Historia de la educación penitenciaria en Uruguay

Los certificados expedidos por las autoridades educativas competentes para las actividades realizadas en los centros penitenciarios no contendrán ninguna indicación que permita identificar su origen. Las unidades penitenciarias también tendrán en su infraestructura espacios para biblioteca, actividades recreativas y culturales para el uso de los reclusos. El trabajo, según los artículos 40 y 41, "es deber y derecho de todo preso y se utilizará como medio de tratamiento profiláctico y reeducativo, y no como castigo adicional", organizándose según criterios educativos y psicotécnicos. Los presos serán evaluados periódicamente y podrán, en función de su rendimiento, obtener beneficios concedidos por la administración central de acuerdo con la autorización del juez de ejecución penal. En septiembre de 2005 se aprobó la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario (Ley 17.897), que en su artículo 13 (Regulación de la remisión por trabajo y estudio), establece que todas las personas privadas de libertad pueden reducir el tiempo previsto en la condena mediante el estudio o el trabajo. Según la legislación, por cada dos días de estudio38 o cada dos días de trabajo de 8 horas, se condonará un día de la condena.

Historia de la educación penitenciaria en Uruguay

A diferencia de muchos países de Sudamérica, la educación en las cárceles de Uruguay, hasta el año 2005, cuando se aprobó la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario (Ley 17.897), se desarrollaba de forma no sistemática, voluntaria y reducida a unas pocas unidades penitenciarias. Se considera que, con la referida ley, fijando criterios de valor para el estudio, por primera vez la educación en las prisiones pasa a ser reconocida como fundamental en la política de reinserción social de los condenados. Como una de las principales acciones para implementar una política nacional de educación en prisiones, en 2007 se creó la Comisión de Apoyo a la Educación en Prisiones, integrada por miembros del Ministerio de Educación y Cultura; Departamento de Educación y

38 Se contabilizará un día de estudio por cada seis horas de actividad educativa efectiva a la semana.

Extensión Educativa de la Dirección Nacional de Prisiones, Penitenciarías y Centros de Recuperación y Patronato Nacional de Privados de Libertad del Ministerio del Interior; Comisión Parlamentaria; Administración Nacional de Educación Pública; y por un técnico con experiencia pedagógica en proyectos de Educación en prisiones (CAEC, 2010).

La Comisión tenía como misión analizar las políticas y prácticas educativas en el contexto de la privación de libertad; coordinar las acciones tendientes a mejorar la prestación del servicio educativo; fomentar la formación y capacitación del personal penitenciario, especialmente de aquellos que ejercen funciones docentes directas e indirectas en el ámbito penitenciario; articular las distintas instituciones y organismos públicos y privados para asegurar la mejor cobertura del servicio educativo en todos los establecimientos penitenciarios del país; y mantener contacto con otros organismos regionales e internacionales que desarrollen actividades relacionadas con la educación en las cárceles. Según el informe de la Comisión de Apoyo a la Educación en las Cárceles (CAEC, 2010), en 2007 se inició un proceso de expansión de las acciones de educación formal y no formal en las cárceles del país, de manera más sistemática con la presencia de profesores, principalmente para desarrollar actividades de alfabetización y ciclo primario, además de la promoción de talleres y cursos de formación profesional. Según el "Informe Anual 2017" de la Comisión Parlamentaria Penitenciaria, hasta el año 2011, prácticamente no existían aulas ni cursos de educación formal -primaria, secundaria o técnica- en todo el sistema penitenciario de Uruguay, reduciéndose a algunas acciones puntuales en algunos centros penitenciarios de la región metropolitana. La presencia de la educación formal en los centros penitenciarios, desarrollada por docentes del sistema educativo, según el documento, viene en aumento en los últimos años, especialmente desde la creación, en 2011, de la Coordinación de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación, cuya misión es apoyar la actividad educativa del sistema penitenciario en coordinación con el sistema educativo de la Administración Nacional de Educación Pública. En reemplazo de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación se creó, en 2010, dentro de la estructura del Ministerio del Interior de Uruguay, a través de la Ley de Presupuesto Nacional (Ley 18.719), el Instituto Nacional de

Rehabilitación, organismo encargado de la organización y gestión del sistema penitenciario del país. Como referente político para consolidar la política nacional de educación en desarrollo en el sistema penitenciario, en el marco del Programa "Justicia e Inclusión" que lleva adelante la cooperación internacional, se creó la "Mesa Interinstitucional de Educación para personas en conflicto con la ley penal", en la que participan diversas instituciones educativas y asistenciales (Administración Nacional de Educación Pública, Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio de Educación, Instituto de Integración Social del Adolescente, Universidad, Ministerio de Desarrollo Social y Comisión Parlamentaria), lo que permite el intercambio de experiencias, la discusión de aspectos pedagógicos y estrategias para ampliar la oferta educativa en el sistema penitenciario. La Mesa Interinstitucional, desde una lógica de complementariedad educativa e integración de proyectos, ha promovido discusiones para la realización de acciones coordinadas dirigidas a incrementar el acceso, la ampliación y diversificación de la oferta, la continuidad educativa y la mejora de las oportunidades de inclusión social de las personas privadas de libertad. Con el objetivo de consolidar una política nacional de educación en las cárceles para el país, en 2016, se firmó entre el Ministerio de Educación, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Inclusión del Adolescente, el convenio "Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional" con el objetivo de promover acciones para garantizar el acceso a una educación de calidad a la población adolescente, joven y adulta en conflicto con la ley penal en situación de restricción y privación de libertad y salidas del sistema de justicia penal. Las instituciones, a través de este convenio, se comprometieron a adaptar e implementar los programas y proyectos educativos que se ejecutan en los ambientes de privación de libertad en todo el país por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública. Entre las principales acciones previstas en el acuerdo están: la vinculación entre educación y trabajo; la integración de las actividades educativas formales y no formales y los ámbitos de la cultura, el deporte y el ocio; la incorporación de las tecnologías, especialmente las

relacionadas con la información y la comunicación; y la integración de los derechos humanos y la perspectiva de género. Según el Informe Anual de la Comisión Parlamentaria Penitenciaria (2017), la cobertura existente en el sistema penitenciario uruguayo aún no cubría la totalidad del sistema penitenciario, ascendiendo a 2.355 presos, alrededor del 21,3% de la población penitenciaria nacional. En los últimos años, se ha incrementado la presencia de acciones universitarias en diversas áreas en algunas unidades del sistema penitenciario. La Universidad de la República, por ejemplo, viene realizando actividades de extensión y apoyo a los presos en varias cárceles, con la presencia de estudiantes y profesores universitarios para impartir cursos de pregrado.

Análisis de las experiencias de educación en las cárceles de América del Sur

A través del análisis de los marcos legales y operativos que sustentan la implementación de la política educativa en las cárceles de los países investigados, es posible afirmar que aún existe una gran brecha entre el marco legal y lo que se vive en el día a día de la ejecución penal. Es evidente en las legislaciones nacionales las posiciones progresistas respecto al derecho de toda la población, especialmente de los más vulnerables, como los sujetos privados de libertad. En todos, sin excepción, se reconoce la educación como un derecho humano fundamental y subjetivo a lo largo de la vida, que independientemente de cualquier condición, ya sea social, económica, política, étnica, religiosa, de género y de privación de libertad, debe ser garantizado a su población. Por otro lado, al analizar la propia política en desarrollo, según Rodríguez Morales (2003 apud Rangel, 2009, p. 45), "los avances legislativos han sido interpretados como una antítesis total de las prácticas penitenciarias, reforzando la desconfianza de los ciudadanos en las leyes e instituciones". Es posible evidenciar que los países investigados están construyendo una experiencia de política educativa en las prisiones, especialmente en las últimas dos décadas. Cada uno con sus propias particularidades y especificidades. Al seguir desarrollándose como una política de gobierno y no de Estado, como cualquier otra política social, la educación acaba siendo rehén del ejercicio del gobierno nacional y/o regional. Con cada administración gubernamental se toman nuevas decisiones que debilitan el mantenimiento de lo construido y ganado anteriormente. La ausencia de datos sistematizados y publicados con cierta regularidad por el poder público sobre el perfil escolar de los presos, las demandas educativas reales del sistema penitenciario y la situación de la política educativa en desarrollo en el ámbito penitenciario, no logran revelar una realidad quizás mucho más oscura y obtusa de lo que se puede imaginar. La información disponible hoy en día no representa realmente las imágenes, las sensaciones y los olores de la realidad de lo que se vive en la vida cotidiana de la política.

Con una población carcelaria que en su gran mayoría está formada por pobres y poco escolarizados, los datos, cuando existen, revelan que la política educativa en desarrollo aún alcanza a una porción muy pequeña de los presos, quedando restringida a algunos elegidos y, lamentablemente, privilegiados. En este sentido, podemos afirmar que realmente la educación en el ámbito penitenciario sigue siendo un beneficio para unos pocos y no un derecho, tal y como establece la legislación internacional y nacional. Para que se consiga efectivamente el acceso y la permanencia de esta población a experiencias educativas, especialmente con la calidad mínima requerida para implementar una política de educación para jóvenes y adultos, será necesaria una gran inversión política y económica a medio y largo plazo. Serán necesarios muchos más esfuerzos para cambiar este escenario, sobre todo dando más visibilidad al tema. Hay que seguir exigiendo la responsabilidad de la sociedad y del poder público sobre los derechos humanos de la población en situación de privación de libertad. A través del análisis de la política educativa planificada y en desarrollo, se pone de manifiesto la falta de respeto y asistencia a esta población a lo largo de la historia. En esta parte del trabajo, analizaremos las legislaciones aprobadas y las actividades en desarrollo que pretenden garantizar la educación en la política de ejecución penal de los países investigados. Además del análisis de los documentos (legislaciones e informes), también se utilizará la información recogida en las visitas realizadas a diversas experiencias, especialmente en el segundo semestre de 2019 a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. A partir del análisis de la experiencia de educación implementada para jóvenes y adultos privados de libertad, nos proponemos presentar las principales cuestiones que rodean el desarrollo de la política en América del Sur en la actualidad. Ampliando nuestras reflexiones sobre la educación de jóvenes y adultos, a partir de una concepción crítica sobre el papel de la política educativa en el desarrollo en las prisiones, pretendemos, en líneas generales, analizar sus perspectivas teóricas, políticas y pedagógicas. Para contribuir a las reflexiones y al debate, como aportes teóricos de la investigación, dialogamos con pensamientos y estudios de autores de diferentes áreas y corrientes de las ciencias humanas y