Historia de la educación en las cárceles de Paraguay

Historia de la educación en las cárceles de Paraguay

Hasta la década de 2000, en algunos establecimientos penitenciarios del país había profesores que desarrollaban cursos de educación formal, pero no de forma coordinada, estructurada, sistemática y adecuada para atender a jóvenes y adultos en situación de privación de libertad. En el año 2002 se inició la implementación del Programa Educativo en Centros Penitenciarios como parte de las acciones educativas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación en su Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. Entre los principales objetivos, se propone garantizar la educación básica a los sujetos privados de libertad, así como la formación de los profesores que trabajan en las prisiones. Desde entonces, se han firmado varios acuerdos entre los Ministerios de Educación y Justicia de Paraguay para implementar una política nacional conjunta de educación para jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de libertad. El primer acuerdo se firmó en 2002 para organizar el proyecto de educación para las prisiones de Paraguay. En ese momento, entre otras acciones, se realizó un diagnóstico de las características sociodemográficas y educativas de la población penitenciaria, así como un análisis de la legislación existente, de las infraestructuras, de los recursos materiales y de los profesionales que desarrollaban la labor educativa en el medio penitenciario. En 2003, se firmó otro acuerdo con el objetivo de promover una mejor calidad de vida para los jóvenes y adultos en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes y Centros Penitenciarios para adultos.

En 2004, se firmó un nuevo acuerdo de cooperación para implementar el Programa de Educación Básica Bilingüe para Jóvenes y Adultos en el marco de la cooperación "Prodepa ko'e Pyahu". Y, en 2008, el Ministerio de Justicia se comprometió a proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades educativas, a facilitar el acceso de los participantes, técnicos y profesores a los Centros Educativos en las unidades penitenciarias; y el Ministerio de Educación a designar profesores para trabajar en los Centros Educativos en las prisiones, a realizar la supervisión y el seguimiento técnico-pedagógico de

las actividades desarrolladas en los Centros Educativos en las prisiones, así como a implementar programas de educación artística y deportiva en el marco del Programa EuroSocial y a implementar talleres productivos para la formación profesional de los presos. El Programa Educativo en Centros Penitenciarios fue desarrollado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia con el apoyo del Ministerio de Educación de España a través de la Agencia Española de Cooperación y la Organización de Estados Iberoamericanos como parte de las acciones implementadas por el Programa de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Entre las principales acciones desarrolladas en el marco del Programa, se destacan: la ampliación de los servicios educativos a 17 Centros Penitenciarios; la creación de la Red Nacional de Docentes que trabajan en las unidades penitenciarias; la elaboración de materiales de capacitación para docentes y profesionales; el establecimiento de un Programa de Formación Profesional para Centros Educativos; la implementación de un reglamento interno para los Centros Penitenciarios; la creación y equipamiento de bibliotecas; y la edición de la Revista Educar en la Cárcel (Paraguay, 2009). El Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay, en 2011, inició la implementación del plan educativo especial denominado Educación de Personas Jóvenes y Adultas "Ñamyendy tata-Encendemos fuego" que prevé su desarrollo hasta 2024. El objetivo, en definitiva, es ampliar la cobertura de los servicios de alfabetización, educación básica, educación secundaria y formación profesional, asegurando condiciones adecuadas de acceso, permanencia y finalización de las distintas poblaciones que demandan la política, con especial énfasis en las situaciones de vulnerabilidad. El plan entiende que la educación en contextos de privación de libertad se desarrolla de acuerdo con la propuesta curricular y la estructura de la Educación Básica, la Educación Secundaria y la formación profesional, no estando aún organizada específicamente para la población privada de libertad, siendo, por tanto, necesario considerar los siguientes aspectos para la implementación de la política: elaborar una propuesta de educación de jóvenes y adultos para los sujetos privados de libertad (propuesta curricular, docentes especializados) con la participación del Ministerio de Justicia y Trabajo, funcionarios del Ministerio de Educación y personas privadas de libertad; asegurar

pabellones/galerías específicas para la población encarcelada que participa de las actividades educativas; desarrollar propuestas de capacitación para los educadores que trabajan en contextos de privación de libertad; desarrollar un sistema de seguimiento que permita insertar a la población privada de libertad en otras oportunidades educativas y laborales. En 2014 se firmó un convenio de cooperación y colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, en el marco del Programa de Bienestar Penitenciario, destinado a construir un plan de capacitación y formación profesional a nivel de educación superior para los sujetos privados de libertad. La experiencia comenzó con los internos de la Penitenciaría de Tacumbú, extendiéndose posteriormente a todo el sistema penitenciario del país.

En 2016 se firmó un nuevo convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura para desarrollar proyectos y programas de cooperación mutua, sin especificar las acciones previstas. Incluyendo la creación de una "coordinación interinstitucional" integrada por representantes técnicos designados por ambos ministerios. Ese mismo año también se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Sistema Nacional de Formación Profesional y Capacitación, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Ministerio de Justicia para el desarrollo de cursos de formación profesional y capacitación dirigidos a la población en situación de privación de libertad, con vistas a su reinserción social y profesional. Según el Ministerio de Educación y Ciencias37 , en 2017 había 120 presos en el Programa de Alfabetización, 2.186 en el Programa de Educación Básica Bilingüe para jóvenes y adultos y 353 en Educación Media en todo el sistema penitenciario del país, lo que corresponde a solo el 29,3% de la población penitenciaria nacional. Recientemente ha iniciado en el país, a través de un contrato de cooperación técnica con instituciones privadas de educación superior, algunas experiencias de clases con cursos de educación superior en las cárceles.

37 https://www.mec.gov.py/cms/?ref=294978-publicaciones (Consultado el 17 de junio de 2020).