Para realizar este trabajo, se analizaron las legislaciones internacionales y nacionales que orientan las políticas de ejecución penal y de educación, así como los informes institucionales y los documentos producidos por los países sobre sus experiencias. Los estudios académicos se utilizaron sólo para complementar cierta información. Sin muchas pretensiones, el trabajo histórico que pretendemos construir aquí es muy superficial y limitado. Sólo pretende unir algunos extremos de la cronología de las experiencias nacionales para ayudarnos a construir esta cartografía.
La educación en las cárceles de Argentina Según la Constitución de la Nación Argentina sancionada en 1994, artículo 5, "cada provincia dictará para sí una Constitución en el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y garantizará su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria". Así, "en estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el disfrute y el ejercicio de sus instituciones". La República Argentina es un estado federal compuesto por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires). Sus gobernantes y legisladores son elegidos por sufragio directo y su sistema judicial sigue la misma organización territorial administrativa. La Ley de Educación Nacional de Argentina (Ley Nº 26.206/2006), en su artículo 1, "regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados a la misma" y la educación y el conocimiento (artículo 2°) son considerados un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado, principalmente para que desarrolle todas las dimensiones de la persona, permitiendo el desempeño social y profesional, así como el acceso a la educación superior. Asimismo, según el documento (artículo 4°), "el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad primaria e indelegable de brindar una educación integral, permanente y de calidad a todos los habitantes de la Nación, asegurando la igualdad, gratuidad, libertad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y familiares". 98
