“normalizada” por la Intervención Federal, los sindicatos combativos conformaron la Mesa de Gremios en Lucha para resistir a la represión paramilitar y luego a la dictadura.
Espías en la Perkins
El testigo aportó al Tribunal un informe -parte del acervo documental del Archivo de la Memoria- de la Policía Federal, fechado el 15 de marzo del ‘76, que daba cuenta de la actividad de los sindicatos y en el que figuraban su nombre y el de numerosos integrantes de ese espacio que luego serían víctimas de la represión. También presentó otro documento de inteligencia, posterior al secuestro de García y Apontes, el 18 de mayo del ‘76, que señalaba: “No se descarta la posibilidad que Apontes y García, por haber sido integrantes de la Mesa de Gremios en Lucha que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas”. Ante la desaparición de sus compañeros, y en el peor momento de la dictadura, los trabajadores de Perkins hicieron una huelga de dos días, recordó Villa y destacó que esa información “figura en el mismo informe” de la Policía Federal, del que señaló como
Las automotrices que “deberían estar en el banquillo”*
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por
alexis Oliva
estimonios y documentos de la megacausa La Perla –La Ribera, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba, revelan cómo las empresas automotrices colaboraron con el Tercer Cuerpo de Ejército en la represión a sus trabajadores. Durante la audiencia en que declaró Juan Enrique Villa, quien fuera secretario general del Sindicato de Perkins al momento del golpe de 1976, la presencia de exobreros de la fábrica, con las fotos de sus compañeros desaparecidos y asesinados por la dictadura en sus pechos, presagiaba que la jornada iba a ser especialmente ilustrativa de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. Los retratos pertenecían a Pedro Ventura Flores, Hugo Alberto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba, nombres que fueron evocados por el testigo al recordar “la ola de secuestros” que se abatió contra su organización sindical. “Éramos un grupo de compañeros que asumimos un trabajo reivindicativo muy fuerte para recuperar el gremio, que (a principios de los ‘70) estaba en manos del sector burocrático, que eran súbditos de la empresa. En febrero de 1973, ganamos las elecciones con la Lista Marrón. La primera comisión directiva estuvo presidida por Miguel Ángel Agüera y luego me tocó presidirla a mí, en una gestión interrumpida por el golpe del 24 de marzo del ‘76”, narró Villa al comenzar su declaración. Pero la persecución a sus dirigentes había empezado mucho antes, con el levantamiento policial de febrero de 1974 conocido como el Navarrazo. El gremio de Perkins militaba en la CGT de los Argentinos, que en Córdoba conducían Agustín Tosco y Atilio López. Al ser
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fuente al directorio de la firma. “Después, la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, explicó. En un pasaje de su testimonio, Villa afirmó: “Nosotros éramos jóvenes impetuosos que queríamos un mundo más justo. Y nos dimos cuenta de que se ponía difícil la cosa. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las fuerzas armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército”. Ante lo denunciado por el testigo, el TOF Nº 1 resolvió -a instancias del fiscal Facundo Trotta- que se corra vista a la Fiscalía de Instrucción para que investigue la actuación de la empresa Perkins en los años del terrorismo de Estado.
Las listas de la Renault
En la misma audiencia, los abogados querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares sumarían otra revelación sobre la participación empresaria en la represión, al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus tra-
