Principales retos para la aplicación de la política

trabajos de pregrado de la enseñanza superior, así como de los artículos publicados en revistas y capítulos de libros. Varias son las experiencias para la constitución de redes internacionales para socializar la producción académica, así como el trabajo en desarrollo sobre la educación implementada en el ámbito penitenciario. Desde 2012, el "Marie-Victorin General and Vocational Education College" de Canadá ha creado la "Cátedra UNESCO de investigación aplicada para la educación en las prisiones"57 con el objetivo de estimular y promover la investigación aplicada relacionada con los diversos aspectos de la educación de jóvenes y adultos en situación de privación de libertad e intensificar la reflexión y las acciones sobre el tema a nivel internacional. Desde 2017, las universidades Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN - Argentina), Federal Fluminense (UFF - Brasil), Playa Ancha (UPLA - Chile) y República del Uruguay (UDELAR - Uruguay) se han unido para organizar el "Encuentro Internacional de Estudiantes e Investigadores sobre el Tema de los Derechos Educativos Penitenciarios y de Acceso" (EITICE). Como red de universidades sudamericanas, el evento pretende socializar las experiencias de investigación sobre el tema en los países sudamericanos. A lo largo de esta investigación, además de visitar numerosas experiencias de proyectos universitarios en desarrollo, se pudo dialogar con investigadores, profesores y estudiantes universitarios encarcelados sobre los principales retos de la educación superior en las prisiones. En el diálogo se observa que los retos para la aplicación de la política, en su mayor parte, son los mismos en todo el continente, variando sólo en intensidad.

Principales retos para la aplicación de la política

Son muchos los retos a los que se enfrentan las Instituciones de Educación Superior para implementar una propuesta política de educación superior en las prisiones. Pasan, desde el prejuicio social que todavía ve la educación superior como un privilegio de clase, por el perfil de los sujetos privados de libertad que incluso, en su gran mayoría,

57https://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2012/07/CMV00112_presentation_ESP_v1.pdf (Consultado: 14/08/2020).

lograron completar la educación básica, así como la falta de financiación y la infraestructura mínima necesaria para llevar a cabo las actividades en el entorno penitenciario. Como toda institución social, la universidad representa los intereses de la sociedad. En este sentido, aunque es un espacio dinámico, es también, en su concepción y estructura, un espacio de mucho conflicto político e ideológico, que en general tiene gran dificultad para romper con sus tradiciones, preservando los intereses de una élite social. Pensar en desarrollar una propuesta política y pedagógica que vaya más allá de los muros del campus universitario es casi siempre visto con muchos prejuicios. Incluso podemos pensar en realizar actividades en entornos en los que las personas están privadas de libertad, especialmente los presos. Al igual que el entorno penitenciario está históricamente marginado e invisibilizado por la sociedad y el gobierno, también lo está por la universidad. Son raras las áreas de conocimiento y los profesionales que se interesan por el tema e invierten en la producción académica, contribuyendo socialmente a una política más humana de ejecución penal. La mayoría de las experiencias de desarrollo en las prisiones, sin duda, surgieron y se mantienen por iniciativas y motivaciones personales de los profesionales, principalmente por militancia ideológica, política y/o académica. En los diversos informes sobre la historia de las experiencias, se observa que la institucionalidad de la política ha sido conquistada con mucho esfuerzo individual y gota a gota, tanto internamente en las universidades, necesitando atravesar y superar tiempos políticos, administrativos y académicos, como en la relación con los ministerios y/o departamentos responsables de la ejecución penal, y directamente en el trabajo diario en las cárceles. Cada paso se considera un gran logro para todos los implicados en el proyecto. Si bien algunas experiencias en Argentina ya tienen una larga trayectoria de desarrollo en el ámbito penitenciario, al igual que algunas realizadas en los países visitados, son consideradas como proyectos aislados realizados por un profesor y/o grupo de profesores, o incluso por un departamento específico. Todavía queda mucho por hacer para que se reconozca como programa institucional y, en consecuencia, para que se consolide como política de la Institución de Educación Superior.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las acciones implementadas en las prisiones no cuentan con un presupuesto propio, sobreviven gracias al compromiso personal de ciertos grupos dentro de la universidad, como profesores, estudiantes y coordinadores de cursos. Es muy común que los profesores asuman voluntariamente la tarea de enseñanza y extensión dentro de las prisiones como una carga de trabajo adicional, no necesariamente prevista en sus tareas académicas habituales. Además de los problemas institucionales experimentados dentro de las Instituciones de Educación Superior para llevar a cabo las acciones en el ámbito penitenciario, también es necesario enfrentar y superar los problemas en la relación con los órganos responsables de la política de ejecución penal y las instituciones penitenciarias. Superar los problemas burocráticos y de seguridad del día a día de la vida en las prisiones es una de las principales tareas que requiere mucha resistencia de todos los implicados en la labor educativa en las prisiones. Debido al horario diario de la unidad penitenciaria, por ejemplo, muchas veces la carga de trabajo diaria de los cursos dentro de las prisiones es menor que la de los cursos regulares ofrecidos dentro de las universidades, lo que requiere un reajuste total de sus actividades y propuestas académicas. Son enormes y diversos los problemas que se experimentan en el proceso de implementación de las acciones en el ámbito penitenciario, desde la inadecuada infraestructura dentro de las unidades penitenciarias para llevar a cabo las actividades, el acceso y permanencia de los profesionales y estudiantes universitarios a estos espacios reservados para las actividades académicas, así como los problemas de la vida cotidiana de las instituciones que se ocupan de la privación de libertad en el contexto de la política de seguridad pública. Además de los espacios improvisados, a menudo totalmente inadecuados para las actividades académicas, los estudiantes encarcelados no tienen acceso a otros espacios para continuar con sus estudios. A menudo, las actividades académicas se reducen al aula, ya que ni siquiera pueden llevar el material didáctico a sus alojamientos. En algunas unidades penitenciarias, para facilitar el acceso, la permanencia y la continuidad de las actividades académicas extraescolares, la dirección del centro ha creado alojamientos específicos

para reunir a los estudiantes, proporcionando un entorno más adecuado para la vida académica. Si bien existen "Centros Universitarios" en las propuestas de la mayoría de las Instituciones de Educación Superior argentinas que realizan trabajos en las cárceles, algunos centros han sido vistos como un espacio de poder para algunos internos, incluso como una posibilidad de control y selección de quienes participarán en las actividades organizadas por las universidades. En el artículo "Aulas y estudiantes universitarios organizados en la cárcel: un territorio en tensión" publicado en la Revista de Educación y Cultura Contemporánea, Analia Umpierrez (2019) profundiza su reflexión sobre el rol que cumplen los Centros Universitarios en el proceso de constitución de la política de educación superior en las cárceles de Argentina. La superación de los retos diarios para seguir estudiando en el entorno de la privación de libertad es muy común en la realidad de la mayoría de los estudiantes en prisión. La realización de las prácticas docentes y de las pasantías para la finalización del curso es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los programas en desarrollo. Para aquellos estudiantes que aún no pueden obtener autorización para realizar prácticas docentes y pasantías fuera del ámbito penitenciario, la Universidad de Playa Ancha en Chile, por ejemplo, ha logrado, con el apoyo de las instituciones responsables de la política de ejecución penal en el país, crear espacios y lugares para estas prácticas dentro de las propias unidades, principalmente en diálogo con las empresas que trabajan en las cárceles. A diferencia de lo que ocurre en las escuelas de educación básica dentro de los muros de la prisión, en los proyectos y programas de las Instituciones de Educación Superior, hay varios problemas en cuanto a la documentación de los internos. Muchos no pueden demostrar su escolaridad, lo que compromete su inscripción en los cursos. Dentro de las universidades, los estudiantes internos también son vistos de manera diferente por la dirección de la universidad. Por lo general, se ven limitados y estigmatizados a través de la identificación en los documentos, además de no poder tener acceso a todo lo que, como estudiante universitario regularmente inscrito en la Institución de Educación Superior, tiene derecho. No siempre pueden acceder a la

misma asistencia estudiantil que se ofrece a los estudiantes en general que están regularmente matriculados en la universidad. Hablando con estudiantes universitarios presos, pude escuchar de ellos que la presencia de la universidad en las cárceles genera un cambio importante en la dinámica de la unidad, principalmente al promover más respeto por los derechos de los sujetos privados de libertad. Por otro lado, la presencia de la universidad en el entorno penitenciario no garantiza que todos los presos tengan acceso a las actividades que desarrolla. Las universidades generalmente no llegan a los más vulnerables dentro del entorno de la privación de libertad. Las mujeres y la población LGBT, por ejemplo, en este contexto, tienen experiencias muy particulares, mucho más precarias que los hombres. En general, son los más excluidos en los proyectos desarrollados por las Instituciones de Educación Superior en el ámbito penitenciario. Muchos reclusos se quejan de que algunos investigadores acceden a las prisiones y los tratan como si fueran animales en un zoológico. Muchos, como si estuvieran en sus laboratorios de la universidad, sin preparación y sin la mínima sensibilidad para tratar la condición de los sujetos en situación de privación de libertad, acaban faltándoles al respeto en su condición humana. Es muy habitual que estos investigadores accedan a las unidades penitenciarias simplemente para obtener información para sus investigaciones personales y no vuelvan a hablar con los profesionales y los reclusos sobre los resultados de sus estudios. Estas cuestiones han ahondado en la resistencia de la dirección de las unidades, de los profesionales que trabajan en el ámbito penitenciario, así como de los propios reclusos a participar en las investigaciones realizadas en las prisiones. Generan cierta desconfianza en la labor de la universidad en espacios de restricción y privación de libertad.

En algunos países, como Brasil y Argentina, por ejemplo, está aumentando la producción académica sobre el encarcelamiento en la sociedad contemporánea. Ha sido un tema de interés para estudiosos de diversas áreas de conocimiento en las humanidades y las ciencias sociales, con un número creciente de investigadores en el campo de la educación. Generalmente, estos investigadores enfrentan el debate discutiendo temas como la división de clases, la división racial, la

pobreza, los derechos humanos, los conflictos sociales generados por la juventud, la exclusión social, la visibilidad e invisibilidad del crimen, la invisibilidad de algunos sujetos e instituciones sociales, la criminalización de la miseria, las múltiples facetas del crimen, la delincuencia y el castigo, las contradicciones de una sociedad punitiva, entre otros. Muchos de estos estudios señalan también que no se puede prescindir en el debate, implícita o explícitamente, de recurrir a los aspectos sociales, políticos e ideológicos que envuelven a las sociedades contemporáneas, especialmente a las cuestiones que permiten reflexionar sobre sus contradicciones. En un análisis general de la producción académica en el área de la educación para jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de libertad, es posible darse cuenta de que, a lo largo de los años, se han enfrentado varios desafíos, permitiendo la construcción de un conocimiento que hasta hace poco no existía en el área de la educación. Varios investigadores de diferentes áreas de las ciencias humanas y sociales, principalmente en el campo de la educación, se han especializado en el tema y han comenzado a invertir en esta discusión, aportando recursos y herramientas que permiten cada vez más la emersión y el desenlace del tema en la universidad, con la formación inicial y continua de los profesionales que trabajan en las áreas de ejecución penal y políticas para los adolescentes y jóvenes acusados de cometer actos infractores, así como la instrumentalización de la implementación de políticas públicas, fundamentando las posibles derivaciones. Algunos países ya han superado la fase de debate sobre el derecho a la educación de los jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de libertad. Ahora se encuentran en la fase en la que hay que analizar sus prácticas y experiencias, buscando establecer programas, consolidar propuestas políticas, en definitiva, evaluar eficazmente sus resultados. Surgen nuevos retos académicos que requieren de la inversión de la universidad para aportar conocimiento a la implementación de la política criminal y de justicia penal, principalmente dando visibilidad al tema e invitando a la sociedad al debate.