profesional ofrecidos por la unidad penal, siempre que ello redunde en un aprendizaje para su vida en libertad; la participación en terapias clínicas, con el fin de superar las dependencias a las drogas, al alcohol, entre otras, según corresponda a su caso; así como la demostración de espíritu participativo y responsabilidad. Está previsto en la legislación chilena la asistencia al egresado penitenciario promoviendo la asistencia laboral, social, educativa y cultural a través de Programas de Apoyo Postpenitenciario y Programas de Reinserción Laboral, desarrollados en los Centros de Apoyo a la Integración Social a lo largo del país. La educación implementada en las cárceles chilenas sigue los planes y programas previstos en la modalidad de educación de jóvenes y adultos y están regulados a través del Decreto Supremo 257/2009 (Marco curricular para la educación de jóvenes y adultos) y los Decretos Exentos de Educación 584/2007 (Aprueba plan y programas de formación profesional para la educación básica de adultos), 999/2007 (Aprueba plan y programas de estudios para la educación básica de adultos), 2169/2007 (Reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y media de adultos). Según la Ley General de Educación de Chile (Ley 20.370/2009), los establecimientos educativos constituyen comunidades educativas, entendidas como grupos de personas que comparten el objetivo de contribuir al aprendizaje de sus alumnos. Este objetivo común se expresa en el Proyecto Educativo Institucional y en sus normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, instrumentos estratégicos que deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados por la ley. En este sentido, se considera un instrumento estratégico de planificación y gestión pedagógica que orienta la gestión institucional, presentando su propuesta educativa y especificando los medios que se implementarán para su realización.
Historia de la educación en las cárceles de Chile El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio de cooperación técnica en 1978 (Decreto Supremo de Educación Nº 298/1978) para implementar una política nacional de 121
