpes económicos a las empresas con el alza en el impuesto predial y el cobro de valorización injustificado y confiscatorio que impuso con la complicidad de la mayoría de concejales y la oposición de unos pocos de ellos. Y a más de todo, hay peligro de que Peñalosa se despida con una “última jugadita”, el POT contrario a los intereses de la ciudad, especialmente a la vocación industrial de nuestra capital pues voltea tierras para desplazar a la industria.

El llamado es a que quien asuma las riendas de la capital, busque la recuperación de las mipymes, especialmente las manufactureras y a que se trabaje en equipo con los gremios de la producción en el diseño y ejecución de una política pública para el desarrollo industrial de Bogotá. Que se promuevan proyectos de ciencia y tecnología, de crédito oportuno, subsidiado y de fácil acceso para buen número de empresas, que se promueva la investigación y ayuda para el cumplimento de normas ambientales, etc. Para ese efecto Acopi Bogotá-Cundinamarca desde ya le ofrece su apoyo a quien las urnas le den el mandato.

Por otro lado, con motivo de la caída de la Ley de Financiamiento y la presentación nuevamente de un proyecto de ley que la reemplace, insistimos en que el precepto constitucional sobre la progresividad de los impuestos debe cumplirse y llamamos a los gremios y a los micro, pequeños y medianos empresarios a acompañar esta exigencia para el desarrollo de la clase media empresarial. No es justo que las medianas y pequeñas empresas paguen la misma tasa de impuesto de renta que las grandes empresas, pues este impuesto debe ser progresivo y no proporcional.

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Editorial

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Impuesto diferencial de renta: la propuesta vigente de Acopi Bogotá-Cundinamarca

omo es conocido por la opinión pública, el pasado 16 de octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma tributaria aprobada con la Ley 1943 de 2018, llamada Ley de Financiamiento por haber sufrido vicios no subsanables en su trámite.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda anunció que radicará en el Congreso de la República el mismo texto que fue derogado, a excepción de algunos artículos que perderían vigencia.

Si se mantiene el texto de la Ley de Financiamiento tal como estaba, esta norma continuará propiciando la desigualdad empresarial que existe en el país, por lo que Acopi Bogotá-Cundinamarca insistirá en que se establezca el Impuesto Diferencial de Renta de acuerdo con tamaño de las empresas, en consonancia con la progresividad impositiva que ordena la Constitución Nacional.

En Colombia existía tasas diferenciales ascendentes para el impuesto de renta de las empresas de acuerdo con el nivel de utilidades que generaban pero esto fue desmontado hace unas décadas.

La renta y la desigualdad empresarial en Colombia La tasa uniforme de impuesto de renta que se aplica en Colombia en los últimos años no cumple con los principios constitucionales de progresividad y gradualidad tributarias al no tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes, por lo que el impuesto puede ser calificado como regresivo y terminaría afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según el estudio que realizaron para Acopi Bogotá-Cundinamarca, Aurelio Suárez y Manuel Martínez, en Colombia la desigualdad empresarial se expresa en la alta concentración de las utilidades en las empresas grandes, por lo cual el índice de Gini en este aspecto fue de 0,82 para 2014. Prueba de esto, según el mismo estudio, es que de $262,3 billones de utilidades, tan sólo 100 empresas, es decir, el 0,01% de la muestra estudiada de 1.380.000 firmas, concentra el 16% de las utilidades brutas, es decir, $43 billones. Así mismo, las primeras 2.000 empresas, equivalentes al 0,15% del total, concentran el 40% de las utilidades, lo que corresponde a $105 billones. No obstante, existen 1.273.000 empresas que tan sólo generan el 12% de las utilidades, es decir $32 billones, y, según el Registro Único Empresarial y Social –RUES-, 94,7% son microempresas y 4,9% pequeñas y medianas.

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De estos datos se puede concluir que la desigualdad entre las empresas es superior a la desigualdad entre personas naturales cuyo índice de Gini es de 0,57, siendo la de Colombia una de las más altas del mundo.

La desigualdad se explica por la realidad económica del país y es profundizada por la traslación impositiva, es decir, la capacidad que tienen grandes empresas de trasladar su carga tributaria a empresas más pequeñas y a los trabajadores. Otro factor que influye es el modelo de crecimiento que ha generado una recomposición sectorial en la que la intermediación financiera ha crecido más que el promedio de la economía, mientras los sectores industrial y agropecuario lo han hecho por debajo. Como consecuencia de esto, “la remuneración de los trabajadores y las empresas no financieras han perdido participación en el Ingreso Nacional, mientras las rentas del gran capital financiero y los impuestos indirectos han ganado terreno en 10 años”, como lo señala el estudio sobre desigualdad empresarial mencionado.

Para corregir esta situación que impide el desarrollo de las mipyme, Acopi Bogotá-Cundinamarca propone que la tasa impositiva sea determinada por la capacidad de pago de las empresas cumpliendo con la progresividad y gradualidad tributarias, así, el impuesto de renta a las empresas se liquide sobre la renta líquida gravable descendiendo gradualmente hasta el 24% para las empresas de menor tamaño.

Además, para impulsar la producción industrial, se proponen incentivos tributarios en forma de descuentos tributarios a las empresas de acuerdo con el porcentaje de valor agregado que generen en el producto final.

Esta propuesta se liga con los objetivos fiscales, pues se podría obtener mayor recaudo tributario en las fuentes que generan mayores rentas, y promovería equidad en el sistema tributario nacional, así como la producción industrial en los establecimientos manufactureros que menos participan en la apropiación de las utilidades y que tienen gran debilidad tecnológica. La reactivación económica en la que dice estar comprometido el presidente Duque sería otro beneficio de la propuesta que fue apoyada sin restricciones por el actual mandatario en 2016 siendo senador de la República.

Esta propuesta también podría aumentar la competitividad nacional, ya que como lo revela el mismo estudio, algunos países con los que competimos tienen impuestos de renta diferenciales para sus empresas, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Impuestos diferenciales en algunos países del mundo.

La propuesta del impuesto diferencial de Renta Incluir en el Proyecto de Ley que busca reemplazar la Ley 1943 de 2018: “Adiciónese, donde corresponda, al artículo 240 del actual Estatuto Tributario: ‘Se aplicarán también en forma permanente a las mipyme definidas en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones (Ley Mipyme), y a todas las empresas manufactureras, ya existentes o que se creen en todo el territorio nacional, la siguiente tarifa en el impuesto de renta a partir del año 2019”:

primero (1) y segundo (2) del artículo 259 del Estatuto Tributario. Se aplicará conforme el valor agregado generado a su producto final, aplicando la siguiente fórmula: V.A. = T.G / (T.G.+ M.P.) V.A.: Valor Agregado T.G.: Total Gastos sin materia prima M.P.:Materia Prima = insumos transformados o incorporados en el producto vendido.

Tabla 2. Propuesta de tarifas diferenciales de renta de acuerdo al tamaño de las empresas.

Adicionalmente a la tarifa de renta diferencial, una vez aplicada la tarifa que corresponda conforme al cuadro anterior, se propone aplicar un descuento tributario por generación de valor agregado.

Adiciónese al artículo 258 – 2: “Las empresas manufactureras existentes o que se creen en todo el territorio nacional tendrán un descuento tributario aplicable sobre la tarifa de renta que corresponda según el artículo 240 de este estatuto, sin las limitaciones establecidas en los incisos

Tabla 3. Propuesta de descuento tributario para empresas generadoras de valor agregado.

Acopi Bogotá-Cundinamarca espera que esta iniciativa sea acogida y apoyada por los diferentes partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la República, en vista de que es beneficiosa para el segmento mipyme, que compone el 99% del universo empresarial colombiano, y que genera el 80% del empleo formal del país.

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Diálogo Institucional

Según Alcaldía, POT fomentará innovación, conocimiento, cultura y turismo Andrés Ortiz, el Secretario de Planeación Distrital de Bogotá, es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Planeación Urbana para Países en Desarrollo de Oxford Brookes University. Asumió el cargo desde que el alcalde Enrique Peñalosa lo nombró en 2016, y uno de sus mayores retos es el Plan de Ordenamiento Territorial, documento clave para la cuidad, su crecimiento y sostenibilidad, entre otras. Ortiz habló con la Revista PyME.

Andrés Ortíz, secretario de Planeación Distrital. Foto Cortesía SDP

Producción y Mundo Empresarial (PyME): El POT contiene una política de competitividad ¿En qué consiste esta propuesta?

Andrés Ortiz (AO): Competitividad es una de las cuatro políticas planteadas para lograr el modelo de ocupación territorial propuesto, de una ciudad densa, compacta y cercana, cuyo objetivo estratégico es crear las condiciones urbanísticas para que las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores económicos puedan aprovechar las ventajas únicas y diferenciadoras en términos de generación y cualificación del capital humano, disponibilidad de tecnología, factores de producción, entornos físicos, institucionales y calidad de vida.

Partiendo del alcance que puede tener un instrumento como Plan de Ordenamiento Territorial, que toma decisiones sobre cómo se espera opere la ciudad desde el punto de vista físico, sin determinar elementos sustanciales de políticas sectoriales como la de desarrollo económico al

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no tener incidencia directa sobre aspectos como la tasa de cambio, la política monetaria o fiscal o la estructura y carga tributaria, la propuesta de POT busca generar las condiciones que faciliten la dotación y generación de nueva infraestructura, equipamientos, espacios públicos y atributos tecnológicos que se requieren para permitir que el Distrito Capital cuente con la capacidad para crear, atraer y mantener el mejor capital humano y empresarial en actividades generadoras de empleo y de alto valor agregado.

El POT en discusión en el Concejo plantea estrategias puntuales para incrementar la competitividad tales como: la promoción de la mezcla responsable de usos, la estructuración de un sistema de logística eficiente, la simplificación de las normas urbanísticas que faciliten su aplicación, entre otras medidas encaminadas al crecimiento económico de la ciudad en su conjunto.

PyME: El POT propone que el modelo económico de la ciudad esté basado en la Estrategia de Especialización Inte-

ligente ¿Cuáles son los sectores que se impulsarían con este modelo?

AO: El POT es una herramienta poderosa, pero tiene un alcance limitado frente a la definición de un modelo económico para la ciudad. Por esto, lo que hace la propuesta, es proponer acciones concretas que benefician el desarrollo de la actividad económica de la ciudad en su conjunto, incluyendo a todos los sectores económicos, de manera tal que se creen las condiciones para que quedarse en la ciudad sea una opción real para los empresarios (grandes, medianos y/o pequeños), algunos de los principales ejemplos son: a)Define y reglamenta el uso de la actividad industrial en la ciudad. b)Simplifica las normas urbanísticas para facilitar su aplicación. c)Define acciones de mitigación que atienden tensiones latentes en la condición de mezcla de usos, lo que implica una oportunidad para los empresarios y habitantes al armonizar la existencia de diferentes usos en el territorio. d) La norma urbanística en la propuesta reconoce la vocación económica de algunos sectores de la ciudad, por lo que define las Áreas de Actividad Industrial. e) Crea el Subsistema de Transporte de Carga y Logística con carácter regional, que responde a las necesidades que tiene la ciudad frente a los procesos productivos y de generación de valor que allí se desarrollan.

Sin pretender el reemplazo de algunas actividades económicas por otras, el POT reconoce que para la ciudad es deseable que ciertas actividades asociadas a la innovación, el conocimiento, la cultura y el turismo, aumenten su relevancia en la economía del Distrito. Dichas actividades corresponden a una variedad de sectores económicos y tienen la ventaja de presentar compatibilidad con la mayoría de los usos urbanísticos, permitiendo su implantación en espacios o zonas vacantes de la ciudad en busca de la revitalización urbana y económica.

Lo anterior fue resultado de un minucioso proceso técnico de análisis que incluyó el estudio de propuestas concretas que diferentes actores han construido desde hace ya tiempo, como es el caso de la “Especialización Inteligente”. Dicho análisis se hizo aplicando una metodología integral, que permitió el afinamiento de la identificación de las actividades “estratégicas” aplicando criterios de: productividad,

especialización, encadenamiento productivo con el sector industrial y con el de servicios, dinámicas de aglomeración espacial, relevancia en la demanda y generación de empleo formal, vocación exportadora, asociación con atractivos turísticos, relación con el circuito de industrias creativas.

El listado de actividades CIIUs - Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que se plantea incentivar, se encuentran en el Anexo No. 11 de la propuesta de POT “Correspondencias de Actividades Económicas CIIU y usos del suelo”, específicamente en la Tabla 20 del Anexo “Actividades incentivadas al interior de las Áreas de Oportunidad para el Desarrollo de la Economía Naranja – ADN” y en la Tabla 25 “Actividades Económicas CIIU incentivadas en los distritos de innovación”.

PyME: ¿Qué tipos de beneficios e incentivos tendrían esos sectores?

AO: El POT señala algunos sectores en donde propone la creación de incentivos para actividades identificadas como “estratégicas”, estos sectores se denominan Distritos de Innovación y Áreas de Desarrollo Naranja –ADN-. Sin embargo, la definición completa y específica de esos incentivos será desarrollada bajo el proceso de reglamentación de los tratamientos urbanísticos.

De igual manera, se debe tener presente que bajo el marco del alcance del POT los únicos incentivos que pueden ser utilizados corresponden a decisiones que se circunscriban al ámbito urbanístico, del cual no hacen parte los beneficios tributarios.

PyME: En vista de la mezcla de usos de suelos, en el POT se plantean planes de mitigación que deben cumplir las empresas ¿Qué acompañamiento van a tener estas por parte de las instituciones públicas Distritales?

AO: Las acciones de mitigación están pensadas para atender las tensiones existentes en la mezcla de usos, que en Bogotá son muchas. Por esta razón, son una oportunidad para que el empresario tenga un mecanismo expedito y absolutamente claro que muestre que cumple con las condiciones para su localización, eso hace parte de la seguridad jurídica.

Además, teniendo en cuenta que la mayor parte de las acciones de mitigación han sido definidas previamente por una norma, existe información disponible para su aplicación. En todo caso, la infraestructura física y tecnológica del Distrito, estarán disponibles para atender inquietudes que surjan de parte de los empresarios y la ciudadanía.

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Empresario Destacado

Uso de conocimiento, clave para crear desarrollo económico y social José Parrado e Iván Padilla son los socios fundadores de Fahysa, una empresa del sector metalmecánico que nació hace dos años como un proyecto desde la Universidad Nacional de Colombia y que decidieron mantener en el mercado, ya que ven oportunidades al crear productos con alta tecnología y valor agregado. durante y después de la venta, etc. Por ejemplo, muchas maquinarias asiáticas no tienen manual, o no dan la posibilidad de entrenar el personal. Ahí existe una brecha y esa es nuestra oportunidad para sobresalir como industria colombiana.

Como Fahysa queremos exportar, esa ha sido una de las misiones de la empresa, una de nuestras metas próximas. Debemos adaptarnos a ese tipo de mercado, conocer los errores de nuestra competencia, verlo como oportunidad y aprovecharlo.

PyME: Colombia se ha especializado en bienes de consumo como confecciones, alimentos, productos agrícolas, y la producción de bienes con tecnología aplicada, como la maquinaria, ha caído ¿Por qué se decidió por este sector?

Ingenieros socios de Fahysa, empresa del sector metalmecánico.

Producción y Mundo Empresarial (PyME): El sector metalmecánico tuvo un retroceso en el país ¿Qué le parece el ambiente y la competencia frente a las importaciones?

José Parrado (JP): Existe el desafío de competir, ya que transformar la materia da el valor agregado que deben dar las industrias en todos los países, y ahí está el valor del conocimiento, en el que está la mayor parte de la generación de la riqueza. Así que el reto para nosotros, como industria colombiana, es elaborar productos terminados con alto contenido de valor y competir en ese aspecto.

Respecto a las importaciones, siempre se compite con diferentes factores como la calidad, el servicio antes,

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JP: Como ingenieros encontramos el valor de la transformación de la materia. Esto es una habilidad que no tienen todos los países, esto exige varias capacidades y habilidades que debemos tener.

Nos decidimos por esa área porque apostamos a la industria nacional, no queremos ser comercializadores, queremos crear desarrollo económico y social, y la única manera es mediante el uso de conocimiento para la transformación de la materia.

PyME: ¿Cuál es el mayor obstáculo que encontraron para la creación de empresa?

JP: El desconocimiento. No existe una red de apoyo a los empresarios pequeños, y estos son los que pueden sacar la economía adelante. Las mipymes somos el 99.6% y no existe un espacio amigable en el que el empresario tenga toda la información para saber tributar, facturar, cobrar, entre otros trámites.

Existe un desconocimiento administrativo, pero la experiencia, a punta de golpes, nos ayudó a resolver esas situaciones.

PyME: ¿Cree que esas necesidades y críticas pueden ser escuchadas en escenarios como el “Día Mundial de la Mipyme”?

JP: Los espacios gremiales son muy importantes.

Crear gremio y empezar una construcción no individual sino en comunidad, crea valor. Podemos colocar nuestras peticiones como equipo, como grupo, como gremio y así somos escuchados más fácilmente.

Esto no solamente una carrera individual. Las empresas no pueden exigir individualmente. Esto es una cadena que nos toca fortalecer, y aun cuando parte de iniciativas privadas tiene que llegar a políticas públicas.

IP: Hay mucha diferencia entre la academia y la empresa, ya que en la primera uno tiene acceso a muchas cosas que en la empresa no, como tecnología de punta, y cuando uno está en la empresa, se encuentra con métodos tradicionales. Innovar no es difícil si se tiene el conocimiento, pero es decepcionante ver la brecha entre la tecnología usada en la academia y la usada en la industria.

PyME: Desde el sector privado ¿Qué propuesta llevaría a la academia?

IP: Le diría que hay que estrechar los vínculos con las empresas, hay que proponer soluciones no solo la automatización sino lo que realmente interesa a la empresa, que es ser rentable. Y la empresa debe entender que para ser rentable debe tener una inversión en tecnología, que en el largo plazo se retribuirá.

PyME: De acuerdo a lo que fue para usted el reto de crear empresa en el sector manufacturero ¿qué propuestas daría como empresario para que emprender sea más fácil?

Iván Padilla: Las empresas podrían surgir mejor si existieran índices estadísticos que les permitieran saber en qué pueden emprender y encontrar en qué campos podrían aplicar, ya sea desde su conocimiento o sus habilidades personales, para decidir en qué aportar al país o encontrar alguna necesidad. Si hubiera información que se renovara constantemente y se difundiera adecuadamente podría haber más empresas.

Es necesario algo parecido a un censo empresarial.

PyME: En el caso de que esa herramienta existiera ¿qué otras decisiones importante podría tomar un empresario o emprendedor?

IP: Cuando uno está estudiando casi nunca piensa en emprender, pero cuando uno sale de la universidad y ve el mercado se da cuenta que puede suplir una necesidad y podría tomar ese camino, proponer una solución a un problema que ya está en el país.

PyME: En la relación entre empresa y academia ¿cuál es la mayor falencia?

Fahysa es una empresa del sector metalmecánico que busca agregar valor a sus productos

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Universidad - Empresa

La importancia de las competencias generales en el campo empresarial razón es el estudio de las unidades económicas, materializadas en las empresas o familias y los consumidores, y la forma como toman decisiones relacionadas con el negocio y consecuentemente con la economía.

Dra. Patricia Hernández. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia

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ivir en el siglo XXI; en la era de la información y la comunicación, demanda unas condiciones mucho más exigentes entorno a estar informados, la dinámica empresarial, laboral y personal ya no permite estar desactualizados, cada día los avances tecnológicos desatan un sinnúmero de cambios para los cuales un profesional necesita mantener canales que lo actualicen de manera permanente ello a fin de no entrar en la “obsolescencia” del conocimiento.

Los escenarios en el campo del comercio, la economía y los negocios abordados a partir de los procesos productivos, de distribución y consumo, son cada vez más complejos, la velocidad y escala con que se generan los cambios cada día se tornan más vertiginosos y amenazantes, por ello es imprescindible fortalecer competencias gerenciales que le permitan al profesional y al empresario, mantenerse en un nivel competitivo.

Las ciencias económicas en busca de satisfacer las necesidades del hombre en sociedad, se han constituido en una de las áreas que más demanda tienen y ello se justifica en la dinámica del libre mercado y globalización, como procesos que determinan el crecimiento económico de los países a partir de la oferta y la demanda de bienes y servicios entre naciones, siendo de vital importancia comprender los procesos macroeconómicos donde se estudia el crecimiento y fluctuaciones de un país, así como la microeconomía cuya

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Actualmente el relacionamiento comercial de los países ha generado un acelerado proceso de integración, interdependencia e intercambio económico, cultural y político, que impactan de manera significativa la cotidianidad de las naciones, en especial su dinámica económica y con ello sus procesos macroeconómicos. Por ejemplo, actualmente la guerra comercial que ha emprendido el presidente norteamericano Donald Trump contra países que suministran bienes y servicios a Estados Unidos, ha desatado un situación crítica frente al intercambio comercial internacional, enrareciendo el ambiente comercial con la implementación de altos aranceles como medidas de defensa comercial para fortalecer la producción interna y a su vez medidas de retorsión de los países afectados como la manipulación cambiaria en China para mantener atractivas las exportaciones al país del norte.

Estos eventos han afectado en general el comercio internacional de todas las naciones, ello desde el suministro de materias primas, productos intermedios o semiterminados y terminados, que produce fenómenos de deflación cuando hay sobre oferta de los mismos porque no se pueden exportar o de inflación cuando hay escases por falta de importaciones, otros efectos que se han manifestado de manera severa, ha sido la fluctuación del dólar con una fuerte reevaluación que trae consigo problemas para poder importar por aumento en sus costos, el pago de la deuda externa y deudas en dólares que pueden tener las micro, medianas y grandes empresas, de allí que los gobiernos tengan que implementar nuevas políticas públicas en temas tributarios y de comercio internacional para conjurar estas amenazas a la empresa y a la economía.

Como se evidencia, el contexto mundial y por ende el nacional, requiere profesionales competitivos y ello se logra a través de programas académicos universitarios integrales, que aborden el conocimiento a través de los escenarios reales y problémicos, donde se desarrolle el pensamiento gerencial con perspectivas críticas, analíticas y reflexivas, que aporten herramientas para la toma de decisiones a partir del conocimiento aplicado, lo invitamos a estudiar economía en la Universidad Católica de Colombia, una carrera pensada para quienes quieren alcanzar un perfil competitivo que atienda los retos del siglo XXI.

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Especial ¿Qué necesita Bogotá?

El POT desprecia la industria manufacturera: concejal Manuel Sarmiento Manuel Sarmiento es abogado de la Universidad Externado y fue asesor jurídico del senador Jorge Robledo.

En 2016 fue escogido como Concejal Revelación.

Manuel Sarmiento, actual concejal por el Polo Democrático Alternativo, quien busca repetir curul por el mismo partido e impulsar principalmente el sector manufacturero.

Producción y Mundo Empresarial (PyME): En años anteriores impulsó un proyecto de acuerdo en apoyo a la manufactura de la ciudad ¿En qué consistió esa iniciativa?

PyME: ¿Por qué un concejal de Bogotá tiene como su principal propuesta el desarrollo económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza?

Manuel Sarmiento (MS): Ese proyecto de acuerdo buscaba establecer los lineamientos para la implementación de una política industrial en Bogotá, la Política Pública de Fomento Distrital a la Industria Manufacturera. Es una propuesta que le daría a la ciudad herramientas de respaldo y fomento al sector más importante para el crecimiento económico sostenible y duradero, la industria.

MS: En Bogotá hay 2,2 millones de personas en el desempleo y el rebusque, una cifra aterradora que incide y agrava otros problemas de la ciudad como la inseguridad. Esto en gran parte se debe a que la industria ha perdido peso en la economía bogotana. La participación de la manufactura en el PIB de Bogotá pasó de algo más del 14% en 2005 al 7,9% en 2018. Esta crisis es el resultado de gobiernos que, por acción y omisión, han promovido que la producción industrial bogotana sea reemplazada por las importaciones y el contrabando. Para poner un ejemplo, el alcalde Peñalosa ni siquiera mencionó la manufactura en su Plan Distrital de Desarrollo, y el presidente Duque apostó por la economía naranja en su Plan Nacional de Desarrollo. Ningún

Estas herramientas priorizarían sectores estratégicos de la industria con base en criterios como el valor agregado, la generación de empleo y los encadenamientos productivos.

Esta política es fundamental para combatir la pobreza, el desempleo y la desigualdad.

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presidente ha subido aranceles a lo máximo permitido por la OMC, al contrario, la reducción generalizada de aranceles es del 19% en 26 años. El país está inundado, por todo lado, de productos extranjeros que podríamos producir aquí.

La industria es importante porque genera desarrollo tecnológico, empleos estables, formales y bien remunerados, es decir, crea riqueza, y al contraerse la importancia de la manufactura en la economía de Bogotá, ha pasado lo mismo con el empleo, creando un círculo vicioso, pues se disminuye también el consumo y la capacidad de compra afectando otros sectores como el comercio.

Por eso es importante que desde el Concejo se impulsen iniciativas que protejan la industria y el empleo, y para eso debe haber apoyo decidido del Estado.

PyME: ¿En qué consistiría ese apoyo del Estado?

MS: En primer lugar, es necesario que desde el Concejo se respalden las exigencias de empresarios y trabajadores para que el gobierno nacional desista de la política de reemplazar la producción nacional por la extranjera. Para ello seguiré realizando debates de control político y acompañaré las movilizaciones para exigirle al gobierno de Duque que proteja y respalde la industria capitalina con medidas como la renegociación de los TLC y el incremento de aranceles, y a su vez reduzca los costos financieros, de transporte, energía eléctrica, entre otros, y que implemente la tarifa de renta diferencial para las mipymes.

Si bien las causas de la desindustrialización en el país y en la capital son mayoritariamente del orden nacional, el gobierno distrital juega un papel importante en la materia, por lo que seguiré impulsando el proyecto de acuerdo para que se implemente una política de desarrollo industrial que incluya créditos blandos para la inversión productiva con tasas de interés más bajas a las del mercado.

También un sistema de compras públicas distritales para que la contratación de las entidades de los niveles central y descentralizado favorezca la provisión con bienes manufacturados en Bogotá, por ejemplo, en confecciones, muebles, u otras tantas cosas que necesita el Estado. Es clave hacer una revisión de la carga tributaria distrital para que los sectores industriales declarados estratégicos obtengan beneficios tributarios en materia de predial e ICA. Además de esto, sería fundamental brindar subsidios a las exportaciones, y por último luchar por conseguir la disminución efectiva del costo de energía.

Para que esto se logre efectivamente, se tiene que crear un Consejo Consultivo en el que se discuta cada uno de los aspectos de la Política Pública de Fomento Distrital a la Industria que esté compuesto por el Distrito, los empresarios industriales, los trabajadores industriales del Bogotá y representantes de la academia.

PyME: ¿Cómo podría lograrse que se adopte esa propuesta?

MS: Implica una decisión política. Bogotá debe elegir una administración que tenga como prioridad el desarrollo económico, el fomento de la industria y la generación de empleos formales y estables, de otra manera la crisis del sector se profundizará cada vez más. También debe haber un Concejo que sea consciente de eso, por lo que los empresarios deben tener una interlocución y participación constante.

PyME: Actualmente se debate el POT en el Concejo, ante el que existen varios reparos del sector empresarial ¿Cuál es su postura al respecto?

MS: Me he opuesto al POT que presentó el alcalde Peñalosa. Ha sido criticado por diferentes sectores sociales y económicos, pues se parece más a un plan de negocios inmobiliarios que a un instrumento de planificación territorial.

Así lo calificó la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional. El POT parte de cifras infladas en términos demográficos para hacernos creer que la ciudad necesitará más de 800.000 viviendas en los próximos 12 años y con ello justificar la urbanización de 5.000 hectáreas de suelos de protección y la renovación urbana en barrios residenciales y zonas industriales.

En materia económica, el POT desprecia la industria manufacturera. A pesar de su importancia, no la menciona como un sector estratégico, pues considera de manera equivocada que el turismo y la llamada economía naranja pueden sacarnos del subdesarrollo. Pero además, el proyecto plantea ejecutar proyectos de renovación urbana en zonas industriales como la de Puente Aranda, lo que implicaría demoler las fábricas que han logrado sobrevivir al libre comercio para construir edificios para vivienda, comercio y servicios.

Por estas razones, entre muchas otras, le digo no al POT de Peñalosa. Esto lo conoce más Acopi que yo, el mismo gremio hizo el estudio. También pone en problemas sectores como el del reciclaje industrial o a Corabastos. El POT es nefasto y le hace daño al empresariado que ha contribuido de manera significativa con el progreso de la ciudad.

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Especial ¿Qué necesita Bogotá?

El POT requiere quorum y voluntad política: concejal Gloría Díaz Gloria Díaz es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, magíster en Estudios Interdisciplinarios Sobre Desarrollo y especialista tanto en Gestión Regional del Desarrollo como en Gestión Pública e Instituciones Administrativas.

Gloría Díaz, candidata nuevamente por el Partido Conservador Colombiano, quien ha respaldado el turismo de la ciudad.

Producción y Mundo Empresarial (PyME): ¿Cómo Concejal de Bogotá, qué iniciativas impulsó en el pasado periodo?

Gloría Díaz (GD): Me he dedicado al sector productivo y económico de la ciudad. He procurado defender el sector de la economía de servicios del turismo, que aporta el tercer rubro más importante al PIB de nuestro país, es generador de empleo, de sentido de pertenencia por la ciudad y por tanto busqué que se inyectaran más de $30 mil millones al Instituto Distrital de Turismo en lo que va corrido del año.

También impulsé que se fortaleciera el sector de desarrollo económico, que lamentablemente apenas tiene el 3% del presupuesto que aprobamos durante los cuatro años. Espero que con el regreso al Concejo de Bogotá podamos conseguir una mayor jerarquía de este sector.

Aporté desde la formación de nuestros jóvenes a través de la iniciativa de Colegios Amigos del Turismo, para fortalecerlos en atención al cliente y en bilingüismo. Hay que apos-

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tar mucho al conocimiento de distintas lenguas en Bogotá, particularmente el inglés y el mandarín, y para garantizar un primer empleo a los muchachos que se forman en este tema.

A través de una iniciativa que se llama “Bogotá productiva 24 horas” procuré hablar de una ciudad cosmopolita, plantear de manera directa la creación de la figura del gerente nocturno, un administrador público que se piense esta ciudad y vaya mucho más allá de lo que pensamos frente al paradigma de que todas las actividades que se desarrollan en la noche son de alto impacto.

Allí se genera una industria muy importante, pero tenemos que visibilizar sectores como las empresas de vigilancia que están vinculadas seguramente con el sector salud. Hay que generar ofertas institucionales para esas personas, sobre todo en materia de movilidad. Logramos garantizar unas rutas circulares en la ciudad de Bogotá a través de unos pilotos para que no tengan que quedarse a dormir en las empresas

y puedan llegar a sus casas en las madrugadas. También es importante hablar de dos cosas que son fundamentales.

empujar la responsabilidad social empresarial, que ellos logren administrar parques en la ciudad de Bogotá.

La primera es que Bogotá va ser intervenida en materia de infraestructura en el corto, mediano y largo plazo con la línea del metro. Voy a que ojalá las obras se puedan hacer en horas nocturnas. Es importante que se entienda que Bogotá tiene unos niveles de movilidad muy altos que afectan la competitividad de la ciudad.

Nosotros hicimos una inversión y el Concejo de Bogotá aprobó muchísimos recursos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, pero muchas veces no se puede garantizar el mantenimiento de estos espacios, entonces podemos valernos de la responsabilidad social empresarial de muchas cooperativas en la ciudad para que puedan mantenerlos y administrarlos.

Además de eso para que podamos hacer, por ejemplo, programas piloto de carga y descarga, porque hoy en día muchas actividades afectan la movilidad en la ciudad, y si nos pusiéramos de acuerdo como entidades distritales con el sector productivo podríamos hacer cosas importantes.

La segunda es garantizar oferta institucional, por ejemplo, el Supercade o jardines infantiles. Esta iniciativa realmente ha sido muy bien acogida por esta Administración y esperamos que la nueva siga cumpliendo.

En el turismo encontramos una diversidad de sectores que se benefician. Estamos hablando del turismo cultural o de naturaleza con lugares como el páramo de Sumapaz o la vereda el Verjón alto y gran variedad de humedales. Nada más tenemos que ir a la localidad de Engativá a Santa María del lago, Jaboque, o Juan Amarillo, en donde muchos extranjeros aprovechan su estadía para hacer avistamiento de aves, fotografías, etc., y allí se pueden generar recursos para la ciudad. También hay turismo médico. Muchos extranjeros hoy ven en Bogotá el talento humano para poder hacerse cirugías plásticas, ya que somos reconocidos a nivel mundial y también atender su salud en enfermedades críticas.

PyME: Esas iniciativas han estado enfocadas al turismo ¿Por qué el énfasis en ese sector?

GD: Porque de la economía de servicios de turismo se desprenden réditos importantes para el comercio. Ya lo decía, quien viene a conocer a Bogotá consume bienes y servicios, se enamora de la manufactura colombiana. Consumen en restaurantes en los que están los cocineros y meseros colombianos. El turismo también impacta directamente al comercio, por un empleo que se genera en el sector turismo, se genera 1.5 en otros sectores, por ejemplo en el sector transporte.

PyME: De ser elegida como concejal otra vez ¿Qué propuestas en materia económica impulsaría?

GD: Lo primero es acompañar la legalidad, impulsar toda iniciativa que impacte a los empresarios y comerciantes de esta ciudad, pequeños, medianos y grandes. De hecho, ahora mismo estamos trabajando con algunas cooperativas para

Además de eso, el compromiso con el comercio es lograr generar incentivos, promoción de la marca ciudad Bogotá.

Nosotros fuimos participes como bancada de la competitividad de la consolidación de un acuerdo de ciudad que habla de la marca Bogotá para que no sigamos invirtiendo como en los últimos años más de $600 mil millones en publicidad de cada uno de los alcaldes: Bogotá Humana, Bogotá Mejor para todos, Bogotá sin hambre, en fin; y eso se lo lleven los que fueron alcaldes y la ciudad no quede posicionada a nivel internacional.

Con eso vamos a generar unos recursos importantes y eso va a permitir participar en ferias nacionales e internacionales como Fitur en España y en otros escenarios en los que esas vitrinas de Bogotá van a permitir que muchos ciudadanos extranjeros, y nacionales por supuesto, visiten Bogotá.

PyME: Estamos en el debate del POT, un tema álgido ¿Usted cómo lo ve?

GD: Para poder sacarlo adelante se buscan mitigar afectaciones, por ejemplo, registramos con preocupación el impacto que puede tener la redensificación en zonas de carácter residencial.

Sin embargo, yo creo que el Concejo tiene la voluntad de hacerlo. Ahora mismo está en Comisión de Plan. Hemos radicado unos documentos para que la ponencia efectivamente contemplara los insumos y esperamos que se dé el quórum, que exista voluntad política para poderlo sacar adelante.

Por ahora, como Concejal de Bogotá he aportado una serie de insumos, de preocupaciones de ciudadanos que se han acercado con dudas sobre todo en materia residencial, pero yo sí creo que Bogotá en esta o en cualquier administración necesita una herramienta de planificación del territorio que le garantice particularmente al sector comercio, por ejemplo, poder operar y no estar con esas cargas urbanísticas, no estar con esas cargas normativas que muchas veces no les permite cumplir con el objeto social de las empresas.

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Especial ¿Qué necesita Bogotá?

En principio, POT no excluye o expulsa directamente a los empresarios de las zonas industriales: concejal Andrés Forero Andrés Forero es economista de la Universidad Católica de Chile. Fue candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y formó parte de la plataforma programática de la campaña de Francisco Santos a la Alcaldía de Bogotá.

Andrés Forero, concejal y candidato por el partido de gobierno Centro Democrático, crítico de la valorización de la administración Peñalosa.

Producción y Mundo Empresarial (PyME): ¿Cuáles iniciativas en el tema económico y empresarial ha impulsado en el cabildo?

Andrés Forero (AF): Los concejales desarrollamos proyectos de acuerdo en algunos casos, en otros podemos oponernos.

En el primer caso promoví la diversificación de la matriz productiva de la ciudad apuntando a promover las industrias creativas. Para eso creamos un acuerdo que busca impulsarlas, pero al mismo tiempo estuvimos interesados en proteger a la industria tradicional.

Nos opusimos con mucha fuerza a un proyecto que ponía en riesgo la permanencia de esa industria, específicamente en la zona industrial de Puente Aranda.

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Ahí estuvimos con los industriales de los barrios Pensilvania y Cundinamarca, incluso con industriales un poco más grandes el barrio Montevideo, oponiéndonos a lo que considerábamos que podía ser un golpe muy fuerte para la supervivencia de la industria bogotana.

Se trata de la valorización. En ese caso salimos a medios de comunicación y defendimos en los debates en el Concejo a estos industriales, porque básicamente les estaban cobrando el equivalente a 2.5 veces lo que pagan de predial. Lamentablemente fuimos derrotados. Mi partido presentó una demanda en contra de ese acuerdo, pero al final no tuvo eco en los estrados judiciales, pero sí podemos decirle a la industria que estuvimos de su lado.

El primer año hubo un acuerdo que también apoyamos, sobre simplificación tributaria, que buscaba que las empresas,

sobre todo las medianas y pequeñas, no tuviesen que hacer las declaraciones de ciertos impuestos de manera bimensual sino anual y de esa manera se ahorraban costos de carácter administrativo.

PyME: ¿Esas iniciativas fueron aprobadas?

AF: La iniciativa de simplificación fue aprobada. La trajo la Administración y nosotros la aprobamos. Está relacionada sobre todo con el ICA. En el caso de la valorización fuimos derrotados en el Concejo por los otros partidos que estaban a favor, salvo el Polo Democrático y el Centro Democrático.

PyME: Ya que menciona la industria creativa, el POT le apuesta fuertemente ¿Cómo lo votaría?

AF: Aún estamos en este momento de discusión. Creo que en Bogotá no riñe la posibilidad de diversificar la matriz productiva y lograr que haya un desarrollo de las industrias creativas y mantener al mismo tiempo la industria tradicional.

De hecho, una de los elementos que yo quisiera introducir, pase lo que pase con el POT, es que los mismos estímulos que se puedan presentar o plantear para la industria creativa también se destinen a la industria tradicional.

Está bien que haya algunos sectores que se quieran estimular, pero otros también se tienen que rescatar, y en ese sentido lo que estoy buscando respecto a la industria tradicional es que reciba el mismo tratamiento, que quede expresamente en el POT, si es que llega a ser aprobado.

PyME: El POT plantea el Distrito de Innovación y un Área de Desarrollo Naranja en Puente Aranda, precisamente para impulsar las industrias creativas. ¿La misma dinámica del mercado inmobiliario y de creación de cadenas de valor no desplazaría la manufactura?

AF: El proyecto de POT que está planteado actualmente no dice que allá no se pueda seguir con actividades manufactureras, allá el uso va a ser primordialmente industrial, lo que pasa es que habilitan que si quieren vender después puedan hacer también otro tipo de construcciones. Pero en principio no se está excluyendo o expulsando de manera directa a los empresarios.

No sé si Acopi está interesada, o los industriales, en que se restrinja el uso del suelo netamente a industrial. Porque más de oponerse porque sí tiene que haber una propuesta.

PyME: Acopi Bogotá-Cundinamarca radicó a todos los concejales el estudio que realizó sobre el POT, en el que se encuentra el articulado con el que está en desacuerdo, así como la propuesta: en este caso, las zonas industriales deben permanecer así.

AF: Creo que no riñen las dos cosas. Propiciar un desarrollo de Bogotá en términos de industrias creativas no necesariamente va en contra de lo otro. Creo que hay ciudades que han logrado armonizar ambos tipos. Además soy consciente de que si las empresas se relocalizan, muchos de esos trabajadores van a ver afectada su calidad de vida de manera negativa porque van a tener que desplazarse a las afueras de la ciudad.

PyME: ¿Y en el caso del planteamiento de que se puede destinar una parte de esas zonas, hoy industriales, para usos residenciales?

AF: Yo quisiera hablar con los dueños de los predios, porque no sé si lo que ellos quieren es que se elimine la posibilidad de que si ellos venden se construyan apartamentos o edificios residenciales.

Si ellos desean “congelar” esa área es algo que se puede revisar, pero si en principio no se está excluyendo la actividad industrial de esa zona quisiera discutir con los industriales, para así saber si desean que solo se pueda tener un uso de manufactura e industria.

PyME: De ser elegido nuevamente concejal ¿qué propuestas tramitaría para las empresas de la ciudad?

AF: Ahora se va a discutir un tema de predial a nivel residencial. Hay que revisar también el predial a nivel de las empresas porque está muy alto, todavía el incremento máximo de un año al otro está en el 25%. Entonces me parecería interesante ver la posibilidad de que ese incremento interanual también se racionalice para las empresas, ya que están teniendo una carga muy alta.

Voy a buscar la manera de aprovechar, si se llega a discutir en estos días, una situación de esta naturaleza para buscar que los empresarios tengan un alivio. Me interesa aterrizar a nivel distrital esa estrategia de orden nacional para simplificar trámites.

En el predial residencial se gradúan las tarifas en función de los valores de los predios, aquí podríamos llegar a ver algo de esa estructura para hacerla un poco más equitativa y brindar una ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Que no se trate igual lo que no es igual.

Eso no depende solo de un concejal, si no que la Administración esté dispuesta a realizarlo. En el estatuto orgánico de Bogotá son iniciativas normativas del Alcalde. Se debe buscar el visto bueno de la administración.

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Especial ¿Qué necesita Bogotá?

Pymes manufactureras, opción de desarrollo económico senta aproximadamente el 98% del tejido empresarial, genera el 80% del empleo y aporta el 40% del PIB nacional (Castro, 2019). En el sector manufacturero, las pymes son el 66 % del total de establecimientos industriales generan un 62% del valor agregado nacional (Programa de Transformación Productiva , 2018). Las cifras muestran el aporte de este segmento empresarial a la economía del país, y en ese mismo sentido, el reto que representa el aumento de la productividad que propenda por mejorar la competitividad.

Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca

A

En particular, el sector manufacturero pasó de representar el 20,8% del PIB nacional en 1989 a representar tan solo el 11,2% para 2018, y su participación en valor agregado en el PIB pasó de 36,9% en 1989 a 26,5% en 2018. Esta paulatina desindustrialización ha causado perdida de la capacidad de crear riqueza; de industrias que requirieron décadas para su desarrollo y con ello de empleo calificado; fuga de capitales y cerebros; y aumento de la informalidad y la “desformalización”.

lcanzar un crecimiento sostenido en el tiempo es uno de los principales objetivos de la economía de cualquier país y que puede obtenerse mediante el fortalecimiento de los factores productivos o al aumento de la productividad de los mismos (Programa de Transformación Productiva , 2018).

Estos problemas se le atribuyen a diferentes causas.

Según la Gran Encuesta PyME de Anif de 2019, el En este sentido, tanto los esfuerzos institucionales principal problema que identifican los industriales es del Gobierno y de articulación público-privados de- la falta de demanda. El reemplazo de productos nacioben indagar de manera permanente en las estrategias, nales por extranjeros sumado al bajo poder adquisitivo sectores y políticas a impulsar para cumplir con tal que tienen los colombianos para obtener los diversos propósito. bienes ofertados en el mercado han traído como consecuencia el cierre de empresas nacionales y algunas El Consejo Privado de Competitividad afirmó que, en foráneas, quienes al no encontrar mercado para sus términos generales, Latinoamérica sólo podrá incli- mercancías se ven abocadas al despido masivo de sus narse a niveles de ingreso similares a los de las eco- empleados y al cierre, como los casos recientes de CP nomías desarrolladas si fomenta cambios sustanciales Company y General Motors. a nivel productivo y tendiente a mejorar la competitividad, lo cual, agrega, sólo es posible si se propi- El mismo escenario y fenómenos se pueden ver en cia movilidad hacia sectores con mayores niveles de Bogotá. Para 2018, la capital aportó el 25,7% del Proproductividad y capacidad de generar valor agregado ducto Interno Bruto nacional (Ministerio de Comer(Consejo Privado de Competitividad, 2017). cio, 2019). El valor agregado generado por la ciudad en este mismo periodo de tiempo fue de $19.464 miEn ese sentido, las mipymes cobran gran importancia, llones, el 18,9% del total nacional (Confecámaras, 2019). pues, según los registros de Acopi, este sector repre- En cuanto a la composición empresarial, las mipymes

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son el 99,18%, siendo el 13% manufactureras, el 32% Bogotá, 2018), sumando una pérdida en los últimos de comercio y 35% de servicios.

3 años de 29.000 empleos y alcanzando el pico de 10,3% (DANE, 2018) en la tasa de desempleo.

A pesar del peso que tiene la economía bogotana a nivel nacional, el decaimiento de la manufactura viene En el marco de las elecciones de autoridades locales, afectando su participación. En el PIB manufacturero se hace oportuno recordar a quienes son candidatos nacional Bogotá ha perdido participación al pasar del en las propuestas que Acopi Bogotá – Cundinamarca 22,5% en 2005 a 18,1% en 2018. La industria manu- viene impulsando en distintas instancias. Dichas confacturera de la capital pasó de aportarle al PIB de la sideraciones tienen por objeto tornarse en políticas misma 14.2% en 2006 a tan solo el 7,9% en 2018. públicas para reactivar a las pymes manufacturera como motor del desarrollo económico y contrarrestar Respecto al empleo, para 2015, la población ocupada los efectos ya descritos. Habrá que esperar a que se en la industria manufacturera fue de 646.000 tra- tengan en cuenta y no pase como con las administrabajadores, mientras que en 2018 tan sólo quedaban ciones anteriores que hicieron oídos sordos.

617.000 (Observatorio de Desarrollo Económico de

Las mipymes generan el 80% del empleo formal en el país.

Bibliografía Castro, R. (29 de Agosto de 2019). Apertura Congreso Nacional de la yME No. 64. Barranquilla, Colombia.

Confecámaras. (2019).

Consejo Privado de Competitividad. (2017). Productividad: la clave del crecimiento para Colombia. Bogotá.

DANE. (2018). Mercado Laboral. Bogotá D.C. Ministerio de Comercio, I. y. (2019). Infome: Perfiles económicos departamentales .

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. (septiembre de 2018). Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Obtenido de http://observatorio. desarrolloeconomico.gov.co/ Programa de Transformación Productiva . (2018). Informe dinámicas de producción y comercio exterior de las Pymes manufactureras Bogotá.

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Actualidad Empresarial

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El Concejo debe votar NO al POT

l cierre de edición, el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial – POT- cursa su debate en el Concejo de Bogotá. El polémico proyecto ya tuvo presentación de ponencias en la Comisión de Plan de la corporación, en la que los concejales Juan Felipe Grillo y Lucia Bastidas le dieron visto bueno, mientras que Celio Nieves lo calificó negativamente. Luego, cada uno de los sectores de la Administración realizó una presentación de los principales cambios que ha tenido el proyecto en todo su proceso, por lo que ahora procedería que hablaran voceros de los partidos políticas y la ciudadanía, para luego pasar a la plenaria del Concejo.

Durante el proceder, Acopi Bogotá-Cundinamarca ha expresado en reiteradas ocasiones y escenarios su desacuerdo con el POT, pues el gremio considera que pone en grave riesgo la capacidad de la ciudad para generar riqueza y empleo, tal como se advirtió en la pasada edición de la Revista PyME. En cumplimiento de su misión de defender la industria y el empleo nacional y regional, el gremio mipyme realizó un estudio del POT y ha presentado los argumentos para rechazarlo en la Audiencia Pública ‘Bogotá no se vende’, convocada por el Concejal Manuel Sarmiento; participó en el Cabildo Abierto Distrital, convocado por el Concejo; se ha reunido con cabildantes de diferentes partidos políticos, las secretarías de Planeación y Desarrollo Económico y les hizo llegar el estudio nombrado; y realizó el foro ‘POT: ¿Oportunidad o amenaza para la industria bogotana?’ en el que, junto a otros gremios y sectores empresariales, expuso los motivos para oponerse al POT, y en el que dialogaron académicos, concejales de Bogotá, el Consejo Territorial de Planeación Distrital y la Secretaria de Planeación Distrital al respecto. Sin embargo, ninguna de las solicitudes del gremio fue acogida.

En vista de las negativas, Acopi Bogotá-Cundinamarca solicitó a los concejales de la ciudad votar negativamente el proyecto de POT, y ha reiterado su llamado a que se

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construya una propuesta que no amenace la permanencia de la industria manufacturera en la ciudad, sino que, al contrario, se le proteja e impulse.

El estudio del POT realizado por el gremio se enfoca en analizar dos aspectos fundamentales del documento: el modelo económico que plantea y las cuestiones propiamente urbanísticas.

En cuanto al modelo económico, el POT pretende impulsar la Estrategia de Especialización Inteligente –EEI-, idea que promueve actividades económicas que no generan empleo y valor agregado al mismo nivel que la manufactura, lo que abriría aún más la brecha con los países desarrollados y acrecentaría el fenómeno de desindustrialización temprana que sufren el país y la capital. La siguiente tabla, que se encuentra en el estudio realizado por el gremio, compara el empleo y valor agregado generados por la industria manufacturera y por los sectores que promueve la EEI, demostrando que las actividades de esta última producen 40% menos empleo y valor agregado que la manufactura. (Ver tabla 1) Así mismo, el diagnóstico realizado para seleccionar ese modelo, no tuvo en cuenta factores claves para evaluar la productividad y la competitividad, tales como el costo-país, la carga tributaria, costos logísticos, de energía eléctrica, laborales no salariales, contrabando, entre otros.

En ese sentido, el POT brindaría incentivos urbanísticos, que al cierre de edición se desconocen, a las actividades económicas de la llamada economía naranja, en detrimento de la industria manufacturera. Es importante aclarar que si bien es importante que todas las actividades económicas tengan un respaldo estatal y sean promovidas, es necesario establecer una mejor priorización de las mismas.

El segundo aspecto, el urbanístico, genera también riesgos para la industria manufacturera, pues el plantea que

Tabla 1: Valor agregado por sector. Tomada de: “El Plan de Ordenamiento Territorial: riesgo para la generación de empleo y riqueza en Bogotá”, Acopi Bogotá-Cundinamarca, 2019. *Producto Interno Bruto. Participación porcentual del valor agregado por actividad económica bases 2015 a precios corrientes. Fuente “PIB: Producto Interno Bruto. Principales resultados. Cuentas Nacionales. DANE, 28 de febrero de 2019. ** Fuente: Informe estadístico. Mercado laboral, Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, junio de 2019.

los Distritos de Innovación, Áreas de Desarrollo Naranja, Zonas de Interés Turístico, Renovaciones Urbanas o demás tratamientos urbanísticos y las nuevas troncales de Transmilenio puedan establecerse en las que hoy son zonas tradicionalmente industriales de la ciudad, lo que terminaría por desplazar la manufactura al cobijar y promover actividades económicas no industriales allí.

Aunque el POT crea cuatro Áreas de Actividad Industrial (AAI), en poco y nada resolverían el problema, pues en estas se permitiría la mezcla de usos de suelo, con el agravante de que el proyecto incentiva la construcción de residencias en estas zonas. Las razones expuestas en el estudio del gremio son las siguientes: • AAI 1, Industrial en zona de influencia del Aeropuerto El Dorado: El uso del suelo netamente industrial es un avance para la ubicación de las empresas, pero existe la preocupación del impulso ya mentado al sector servicios y “naranja”, lo que generaría más desplazamiento de la manufactura. Por otro lado, es preocupante la prohibición

de usos residenciales y dotacionales en esta zona en la que existen alrededor de 25 barrios y algunos centros educativos, ya que puede generar un efecto negativo en el empleo local, así como desplazamientos, por lo que debe propenderse por la concertación.

• AAI 2, Industrial en la Localidad de Fontibón: Corresponde a los usos de suelo industrial ubicados en Fontibón al occidente de la Boyacá, a excepción de la Zona de Influencia del Aeropuerto ElDorado. Algunas de estas zonas se verán afectados, ya que en los lugares que se proyectan como Corredores de la Red de Transporte Público (RU1) estos usos industriales quedarían prohibidos.

Este tratamiento urbanístico afectaría a las empresas que estén en predios con uso industrial y se ubiquen en los costados de la Calle 13 o Avenida Centenario y sobre la Avenida Ferrocarril.

Preocupa la falsa expectativa que se genera, pues en principio no elimina el uso del suelo industrial, pero dentro

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del mismo permitirá el desarrollo de áreas de actividad residencial (anulando el uso industrial o de ciertas actividades económicas CIIU principalmente manufactureras -Tabla 22 del Anexo 11 del proyecto POT).

• AAI 3, Industrial en las localidades de Puente Aranda y Fontibón: Se trata de la zona industrial ubicada al oriente la Avenida Boyacá en las localidades de Puente Aranda y Fontibón. En estos casos se corre el peligro que se desplace la manufactura, pues en un área industrial se busca establecer un proyecto considerado como proyecto territorial estratégico (Distrito de innovación), en el que incluso se permitirá la actividad residencial (Anexo 7 del proyecto POT), generando el mismo problema que en AAI 2.

Además de lo anterior en el Distrito de Innovación el POT plantea incentivar 56 actividades económicas de servicio y comercio, 24 de ellas asociadas a la economía naranja, y solo 9 actividades manufactureras, de las cuales su 100% están relacionadas también a la economía naranja.

En las principales zonas industriales de Bogotá se pretende dar incentivos, aún desconocidos, al desarrollo de actividades económicas diferentes a las industriales, así como se permite que en los corredores de Renovación Urbana se permitan Áreas de Actividad Múltiple (AA-M4), lo que pone en riesgo la permanencia de la industria en la ciudad • AAI 4, Industrial disperso: Se refiere a los usos industriales dispersos en el resto de la ciudad. Estos usos industriales corren el riesgo, pues el POT propone que 82 actividades económicas manufactureras (Tabla 22 del Anexo 11 del proyecto POT) se declaren como incompatibles en áreas de uso residencial, lo que implicaría que entrarían en riesgo las empresas que se encuentran dispersas en Bogotá en pequeñas zonas industriales en consolidación.

Así mismo es riesgoso el Artículo 335 del proyecto de articulado, pues insiste en los beneficios para actividades económicas que no incluyen la manufactura, y tampoco es claro en cuanto a los incentivos “cuando se propongan porcentajes de mezcla adicionales a los obligatorios en

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el Decreto del Tratamiento Urbanístico de Renovación”, permitiendo que la manufactura se vea cercada por otro tipo de usos de suelo.

Además, en el POT la manufactura se vería acorralada también en las tradicionales zonas industriales, pues aumentaría en 1.483% el número de viviendas existentes, lo que terminaría por desplazar la producción y generando para las mipymes costos y pérdidas imposibles de asumir.

De las 816.736 viviendas nuevas que plantea el POT, el 13.8% se encuentran ubicadas en las 6 UPZ más industriales de Bogotá. La siguiente tabla muestra la cantidad de viviendas existentes en aquellas zonas y la propuesta de nuevas según el POT. (Ver tabla 2) A esto se suma que 82 actividades económicas manufactureras (excluyendo las mineras) se declararían como incompatibles en usos predominantemente residenciales en donde se asentó primero la industria, añadiendo que el proyecto fija altísimas exigencias para el cumplimiento de los planes de mitigación, que no tienen en cuenta tamaño, de las empresas, subsector productivo al que pertenecen o ingresos, sino solo parte del área neta de uso para poner sus estándares. El estudio de Acopi Bogotá-Cundinamarca profundiza en el tema: “En muchos casos, el asentamiento de estas empresas se dio en momentos de menos densificación de Bogotá, pero que actualmente, como se refleja en el diagnóstico del POT, la creciente mezcla de usos del suelo especialmente el residencial con usos productivos es una realidad. Esta situación ha creado incertidumbre sobre la posibilidad de permanencia de muchas empresas y negocios, especialmente los de menor tamaño, situación que no parece ser considerada tampoco en el proyecto de POT. En el Anexo 11 (Actividades CIIU), en la Tabla 22 del proyecto, se declara como incompatibles 82 actividades manufactureras (Sección C del código CIIU) en zonas residenciales.

Si bien es cierto que la actividad productiva debe cumplir criterios ambientales, sanitarios, sociales, entre otros, es

Tabla 2. Porcentaje de viviendas nuevas en zonas industriales. Tomado de “El Plan de Ordenamiento Territorial: riesgo para la generación de empleo y riqueza en Bogotá”, Acopi Bogotá-Cundinamarca, 2019. *Datos tomados de: Modelaciones volumétricas de las UPZ como determinantes para la norma urbanística propuesta para la Consolidación C2 y la Renovación Urbana RU1. Anexo 07 del Documento Técnico 10. ** Cálculos propios.

importante que se mida el impacto de esta medida, pues, de forma preliminar, estas actividades económicas suman más de 22.000 empresas en Bogotá (no solamente en zonas residenciales), que podrían verse afectadas, ya que las cadenas de valor no se generan solamente en la misma zona sino también por fuera de ellas.”

En la siguiente tabla se muestra el subsector que se vería afectado, así como la cantidad de actividades económicas a su interior y el número de empresas posiblemente impactadas. (Ver tabla #3) El estudio también afirma: “En este mismo sentido, otras 12 actividades económicas catalogadas como industriales o de servicios industriales se declararían también como incompatibles en zonas residenciales, afectando alrededor de otras 10.000 empresas”.

Los puntos anteriores del estudio sobre el POT, que se restringe únicamente a la índole económica del proyecto, muestran que si se aprueba se constituiría en un riesgo para la poca industria que hoy sobrevive en la capital, y la empujaría al desplazamiento, la informalidad o el cierre, con las afectaciones que esto tendría para las inversiones y el empleo.

La inconveniencia del POT para la ciudad sería a largo plazo, pues implantaría un modelo económico de poco va-

lor agregado y empleo, asediando además la manufactura en las zonas en las que se encuentra desde hace décadas, ya sea por priorizar otros sectores, abrir el espacio para las constructoras y la residencia, o dar garantías para la creación de la demanda para Transmilenio en dichos lugares. Esto aumentaría aún más la brecha con los países industriales con los hoy ya el país compite en desventaja, y cercenaría la capacidad de Bogotá para crear riqueza y empleo.

Gremios representativos y voceros de sectores empresariales como Acopi Bogotá-Cundinamarca; la Corporación Empresarial de Centro Occidente de Bogotá, Coremco; la Corporación Nacional de Comerciantes de Alimentos de Corabastos, Conalco; el Centro Comercial Galerías; los empresarios de Reciclaje Industrial; y productores y comerciantes de prendas militares del Centro de Bogotá y del barrio 7 de Agosto, ya han expresado su rechazo al proyecto, hecho que el Concejo de Bogotá debe tener en cuenta a la hora de votar.

Acopi Bogotá-Cundinamarca ha invitado a los concejales a tener en cuenta que donde no hay empresas no hay empleo y sin empleo no hay riqueza, por lo que los ha exhortado a asistir a las sesiones de la corporación y votar negativamente el proyecto del POT, para impedir que de forma antidemocrática el Alcalde Mayor lo expida por decreto, omitiendo la discusión sensata e incluyente.

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Tabla 3. Empresas en riesgo por incompatibilidad de actividades económicas manufactureras en zonas residenciales. Tomado de “El Plan de Ordenamiento Territorial: riesgo para la generación de empleo y riqueza en Bogotá”, Acopi Bogotá-Cundinamarca, 2019. * Dos primeros dígitos del código CIIU. ** Cantidad de actividades económicas dentro de la división, según Tabla 22 del Anexo 11 del POT. *** Datos suministrados por Confecámaras en agosto de 2019.

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Tamaño de empresas ya no se medirá por número de empleados

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on el Decreto 957 de 2019, expedido por la Presidencia de la República, desde diciembre de este año cambiará la forma en la que se mide el tamaño de las empresas.

Antes, según la Ley 590 de 2000, su tamaño podía ser definido por el número de trabajadores totales, el valor de ventas brutas anuales o el valor activos totales.

Generalmente el criterio más usado fue la cantidad de empleados, así:

Tenga en cuenta: * Entra en vigencia el 5 de diciembre de 2019 * El valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales debe ser reportado obligatoriamente en el formulario de inscripción y actualización del Registro Único Empresarial y Social -RUES. * Se considera gran empresa aquella que tiene ingresos por actividades ordinarias anuales mayores al rango superior de las medianas empresas, en cada uno de los sectores económicos. * Para las empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los tres sectores, deben aplicar los rangos del sector manufacturero.

Tabla 1. Elaboración propia

Ahora, con el nuevo decreto, el tamaño de las empresas se medirá por los ingresos por actividades ordinarias anuales y de acuerdo a la actividad económica y sector de la empresa, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Elaboración propia. Valor de la UVT A 2019 ($ 34.270).

* Cuando los ingresos de la empresa provengan de más de uno de los sectores contemplados, se tendrá en cuenta la actividad del sector económico cuyos ingresos hayan sido más altos.

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Puntillazos económicos y estadísticos • La Ocde dice que para Colombia será de 3,4% el crecimiento en 2019, impulsado por mayor inversión y mejor gasto de los hogares. Una de las medidas que plantea el ente internacional para aumentar los ingresos es ampliar la base gravable del IVA. • El Índice de Precios al Consumidor de los últimos 12 meses corridos se ubicó en 3,82%, sobrepasando la cifra del Banco de la República.

• A septiembre de 2019 el Índice de Confianza del Consumidor cayó a -10,7%, completando 6 meses en negativo.

Carlo Martínez, jefe de Comunicaciones y Prensa de Acopi Bogotá-Cundinamarca

• El dólar alcanzó los $3.500. Hay preocupación por la devaluación y la incertidumbre.

• A propósito de los 70 años de la Revolución China, el país asiático construye trenes que van a 500 kilómetros por hora, mientras en Bogotá se habla de metro desde hace 77 años y, al parecer, su primer línea será elevada.

• Para 2010 la deuda externa colombiana sumaba US$ 64.792 millones. En el pasado julio llegó a los US$ 135.558 millones, alcanzando el 42,7% del PIB ¿Cuánto se pagará si el dólar sigue subiendo?

• Una deuda de US$ 4.209 millones con el FMI fue una de las causas de las protestas en Ecuador hace unas semanas, ya que implicaba recortar el gasto público, lo que generó alza en los precios de la gasolina. El decreto tuvo que ser derogado por el presidente Lenin Moreno.

• El Banco Mundial mantiene su pronóstico de que Colombia crecerá 3,3% en 2019, mientras que el Gobierno se mantiene en el 3,6%. Sin embargo, el crecimiento por sectores y en empleo no ha sido suficiente a 2 meses de terminar el año para cumplir con la meta.

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• Según Doing Bussines, Colombia es el país número 67 en el ranking internacional que mide la facilidad para hacer negocios. ¿Crecerá la economía?

• La administración del alcalde Enrique Peñalosa dice que con el POT se aumentan garantías para permanencia de las empresas en la ciudad, así como para que generen empleo y riqueza, sin embargo, el número de viviendas en zonas industriales aumentaría en 1.483%.

• La Misión de Observación Electoral –MOE- solicitó al alcalde Peñalosa la suspensión temporal del contrato adjudicado a la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, con una partida presupuestal de algo más de $ 10.900 millones.

• Según El Tiempo, el 61% del área glaciar del país se ha perdido entre 1980 y 2016. Una grave cifra a tener en cuenta a la hora de seguir comprando buses a diésel.

•Del total de las empresas del país, cerca de 25.000, el 1,5%, han recibido más de $ 1 billón mediante el portafolio financiero de Bancoldex por pertenecer a la economía naranja, esto entre agosto de 2018 y septiembre de 2019. Por otro lado, con un piloto de 4.000 empresas inició en agosto de 2019 el programa Fábricas de Productividad, que debe cubrir a las empresas manufactureras, que son el 10,9% de las empresas del país y generan 40% más empleo y valor agregado.

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El Congreso sí tiene facultad constitucional para proponer proyectos legislativos en materia arancelaria en particular a las exigencias de la política de integración del área latinoamericana.

2º Modificar las tarifas y ajustar la nomenclatura de acuerdo a las orientaciones del Plan de Desarrollo Económico y Social teniendo en cuenta los efectos económicos causados por… y únicamente para los siguientes objetivos, entre los cuales cabe mencionar, el de otorgar protección a la producción de bienes de capital, bienes intermedios, bienes terminados o materias primas que no gocen de adecuado tratamiento en el arancel vigente….y sin tener por finalidad un incremento de la renta de aduanas.

A

Gilberto Olarte Gómez, miembro de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca.

raíz de los Artículos 274 y 275 sobre el aumento de aranceles aprobado por el Congreso de la República para las importaciones de prendas textiles dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se ha generado una polémica en torno a la inconstitucionalidad de la decisión, ya que de tiempo atrás, esta facultad le fue otorgada al ejecutivo a través de una ley marco que señala los criterios sobre los cuales debe actuar para modificar las tarifas del Arancel de Aduanas.

En el pasado, el Congreso de la República le concedía al Presidente, mediante Acto Legislativo, facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura y las tarifas del Arancel de Aduanas por tiempo limitado, por solo una vez, con el cumplimiento de fines y objetivos específicos y con la intervención de dos Senadores y dos Representantes elegidos por las Comisiones Tercera de Cámara y Senado.

Testimonio de lo anterior, lo podemos encontrar en el siguiente decreto ley:

Decreto Ley 69 De 1963: “El Congreso de Colombia decreta, ARTÍCULO 1º Facúltese al Presidente de la República hasta por un año, a partir de la sanción de la presente ley y por una sola vez, para realizar el arancel de aduanas con los siguientes fines.”

Los fines y textos del Decreto Ley consistían en:

1º Modificar la nomenclatura existente para adaptarla a las nuevas modalidades de nuestro comercio internacional y

Puede observarse en el anterior decreto ley, que el legislativo ejercía su soberanía imponiéndole al ejecutivo normas generales, límites de tiempo, fines y objetivos específicos para modificar los aranceles y las tarifas del Arancel de Aduanas.

A mediados del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el Congreso reformó la Constitución Política de Colombia por Acto Legislativo No.1 de 1968. Esta reforma incorporó, al artículo 76 de la Constitución, el numeral 22 que faculta al Congreso para expedir normas de carácter general a las que debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de Aduanas.

Con esta incorporación, el Congreso Constituyente eliminó las facultades extraordinarias que solía otorgar el Congreso de la República al Ejecutivo en materia arancelaria y sentó las bases para que el gobierno de Misael Pastrana Borrero por iniciativa exclusiva y de orden constitucional dicte al Congreso el proyecto de contenido de Ley 6ª de 1971 sobre normas generales, criterios y objetivos a las que él mismo debía sujetarse para modificar los aranceles.

A partir de 1971 la Ley 6ª adquirió el carácter normativo de lo que hoy en día se denomina: Ley Marco.

Al comparar el contenido de esta última Ley, con la Ley 69 de 1963, vemos que tiene el mismo sentido y alcance de las facultades extraordinarias que en aquélla época solía otorgarle el Legislativo al Gobierno, con la diferencia que, la norma constitucional del 68, al conceder al Ejecutivo la facultad de proponer la Ley Marco, implícitamente le otorgó también la facultad para legislar por tiempo ilimitado hasta tanto propusiera otra ley marco.

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La Asamblea Constituyente de 1991 mantuvo vigente en el Artículo 150 de la Constitución Política, la modalidad de Ley Marco de la Constitución del 68, la cual hoy en día permite al órgano legislativo nacional dictar, expedir, reformar y derogar, las normas de carácter general para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas: Constitución Política de Colombia, Artículo 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Dictar, interpretar, modificar, reformar y derogar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos, Numeral 19, Literal c): Modificar por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

El Constituyente en su ponencia expone las facultades con la cuales quedó investido el Ejecutivo para desarrollar las pautas generales en el ejercicio de su función administrativa:

“La rama legislativa al definir principios generales, el jefe de gobierno queda investido de facultades para crear situaciones jurídica dentro de las pautas que le han trazado en la ley marco”.

“Después de que el Congreso vota la Ley Marco, el gobierno queda investido para para expedir, modificar, derogar la legislación dentro del marco normativo que le trazó el Congreso.”

“El gobierno se reserva la posibilidad de intervenir por decreto en aquéllos sectores que exigen una decisión pronta y oportuna”.

El Constituyente de 91 al mantener vigente la técnica normativa de la Ley Marco restituyó al Legislativo la facultad que tuvo antes de la Reforma Constitucional de 1968, la de dictar o reformar las normas de carácter general. A su vez concedió a los ciudadanos la facultad de presentar Proyectos de Ley Marco o Normas de carácter general por Iniciativa Popular.

La restitución y extensión de dichas facultades se observa en el Artículo 154 en el que relaciona los numerales y literales que deben conservar la iniciativa del Gobierno para dictar o reformar las leyes marco. Del Numeral 19 se excluye el Literal c) con el cual se restituye la facultad al legislativo para dictar o reformar las normas generales: Constitución Política de Colombia, Artículo 154: Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a

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propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, o por Iniciativa Popular en los casos previstos en la constitución. No obstante, sólo podrán ser dictadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11, 22 y los Literales a, b, e del Numeral 19 del Artículo 150.

Nótese que en este artículo, el Constituyente excluye el Literal c), del numeral 19.

Artículo 155: Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral (37´136.581 x 5% = 1´856.830).

Es importante transcribir algunas razones de la ponencia constituyente sobre la función legislativa del Congreso las cuales dieron pie a la restitución y extensión de iniciativas de carácter parlamentario y popular:

1. “Corregir el uso y abuso que el Ejecutivo hace de la potestad legislativa excepcional por la vía del reglamento y aún en virtud de acuerdos, circulares, instrucciones y demás actos. Esos reglamentos se han calificado como la “expresión de la voluntad gubernamental”.

2.“Arrogarse funciones reservadas al legislativo, utilizando algunos instrumentos de política comercial con finalidades impositivas o con objetivos de política macroeconómica, tales como el control de la inflación” 3.“Entre las causas que debilitó al Congreso se encontraban el uso abusivo de las facultades extraordinarias y la utilización de las facultades constitucionales de las leyes marco, con lo que prácticamente se entregan numerosas y cardinales funciones privativas del Congreso.”

(Ponencia sobre la Función Legislativa, Gaceta Constitucional No.51 de 16 de Abril de 1991, Biblioteca Luis Ángel Arango, 4º Piso, Investigaciones Jurídicas).

En conclusión, sin este repaso normativo no es posible distinguir entre la Facultad de Dictar y la Facultad de Expedir normas de carácter general. El Congreso en el ejercicio de su función legislativa tiene también la facultad para proponerlas, salvo excepciones que por mandato constitucional le corresponde al Gobierno. Pero en Proyectos de Ley que contienen normas, principios, o pautas generales como la que nos asiste en materia Arancelaria, el derecho constitucional garantiza que esta Norma o Ley Marco en particular, pueda no sólo proponerse a iniciativa del Gobierno, sino también a iniciativa del propio Congreso de la República o por Iniciativa Popular.

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DANE hará censo económico John Fredy Hernández, practicante en el Área de Comunicaciones de Acopi Bogotá-Cundinamarca

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ste censo será una operación estadística realizada a unidades económicas pertenecientes a los diferentes sectores productivos, con la cual el DANE busca saber cuántas empresas existen en el país, ya que el único dato conocido es el que brinda el Registro Único Empresarial.

El objetivo es realizar un conteo de todos los establecimientos económicos para conocer su actividad económica, recurso humano de la misma, ingresos, costos, estructuras tributaria y tecnológica, competitividad, rotación y vinculación del recurso humano, y el rol de economías de plataformas digitales como Rappi o Uber.

nes que se triangularían para llegar a este registro.

Para este proceso se ha calculado un costo de alrededor de $374 mil millones que se incorporan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y se respalda por las bases del Plan Nacional de Desarrollo, aunque también es financiado por el sector privado y entidades multilaterales.

Asumiendo que todo el proceso se realice de la manera más eficiente posible, este censo se estaría realizando en 2020 al culminar junio. De otra manera se realizaría en mayo de 2021. El proceso de censo digital se efectuaría para medianas y grandes empresas, mientras los pequeños negocios serían censados manualmente.

El censo abarcará también municipios, centros poblados y corredores económicos del sector rural para saber qué está produciendo el país, cómo, cuánto y con quién se produce, así como para conocer el contexto de operación de las empresas, y si son formales o informales.

Además, se busca exponer cómo funcionan los sistemas económicos informales, ya que la mitad de la economía nacional es de este tipo, y el censo de 2005 no abarcó a profundidad los parámetros necesarios para un buen análisis de las microempresas.

En las visitas previas que se harán a los municipios se contará con las herramientas necesarias para recolectar datos más exactos, junto a una base con un módulo llamado “micronegocios” incluido en la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada mensualmente, en la que los ciudadanos contestan cuál es su actividad económica o si son trabajadores por cuenta propia.

Gracias al aval que dio el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- a la realización del censo, este se ha puesto en marcha contando con la ayuda en el cruce de información de bases de datos con entidades como la Dian, cámaras de comercio, la Superintendencia de Sociedades, y gremios como Andi, Acopi y Fenalco. De igual manera se realiza un trabajo conjunto con la Registraduría y el Ministerio de Salud para garantizar las cifras de nacimientos y defuncio-

Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Foto: LaFM.com.co

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DIAN reguló procedimiento para que UGPP devuelva aportes por nulidad

l Artículo 311 de la reforma tributaria de 2016, o Ley 1819, creó nuevos parámetros para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPPrealice devolución de aportes o sanciones por nulidad de actos expedidos por esta entidad.

•La fecha en la que el contribuyente fue notificado del acto de la liquidación oficial o el recurso de reconsideración.

•La relación de las planillas mediante las que el pago del acto administrativo fue sufragado.

La UGPP rimpondrá las sanciones y multas por incurrir en faltas encontradas a la hora de realizar los pagos de seguridad social y parafiscales, conocidos como los aportes obligatorios que deben pagar los empleadores a los trabajadores que son destinados a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

•Una lista de los usuarios que se vería impactados por el procedimiento.

La UGPP cuenta con un plazo de 30 días hábiles para expedir el acto administrativo ordenando a las entidades el desembolso de los montos. En caso de traslado de fondo de pensiones durante el proceso, la última entidad prestadora del servicio debe ser la encargada de la devolución.

Por otra parte, los aportantes pueden interponer un recurso de reconsideración ante la DIAN para que replantee la sanción y pueda existir un acto revocatorio a causa de su desacuerdo con la declaración presentada La entidad cuenta con dos meses para efectuar la depor la UGPP. Otra medida por la que se puede optar es volución de los aportes luego de la notificación del acto administrativo. En caso de sobrepasar el tiempo límite se demandar la decisión ante instancias judiciales. generarán intereses moratorios a favor del aportante.

En el segundo caso, un juez administrativo será responsable de determinar la pertinencia y la validez de lo expuesto. De esta manera, al llegar a declarar nulidad parcial o total, puede ordenar la devolución de los aportes realizados por el contribuyente así como el monto de las sanciones recaudadas.

Luego de ser admitida la demanda en instancia judicial, la UGPP debe notificar a las diferentes entidades de seguridad social sobre el reembolso que se debe realizar con la totalidad de los aportes realizados. De esta manera la entidad debe indicar: •El acto administrativo que el contribuyente demandó.

•El número que lleva el proceso judicial.

•Los períodos gravables.

•El valor que a cada entidad del sistema de seguridad social correspondería pagar.

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La UGPP cuenta con un plazo de 30 días hábiles para expedir el acto administrativo ordenando a las entidades el desembolso de los montos.

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La desigualdad empresarial: norma en la Ley de Financiamiento existir una contribución diferente en términos relativos, cuando difiera la capacidad contributiva de los individuos (equidad vertical).

El año pasado fue sancionada la Ley 1943 o Ley de Financiamiento, mediante la que se expidieron normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio presupuestal general, en desarrollo del artículo 347 de la Constitución Política. En materia empresarial, la iniciativa puesta a consideración del Congreso de la Republica perseguía aumentar el crecimiento económico, avanzar en la progresividad de los impuestos de las empresas, simplificar el sistema tributario para las mipymes y garantizar la sostenibilidad fiscal de las mismas.

Shehiner Rodríguez, investigador asociado a AcopiBogotá-Cundinamarca

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Sin embargo, el legislador no tuvo en cuenta la desigualdad económica de las empresas, en lo que se evidenció claramente el favorecimiento a las megainversiones, los contratos de estabilidad jurídica y las actividades económicas relacionadas con las industrias creativas o de economía naranja otorgándoles beneficios de renta hasta por 7 años.

eneralmente suele aceptarse como una de las principales funciones de la política fiscal la búsqueda de la redistribución del ingreso. Esto supone algún grado de inconformidad con los patrones distributivos de la renta y la necesidad de confiar a la gestión El panorama para los más de 1.500.000 microemprepública la misión de corregir tal situación, para promover sarios registrados actualmente en las Cámaras de Copor esta vía mayores niveles de bienestar social. mercio según Confecámaras no es claro. El Gobierno impulsó el impuesto unificado bajo el régimen simple de Interpretando esta aspiración, la Constitución Política de tributación “SIMPLE”, el cual no es más que una copia 1991 consagra en su artículo 363 que “el sistema tribu- del fallido y fracasado monotributo establecido en La tario se funda en los principios de equidad, eficiencia Ley 1819 de 2016, que aspiraba que al menos 200.000 y progresividad”. Por otra parte, el orden constitucional comerciantes se inscribieran y declarasen bajo este también establece la obligación de que el gasto social esquema, mientras que la realidad fue diametralmente tenga una participación creciente dentro del gasto total opuesta, pues menos de 50 personas se registraron y del sector público, como reconocimiento de que las polí- declararon bajo el mismo. ticas redistributivas se deben atender con herramientas fiscales tanto de ingresos como de gastos.

El régimen simple de tributación, a diferencia del impuesto de renta, grava única y exclusivamente los inLa progresividad es la capacidad de un tributo para lo- gresos brutos, con tarifas de las cuales se desconoce grar como fruto de su aplicación una redistribución del su progresividad y que tiende a consolidar otros tribuingreso que promueva la equidad. En el ámbito tributa- tos, así como tampoco tiene en cuenta los costos y gasrio el principio de equidad establece que dos individuos tos. Es difícil establecer realmente la funcionalidad de con la misma capacidad contributiva deben efectuar dicho régimen si tenemos en cuenta que al final de cada una aportación similar (equidad horizontal) y que debe año se realiza un ejercicio cuyo resultado arroja una

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utilidad o una perdida. No es prudente establecer un impuesto basado en los ingresos brutos, el régimen simple podría erosionar aún más el flujo de caja de las empresas y tornar más complicado el manejo administrativo tributario con pagos y declaraciones mensuales, bimestrales y anuales, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la facturación electrónica, añadiendo la información exógena y la responsabilidad del Iva. Diferentes estudios y cifras revelan que la desigualdad empresarial es mayor que la social. Para el año 2018 según cifras de la Superintendencia de Sociedades las 10.001 empresas más grandes de Colombia se reparten el 57% de las utilidades, 90.000 entre las que se encuentran las medianas reciben el 36% y más de un millón trescientas mil micro y pequeñas empresas se dividen el restante 7%.

Un trabajo reciente de (Espitia, 2016) ya había analizado la distribución de las utilidades en Colombia y como muestra había tomado la distribución de las utilidades entre las 25.000 compañías que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, sin incluir a las empresas del sector financiero, cuyo resultado mostro que el coeficiente de Gini fue de 0,773 cuando se trató de utilidades brutas; 0,803 en relación con las ganancias operacionales y de 0,817 en las resultantes antes del pago del impuesto de renta. Este coeficiente se utiliza para medir entre 0 y 1 cualquier forma de distribución desigual en la población, el cual resulta ser peor cuanto más se acerque a 1. De este estudio se infiere un grave antecedente sobre la desigualdad empresarial en Colombia.

A la desigualdad empresarial existente, se sumaron tres beneficios adicionales a los 220 ya existentes y de los cuales gozan las grandes compañías multinacionales, trasnacionales y el sector financiero: - Devolución del IVA (100%) por la adquisición de bienes de capital.

- Deducción del GMF (50%) contra el impuesto de renta.

- Deducción del ICA contra el impuesto de renta (50% a partir de 2020).

El costo de estos beneficios ascenderá a $10,5 billones para el 2020, que se sumarian a la reducción de la tarifa del impuesto de renta empresarial, lo que generaría un ahorro a las grandes compañías por valor de 1,2 billones, y por medio de la reducción gradual de la renta.

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Tras conocerse de las 24 demandas interpuestas a la Ley de Financiamiento por inconstitucionalidad de diferentes sectores del ámbito económico, académico, político y gremial, el pasado 16 de octubre la honorable Corte Constitucional decidió declarar inexequibles los artículos de la Ley 1943 de 2018. El alto tribunal considero: “Que se violó el principio democrático de la deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano”.

El Gobierno Nacional ha decidido presentar nuevamente el texto que había aprobado el Congreso en diciembre de 2018, a pesar de que no logró la mejoría en los indicadores principales como la evolución del PIB (en comparación con economías de la región); la formalización tributaria por intermedio del régimen simple es insipiente, pues apenas 8.050 nuevos contribuyentes, 5.300 empresas y 2.650 personas naturales se han acogido, de los cuales 11% no tenía Rut y 37% no había siquiera declarado ICA. Es una Ley con enormes beneficios tributarios a la inversión extranjera directa, minera, energética, financiera y las llamadas industrias creativas o de economía naranja.

De otra parte, devolver el IVA de los bienes de capital es una medida tributaria que es altamente regresiva en la medida que beneficia de manera más que proporcional a las empresas de mayor patrimonio y capacidad de inversión como el caso de las empresas petroleras, mineras y financieras (ninguna de ellas con vocación industrial), las que además toman sus decisiones de inversión por factores muy diferentes a estos estímulos tributarios y si generaría un hueco fiscal aún más profundo porque la nación dejaría de recibir estos recursos.

El Gobierno Nacional debe examinar realmente hacia donde deben ir dirigidos los beneficios tributarios de acuerdo a la concentración de las utilidades de las empresas. El país necesita de medidas que estimulen la demanda de la industria nacional y de esta forma propiciar y justificar la compra de maquinaria y equipos para producir más y acelerar el crecimiento de la economía.

Sería muy progresivo para las mipymes imponer un límite a la devolución del IVA porque mantendría la universalidad del beneficio y aplicaría a todas las empresas. En el caso de las mipymes la devolución seria total, teniendo en cuenta su vocación de industria manufacturera y su alto contenido de valor agregado; en el caso de las inversiones de mayor cuantía sería tan solo de un porcentaje, y de esta forma se daría cumplimiento al principio de progresividad consagrado en la Constitución.

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Programa de Formación en Innovación Empresarial: un aporte para el fortalecimiento de las mipymes para el desarrollo de Modelos de Innovación Empresarial que les facilite fortalecer sus unidades de negocio a nivel de procesos, productos o en toda la organización. En cuanto a los emprendedores, realizar mediante talleres prácticos para el diseño de Modelos de Negocios Innovadores y Creativos para sus iniciativas emprendedoras, y una vez establecida la viabilidad de la idea de negocio, diseñar el plan de negocio para presentarse a convocatorias y acceder a recursos públicos, como Capital Semilla del Fondo Emprender del SENA y de esta manera poder hacer su sueño realidad.

Nohora Fonseca, segunda vicepresidente de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca

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eniendo en cuenta las consecuencias de la crisis mundial que está afectando nuestro país y que se ven reflejados en el crecimiento del índice de desempleo, el cierre de empresas, el aumento de trabajo informal y las limitadas posibilidades de mercado para micro, pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores de economía, surge este Programa de Formación en Innovación Empresarial, que permitirá a empresarios y emprendedores transferir conocimiento y experiencias en emprendimiento y en el diseño de modelos de innovación empresarial para mipymes, en el que han participado personas en condición de vulnerabilidad, desplazadas, emprendedores de bajos recursos y micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad, posibilitándoles encontrar, en la creación de su propia empresa y el fortalecimiento de las mismas, una alternativa para producir ingresos, suplir sus necesidades básicas, lograr una calidad de vida digna, mantenerse en el mercado nacional, seguir generando empleo y fomentando desarrollo en los diferentes sectores de la economía.

De 2014 a la fecha se han capacitado más de 670 empresarios y emprendedores de manera gratuita en Diseño de Modelos de Innovación, Competitividad e Internacionalización de las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y sectores de la economía. La finalidad es darle a los micro, pequeños y medianos empresarios, así como a emprendedores, las herramientas teóricas y prácticas

A través del Programa de Formación En Innovación Empresarial, se ha demostrado que las mipymes sí adelantan procesos de innovación y que no solo lo hacen las grandes empresas. La innovación empresarial debe ser reconocida en la mipyme, ya que puede estar relacionada con procesos de cambios y fortalecimiento que van desde contar con una estructura organizacional, caracterización de procesos, estudios de mercado nacional e internacional dependiendo de su capacidad instalada, generación de nuevos productos, hasta el cambio de una proceso manual a uno técnico, cambios que puede incorporar o no una innovación tecnológica. De otra manera, la innovación empresarial en las mipymes son esos “nuevos elementos que se introducen en las operaciones de producción o servicio de una organización: materiales de insumo, especificaciones de tareas, mecanismos de trabajo y flujo de información, y equipo utilizado para producir un producto o prestar un servicio” . Su finalidad es lograr un mejoramiento continuo de la empresa y garantizar de esta manera la productividad y competitividad empresarial.

Es necesario destacar que Colombia cuenta con más de 1.5 millones de mipymes que representan el 90 % del sector productivo nacional y aportan más del 35% del PIB, generan el 80% del empleo, y se distribuyen de la siguiente manera: micro, 92%; pequeñas, 6%; y medianas, 2% ; razón por la cual se deben orientar todos los esfuerzos para que, integrando la innovación empresarial, las mipymes puedan lograr ser altamente competitivas, productivas y seguir generando desarrollo y empleo en el país.

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En cuanto a la permanencia en el mercado, en los estudios adelantados sobre el estado actual de la mipymes en Colombia se ha podido evidenciar que “uno de los grandes problemas que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas es su alta volatilidad; al cabo de cinco años de creadas solo el 25% sobrevive y el primer año desaparecen casi el 50%. Esto debido a la falta de ingeniería y a la planeación, impidiendo su productividad y competitividad en el mercado interno y externo”. Así mismo, en el diagnóstico de las mipymes en el país y su réplica en Bogotá, se observa un alto índice de mortandad que exige la intervención del Gobierno Nacional y local mediante políticas públicas de fomento y promoción para garantizar su supervivencia, rentabilidad y crecimiento.

La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas Seccional Bogotá Cundinamarca, Acopi, se suma a esta iniciativas y es por eso que el Programa de Formación en Innovación Empresarial se ha convertido en una alternativa de solución para emprendedores y empresarios micro, pequeños y medianos con debilidades a nivel organizacional, operativo y/o tecnológico y requieren una intervención urgente para lograr permanecer en el mercado.

y aprehensión del mismo, de manera individual y grupal y aplicarlo a su empresas e iniciativas emprendedoras.

Cada programa contempla las siguientes fases: Fase 1. Conceptualización sobre innovación, modelos existentes y gerentes de innovación.

Fase 2. Diseño de Implementación de Modelos de Innovación Empresarial para la empresa o Diseño de Plan de Negocios Innovador (Canvas) si es un emprendimiento.

Fase 3. Sustentación de los Diseños de Innovación y Ferias Empresariales Locales.

Con los Programas de Formación en Innovación Empresarial realizados se ha logrado que los empresarios y emprendedores participantes comprendan conceptualmente el significado de la innovación empresarial, ya sea a nivel tecnológico, producto, proceso organización y mercado y a partir de un diagnóstico diseñe y desarrolle un Modelo de Innovación para su empresa o emprendimiento. También se cuenta, entre otros, los siguientes resultados: • Capacitar a más de 6.700 empresarios de Bogotá y Cundinamarca en Innovación Empresarial y Planes de Negocio innovadores.

•Crear Redes de Empresarios que les permitan ofertar y comprar productos y servicios realizados por colombianos.

•Integrar el concepto de innovación a las micro, pequeñas y medianas empresas como un factor de éxito para lograr ser competitivas y productivas.

•Diseño de Modelos de Innovación en el que los empresarios y emprendedores para a en mipymes generando resultados cuantificables y cualificables en sus empresas.

El programa ha permitido a los empresarios y emprendedores convertirse en una herramienta conceptual y práctica que le permita mejorar los procesos productivos, financieros y administrativos de su organización y mantenerse en el mercado.

Esta propuesta se ha realizado a través de programas de formación de duración entre 40 y 120 horas mediante la metodología de Seminario - Taller, en el que el participante ha tenido la oportunidad de construir el conocimiento a través de una interacción, comprensión

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Estos aportes han sido el inicio de propuestas de investigación liderados desde Acopi Bogotá -Cundinamarca en el que se reconoce la innovación como opción transformadora y de fortalecimiento de las mipymes. Dentro de los estudios que se están adelantando se encuentra Diseño de Indicadores de Innovación para la Mipymes, el cual será un aporte importante para visibilizar los procesos, acciones y estrategias de innovación que adelantan las mipymes en Colombia.

Invitamos a todos los empresarios interesados participar en el programa de Formación en Innovación Empresarial a que se pongan en contacto con Acopi Bogotá-Cundinamarca.

Notas Económicas

Una coyuntura económica crítica Cedetrabajo l aumento del desempleo, el nivel sin precedentes que ha alcanzado el dólar, las dificultades fiscales creadas por la previsible disminución en el recaudo tributario producto de la Ley de Financiamiento, el bajo desempeño del sector industrial, el déficit comercial recurrente y otros factores como la guerra comercial declarada por Estados Unidos, han colocado en entredicho el futuro inmediato de la economía colombiana y arrojan un manto de dudas sobre las perspectivas de los proyectos gubernamentales.

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A pesar de que inicialmente los cálculos de diversas entidades inclusive el Gobierno proyectaron crecimiento superior al 3,5%, durante el primer semestre de 2019 la economía colombiana apenas creció 3%.

En lo corrido de 2019, hasta agosto, la tasa de desempleo se ubicó en 10,9%, un punto por encima del mismo periodo de 2018.

Eso significa un aumento en la desocupación de 258.000 personas y una reducción en los ocupados de 187.500 personas en lo corrido de 2019, lo que aleja al Gobierno de cumplir la promesa de alcanzar los 1.600.000 ocupados que propuso en el PND 2018-2022, meta que no se cumplirá de mantenerse esta situación y no aparece en el horizonte ninguna política que modifique esta situación En el último año (desde el II trimestre de 2018 hasta el I trimestre de 2019) la situación financiera del Gobierno Nacional Central (GNC) fue preocupante. El déficit fiscal llegó a $ 31,2 billones (3,2% del PIB) y aunque anuncia que está financiado, el costo es una drástica reducción el gasto social y de la inversión.

Hasta agosto de 2019, la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó en 10% con respecto a agosto de 2018. La deuda llegó a los $ 500,5 billones (51,6% del PIB), impulsada por el crecimiento del 19,2% de la deuda externa y 5,7% de

la deuda interna. Aunque el servicio de la deuda no es tan alto como el de otros países que afrontan situaciones similares, el ritmo al cual ha aumentado el endeudamiento es alarmante.

El déficit en la cuenta corriente llegó a los US$6.827 millones (4,2% del PIB) durante el primer semestre de 2019, siendo el mayor déficit desde lo registrado en 2015 (6,3% del PIB).En materia de comercio exterior, a julio de 2019, las exportaciones descendieron 2,5% mientras que las importaciones aumentaron 5,6%, situación que ha desembocado en un aumento del déficit comercial de 64,7%, pasando de US$ 3.311 millones a julio de 2018 hasta los US$ 5.454 millones en julio de 2019.

Con países con los cuales el país tiene TLC como Estados Unidos, el déficit en la balanza comercial aumentó un 19,3%, con la Unión Europea un 42,2% y con Canadá pasa de un superávit de US$ 44 millones a un déficit de US$ 255 millones.

Las promesas y expectativas de que estos TLC eran la forma de llegar a mercados de millones de nuevos consumidores no se han cumplido.

Sector Industrial El crecimiento económico del sector industrial para el segundo trimestre de 2019 se ubicó en 1,1%, un punto porcentual por encima del crecimiento del segundo trimestre de 2018 (0,1%).

Este resultado se dio después de un mal primer trimestre, en el cual la industria decreció un 0,4%. Es un crecimiento bajísimo que no permite generar empleo en forma significativa y acelera la desindustrialización.

En lo corrido del año, el crecimiento apenas llega al 1,5%, resultado inferior al crecimiento de la economía durante el primer semestre de 2019 (3,0%). Asimismo, para el primer semestre de 2019 se sigue confirmando la pérdida de importancia de la industria en la producción nacional:

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la participación del sector se redujo de 12,1% en el primer semestre de 2018 a 11,9% en el primer semestre de 2019.

dustrial llegan a las 139.000, siguiendo la línea del constante aumento del desempleo en el país en los últimos cuatro años.

Las bajas tasas de crecimiento del sector industrial han incidido en la pérdida de ocupados en el sector. Las cifras más recientes del DANE muestran que para agosto los ocupados en el sector industrial se redujeron en 288.000 personas, siendo el sector con mayor pérdida de ocupados en el país, aportando el 51,2% de esta pérdida para el mes respectivo. La participación del sector en el PIB llegó al 12,5% en agosto de 2019.

En comercio exterior, las cifras del DANE hasta julio de 2019 muestran que las exportaciones del sector industrial apenas aumentaron un 0,8%, contrario a las importaciones que aumentaron 5,6% y representan el 94,3% de las compras al exterior.

En el último trimestre móvil disponible (junio – agosto), los ocupados que ha perdido el sector in-

Tomada de: Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo.

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Con un déficit comercial creciente, un aparato productivo estancado y un aumento del desempleo que disminuye la dinámica del mercado interno, el país está reclamando una reorientación en la política económica.

Internacional Enrique Daza Cedetrabajo

Se escala la guerra comercial

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esde que Estados Unidos declaró la Guerra Comercial contra China en marzo de 2018, la situación económica mundial no deja de empeorarse.

La OMC calcula que en 2019 el comercio apenas crecerá 1,2% y los cálculos para el año entrante fueron ajustados a la baja pasando de la previsión del 3% a una del 2,7%.

Este organismo, que no había funcionado muy bien en el pasado, se encuentra paralizado por la creciente introducción de aranceles y distintos tipos de barreras comerciales.

Estados Unidos acaba de colocar fuertes aranceles a Europa que verá gravadas sus exportaciones de vino, quesos, aeronaves, licores y frutas hasta en un 25%, como resultado de una disputa comercial entre la estadounidense Boeing y la Airbus europea.

Estas recientes acciones solo continúan la escalada de sanciones contra China que buscan superar el enorme déficit comercial de la potencia norteamericana, el cual en agosto aumento en 1,6%, llegando a un acumulado en 2019 de 7,1% que totaliza US$ 428.000 millones.

Si bien el déficit comercial con China se ha reducido levemente, la economía estadounidense desacelera su crecimiento mientras que el de la China llega al 6,2%, que si bien es el más bajo de los últimos años, todavía es significativamente mayor que el de cualquier país occidental. Las ventas chinas a EE.UU. disminuyen, pero este país reacciona estimulando su mercado interno, diversificando sus clientes, mientras que importantes empresas de EE.UU. dependen en buena medida del mercado chino, como el caso de la carne de cerdo, la soja y buena parte de las cadenas productivas americanas dependen de los insumos provenientes de ese país y el peso de los nuevos aranceles se está descargando sobre la capacidad de consumo de los ciudadanos estadounidenses.

El llamado libre comercio, pactado en la OMC y en numerosos tratados bilaterales, está siendo perforado por todos los lados y numerosos países adoptan medidas en defensa de su economía y sus industrias. EE.UU. ha impuesto sanciones a Rusia, China, Turquía, la India, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, entre otros, queriendo influir con ellas no solamente en temas comerciales sino en su modelo económico y su siste-

ma político. Ninguna de estas sanciones ha producido el efecto esperado y por el contrario han agudizado las tensiones en vastas regiones del globo.

La economía mundial se encuentra en un período de estancamiento con amenazas de crisis, el optimismo en un crecimiento ilimitado de los mercados y en la expansión inagotable del mercado mundial están siendo sustituidas por disputas geopolíticas, amenazas de guerras locales y un creciente proteccionismo, una disminución en los precios de las materias primas y quienes afirmaban que Colombia se beneficiaría de esta guerra, hoy dicen que el crecimiento bajo también afectará a nuestro país.

Ya no se habla con tanto optimismo del libre mercado y basar el crecimiento en el fortalecimiento de las exportaciones no pasa de ser una entelequia que ha demostrado hasta la saciedad su volatilidad.

Nada en la gestión del gobierno de Duque indica que se esté pensando en rectificar el rumbo y adoptar medidas de estímulo y protección a la producción nacional.

El creciente déficit comercial, para el cual no se encuentra más respuesta que la reiterada e inútil insistencia en el aprovechamiento de los tratados ya firmados, en lugar de estimular el aparato productivo y la capacidad de compra de los colombianos.

Tomada de: forbes.com.mx

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Representación Gremial

Exitosa edición del Día Mundial de la Mipyme

Más de 350 empresarios asistieron a la tercera celebración del Día Mundial de la Mipyme organizada por Acopi Bogotá-Cundinamarca, Onudi y la Universidad Católica de Colombia. Foto: Felipe Ortiz López

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tendiendo el llamado de la ONU, Acopi Bogotá-Cundinamarca, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -Onudiy la Universidad Católica de Colombia, organizaron el pasado 6 de junio, en el Centro de Convenciones de la universidad la tercera celebración del Día Mundial de la Mipyme: Unidos por la industria, que contó con la asistencia de más de 350 empresarios. El evento tuvo como finalidad reconocer la importancia de esté segmento empresarial por su aporte a la economía, pues genera el 80% por ciento del empleo y el 35% del PIB en el país.

Las temáticas fueron abordadas en una conferencia inicial sobre las mipymes en América Latina y luego en tres paneles: Política Industrial; La Innovación y La Revolución 4.0; y Políticas Diferenciales para las mipymes, en el caso de la ley de plazos justos. En los diálogos

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participaron organismos internacionales como la Onudi y la Cepal, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Congresistas de la República, empresarios de Acopi Bogotá-Cundinamarca, académicos y otros gremios invitados.

Tendencias y políticas que impactan a la Mipyme en América Latina La conferencia dictada por Johannes Dobinger, en su momento Representante de Onudi para la Región Andina, contextualizó la situación empresarial mundial y en la región, y expuso las diferencias que existen entre el sector mipyme latinoamericano y el europeo. Puntualizó que en América Latina y Colombia son pocos los productos con contenido tecnológico mientras que en la mayoría del mundo se avanza en el tema. Dobinger

Instalación del evento a cargo de (der. a izq.) Alfredo Castellanos, presidente de Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca; el rector de la Universidad Católica de Colombia, Francisco José Gómez Ortíz; Rosmery Quintero, presidente ejecutiva nacional de Acopi; y Sandra Acero, directora de Miypmes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Foto: Felipe Ortiz López.

también expresó que “las mipyme son el motor de la economía en el mundo, pero en la región están muy rezagadas, lo que puede afectar la creación de empleo.

Mientras en Europa este sector aporta el 56% al PIB, en América Latina el promedio es de tan solo 25%”.

El diplomático recalcó que para que estas brechas puedan superarse son necesarias algunas medidas como “el financiamiento adecuado para las mipymes, que existan instituciones de apoyo para canalizar los subsidios directos, que se apoye la asociatividad se brinde, soporte para que exista calidad e innovación en los productos y se les busque acceso a varios mercados, así como que se establezcan preferencias tributarias y alivio administrativo”.

“Las mipymes son esenciales para la mejora de la productividad, especialmente en países como Colombia, así como para crecimiento más inclusivo y equitativo”. A continuación dijo que “también pueden ser un vehículo para facilitar la diversificación de la economía y la adaptación a las grandes tendencias económicas (industria 4.0, economía circular, etc.), pero para esto se requieren políticas industriales proactivas que aprovechan este potencial”, el representante de Onudi concluyó su intervención para abrir paso al conversatorio sobre política industrial, moderado por él.

Política Industrial En el panel sobre política industrial participaron Juan Carlos Ramírez, director de la oficina de la Cepal en Bogotá; Sandra Acero, directora de Mipymes del MinCIT; Camilo Llinás, presidente de Acolfa; Juan Manuel Lesmes, director ejecutivo de Fedemetal; Guillermo Criado, en su momento presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines; y Francisco Montoya, miembro de la Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca, quienes discutieron sobre medidas arancelarias y las propuestas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras.

Uno de los temas que suscitó diferencia de posiciones fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues se trasladó al debate sobre los aranceles en Colombia, ante lo que Camilo Llinás afirmó que “el Estado debe ponerse las pilas, preguntarse qué puede pasar con el exceso comercial de China, ya que puede ser una oportunidad pero también una amenaza. El Estado debe proteger a los empresarios colombianos”. Frente al tema, la Directora de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dijo que “no es una necesidad en este momento, para el Gobierno, tener una política arancelaria, ni para subir ni para bajar aranceles”.

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Al respecto, Guillermo Criado expresó que celebraba la subida de los aranceles a las importaciones en el marco de la coyuntura comercial de EE.UU. con China, y dijo que frente a la subida de aranceles del país norteamericano, ya tomaron medidas naciones como “México, India y Brasil. En buena hora estos aranceles son bienvenidos, ojalá el MinCIT tome rápidamente esta misma decisión”.

sario que se conozca e integre a las regiones, así como cerrar la brecha existente entre las empresas y las instituciones, además de que las políticas al respecto deben aplicarse de forma diferencial de acuerdo con tamaño de las empresas.

Francisco Montoya, por parte de Acopi Bogotá-Cundinamarca, añadió que frente a la competencia con esos países “la infraestructura es precaria y el Estado debe garantizarla, y para las cadenas de valor se deben entregar beneficios tributarios para poder competir con países como esos gigantes”. El empresario también reafirmó los postulados de Acopi de defender la industria nacional y el empleo de los colombianos.

El punto principal de este conversatorio fue sobre el Proyecto de Ley de Plazos Justos, que al cierre de la edición ya había pasado a debate en Comisión Tercera de Senado, y que pretende que los pagos para los proveedores mipymes se hagan en periodos de tiempo más cortos. En este participaron los senadores John Jairo Berrío, del Partido Conservador, y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, junto a Romsery Quintero, presidente ejecutiva nacional de Acopi, y Pedro Alarcón, miembro de la Junta Directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca.

Innovación y Revolución 4.0 En este conversatorio, moderado por Mario Valencia, director de Cedetrabajo, se discutió sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción. Sobre esto, Nohora Fonseca, directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca, afirmó que “la Cuarta Revolución industrial es una realidad diferente para las pymes, ya que no son iguales los estándares para estas, y se puede llegar a la gran conclusión de que no hay innovación, o hay muy poca, pues en la aplicación no aparecen las pymes, así que la mirada que deben dar las universidades y el Estado es hacia estas realidades”.

Enrique Romero, director del Sena Distrito Capital, afirmó que la institución “está interesada en seguir desarrollando las acciones de formación y transformación, hay que mirar las vocaciones regionales, la vocación industrial, el comercio, los servicios. El Sena enfoca su investigación a un escenario de practicidad”.

Políticas diferenciales para la mipyme

Frente al tema hubo respaldo por parte de los Congresistas, pues consideran que el flujo de caja de las mipymes no debe verse afectado por las grandes empresas.

“Las empresas micro, pequeñas y medianas, afectando su funcionamiento, contratación, inversión, entre otras, están financiando a las grandes empresas y a las multinacionales, mientras que estas tienen mayores ventajas tributarias, músculo económico, etc. Es un proyecto justo para quienes generan mayor empleo en país”, aseveró el senador Robledo.

Por su parte, el senador Berrío dijo que iba a apoyar a las empresas desde su curul, como lo venía haciendo,

La intervención de la academia estuvo a cargo de Óscar Herrera, vicedecano académico de la Universidad Central, quien dijo que “la cuarta revolución es una transformación que en el mundo se está dando pero en la práctica nos golpea día a día” y que “las universidades juegan un rol importante al incorporar a las empresas con la academia. Esa dupla le pueda brindar un valor agregado a lo que se hace. Pero la alianza empresa-universidad debe ser impulsada por el Estado”.

El panel concluyó con que en Colombia hay innovación de forma muy insipiente, y que para potenciarla es nece-

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Senadores John Berrío (der.) y Jorge Robledo (izq.) participaron en panel sobre políticas diferenciales para las mipymes. Foto: Felipe Ortiz López.

y puso de ejemplo el caso de los artículos del PND que ponen aranceles a las confecciones provenientes de los países con los que no se tienen acuerdos comerciales firmados.

Rosmery Quintero, la dirigente gremial, explicó al auditorio cómo termina por afectar a las mipymes lo que calificó como “una práctica que podría ser calificada como desleal, pues existe de hecho una posición de dominio”.

También resaltó el estudio “Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales para Pymes” realizado por Acopi en 2017, que encontró que 4 de cada 10 empresas factura sus bienes y servicios a un plazo de entre 60 a 90 días, mientras que los otros 6 lo hacen a periodos que exceden incluso los 120 días.

con otros países del mundo, insistiendo en que el Estado colombiano debe mejorar el ambiente en el que las empresas colombianas producen bienes y servicios, así como incentivar la aplicación de tecnología. Para esto, debe tomar medidas como la renegociación de los TLC, el aumento de aranceles, e incentivos a la industria manufacturera.

Castellanos también le dio relevancia a la necesidad de que en el país se establezca una política de desarrollo industrial que impulse los sectores que generen mayor empleo y valor agregado. Así mismo, dijo que es fundamental el fortalecimiento de las cadenas de valor, el mercado interno y la capacidad exportadora del país con bienes tecnológicos y de capital.

Por último, Pedro Alarcón, empresario del sector de químicos farmacéuticos, respaldó la medida y comentó que “se debe ver cómo se incluyen a todas las empresas en esta medida, es decir, cómo se hace obligatoria para el cumplimiento”, ya que uno de los debates fuertes con otros gremios que han atacado la propuesta ha versado sobre la obligatoriedad de la medida y han propuesto que “se deje abierta la posibilidad de que los plazos sean diferentes a los estipulados en el proyecto de ley, siguiendo la costumbre mercantil”. El empresario concluyo diciendo que esa medida debe ser de Orden Público y obligatorio cumplimiento, que no permita acuerdos diferentes entre las partes, o de lo contrario la ley se convertiría en letra muerta.

Sobre la innovación, el Presidente de Acopi Bogotá-Cundinamarca dijo que esta “sí es posible y la prueba de ello es que muchas empresas han logrado sobrevivir en las actuales condiciones, pero se debe impulsar más la vocación industrial de las regiones, así como cerrar la brecha institucional en esa materia”.

El conversatorio terminó con los panelistas recalcando la importancia de que existan políticas diferenciales para las mipymes y que iniciativas como el Proyecto de Ley de Plazos Justos son fundamentales para la el fomento de la industria nacional.

“Para finalizar, quiero manifestar en nombre de Acopil Bogotá-Cundinamarca y su Junta Directiva que acogemos con beneplácito la propuesta de la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines, de llenar el vacío gremial que existe en el sector industrial, mediante la creación de una entidad intergremial que aglutine empresas y gremios del sector manufacturero y trabaje con criterio patriótico por el desarrollo industrial de Colombia”, puntualizó Alfredo Castellanos, quien también invitó a los asistentes a participar en la siguiente versión del Día Mundial de la Mipyme, e hizo un llamado a los empresarios a fortalecer el gremio afiliándose y conformando comités sectoriales para trabajar por el entorno de las mipyme y en defensa de la industria nacional y el trabajo de los colombianos. También rechazó el alza al predial, el alto e injustificado cobro por valorización, y la falta de incentivos para la manufactura en el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial.

Conclusiones La intervención final estuvo a cargo del presidente de Acopi Bogotá-Cundinamarca, Alfredo Castellanos, quien resaltó la nutrida participación de empresarios y “la calidad de los panelistas invitados, la pertinencia de los temas tratados y la activa participación de los asistentes” dijo que el evento suscitó serias reflexiones y planteó importantes desafíos que merecen la atención del empresariado, el Gobierno y la opinión pública del país.

El directivo gremial destacó que ante la evidente brecha existente entre América Latina y Europa, así como

Para Castellanos, “el Proyecto de Ley de Plazos Justos es fundamental, ya que las actuales normas no propician un ambiente de desarrollo y crecimiento para las mipyme, por el contrario, generan un clima de zozobra e incertidumbre materializado en inestabilidad jurídica”. Y exhortó a los congresistas presentes a seguir trabajando en favor de las empresas nacionales.

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Representación Gremial

Ley de Plazos Justos, clamor de la mipyme

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Diferentes gremios se comprometieron a impulsar la iniciativa en favor de las mipymes.

l Proyecto de Ley de Plazos Justos busca que se establezcan medidas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes empresas, ya que se ven sometidas a condiciones injustas a la hora del pago de sus bienes y/o servicios.

La iniciativa legislativa, impulsada por el representante a la Cámara Mauricio Toro, culminó su trámite en dicha corporación y ahora tendrá que ser discutida y votada en la Comisión III y posteriormente en la plenaria del Senado de la República. Al ser esta iniciativa beneficiosa para el segmento mipyme, se espera que los diferentes partidos políticos.

• Artículo 2°: Se incluye en las excepciones al sector salud, al considerar que este cuenta con sus propias dinámicas, y a la contratación estatal pues consideramos que no es por medio de este proyecto de ley que se puede resolver esta falla pues en este caso el pago tardío por parte del Estado no obedece a los plazos establecidos en los contratos.

• Artículo 3°, se proponen 4 cambios: 1) Se ajusta el plazo de pago a 30 días con el fin de que, tanto en el periodo de transición como en los años siguientes, el plazo corresponda con la contabilidad mensual de las empresas.

En el debate de esta propuesta, los puntos principa- 2) Se elimina el segundo parágrafo, ya que podría les a discutir serán los siguientes: crear una distorsión de mercado que afectaría las

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medianas y pequeñas empresas, lo cual iría en contravía el espíritu del presente proyecto de ley.

3) Se eliminan las referencias a la contratación estatal teniendo en cuenta los ajustes hechos en el artículo 2, por las razones ya expuestas.

4) Se reduce el periodo de transición a un (1) año, pues se considera que es tiempo suficiente para que las empresas ajusten su contabilidad.

• Artículo 4°: Se precisa el número del artículo que establece los plazos mencionados en la presente ley.

• Se propone artículo nuevo con el fin de evaluar la efectividad de las medidas contenidas en este proyecto sobre el sector privado y, en particular, sobre las pequeñas y medianas empresas. Esto con el fin de tomar los correctivos pertinentes, en caso de ser necesario.

Según el estudio “Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales para Pymes” elaborado por Acopi en 2017, el 40% de empresarios afirmó que el periodo en el que sus servicios o bienes son facturas es de entre 60 y 90 días, mientras que el 60% dice que los periodos pasan los 120 días, lo que genera problemas de liquidez en la empresa.

Cuando estos pagos tardíos se relacionan con la declaración del IVA, se encuentra que las pymes son quienes terminan por financiar el cumplimiento de sus impuestos a través de créditos comerciales y preferenciales, los que representan un sobrecosto que varía entre 1% y 1,31% del margen de utilidad, haciendo que los empresarios atiendan asuntos cotidianos y de corto plazo, dejando a un lado la destinación de recursos a la innovación, inversión y fortalecimiento de las competencias de recursos humanos. Así mismo, las empresas se ven afectadas al incurrir en costos administrativos del personal que interviene en la labor de cobro de la cartera, lo que se estima en $2.496.950 mensuales y anualmente en $29.963.400, lo que representa el 4,4% del costo laboral administrativo de una empresa mediana del sector industrial.

La posición dominante que se presenta hacía los proveedores es reprochable, por lo que Acopi acudió al Artículo 333 de la Constitución Política, que expresa que “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.

Esta ley protegería un segmento empresarial y económico importante, pues las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 96% del sector productivo nacional, su aporte al PIB es del 40% y generan cerca del 80% del empleo formal.

Sin embargo, este sector padece de un flujo de caja reducido, falta de acceso al financiamiento y altos costos laborales y no salariales que oscilan entre 52,8% y 58,9%. Debido a las situaciones presentadas anteriormente, el 70% de las empresas nuevas desaparecen antes de los primeros 5 años, según datos de Confecámaras.

Uno de los puntos álgidos del debate es sobre si excluir o no a las empresas medianas de la medida, ante lo que Acopi solicita no condicionar el beneficio de estas a acuerdos privados, puesto que esta es la que tiene el mayor relacionamiento con la gran empresa (80%). De acuerdo con Confecámaras, existen 94.965 medianas empresas, las cuales aportan el 7,37% al PIB Nacional, y generan cerca de 993.316 puestos de trabajo. La mediana empresa es un eslabón intermedio entre las empresas pequeñas y las grandes.

Así las cosas, Acopi insiste en la expedición de esta iniciativa que busca beneficiar a los proveedores y mejorar el marco económico del país para el segmento mipyme, mayor generador de empleo en Colombia. El gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas espera que los Senadores de la República debatan la iniciativa, la nutra y la voten positivamente.

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Representación Gremial

Muñecos de peluche: el camino para solicitar la aplicación de derechos antidumping Paola Ayala, practicante en el Área de Desarrollo Sectorial de Acopi Bogotá-Cundinamarca.

En representación de las empresas productoras de muñecos de peluche vinculadas actualmente a la agremiación, Acopi Bogotá-Cundinamarca adelanta una investigación sobre el sector para solicitarle al MinCIT que se establezcan derechos antidumping, puesto que ha evidenciado que el sector se encuentra gravemente afectado por las masivas importaciones de productos provenientes de China, específicamente de la subpartida arancelaria 9503.00.93.00 correspondiente a “los demás juguetes que representen animales o seres no humanos”, lo cual se refleja en los estados financieros de las empresas, pues presentan una considerable disminución en las ventas, el margen de utilidad y el aumento en los inventarios, entre otros factores.

El estudio debe presentarse ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo siguiendo los criterios establecidos en el Decreto 1750 de 2015, que regula la aplicación de derechos antidumping. Dicho decreto establece un difícil trámite para solicitar una medida de protección comercial por parte de cualquier rama de la producción nacional que se esté viendo afectada por esta práctica desleal al comercio internacional, dado que el peso de la investigación recae sobre las empresas y deben demostrar que el daño sufrido a su sector es a causa de las importaciones a precios dumping.

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Fuente: DIAN SIEX

Mientras esto se logra argumentar, el daño persiste.

En el siguiente gráfico se relaciona el comportamiento de las importaciones -de la subpartida objeto de la investigación- provenientes de China y los demás países, en la que se puede observar que el país asiático posee la mayor participación de estas y en el primer semestre del año 2018 presentó el volumen más alto, debido a que aumentó en promedio el 2,63% en comparación con los demás periodos analizados. (Ver tabla) Con el fin de que se determine la aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones del producto especificado anteriormente, Acopi Bogotá-Cundinamarca y los empresarios del sector de muñecos de peluche se han reunido con funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para recibir orientación con respecto a los parámetros que deben seguir para la elaboración de la solicitud de investigación correspondiente, y de esta manera presentar la información que demuestre el grave daño causado a la rama industrial.

El Gobierno podría asumir un papel protagónico en este caso, pues es quien tiene el poder institucional y total acceso a la información, y así descargar peso a los empresarios para que puedan dedicarse a producir bienes y crear empleo, y no a demostrar la crisis que están viviendo.

Representación Gremial

Crisis del sector calzado, ¿por ineficiencia de quién?

Finalmente, la movilización no ocurrió, entre otras, porque a los empresarios del calzado el Gobierno les garantizó la instalación de una mesa técnica especializada para el sector, en la cual se buscaría una solución a la difícil situación económica. La primera sesión de dicha mesa técnica se llevó a cabo nuevamente en El Restrepo y consistió en la presentación de más de diez programas del Gobierno que ya existían.

David Rodríguez, coordinador de Desarrollo Sectorial

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de Acopi Bogotá-Cundinamarca

n agosto pasado los empresarios agremiados en la Cámara Colombiana de las Confecciones, con el apoyo de Acopi Bogotá Cundinamarca, anunciaron una gran movilización nacional en defensa de la industria de la moda, a la que invitaban a unirse al sector calzado. Dicha movilización estaba motivada por la grave crisis que viven los productores nacionales y por la demanda interpuesta por el mismo Gobierno Nacional a los Artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que suben los aranceles a las importaciones de confecciones, medida que le serviría a la industria nacional.

Los anteriores, tuvieron tres ejes: talleres de asesorías y consultorías, programas para aumentar las exportaciones y líneas de crédito para algunos emprendimientos. Ante lo anterior, caben dos preguntas, ¿la tesis promovida por el Gobierno corresponde con la realidad? ¿Sus programas solucionarán la profunda crisis de la industria nacional del calzado?

Como lo han señalado los empresarios del sector en múltiples sondeos de opinión y como la situación económica lo indica, el principal problema es la falta de demanda: los colombianos no tienen ingresos que les permitan tener una capacidad de consumo digna, el gasto promedio en calzado por persona perceptora de ingresos es de $144.000 al año.

La productividad no puede aumentar sustancialmente si no aumenta la capacidad de consumo de la población, si esto no mejora, las empresas seguirán viendo restringidos sus ingresos y por ende su capacidad de reinvertir en tecnología, desarrollos proLuego del anuncio de la movilización, el presidente ductivos y más empleos. Debe haber una demanda Iván Duque, junto al Ministro de Comercio, Industria garantizada. y Turismo, y el alcalde Enrique Peñalosa, fueron al barrio El Restrepo en Bogotá, conocido por localizar No solo porque es baja la demanda las empresas ven a fabricantes y comerciantes de zapatos, a reunirse en picada sus ingresos. La estructura del mercado con los empresarios del sector de calzado, cuero y nacional de calzado se compone de la siguiente mamarroquinería. En la reunión, los gobernantes per- nera: el gasto anual de los colombianos en calzado suadieron con la tesis de que la crisis de la industria es de $4 billones, de ese gasto, las importaciones nacional radica al interior de las empresas dada la representan $1 billón, la producción nacional $1 bi“falta de productividad y competitividad”, descono- llón y los restantes $2 billones provienen de todas ciendo el efecto de los TLC, el contrabando y el alto las modalidades de contrabando. costo país.

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Si a lo anterior se le suma que tenemos el costo más alto de acceso al capital en el mundo, el costo más alto de trabajo, el costo más alto de energía, nos enfrentamos a dumping laboral y ambiental, y un esquema tributario regresivo que no es capaz de distribuir la riqueza, obtenemos un grave problema estructural de la economía colombiana que no se resuelve con talleres de capacitación para fomentar la productividad y la eficiencia, como lo plantea el Gobierno.

las exportaciones y así justifica los Tratados de Libre Comercio, sin embargo, los hechos indican que no es cierto y que estos sólo han profundizado el déficit comercial del país.

Las exportaciones de calzado y marroquinería llegaron a su punto más alto en 2013 cuando llegaron a US$ 121 millones, sin embargo vienen cayendo desde 2014 y para 2018 fueron de US$ 83 millones, mientras tanto, desde 2016 vienen subiendo las importaciones, que para 2018 significaron US$ 406 millones, Una forma de medir la eficiencia de una industria es dejando un déficit comercial de US$ 323 millones mediante el coeficiente técnico que medie la rela- para 2018, el cual incrementó 12,63% respecto al año ción insumo-producto. Para la industria del calzado, anterior. cuero y marroquinería es de 55,6 este indicador, luego no se puede decir que es una industria in- Las medidas que ha brindado el Gobierno han sido eficiente. En contraste con la tesis gubernamental, insuficientes y llenas de desaciertos porque culpan a el panorama es que hay eficiencia al interior de las los empresarios de la crisis y actúan contra las deciempresas y un elevado costo país al exterior de siones que sí le sirven a la industria colombiana. Los ellas. hechos seguirán haciendo más evidente la ineficacia del mal llamado libre mercado y señalarán a sus resPor otro lado, en la mesa técnica el Gobierno vende ponsables, también llevarán, de nuevo, a los indusa los empresarios del sector la idea de que lo per- triales a convocar masivas movilizaciones en defensa dido en el mercado interno se puede recuperar con de la producción nacional.

En Colombia, el gasto promedio en calzado por persona perceptora de ingresos es de $144.000 al año

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Representación Gremial

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POT perjudicaría aprovechamiento de material reciclable en Bogotá

ogotá contó para 2018 con algo más de 7.1 millones de habitantes que produjeron un promedio de 9.000 toneladas de residuos al día, de esto, solo el 30% fue reciclado y aprovechado.

Es así como el reciclaje es fundamental en el tratamiento de los residuos producidos por toda la comunidad bogotana, labor que en los últimos 10 años ha aumentado significativamente de la mano de la creación de asociaciones conformadas por bodegueros y recicladores.

Sin embargo, es una actividad que hoy se encuentra amenazada por el POT presentado ante el Concejo de Bogotá.

Empresarios de bodegaje, comercialización y transformación del reciclaje rechazaron de forma rotunda los nuevos parámetros que estipularía el POT, pues pretende prohibir en la mayoría de zonas de la ciudad las bodegas y establecimientos relacionados a esta actividad, y les permitiría estar solo en muy pocos sitios, lejos de la fuente en donde se producen los deshechos, lo que generaría problemas en la recolección y transporte de los residuos aprovechables, afectaría no solo a los recicladores de oficio y empresarios del sector, sino también a los habitantes, pues podría incrementar los costos de operación y de comercialización, así como se perderían grandes cantidades de residuos aprovechables, pues muy pocos se atreverían a recolectar el material en carretas de tracción humana o pequeños vehículos,

atravesar una parte o toda la ciudad hasta los centros de acopio.

Sumado a esto, la Secretaria Distrital de Planeación estipuló hace unos meses algunas medidas para mitigar los problemas urbanísticos y de movilidad que se presentan con las personas que laboran en estos lugares, una de ellas es realizar el cargue y descargue solamente en el interior de los predios para no obstaculizar vías o andenes, medida que si bien es importante, debe tener en cuenta las condiciones de las empresas del sector y generar apoyos en vez de persecución.

Junto al POT, estas medidas no permitirían la subsistencia de las bodegas de reciclaje al no cumplir con estas pautas, puesto que ninguna bodega seria apta así tenga todos los requerimientos exigidos por el Distrito, afectando al desarrollo sostenible y arruinando los procesos que se han realizado durante años en favor del ambiente de Bogotá.

Es importante que ordene el suelo y sus usos, pero debe buscarse lo mejor para la ciudadanía, el medio ambiente y Bogotá, al contrario de lo planteado por el POT, que lo único que generarían es un cierre de las bodegas de reciclaje, dejando sin empleo a miles de trabajadores y cercenaría la oportunidad de que aumente la cantidad de material que se recolecta, y así, que la ciudad inicie con procesos serios de economía circular.

Empresarios del sector de reciclaje industrial reunidos en Acopi Bogotá-Cundinamarca

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Representación Gremial

Contaminación ambiental en la cuenca alta del río Bogotá: La solución no es cerrar las empresas de curtiembres de la norma: formales e ilegales, siendo el segundo un adjetivo o calificativo que estigmatiza a los empresarios de las curtiembres ante la comunidad del municipio, el departamento y el país, ya que las actividades ilegales son las que están por fuera del control del Estado, emplean la violencia para la gestión y regulación de contratos, generan corrupción y el producto es criminalizado al hacerle daño a la sociedad (Briceño, 2015) .

V

Jonny Ricaurte, coordinador de Estudios Económicos de Acopi Bogotá-Cundinamarca

illapinzón se sitúa en el altiplano Cundiboyacense a 87 km de la capital del país en la cuenca alta del río Bogotá, caracterizado como un municipio con vocación agrícola e históricamente reconocido por actividades industriales del curtido de cueros.

En el municipio nace el río Bogotá que representa una importante fuente hídrica para el país. No obstante, diversos estudios han evidenciado una disminución en la calidad del agua en la cuenca alta por impactos ambientales como el uso de agua para actividades agropecuarias, uso de agroquímicos en cultivos como el de la papa y contaminación por el sector de procesamiento de cueros (Mejía, 2018).

Ante estos impactos ambientales, las autoridades nacionales, departamentales y municipales han orientado estrategias dirigidas a atacar las consecuencias y no las causas de las fuentes de contaminación del río, y en el caso específico del sector de cueros, las autoridades han tomado medidas para sancionar y cerrar las empresas de las personas que realizan esta actividad (Mejía, 2018).

Esto ha conllevado a que las empresas de curtiembres se clasifiquen en dos tipos de acuerdo al cumplimiento

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El adjetivo o calificativo para las curtiembres que no cumplen la normatividad debería ser “informal”, ya que el producto que resulta del proceso productivo beneficia al conjunto de la sociedad, no conlleva a actos de corrupción en su proceso productivo y no utiliza la violencia para la gestión y regulación de contratos (Briceño, 2015).

La problemática radica en la normatividad ambiental colombiana, ya que las actividades que no la cumplen se denominan ilegales, por ello, así las curtiembres desarrollen una actividad y elaboren un producto lícito, el incumplimiento de las normas ambientales las califica como ilegales (Briceño, 2015), lo que configura un permanente conflicto entre la autoridad ambiental y los empresarios de curtiembres.

Con un agravante y es que la normatividad no se ajusta a las condiciones económicas, sociales y culturales de los empresarios de curtiembres, desconociendo la importancia del sector al aporte económico del municipio, el departamento y el país, ni las medidas que han tomado los empresarios para conseguir los estándares ambientales requeridos (Mejía, 2018) (Briceño, 2015), así como las distintas inversiones en proyectos enfocados hacia los empresarios de curtiembres.

Respecto del cierre de las empresas de curtiembres, es importante analizar a fondo la relación que tiene este hecho con los mecanismos de con-

trol ambiental, especialmente desde 2014, año en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado, con ponencia del magistrado Marco Velilla, decidió la apelación sobre las providencias del 25 de agosto de 2004 y del 16 de septiembre del mismo año, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar.

Ambos fallos declararon “los responsables de la catástrofe ecológica del río Bogotá y de la contaminación de los ríos y quebradas afluentes”, son “por acción: a todos los habitantes e industriales de la cuenca que desde hace no menos de 20 años han venido realizando sus vertimientos domésticos e industriales sin tratar”, y “por omisión: en el control de los vertimientos de las aguas residuales a la Nación al departamento de Cundinamarca y a los municipios de la Cuenca Alta”.

Este fallo ha conllevado a que las entidades tengan una posición rígida frente a las empresas de curtiembres que no cumplen con la normatividad ambiental, llevando a su cierre, con el fin que no se les responsabilice con una falta “por omisión”. No obstante, a pesar que es de suma importancia que

en un Estado Social de Derecho las instituciones cumplan a cabalidad las normas, estas deben hacer valoraciones sobre el impacto de sus acciones, especialmente en los aspectos sociales y económicos de un territorio.

Así mismo, deben contemplarse en concreto las afectaciones que tienen las actuaciones de las autoridades ambientales en un municipio que aporta de forma significativa al PIB de la región, clasificado con 4 en el Indicador de Importancia Económica Municipal del DANE, así como en una de las pocas actividades manufactureras del municipio, generadora de empleo y valor agregado.

Por lo anterior, Acopi Bogotá – Cundinamarca, siendo coherente con su principio fundacional referente a defender la industria y el empleo nacional, hace un llamado a las autoridades ambientales para que trabajen de la mano con el sector de las curtiembres con el fin de llegar acuerdos que garanticen buenas prácticas empresariales que mitiguen las afectaciones a la cuenca alta del río Bogotá y que se priorice una planta de tratamiento con recursos del Gobierno que ayude a mitigar las otras fuentes de contaminación de dicha cuenca.

Villapinzón está clasificado con 4 en el Indicador de Importancia Económica Municipal del DANE.

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Representación Gremial

El POT no garantizaría la supervivencia de la central de alimentos más importante del país Durante más de 40 años Corabastos ha cumplido el papel de garante de la seguridad y soberanía alimentaria, puesto que es el eje determinante de la cadena de producción y comercialización de alimentos (20% de la comercialización nacional), alberga dentro de sus instalaciones 5.300 comerciantes, y diariamente en el boletín de su página web oferta alrededor de 200 productos como frutas, hortalizas, cárnicos, granos y procesados, entre otros. Su suerte está, como hemos visto, estrechamente ligada con el futuro del agro, sector que ha decrecido significativamente, pasando de aportar el 20% al PIB nacional en la década del 80 a un 7% en la última década.

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Héctor Veloza, directivo de Conalco

oy Corabastos, la central de abastos más importante del país, existe gracias a que la UPZ 80 de la localidad de Kennedy en Bogotá, en donde se encuentra ubicada, está reglamentada de tal manera que no puede existir ninguna otra actividad pública o privada que no esté relacionada con el servicio dotacional de venta y distribución de alimentos o con algunas actividades conexas necesarias para que la primera se lleve a cabo.

De tal manera, en la actualidad en dichos predios no se pueden edificar construcciones con fines diferentes a los mencionados. Pero con el POT presentado por el alcalde Peñalosa esto podría cambiar y poner en riesgo los beneficios que brinda Corabastos.

Es importante recordar que el área de actividad dotacional es aquella que “….designa un suelo como lugar para la localización de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público o privado…” . Y nada más necesario para la vida humana que la seguridad y soberanía alimentaria nacional, entendiéndose lo primero como la garantía que los Estados proporcionan a sus ciudadanos para que puedan acceder a una dieta básica de alimentos que les permita sobrevivir y lo segundo a la autonomía de las naciones para poder cultivar productos autóctonos, también necesarios para la vida.

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Las políticas de libre comercio imperantes en el país durante las dos últimas décadas han provocado el debilitamiento de las cadenas de comercialización de productos agrícolas nacionales y sin Corabastos las consecuencias serían peores. Cabe anotar que de Corabastos dependen también las tiendas de barrio y minimercados, no solo de Bogotá sino de la región, convirtiéndose de esta manera en un baluarte para el empleo nacional.

La estructura económica y social del nuevo POT, como lo han manifestado diferentes organizaciones sociales así como muchas comunidades que se verían afectadas, privilegia el negocio inmobiliario y financiero, desprotegiendo a sectores como la industria y el comercio.

Corabastos no es ajeno a esta política, debido a que el POT propuesto por la alcaldía de Enrique Peñalosa no garantiza la permanencia de la central, toda vez que se pretenden mezclar distintos usos dotacionales en el área donde se encuentra construida, por tanto existiría un grave riesgo que consistiría en que el uso principal deje de ser el dotacional, pudiéndose de esta manera construir edificaciones que no tengan nada que ver con la distribución de alimentos, lo cual implicaría la desaparición de la central más importante de alimentos del país, la pérdida de miles de empleos y la estocada final al campo colombiano que depende en gran medida de la Central de Abastos de Bogotá. En últimas, un golpe certero a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los colombianos.

Historia

La prohibición de la industria, una causalidad soslayada de la independencia tónomas de Gobierno y las primeras constituciones y que el fundamento de estas constituciones y de las leyes no fuera ya la soberanía divina de la que era depositario el rey, sino la soberanía nacional o popular y la exigencia de que los recursos de América dejaran de ser patrimonio real para convertirse en patrimonios nacionales, indica, pese a todas las debilidades y contradicciones de los dirigentes de la emancipación, que lo que estaba en juego, lo que sirvió de acicate profundo a todo el conflicto fue la necesidad de liberar las fuerzas productivas nacionales del yugo colonial.

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas. Investigador de Cedetrabajo

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a Revolución de Independencia en la Nueva Granada y en los países que surgieron después de derrotado definitivamente el ejército español (1824), tiene que ver con la política económica española para América, diseñada a mediados del siglo XVIII, que se convirtió en un estímulo inicial y cultural, pero a la vez en el principal obstáculo para el progreso económico de los territorios americanos y fue el núcleo principal de la lucha emancipadora.

El sentimiento nacional era el fundamento ideológico de un conflicto económico en pleno desarrollo, a la vez indicio de que en estos territorios el crecimiento del pequeño comercio, los negocios de importación y exportación, el contrabando, la presencia de una élite de comerciantes y la nueva cultura, estaban coadyuvando a la formación de la nación.

No se había configurado una clase comercial plenamente consciente de sus intereses pero los hechos históricos se precipitaron, en medio de la coyuntura de la invasión napoleónica a España (1808).

El hecho de que los vasallos por tres siglos se consideraran ciudadanos desde las primeras Juntas Au-

El fundamento, para justificar la independencia en las ideas ilustradas, en la Constitución de Filadelfia (1787), en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa de 1789 y en las formas políticas que de ellas se derivaban, necesarias para la liberación de las fuerzas económicas que venían creciendo desde mediados de siglo XVIII así lo comprueban.

Era imprescindible la conversión de Colombia (Virreinato de la Nueva Granada) en nación independiente, dotada de leyes y las instituciones que permitieran solucionar las exigencias formuladas. El paso inicial eran la independencia y la república, objetivos que se lograron con el triunfo de la independencia entre 1819 y 1821. El colonialismo español era el principal baluarte y el legitimador de las formas de propiedad y de trabajo y la cultura, sustentadas en la economía natural, el esclavismo y la servidumbre.

Un documento de vital importancia : Las políticas para América, “colonias de ultramar”, fueron fijadas desde 1743 por don José del Campillo y Cossio, Secretario de Estado, de Hacienda, Marina, Guerra e Indias, desde 1741, el funcionario con más alto poder en la monarquía y el más cercano al rey.

(1)Manuel Miño Grijalba. De las manufacturas a la protoindustria. En Tandeter, Enrique. (2000). (Dir.). Procesos americanos hacia la redefinición colonial. Historia General de América latina, volumen IV. París: UNESCO-Trota, 2000. El autor aclara con toda precisión que lo que los españoles llamaban fábricas en este período no eran sino obrajes laicos y religiosos, sobre todo en Quito, trabajo a domicilio en México y talleres artesanales por diferentes lugares de América. Portal de libros de google, copia facsimilar: http://books.google.com.co/books?id=-

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Luego de escribir diversos textos críticos del medievalismo español, en 1743 escribió Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América. Este libro que permaneció inédito hasta 1789, pero circuló profusamente en forma manuscrita, constituyó la base del texto de Bernardo Ward, Nuevo proyecto económico, editado en 1762.

José del Campillo y Cossío murió en el mismo 1743 pero su obra definió con precisión lo que desde hoy llamamos ilustración española, reformismo borbónico o más exactamente colonialismo modernizante de España. Es desde esta perspectiva que debemos entender sus orientaciones.En el texto, proponía la creación de intendentes y visitadores para reorganizar la economía en América; criticaba que las rentas de España dependieran de la minería americana; fustigaba la actitud del clero, su excesivo poder y el abuso permanente sobre los indígenas; planteaba que a estos se les debían dar suficientes tierras para que pudieran cosechar los productos que requería España y establecía una política de premios para aquellos que siguieran estrictamente las políticas del rey.

Además, exigía que los indígenas se vistieran como españoles y hablaran como ellos para que pudieran ingresar a todos los sitios a los que asistían los españoles; proponía la libertad de comercio entre España y América, siempre y cuando fueran naves españolas, tripuladas por españoles (de España) y con productos españoles o al menos traídos por españoles, es decir el absoluto monopolio comercial de España sobre América; establecía un rígido sistema impositivo al mismo tiempo más rentable y exigía un más eficaz sistema de control del contrabando.

Igualmente insistía en la prohibición de que las fábricas de América (obrajes, producción artesanal, trabajo a domicilio) , produjeran lo que podía fabricar la industria española o lo que ella estuviera en capacidad de traer bajo su control. Tal fue su celo en defensa de los intereses de la metrópoli, que llegó a plantear que dado que las mujeres de América, en particular las más ricas, acudían en forma numerosa a la vida conventual, se les debía exigir una dote alta para el ingreso al convento; esta sería administrada por los intendentes y remitida a España, para que allí se convirtiera en dote de las mujeres pobres, para que se pudieran

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casar y aumentara así la población española. Incluso proponía que a las mujeres públicas e incorregibles de España, se las casara con malhechores y se las enviara a América para que reiniciaran una nueva vida. Con la minuciosidad de un funcionario bien entrenado, don José del Campillo y Cossío imponía regulación a todo.

Como elementos de información y análisis, transcribimos algunas de las políticas planteadas por este funcionario, cuyo conocimiento ahorra muchas discusiones : (…) han tomado el arbitrio que les dictó la necesidad y no pudiendo comprar los géneros que van de España, por su exorbitante precio y carestía, han puesto fábricas de todo lo necesario para su uso, de suerte que en el día se ven millares de telares en ambos Reynos, que ya hacen géneros de mediana calidad, y surten no solamente a los indios sino a todos los españoles, que no pueden adquirir géneros de Europa. p.22. (…) que no se permitan fábricas que perjudiquen a las pocas que hay en España, o a las muchas que puede y debe tener, como son las de lana, lienzos finos y sedas, es muy conforme y arreglado a toda razón de Estado y buena política; porque España puede tenerlas excelentes de estos géneros, como diremos más adelante (…). pp.114-115.

El Nuevo Sistema de Gobierno Económico para América fue el documento central, la plataforma desde la que Carlos III (1759-1788) reformó la producción, la administración y la cultura en la colonia. Desde 1765 con la visita de don José Gálvez a México, comenzaron a funcionar las intendencias, las regencias y las visitas generales para todos los virreinatos, presidencias y gobernaciones.

Una nueva burocracia por encima de los criollos e incluso de los virreyes, el libre comercio con puertos españoles, los estancos, la prohibición de fabricar productos que pudieran ser traídos por España, el tratamiento de los mestizos como indios y en esta condición obligarlos a pagar tributos, la veda del uso de las lenguas y los vestuarios nativos, etc., configuraron las medidas que surgieron de su proyecto, que van a suscitar brotes de resistencia e insurrecciones en el siglo XVIII.

Estas medidas económicas fueron complementadas con la intensificación de las medidas de renovación cultural y de secularización. Allí podemos encontrar el origen de la expulsión de los jesuitas, de las reformas educativas con base científica y laicizantes (Francisco Antonio Moreno y Escandón), las Sociedades Económicas de Amigos del País.

sociedades. Si no se hubiese dado la invasión napoleónica la insurgencia se habría dado de todos modos.

Estas políticas causaron grandes conmociones populares por toda América, e igualmente suscitaron el descontento, los intentos conspirativos y la insurgencia de sectores de las élites en la década del 90 del mismo siglo y en los primeros años del siglo XIX.

Los viajes de investigación científica como el de Humboldt, la Expedición Botánica, que con todos sus aportes al desarrollo de la ciencia en general, de Mutis y sus colaboradores y a la labor formativa de la conciencia americana sobre los propios recursos y sus posibilidades, que propició entre la juventud granadina, de hecho, una verdadera revolución cultural, sin que fuera de interés comprobado de Mutis, eran estrictamente de origen colonial.

La Independencia de América estaba pues en el orden de los acontecimientos históricos y se correspondía con los cambios y revoluciones en Holanda, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos:

Las revoluciones burguesas. En América el descontento era de amplia magnitud, pero los conflictos económicos y políticos no tardarían en emerger, aun cuando inicialmente en su forma no fueran coherentes y explícitos y finalmente no se hubieran materializado A todo lo anterior sumemos el sistema impositivo que plenamente en leyes, instituciones y prácticas sociaafectaba la producción, el cambio y el consumo y ten- les, concluida la Independencia. dremos el cuadro explosivo completo. Las revueltas en Quito y México de 1764 a 1766; los alzamientos de indios y mestizos en el Alto Perú que alcanzan su apogeo con la insurrección de Túpac Amaru en 1780; la de los comuneros de 1781 en la Nueva Granada y Venezuela; la conspiración europea de don Francisco de Miranda desde 1783 y las permanentes agitaciones de la década del noventa del siglo XVIII, nos están indicando con claridad que la última instancia económica fue el acicate para la Revolución de Independencia.

Lo que afirmaron los criollos granadinos: El conflicto, como venimos afirmando, no tuvo que ver solo con la crisis desatada en España mientras Carlos IV y Fernando VII estaban secuestrados por Napoleón en Bayona; ni con la debilidad militar de la Junta Suprema de Gobierno y el Consejo de Regencia, que día tras día retrocedían ante Napoleón; ni por sus desaciertos en el manejo de los insurgentes americanos.

Es obvio, en ellos, que el conflicto esencial tenía que ver con la política colonial de la Corona Española implementada desde mediados del siglo XVIII que tocaba el nervio vital de las naciones en formación: Obstruían el desarrollo económico y la posibilidad para los criollos de programar y administrar sus propias

José del Campillo y Cossio. Tomada de: dissolve.com

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Ciencia y Tecnología

Una posible solución bionanotecnológica para los vertimientos de las empresas Colombianas orgánica (expresada como Demanda Química de Oxígeno – DQO y Demanda Biológica de Oxígeno – DBO), cromo, sulfuro, grasas y aceites y sólidos, que en muchos ca¬sos son vertidos al alcantarillado sin un tratamiento adecuado.

Óscar Herrera, Ph.D.: Vicerrector Académico, Universidad Central.

José Augusto Galvis, Ph.D.: Coordinador Científico Clúster de Investigación en Ciencias y Tecnologías Convergentes NBIC. Yaneth Vásquez, Ph.D.: Coordinadora Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología, Universidad Central.

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i bien la industria del calzado y la marroquinería mantuvo un nivel de exportaciones cercana a los US$90 millones entre 2017 y 2018, de acuerdo con el informe del Sector de Inexmoda1, la misma se basa en la industria del curtido de cuero, que sin embargo, mantiene dificultades para mantener los niveles de competitividad adecuados, en parte porque es considerada como una fuente importante de contaminación debido a que produce gases nocivos, como el sulfuro de hidrógeno, aguas residuales y desechos sólidos.

A nivel mundial se ha estimado que la industria del curtido genera aproximadamente 40.000 m3 de aguas residuales que se descargan en el sistema de alcantarillado, en muchos casos, sin el tratamiento adecuado.

En Colombia se han reportado cerca de 650 curtiembres distribuidas en 8 departamentos, siendo Cundinamarca, con el 82%, el departamento con el mayor número de curtiembres del país. De estas curtiembres, el 53% se encuentran en Bogotá y el resto en los municipios de Villa Pinzón y Chocontá. La mayoría de estas son pequeñas fábricas de origen familiar.

En promedio una curtiembre puede llegar a consumir 100 metros cúbicos de agua por tonelada de piel bruta salada, proceso que genera vertimientos de materia

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Esto ha llevado a que el tribunal administrativo de Cundinamarca (incidente 22 orden 4.63) ordenara a la CAR y a las alcaldías municipales desarrollar un ecoparque que permita el control de la calidad de los efluentes.

Casi tres años después de la emisión de fallo, no se ha percibido mayores avances en las acciones para prevenir la contaminación del rio Bogotá llevando al sellamiento de varias empresas curtidoras en los municipios de Villa Pinzón y Choconta, así como en el barrio San Benito de Bogotá.

Además, bajo la asesoría de la CAR y de varias universidades han investigado técnicas como; procesos como precipitación alcalina, electro flotación, uso de nano fibras poliméricas, adsorción, intercambio iónico y recirculación y aprovechamiento de residuos, entre otros. Sin embargo, los empresarios afirman que muchas de las propuestas de tratamiento de vertimientos son costosas y exceden la capacidad económica de sus negocios que solamente les permiten satisfacer las necesidades básicas.

El apoyo a la industria del cuero y calzado es una de las apuestas de la “Economía Naranja” del gobierno nacional, esto es de suma importancia para el país, debido a que las manufacturas de cuero con el sello “Hecho en Colombia” son reconocidas en el escenario internacional por su excelente mano de obra. Sin embargo, si quieren incrementar las exportaciones se requiere mejorar el manejo de las pieles y los residuos a lo largo de la cadena de producción, para cumplir con los requerimientos de sello verde que exige el mercado internacional.

La Universidad Central, a través del Clúster de Investigación en Ciencias y tecnologías Convergentes Nano-Bio-Info-Cogno (NBIC) ha identificado una posible solución nanobiotecnologíca para el tratamiento de las aguas residuales proveniente de las curtiembres.

El grupo de investigadores proponen el uso de nanopartículas, que combinadas con un método de biorremediación, podrán reducir un alto porcentaje de la materia orgánica, los metales, los sulfuros y los fenoles que normalmente van a parar al rio Bogotá en porcentajes superiores a los estipulados por la normatividad ambiental (resolución 0635 de 2015).

El tratamiento nanobiotecnológico es una apuesta que podrá convertirse en una alternativa de bajo costo, que le permitirá a la industria de las curtiembres cumplir con los parámetros exigidos por la ley, sin incrementar el costo de producción del cuero.

El conocimiento que se obtenga desde esta aproximación ingenieril y microbiológica permitirá comprender con más detalle las condiciones óptimas para el diseño de reactores bionanotecnológicos que puedan ser instalados a futuro en campo.

Además, brindará una opción al gremio de las curtiembres para incorporar procesos de bajo costo que contribuyan con el uso de tecnologías limpias durante la obtención del cuero.

Por otro lado, este proyecto de investigación cumple con uno de los objetivos del Clúster de Investigación en Ciencias y tecnologías Convergentes. el cual es consolidar la Red Empresa-Academia-Estado mediante la articulación de las unidades de desarrollo e innovación del sector industrial de Bogotá, con la investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico e Innovación del sector académico; en los campos de Biotecnología, Bioingeniería, Nanotecnología, Microtecnología, Informática y Ciencias Cognitivas para el desarrollo de nuevos bienes y servicios.

Así mismo, busca generar una red de entidades y personas alrededor de la investigación, el desarrollo y la innovación, mediante la construcción de una plataforma de trabajo común entre universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, empresas y con el apoyo estatal.

Finalmente, el proyecto de investigación se encuentra busca apoyar los procesos de formación de recurso humano altamente calificado y vinculara estudiantes de la Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología como asistentes de investigación y desarrollando su trabajo de grado.

La realización de este proyecto involucra el sector productivo, con el apoyo de la Cámara de comercio de Bogotá, ACOPI y ASOPIES, la academia en cabeza de la Universidades Central en asocio con la Universidad Nacional, entidades gubernamentales como la secretaria de Ciencia, Tecnología e innovación de la Gobernación de Cundinamarca y el Regional Centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) de la República Checa.

Esta alianza estratégica permitirá generar investigación y transferencia de conocimiento en varias vías, así como innovación en el sector de las curtiembres, que se traduzcan en procesos más eficientes, económicos y sostenibles ambientalmente.

Pieles curtidas en el Municipio de San Benito, Cundinamarca.

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Sectorial

Diagnóstico económico del sector metalúrgico Camilo Andrés Mesa Salamanca, Docente Universidad Central.

Departamento de Economía.

Edith Mateus Álvarez, Docente Universidad Central. Departamento de Administración de Empresas.

Panorama Mundial

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os productos obtenidos a partir del sector metalúrgico tienen como destino diferentes mercados que van desde el sector de la construcción hasta el sector de la producción de bienes de consumo, pasando por el sector energético, de transportes, aeroespacial, entre otros.

Esto implica que el sector metalúrgico es entendido como un productor de bienes intermedios que sirve a la producción de otros sectores y bienes finales. En consecuencia, el sector cuenta con diferentes oportunidades de expansión y esto dependerá del tipo de metal que sufre la transformación, así como de la técnica empleada en el proceso metalúrgico.

Gráfica 1

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Con lo anterior, el sector metalúrgico en Norte América y Asia se destaca en la producción de metales-base, en los que resalta el acero como principal producto.

En el caso de Europa, su proceso metalúrgico estratégicamente se ha dirigido hacia procesos de innovación y desarrollo que permitan obtener nuevas técnicas de producción distintas a las tradicionales (European Comission, 2014).

Tomando como referencia la producción de acero, la Gráfica 1 muestra la producción mundial de acero en el 2016 discriminado por los principales países productores. Es claro que un sector concentrado dado que el 89% de la producción mundial está distribuida en 9 países y solo China tiene el 50% de la producción mundial (Deloitte,2017).

Panorama Regional: América Latina Tomando nuevamente el sector del acero como referente del sector metalúrgico y mirando a América

Latina como región, se encuentra que su producción estimada para 2019 es de 44,9 millones de toneladas lo que le da una participación a nivel mundial del 2,68% bastante alejado de la producción asiática, pero cercano a los niveles de producción de África y Oriente medio (Tabla 1) (World Steel Association,2019).

Sin embargo, esta producción de la región está dominada ampliamente por Brasil, quien posee 3 compañías que se encuentran dentro del top 100 de las empresas más productoras del mundo, mientras que México cuenta con una empresa en dicho listado (Ver Tabla2).

La distribución de la producción de la región para el año 2018 presentó un dominio del 84% concentrado principalmente en Brasil y México. Marginalmente Argentina, Colombia, Chile y Perú con el 14%, por lo que el resto de los países tiene escasa o nula participación. Estos resultados, junto con los encontrados a nivel mundial, indican una heterogeneidad grande en los

volúmenes de producción no solo regionalmente sino al interior a las regiones donde distintos países desarrollan un alto nivel de producción en la metalurgia mientras otros se encuentran en el otro extremo y muestran baja producción.

Del lado de las exportaciones, estas representaban a nivel regional en el 2017 un 32,33% de la producción total del acero en la región de América Latina (World Steel Association, 2019), sin embargo, esta información corresponde a la suma de las exportaciones realizadas por cada país, por lo que no es posible distinguir el comercio realizado con otros países fuera y dentro de la región.

En todo caso, Brasil tiene el 70,7% de las exportaciones, que sumando a lo exportado en México acumulan un 94,6%.

El porcentaje restante es para Argentina y los otros países de América Latina.

Tabla 1. Fuente: World Steel Association

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El sector metalúrgico en Colombia En la actualidad la industria metalúrgica está direccionada a la fabricación de productos metalúrgicos básicos agrupados en una reciente clasificación que realizó el DANE: • Industrias básicas de hierro y acero.

• Industrias básicas de metales preciosos y ferrosos.

• Industrias básicas de metales preciosos.

• Industrias básicas de otros metales no ferrosos.

• Función de metales.

• Fundición de hierro y de acero.

• Fundición de metales no ferrosos.

A nivel agregado, la producción del sector metalúrgico aumentó entre 2013 y 2016 inicialmente a una tasa de 3,9% y posteriormente a un ritmo más lento del 1% en 2015 y 1,8% en 2016. Los niveles de producción en este periodo superaron los $14.000 millones.

En los dos últimos años, el sector disminuyó su producción y en 2018 intentó volver a estos niveles altos de producción que tenía antes de 2017. El sector tuvo una recesión en 2017 con una caída en su producción del 10,1%, lo cual es una respuesta a la caída en la demanda agregada de la economía durante ese periodo (el PIB de la economía en el 2017 solo creció 1,4% el más bajo dentro del periodo de estudio).

El sector metalúrgico en Colombia es relativamente pequeño. Su participación en el PIB nacional en los últimos años tiene un promedio de 1,8%, y de hecho esta cifra ha venido disminuyendo en los últimos años. Su importancia como contribución al crecimiento económico está en promedio en el 1,2% sin contar el periodo de recesión económica, en el que este fenómeno afectó el crecimiento económico en un 12,3%. En otras palabras, el fenómeno económico explica el crecimiento económico en 1,2% en promedio, pero cuando el sector sufre una recesión afecta el crecimiento económico de manera negativa en una magnitud más amplia.

Hablar del sector metalúrgico a nivel mundial y de Colombia implica hacer referencia a uno de los sectores

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intermedios más relevantes para otros sectores como la construcción, transporte y fabricación de automóviles. Sin embargo, a pesar de que la definición del sector metalúrgico depende del tipo de metal al que se hace referencia, el panorama mundial nos muestra que el acero y el hierro es el proceso metalúrgico principal a nivel económico.

A nivel mundial, la producción es dominada por China.

El mercado mundial es controlado por grandes empresas en países desarrollados lo que hace que las pequeñas empresas no tengan control sobre el mercado. La concentración del mercado mundial en pocos países conlleva a que la demanda esté controlada por estos productores y por tanto puedan influir en los precios y las cantidades del mercado.

A nivel de América Latina, de lejos, por niveles de producción, Brasil es quien cuenta con la mayor participación en la región. Países como Argentina, México, Chile y Perú, cuentan con una participación bastante significativa tanto en la producción como en las exportaciones.

Entonces, es en estos países donde el sector metalúrgico cuenta con relevancia dentro de la región, dejando los demás países del continente con una reducida parte de la producción. Sin embargo, América Latina cuenta con tan solo el 2,7% de la participación a nivel mundial, lo que lo deja en una posición muy reducida frente a las demás economías del mundo.

Finalmente, en el caso de Colombia, cuando se analiza por regiones se encuentra el hecho de que aquellas con mayor número de empresas del sector metalúrgico no necesariamente son las de mayor producción.

De otra parte, los costos de estas empresas se centran más en su gasto de materias primas (de las que una parte es importada) que en costos de mano de obra.

El sector realiza inversión, pero esto es insuficiente porque no existe una apuesta desde la política sectorial por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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