Historia de la educación en las cárceles de Paraguay Hasta la década de 2000, en algunos establecimientos penitenciarios del país había profesores que desarrollaban cursos de educación formal, pero no de forma coordinada, estructurada, sistemática y adecuada para atender a jóvenes y adultos en situación de privación de libertad. En el año 2002 se inició la implementación del Programa Educativo en Centros Penitenciarios como parte de las acciones educativas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación en su Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. Entre los principales objetivos, se propone garantizar la educación básica a los sujetos privados de libertad, así como la formación de los profesores que trabajan en las prisiones. Desde entonces, se han firmado varios acuerdos entre los Ministerios de Educación y Justicia de Paraguay para implementar una política nacional conjunta de educación para jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de libertad. El primer acuerdo se firmó en 2002 para organizar el proyecto de educación para las prisiones de Paraguay. En ese momento, entre otras acciones, se realizó un diagnóstico de las características sociodemográficas y educativas de la población penitenciaria, así como un análisis de la legislación existente, de las infraestructuras, de los recursos materiales y de los profesionales que desarrollaban la labor educativa en el medio penitenciario. En 2003, se firmó otro acuerdo con el objetivo de promover una mejor calidad de vida para los jóvenes y adultos en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes y Centros Penitenciarios para adultos. En 2004, se firmó un nuevo acuerdo de cooperación para implementar el Programa de Educación Básica Bilingüe para Jóvenes y Adultos en el marco de la cooperación "Prodepa ko'e Pyahu". Y, en 2008, el Ministerio de Justicia se comprometió a proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades educativas, a facilitar el acceso de los participantes, técnicos y profesores a los Centros Educativos en las unidades penitenciarias; y el Ministerio de Educación a designar profesores para trabajar en los Centros Educativos en las prisiones, a realizar la supervisión y el seguimiento técnico-pedagógico de 128