El Ecologista Vol.12

Oct – Dic 2020

El Ecologista Año. 3, No. 12

Periódico oficial del Partido Verde del Estado de México

Consejo editorial: José Alberto Couttolenc Buentello Francisco Javier Serrano González El Ecologista año 3 número 12 Octubre/Diciembre 2020 Es una publicación trimestral, editada y distribuida por el Partido Verde del Estado de México, con dirección en República de Belice #109 Colonia las Américas 50103, Toluca Estado de México.

Tel. 722 914 71 92 https:// partidoverdeedomex.org/ hola @partidoverdedomex.org

CONTENIDO

Democracia sustentable 4 Estado Emprendedor 13 Integridad PĂşblica 18

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DEMOCRACIA SUSTENTABLE El Partido Verde Ecologista tiene una historia de lucha, de persistencia y de esfuerzo; dentro de un país con tantas necesidades y carencias que requieren de atención inmediata no ha sido fácil permear en la agenda política temas medio ambientales, sin embargo, quienes luchamos por un México sustentable sabemos que no cuidar el medio ambiente es generar aún más pobreza, más desigualdad y más crisis que en algún punto serán irreversible.

Existe una ruta clara para el futuro de los verdes ecologistas en México, basados en la Agenda 2030, al ser el instrumento internacional vinculante que está acorde con nuestra ideología, principios y principios de acción.

organismos de la sociedad civil, academia y el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

La Agenda 2030 contempla 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Asimismo, buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Para los efectos de este documento, con la finalidad de vincular y alinear nuestros objetivos como partido político con lo establecido por la Agenda 2030 a nivel internacional, hemos organizado los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en cuatro ejes: 1. Decidir y elegir para otras formas de vida; 2. Crecimiento económico sostenible; 3. Instituciones sólidas con alianzas duraderas; 4. Inclusión equitativa y combate a las desigualdades.

Esta agenda sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como

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Eje 1. Decidir y elegir para otras formas de vida.

Objetivos del Desarrollo Sostenible que lo integran.

En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que ha sufrido el medio ambiente, debido, principalmente, al aumento de la población humana y la falta de regulación y estrategias gubernamentales para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas encaminadas a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Los ODS que integran el eje de sostenibilidad ambiental consideran acciones para lograr el desarrollo sostenible de las sociedades, velando siempre por la protección y el cuidado del medio ambiente.

En este orden de ideas, la democracia sustentable, como propuesta conceptual para el Futuro Verde, pretende asegurar la supervivencia humana y el reconocimiento de derechos a otras formas de vida no humanas, como los animales. Buscamos garantizar el desarrollo sustentable a través de la toma de decisiones enfocadas en la preservación de la diversidad biológica y ambiental, mediante la incorporación

de tecnologías limpias, una mejor planificación y gestión urbana, así como el consumo y la producción sostenible.

Como toda sociedad, la idea sobre la democracia ha evolucionado desde su concepción original. Históricamente la humanidad ha sido testigo de cómo el concepto de democracia y muchos otros conceptos, se han ido adjetivando paulatinamente. El concepto de democracia evolucionó hasta llegar al término que hoy proponemos de “democracia sustentable”. En ese vaivén histórico, las relaciones entre la política y el mercado, así como las relaciones entre la política y la sociedad, han determinado la creación de “modelos de democracia” cuyo énfasis cambia de acuerdo con el periodo histórico en cuestión. En ese sentido, el modelo de democracia si bien está impregnado de sus versiones anteriores, el modelo emergente como el que proponemos busca integrar las problemáticas actuales y aquellas situaciones coyunturales a las cuales los modelos anteriores no logran responder.

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El concepto de democracia sustentable surge a partir de una serie de fenómenos globales que modificaron la forma en la que decidimos y elegimos (Pérez, 2014; Ugarte, 2007). Los espacios donde lo hacemos, también se han visto afectados: pasamos del Ágora al Facebook (Serrano, 2014). Asimismo, las causas por las cuales decidimos y elegimos han evolucionado en tanto que la ciencia y las instituciones gubernamentales logran prolongar la esperanza de vida y superar los problemas del pasado (Harari, 2018).

Los avances científicos y las estructuras institucionales han permitido que acalorados debates que anteriormente eran el trending topic de la agenda pública, hoy sean un programa más de los que ofrece cada gobierno. El crecimiento y cambio de organización de las comunidades políticas, la sofisticación de la toma de decisiones, la aparición de la web 2.0 y los problemas medioambientales, así como los fenómenos de la globalización (Stiglitz, 2002), son algunas de las causas que han modificado la concepción “moderna” o “tradicional” sobre la democracia. ¿Pero cuál es la democracia “tradicional” o “moderna”?

La democracia tiene dos clasificaciones genéricas: la democracia como método; y la democracia como régimen político (Morlino, 2005).

La democracia como método es el modelo de toma de decisiones más próximo al ciudadano (Bobbio, 2001; Held, 2007; Sartori, 2007). Busca que los individuos agrupados en comunidades políticas (cabildos, cámaras, partidos, parlamentos o simplemente familias), elijan y decidan a partir de la regla de la mayoría, en un contexto: pacífico, incluyente, igualitario, escrutable e informado (Morlino, 2005; Przeworski, 2010; Schmitter & Karl, 1991). Desde esta vi-

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sión, la democracia tradicional o moderna se entiende como un método para decidir y elegir, en un contexto pacífico, incluyente, igualitario, escrutable e informado.

Antes de continuar con la segunda clasificación de democracia como régimen democrático, es necesario analizar la definición sobre régimen político. Porque el concepto de régimen democrático está integrado por el concepto de “régimen político” más el concepto de democracia como “método”. En ese sentido, también es importante el conocimiento de las condiciones necesarias que se requieren para implementar un régimen democrático.

Régimen político en lo general. Para Guillermo O’Donnell (2013), un régimen político es: “Por régimen entiendo los estándares formales e informales, explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones del gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de dicho acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales se produce dicho acceso y por las cuales se toman decisiones gubernamentales”.

La democracia moderna de manera absoluta es el régimen político donde todos, o la mayoría, deciden y eligen (ya sea directamente o a través de intermediarios, a quienes también eligen). De aquí que el demos u organización política básica, está ampliamente representada y delimitada por las condiciones de la ciudadanía.

Segundo. El demos ¿en qué espacios puede decidir y elegir? Para los teóricos modernos de la democracia, el demos que cumpla con las condiciones de la ciudadanía puede decidir y elegir en todos aquellos espacios que se consideran públicos (Fernández, 2003). El demócrata prome-

dio, preferirá siempre que las organizaciones públicas (es decir aquellas que tienen como principio procurar el bien común), se circunscriban bajo el método democrático. A mayor penetración del método democrático en las organizaciones públicas, mayor estabilidad del régimen (Linz, 2009). No obstante, esto no es limitativo del espacio público, la esfera económica, la esfera social, e incluso realidades virtuales y aumentadas exigen que las decisiones y elecciones que toman los ciudadanos se sometan a un método democrático.

No obstante, quienes eligen y dónde lo hacen, no determina un régimen democrático en su totalidad. Existe una tercera condición necesaria para poder diferenciar un régimen democrático del que no lo es.

Tercero. ¿Bajo qué diseño institucional el demos elige y decide? Esta respuesta, a diferencia de las anteriores, cuenta con amplio debate académico. Las teorías dominantes, así como las diferentes propuestas emanadas de las ciencias sociales,

debaten para lograr identificar aquellos contextos que favorecer o permiten la decisión por medio del método democrático.

En una democracia, el demos debe contar con un conjunto de contextos mínimos para poder decidir y elegir. Estos contextos, pueden ser resultado de procesos históricos de liberalización o consecuencia de la decisión directa de la propia organización política. Son procesos y condiciones derivadas de otros movimientos ideológicos y sociales; o por adaptación racional del legislativo dentro del cuerpo normativo supremo. Es decir, gracias a la teoría del cambio institucional, podemos identificar dos formas para alcanzar los contextos institucionales (formales o informales) que pueden determinar la existencia o caída de un régimen democrático. Primero, tenemos contextos que son resultado de acciones disruptivas, tales como revoluciones o guerras civiles; o segundo, por el proceso reformador natural de las propias instituciones políticas (North, 1993; Panebianco & Trinidad, 1990).

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Independiente del origen (disruptivo o reformador), estas situaciones contextuales son acumulativas, es decir: una vez identificado y adoptado el criterio contextual dentro del diseño normativo supremo, se orienta la conducta para que los individuos se obliguen a cumplir o guiarse de acuerdo con el propio criterio adoptado. Para el lenguaje jurídico estos criterios contextuales representan los principios de los derechos humanos, los cuales son: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (CNDH, 2016). ¿Bajo qué criterios institucionales lo hacen? Obliga a revisar el nivel de liberalización de las sociedades (Berlin, 2001; Bobbio, 1989; Linz, 2009). En ese sentido, y hablando exclusivamente de los criterios contextuales producto de la liberalización, el demos debe contar con: 1. División de funciones de gobierno. El poder del Estado debe ser distribuido a partir de sus funciones en diferentes individuos y/o grupos de ellos. La función ejecutiva, legislativa y judicial debe tener plena autonomía para poder generar políticas y en ningún caso debe compartir de jure el poder con otros órganos.

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2. Reconocimiento y protección de libertades mínimas. El proceso democrático (entendido este como el conjunto de etapas institucionalizadas para deliberar) requiere que la ciudadanía o demos tenga: libertad de asociación, pensamiento, expresión, tránsito y, sobre todo, total seguridad de que sus libertades, así como su dignidad e integridad física, no se verán afectadas si una parte del demos o un sujeto en específico decide disentir de la posición mayoritaria. Asimismo, la misma dinámica democrática exige pluralidad en cuanto a los medios de comunicación e información a los cuales el individuo puede acceder para argumentar una mejor posición. El cambio de posturas, así como el reconocimiento de los derechos de quienes piensan diferente es una condición necesaria para poder introducir un método democrático.

Este criterio contextual liberal, nos permite identificar aquellos regímenes propensos a la democratización o incluso a la no-democratización. Cuando las libertades individuales comienzan a verse sofocadas por poderes fácticos, grupos de individuos o incluso por los propios órganos o titulares de los poderes del Estado, se enuncia una transición a regímenes no democráticos. Asimismo, la propia Ciencia Política determina que, sin liberalización, no puede existir democratización (Bobbio, 1989; Linz, 2009).

Antes de continuar con la cuarta dimensión que determina las características de un régimen político (¿para qué deciden o eligen?), a esta altura el lector puede vislumbrar la receta para construir un régimen democrático. En primera cuenta es donde deciden y eligen todos o la mayoría; donde los espacios para decidir y elegir no se limitan a los espacios públicos, sino que tienen un crecimiento paulatino a las diferentes esferas humanas; donde existe una división de poderes y existe una amplia inclusión de libertades individuales en los cuerpos normativos. Todo ello, independiente del motivo para lo cual deciden o eligen.

Por tanto, un régimen democrático se entiende como el conjunto de instituciones o reglas formales que permiten el acceso y permanencia de los diversos actores políticos al ejercicio del gobierno por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas a partir de la regla de la mayoría donde existe competencia política y las libertades del demos están plenamente reconocidas y protegidas (Dahl, 2009; O’Donnell, 2013; TEPJF, 2002; Tovar, 2009).

El rompecabezas está completo y que sin importar la razón o causa para lo cual el demos decide o elige, mientras sea el mayor número de individuos quien decida y elija (ya sea de forma directa o indirecta), en la mayor cantidad de espacios (físicos o virtuales) y con pleno reconocimiento y protección de sus libertades

(formales e informales); el modelo estará terminado. Lamentablemente esto no es así. La cuarta pregunta “¿para qué deciden o eligen?” por insignificante que parezca es la piedra angular de los regímenes democráticos, así como las funciones cognitivas son del método democrático.

La calidad de las elecciones y decisiones, así como las consecuencias que estas conllevan son condiciones necesarias en el régimen democrático.

Tener contextos institucionales favorables, no implica decisiones o elecciones que mejoren las condiciones de vida para el demos en general. Aquí es donde se pueden observar regresiones a modelos no democráticos y donde se pueden tomar decisiones contrademocráticas. El régimen democrático es muy frágil y requiere que los científicos y filósofos sociales tengan plena conciencia sobre ¿para qué se decide o elige?

Cuarto. ¿Para qué deciden o eligen? Como se comentó al inicio de este capítulo, las relaciones entre la esfera política y las otras esferas de la vida determinan la creación de conceptos dentro de las ciencias. En cambio, cuando hablamos de un régimen político, estas mismas relaciones configuran el motivo de la decisión y elección. Lo que para la ciencia representa una nueva categoría conceptual, para el régimen democrático representa una nueva justificación para decidir y elegir.

A partir de ello, se generan modelos de democracia. Por ejemplo: cuando las relaciones entre la esfera política y la esfera económica cambian, además de generarse un nuevo concepto, se crean dentro del régimen democrático nuevas causas para decidir y elegir. Así entonces, la socialdemocracia buscaba en su momento orientar las decisiones y elecciones en pro de los derechos sociales y de los trabajadores ante las crisis que se generaron a principios del siglo XX, lo cual orientó que los

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poderes del Estado decidieran y eligieran en pro de modelos de economía política intervencionistas.

En esa tesitura, la cuarta pregunta encuentra sus respuestas en los métodos de distribución de bienes, posesiones, servicios y derechos que el sistema político tiene a su alcance para aumentar el estatus quo de la población general (Colomer, 2009; Swift, 2016). Los sistemas de distribución que están enmarcados en los modelos de justicia representan la forma por medio de la cual se distribuye de forma obligatoria (a partir de los esquemas coercitivos del Estado) los recursos.

Como consecuencia del anterior análisis, la propuesta conceptual que hacemos sobre la democracia sustentable necesariamente pone énfasis en la cuarta pregunta: ¿para qué decidimos y elegimos?

La justificación natural de la existencia del régimen político democrático radica en el mejoramiento del status quo de la población. No obstante, frente a una posible catástrofe ecológica global: “Desde que se publicara por primera vez el informe del estado general del medio ambiente ha seguido deteriorándose en todo el mundo, pese a los esfuerzos en materia de política ambiental desplegados en todos los países y regiones. Esos esfuerzos se ven dificultados por diversos factores, en particular, por las modalidades de producción y de consumo insostenibles en la mayoría de los países y por el cambio climático. En el sexto informe se llega a la conclusión de que las actividades antropogénicas insostenibles realizadas en todo el mundo han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad” (PNUMA, 2019) La democracia sustentable, como toda propuesta conceptual, pone énfasis en las

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siguientes variables al momento de decidir y elegir: a. Reconocimiento de la ampliación geográfica del demos. b. Priorización de soluciones públicas en pro de la conservación de ecosistemas y medio ambiente. c. Ampliación del contexto institucional a seres sintientes (no humanos). d. Reconocimiento de la necesidad de innovación e incorporación de tecnologías.

La ampliación geográfica del demos reconoce una de las condiciones naturales intervinientes en los fenómenos globales: las decisiones en materia medioambiental que se toman en China, por ejemplo, afectan a otros países, por no decir el equilibrio global. Esta dimensión medioambiental de la globalización exige que reconozcamos que las decisiones y elecciones del demos traspasa las fronteras nacionales (Stiglitz, 2002; Swift, 2016).

En ese mismo sentido, es completamente necesario que la comunidad global decida avanzar a partir de un desarrollo económico y social ambientalmente inclusivo y sostenible. Esto implica poner al desarrollo humano, la equidad social y la salud ambiental en el centro de la agenda pública (Castillo, 2019).

Otra de las variables que dan vida a la democracia sustentable, radica en la ampliación del reconocimiento de derechos a formas no humanas (animales). Los animales en estado natural no requieren como tal un reconocimiento de derechos, pues el equilibrio biológico de las cadenas de reproducción y selección natural, disponen de los mecanismos necesarios para la preservación y supervivencia. El reco-

nocimiento de los derechos a los animales es completamente necesario cuando un conjunto de especies depende parcial o totalmente de la intervención humana para su supervivencia. En ese sentido, es obligación de los tomadores de decisiones, elevar a rango de ley “las acciones necesarias a efecto de que cualquier especie animal en contacto con el hombre pueda recibir la protección inherente a sus derechos” para así asegurar su supervivencia y bienestar (Fuentes, 2013).

En esa tesitura, la democracia sustentable requiere el reconocimiento del uso de las tecnologías e innovación en los procesos de toma de decisiones. La complejidad del mundo moderno ha dado pauta para que el trabajo legislativo sea cada día más especializado. Si bien hay un conjunto de temas “superados” por la agenda pública, existen muchos otros que requieren la alta especialización de los tomadores de decisiones. ¿Debemos permitir la modificación genética para el mejoramiento de las condiciones de vida humana? ¿Podemos permitir que la inteligencia artificial nos gobierne en un binomio: aI y seres humanos?

La incorporación de tecnologías para el desarrollo sustentable como: nanotecnologías y agua potable, infonanobiotecnología en agricultura, sistemas híbridos de energía eléctrica, generación distribuida y movilidad eléctrica, biocombustibles en el transporte, economía circular, soluciones digitales, tecnologías de la información y comunicación, así como el uso accesible de satélites (Castillo, 2019).

Finalmente, la democracia sustentable se plantea la necesidad de una nueva categoría conceptual basada en la preservación de la diversidad biológica y ambiental para mantener la integridad actual y futura de los ecosistemas mundiales de los cuales depende la propia supervivencia de la especie humana. Donde la respuesta a la pregunta ¿para qué deciden y eligen? se centre en el mejoramiento de los sistemas socioecológicos (diversidad biológica, océanos, agua, tierra y atmósfera) y que busque continuar con los derechos humanos y animales históricamente adquiridos, pero a su vez tenga como fin último la búsqueda de una población sana en un planeta sano.

Eje 2. Crecimiento económico sostenible.

Objetivos del Desarrollo Sostenible que lo integran.

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Hasta hace unos años, las actividades relacionadas con la innovación, desarrollo e investigación tecnológica estaban relacionadas principalmente con el sector privado y las empresas, dejando a un lado la intervención de los Estados. Hoy en día, los Estados modernos, además de la función regulatoria, se ven envueltos en la necesidad de fomentar la investigación e innovación tecnológica.

En el caso de nuestro país, la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política

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de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella.

En este sentido, el concepto de Estado emprendedor busca garantizar las condiciones necesarias que propicien el crecimiento, no sólo económico, sino también social y cultural de las naciones, impulsado por la innovación y las nuevas tecnologías.

ESTADO EMPRENDEDOR A lo largo de la historia las concepciones y roles del Estado han estado en constante cambio. En muchos países alrededor del mundo la actividad de innovación, desarrollo e investigación tecnológica es vista como una responsabilidad directa de la iniciativa privada o las empresas, por lo que el Estado asume un rol solamente regulatorio, a fin de enfrentar las fallas o distorsiones del mercado.

Los Estados modernos emergieron en Europa occidental y en sus territorios coloniales en los siglos XVIII y XIX. Inicialmente se distinguían de otras formas anteriores de dominación política reclamando una simetría y una correspondencia distintiva entre soberanía, territorio y legitimidad.

La explicación del concepto soberanía era crucial, pues incorporaba una pretensión espacial del legítimo derecho del poder político sobre un dominio circunscrito, es decir, un derecho a la dominación exclusiva en un territorio determinado.

Los Estados modernos se desarrollaron como Estados-nación –cuerpos políticos separados tanto del gobernante como del gobernado, con suprema jurisdicción sobre un área territorial demarcada, respaldados por el derecho al monopolio del poder coercitivo, y con la legitimidad que les otorga la lealtad o el consentimiento de sus ciudadanos–. Las principales in-

novaciones del Estado-nación moderno – territorialidad que fija fronteras precisas, control monopolístico de la violencia, estructura interpersonal del poder político y reclamación de legitimidad sobre la base de la representación – marcaron sus propiedades definitorias. (Held & Mazzuca, 1997).

El poder regulador de estos Estados se expandió durante todo el período moderno, creando sistemas de poder unificado en territorios delimitados, una administración centralizada, mecanismos concentrados de administración fiscal y distribución de recursos, nuevos tipos de legislación y de ejecución de la ley, ejércitos profesionales permanentes, una capacidad bélica concentrada y, de forma concomitante, complicadas relaciones formales entre Estados mediante el desarrollo de la diplomacia y de instituciones diplomáticas (Held & MacGrew, 2003).

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Todos estos factores característicos de los Estados-nación de la Europa occidental de esa época, con la llegada de las prácticas globalizadoras, dieron un giro trascendental en las dimensiones de las instituciones estatales y sobre todo en la redefinición del papel del Estado, que veremos más adelante.

Bajo esta tesitura, el Estado es percibido como un agente ralentizado y burocrático de manera que se convirtió en una profecía auto-cumplida. La distorsión en el discurso económico dominante sobre el rol del Estado ha llegado a considerarlo como enemigo del sector privado, como un agente económico que inhibe y desplaza (crowding-out) las acciones del sector privado. (Mazzucato, 2014).

Durante mucho tiempo se ha relegado al Estado a ser, meramente, un ente regulador, que no es capaz de generar productos sofisticados, con valor agregado o innovadores. En este rol regulatorio e incapaz, el Estado, limita su acción a la construcción de un espacio público en el cual el sector privado se desarrolla en libre competencia, con igualdad de opor-

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tunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad, sin que éste deba realizar inversiones arriesgadas e inciertas para fomentar la innovación.

En el caso mexicano, el rol inactivo del Estado en la inversión de nuevas tecnologías y en la creación de nuevos mercados, es lo que ha estancado la innovación y el crecimiento económico. “No es probable que se supere la intensa crisis económica con medidas de austeridad ni con la expectativa de que la “normalidad” volverá con el rescate de los bancos”. (Pérez, 2014).

Debemos enfrentar el desafío adaptativo y transitar de un Estado paternalista a un Estado arriesgado, que innova y emprende.

Debemos pasar de la concepción clásica de Estado como: “organización política de la sociedad que se estructura y rige por un orden jurídico definido y aplicado por un poder soberano dentro de un territorio determinado” (Bobbio, Matteuci y Pasquino;1981:345), a lo que proponemos en estas líneas, como un Estado emprendedor; es decir, ver al Estado como un ente que asume el compromiso de desarrollar tecnologías novedosas. En palabras

de Mazzucato (2014) “el Estado no es mero corrector de las fallas del mercado, sino que es también creador de riqueza y motor de innovación”.

El concepto de Estado emprendedor acuñado por Mazzucato, va más allá de una organización política o social que garantiza la libre competencia de los mercados; es un Estado que se hace cargo de las inversiones más arriesgadas de la economía y apuesta todo por la innovación. Un Estado es emprendedor cuando puede y está dispuesto a invertir en áreas de extrema incertidumbre, En el nuevo modelo de Estado emprendedor, la innovación es un proceso colectivo, no sólo económico, sino también social y cultural. Como actor fundamental en el desarrollo de innovación, el Estado genera inversiones en infraestructura física y humana que sería imposible desarrollar por medio de la fuerza laboral o empresarial, y además otorga subsidios de inversión a esos mismos actores para que ellos puedan participar del proceso de innovación.

El Estado se convierte en un guía que crea, respalda y fomenta la inversión. (Mazzucato, 2015).

Hoy, los países de todo el mundo buscan un crecimiento económico impulsado por la innovación y la tecnología, buscan un crecimiento más inclusivo y sostenible. Esta hazaña requiere repensar el rol del Estado y generar un nuevo enfoque para la creación de las políticas públicas, como lo argumenta Mazzucato en su artículo titulado: “Building the Entrepreneurial State: A New Framework for Envisioning and Evaluating a Mission-oriented Public Sector”: “El capitalismo moderno enfrenta grandes desafíos sociales, incluyendo el cambio climático, el desempleo juvenil, la obesidad, el envejecimiento y la creciente desigualdad. Estos cambios han

creado una nueva agenda para la innovación y la política de crecimiento, lo cual requiere que los formuladores de políticas “piensen en grande” sobre qué tipo de tecnologías y políticas socioeconómicas pueden cumplir visiones ambiciosas para hacer que el crecimiento sea más inteligente, inclusivo y sostenible…”.

El Estado debe asegurar las condiciones necesarias para detonar el desarrollo.

Pasar de un Estado interventor a un Estado emprendedor. Esto se logra cuando el gasto público se orienta a potenciar las competencias de sus poblaciones, e incorpora tecnologías que simplifican y mejoran los procesos productivos.

En esa tesitura, el Estado emprendedor representa la materialización del esfuerzo y la detonación del cambio institucional, por medio de incorporar variables de alta incidencia en el desarrollo. Es decir, un concepto y cambio que pretende ser sustentable, viable, incluyente e innovador.

A las interrogantes de ¿cómo podemos innovar desde el sector público? y ¿cómo emprendemos el viaje hacia un Estado emprendedor?; para responder estas interrogantes, las organizaciones del sector público adquieren una importante relevancia, para lo cual usaremos dos conceptualizaciones básicas propuestas por Ronald Heifetz y Marty Linsky, profesores de la Universidad de Harvard.

Para Ronald y Marty, todas las organizaciones atraviesan, mínimamente, por dos desafíos: los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos. Los primeros representan las disposiciones humanas o materiales que se requieren para cumplir o alcanzar un objetivo: computadoras, mobiliario, número de personal adecuado, servicios telefónicos o internet. En cambio, el desafío adaptativo representa los paradigmas que modulan la conducta del funcionario público o miembro de la

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organización. Dicho de otra forma, el desafío adaptativo constituye un cambio de visión, una modificación en la inteligencia emocional de los miembros de la organización, e implica una salida de su zona de confort (R. Heifetz, Grashow, & Linsky, 2012; R. A. Heifetz & Linsky, 2003).

Podemos decir entonces, que el Estado tiene en sus manos la generación de proyectos estratégicos, a través de la innovación y simplificación de procesos administrativos, desarrollos de aplicaciones web o móviles, y el uso de nuevas tecnologías más eficientes y económicas. Algo en lo que pocas entidades federativas han incursionado por el miedo al rechazo o la falta de aplicación por parte de los usuarios. Pero la buena voluntad de inversionistas, socios y del propio gobierno no es suficiente para realizar un cambio social innovador y profundo. Se requiere más.

Es por ello, que debemos poner atención en aquellos proyectos cuyo desafío central implique un cambio de paradigmas, es decir: un desafío adaptativo. En este sentido, el Estado debe incentivar a los agentes económicos para la creación de nuevos métodos de producción y distribución. Dichos incentivos deben ir más allá

de subsidios o exenciones fiscales para la creación de nuevas empresas, en esta etapa, el Estado se convierte en promotor de la innovación por medio de inversiones en tecnología y en áreas que necesitan modernizarse.

En México existen sectores que requieren de una inversión directa del Estado para su modernización. Es una realidad que la misión de nuestro país aún no recae en sectores como la biotecnología, la nanotecnología o la carrera espacial, pero esto no significa que el Estado no tenga la capacidad para desarrollarlos, sino que existen sectores más inmediatos que demandan la innovación del Estado. Por ejemplo, la infraestructura para el tratamiento y distribución del agua potable, la inversión en energías limpias y renovables, el manejo y disposición de los residuos sólidos, entre otros. Apostar por estos desafíos, asumiendo las inversiones arriesgadas, es una forma de innovar desde el sector público.

Un Estado emprendedor debería enfocarse en cómo transformar los desafíos sociales –la inequidad, el cambio climático, el envejecimiento poblacional– en metas concretas que la innovación pueda resolver.

Esquema 1. Institucionalización de la innovación

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez, C. (2014). Prólogo. En M. Mazucato (Ed.), El Estado Emprendedor (pp. 12). Barcelona: Anthem Press.

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El camino a la innovación en el sector público requiere emprender, financiar y desarrollar investigaciones que sirvan para ofrecer nuevos bienes y servicios en los

mercados. Como lo demuestran los argumentos de Mazzucato (2014), el Estado ha generado actividad económica que de otro modo no habría tenido lugar.

Eje 3. Instituciones sólidas con alianzas duraderas.

Objetivos del Desarrollo Sostenible que lo integran.

Uno de los problemas que más aqueja a la sociedad y a las instituciones públicas en la actualidad es la desconfianza de la población hacia sus autoridades e instituciones, derivado principalmente del fenómeno de la corrupción. La corrupción no sólo afecta los recursos económicos del Estado, de igual forma genera una inequidad de oportunidades para los individuos.

Los ODS contemplados en este eje constituyen un compromiso de coordina-

ción entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para lograr el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos.

Siendo así, la integridad pública como estrategia para combatir la corrupción pretende ponderar los intereses del Estado y de la colectividad por encima de aquellos intereses individuales que pueden causar graves perjuicios a los derechos de una sociedad.

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INTEGRIDAD PÚBLICA ¿Qué son las instituciones? Una institución es una norma, es decir, un conjunto de ordenamientos formales e informales que buscan regular la conducta humana. Las instituciones formales, son reglas escritas como nuestra Constitución y las leyes y códigos que de ella emanan. Por su parte, las reglas informales no están escritas: como el noviazgo, por ejemplo.

Y ¿para qué sirven las instituciones?

Bien. Esto es lo interesante. Para el premio Nobel de economía, Douglas North (1993), los seres humanos creamos instituciones para reducir el margen de incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre?

Simplemente no saber qué va a pasar.

Imaginemos esto: el camión en Toluca vale 10 pesos. Gracias a que existe una institución, es decir, un conjunto de reglas formales, el costo del camión es el mismo en el viaje de ida y de regreso. A partir de ese diseño social, nosotros tenemos la certeza de que el costo será igual y quienes hagan lo contrario serán sancionados o multados. Las instituciones entonces se crean para que tengamos una dinámica social más armónica, estable y próspera.

Para algunos autores, como el clásico Thomas Hobbes, la ausencia de instituciones implica un Estado de naturaleza donde la miseria y la guerra de todos contra todos es la que reina (Bobbio, 1992). Imaginen

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un mundo donde nadie puede proteger tu libertad, dignidad, vida o propiedades.

Quizá te preguntes si esto es viable o es únicamente una aportación filosófica sin sentido. Pues todo esto es real y posible.

Al respecto, nuestro galardonado filósofo lo observó en 3 momentos en la historia de la humanidad: 1) en las relaciones internaciones, 2) en las guerras civiles, y 3) en las civilizaciones antiguas.

Es complejo entender por qué creamos instituciones para reducir el margen de incertidumbre, mas es una conducta humana típica. Inventamos la ciencia para no vivir en la incertidumbre de muchos fenómenos físicos y sociales. Un ejemplo, son los avances de la medicina: gracias a la ciencia médica, en el último siglo hemos duplicado la esperanza de vida y hoy pocas enfermedades pueden generar grandes pandemias como las que el siglo pasado mermaron a la humanidad (Harari, 2016).

¿Y Cómo se destruyen las instituciones?

Para uno de los grandes filósofos del lenguaje, John Searle (2014), de la universidad de Berkley, California, la especie humana es la única que puede crear funciones de estatus. ¿Y qué es una función de estatus? Es una transformación de las propiedades físicas de las personas u objetos. Dicho de otra forma: gracias a una función de estatus, un trozo de papel puede convertirse en un título universitario, un billete o un nombramiento. Y ¿qué está detrás de estas funciones de estatus? la creencia. Las instituciones son muy débiles: si dejamos de creer en la importancia que tienen al momento de reducir el margen de incertidumbre o como mecanismos para mejorar nuestra calidad de vida.

Sin instituciones quedamos a la merced del gobierno de los humanos: de hombres y mujeres. A expensas de emociones y prejuicios. Porque el diseño institucional está configurado de forma racional y no emocional. Con principios impersonales que permiten lo que la naturaleza nos negó: la igualdad. Imagínate que al vulnerarse las instituciones un gobernante decide sólo apoyar a quienes piensan igual que él y negar el apoyo institucio-

nal a quienes difieren. Por ello, debemos hacer del cumplimiento de la ley nuestro dogma, porque tenemos el Derecho Humano al buen gobierno y porque sin importar las diferencias sociales, preferencias ideológicas o cualquier diferencia genética o social, los seres humanos requerimos instituciones que nos permitan vivir más y mejor.

En nuestro país, así como en la mayoría de los países de América Latina, el nivel de desigualdad es alto, la mayoría de los ciudadanos no perciben los avances y desconfían cada día más de sus gobiernos.

Esta creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas que han de representarlos podría deberse, en una primera instancia, al fenómeno de la corrupción. ¿Pero que es la corrupción?

La corrupción como tal es una conducta moral a la que se le imputan una serie de actos punibles. Como tal, el Código Penal carece de una sanción a la corrupción; mas cuenta con una serie de tipificaciones a actos relacionados a esta como son el cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como enriquecimiento ilícito.

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No obstante, la conducta de la corrupción y sus delitos asociados cobran más de lo que uno imagina. La corrupción es corrosiva y “perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución del ingreso, y socavando las oportunidades de participar equitativamente en la vida social, económica y política”(OCDE, 2017).

Los escándalos de corrupción, que tocaron a casi todos los países del continente en los últimos años, refuerzan la desconexión creciente entre los ciudadanos y sus gobiernos. Un dato alarmante es que el 75% de los latinoamericanos percibe que sus países están gobernados por unos cuantos grupos poderosos que actúan en beneficio propio.

gridad, como el financiamiento político, un servicio civil basado en el mérito, un sólido régimen de control y un sistema de coordinación entre las entidades de gobierno.

La experiencia demuestra que para combatir la corrupción es fundamental un sistema de integridad sólido y transversal, que involucre al sector privado y a la sociedad en su conjunto. La integridad, como promotora de confianza, es la piedra angular de la gobernanza pública.

Los 4 actos de corrupción que más nos perjudican son: 1. Tráfico de influencias.

2. Malversación de bienes públicos.

Para avanzar en la lucha contra la corrupción, es imperioso promover un cambio sistémico, que reconozca y fortalezca las prioridades actuales en materia de inte-

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3. Uso de información confidencial.

4. Abuso de poder.

Prevenir, investigar y sancionar la corrupción requiere un enfoque de múltiples actores y múltiples niveles. Por lo general, varias instituciones tienen mandatos y funciones relacionadas con aspectos que son necesarios para avanzar en esta área (OCDE, 2018).

La integridad pública es una estrategia contra la corrupción. La integridad pública se refiere a la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público (OCDE, 2017). Es una alineación armónica entre la conducta moral, individual y el actuar institucional.

La integridad es esencial para construir instituciones sólidas y asegura a los ciudadanos que el gobierno está trabajando en su interés, no sólo para unos pocos. La integridad no es sólo una cuestión moral, también se trata de hacer las economías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Se trata de restablecer la confianza, no sólo confiar en el gobierno, sino confiar en las instituciones públicas, los reguladores, los bancos y las empresas. Es decir, un actuar honesto y con visión, basado en la confianza recíproca entre todos los integrantes de una sociedad.

Porque la ciudadanía y las empresas deben sentirse seguros de que viven y trabajan en un contexto de igualdad de condiciones y de oportunidades, donde la meritocracia y el esfuerzo, no las conexiones o los sobornos, determinan las oportunidades.

Asimismo, cuando se habla de integridad en el sector público es necesario ir más allá de la mera ausencia de delito o del cumplimiento estricto de las leyes. Inte-

gridad implica que los encargados de gestionar lo público, no sólo cumplan con el mínimo requerido por las leyes, sino que rijan su comportamiento conforme a valores y estándares de conducta bien definidos y comunes a toda la administración, con el objetivo de dar siempre prioridad al interés público por encima del privado (Bobbio, 1989).

Como sociedad, debemos asegurar que los valores y estándares de conducta en el servicio público sean aprendidos e implementados de manera efectiva esto es una condición necesaria para revertir el declive de la confianza en los gobiernos.

En este sentido la integridad, como promotora de confianza, es la piedra angular de la gobernanza pública. Sin confianza en el sistema, se corre el riesgo de que los ciudadanos se desvinculen de sus deberes cívicos y no encuentren incentivos para involucrarse en asuntos políticos o responder a sus obligaciones fiscales.

La integridad pública es una respuesta estratégica y sostenible contra la corrupción. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública ofrece a los responsables políticos una visión estratégica de la integridad pública (OCDE, 2017). Cambia políticas de integridad ad hoc por políticas que tienen en cuenta el contexto donde se aplican, utilizando un enfoque conductual y de gestión de riesgos y haciendo especial énfasis en promover una cultura de integridad en toda la sociedad.

Las tres dimensiones de un sistema de integridad pública son: 1. UN SISTEMA DE INTEGRIDAD COHERENTE Y COMPLETO: las recomendaciones en esta sección incluyen el compromiso y la ejemplaridad de funcionarios públicos de alto

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rango y la aclaración de responsabilidades entre los diferentes actores para que el sistema sea eficiente.

2. UNA CULTURA DE INTEGRIDAD PÚBLICA: la recomendación sugiere anclarlo en una perspectiva de toda la sociedad, incluido el sector privado y los actores de la sociedad civil, y en el sector público, mediante la adopción de medidas y la creación de instru-

mentos que promuevan una cultura institucional de transparencia 3. UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFICAZ: la recomendación exige la creación de instrumentos de rendición de cuentas, en particular vinculados a la auditoría interna y la gestión de riesgos, además de mecanismos represivos y de supervisión externa por parte de las agencias reguladoras.

Dimensiones de la Integridad Pública

Fuente: elaboración propia a partir de “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública”, 2017.

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Por lo anterior, un sistema de integridad pública optimizará su potencial, si se basa no sólo en el cumplimiento de normas y reglamentos, sino también en la creación e implementación de valores públicos y estándares de conducta comunes a toda la administración.

Para lograr el cambio, las acciones deben ir más allá del Ejecutivo y tomar en cuenta a los cuerpos Legislativo y Judicial y su rol

vital en asegurar la integridad dentro de los países.

La OCDE en sus recomendaciones reconoce la importancia de que los gobiernos involucren a toda la sociedad en el desarrollo e implementación de los sistemas de integridad, al sector privado, la sociedad civil y los particulares. Al otorgar al público una voz, se puede mejorar la confianza en el sistema de integridad pública.

El Sistema de Integridad Pública está integrado por:

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía.

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Las 5 piezas clave para formar una Cultura de Integridad Pública:

Los 4 elementos para una rendición de cuentas eficaz:

1. Sociedad: empresas, individuos y actores no gubernamentales defienden la integridad.

1. Gestión de riesgos: existe un sistema eficaz de administración y control de riesgos de integridad en los organismos del sector público.

2. Liderazgo: los directivos guían con integridad a los organismos.

3. Meritocracia: el sector público procura emplear individuos profesionales y cualificados que tengan compromiso con los valores de integridad.

4. Formación: los servidores públicos cuentan con habilidades y capacidades necesarias para aplicar normas de integridad.

5. Apertura: los planteamientos de integridad son discutidos abierta y libremente en el lugar de trabajo.

2. Sanción: la corrupción y otras violaciones a la integridad son detectadas, investigadas y sancionadas.

3. Supervisión: órganos de supervisión, agencias de cumplimiento normativo y tribunales administrativos llevan a cabo actividades de control externo.

4. Participación: un gobierno transparente y abierto permite la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo e implementación de las políticas públicas.

Eje 4. Inclusión equitativa y combate a las desigualdades.

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La violación de derechos humanos es una de las problemáticas más visibles en la actualidad. El acceso a los servicios de salud, educación y alimentación son algunos de los derechos más propensos a ser violentados y son los que más aquejan a las personas y su bienestar.

Estos ODS, a través de diferentes acciones como la implementación de nuevas prácticas agrícolas, el financiamiento eficiente a los sistemas de salud, entre otros, pretenden garantizar la protección por parte

de los Estados a ciertos grupos vulnerables, con la finalidad de lograr la igualdad de acceso a servicios básicos y erradicar la discriminación.

En este tenor, la seguridad humana pondera la protección de la persona humana y sus derechos fundamentales, dejando a un lado la protección al Estado y otros conceptos relacionados con él, como la soberanía y la autodeterminación. De esta forma lograremos el bienestar de los individuos.

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INSTRUCCIONES PARA COLABORADORES El Ecologista, Periódico Oficial del Partido Verde Ecologista en el Estado de México, es una publicación trimestral, editado y distribuido por el mismo Partido, cuyo propósito es publicar y difundir trabajos de investigación originales e inéditos en el área de la Ciencias Sociales que contribuyan al avance de la investigación en nuestro país, al tiempo que sean referentes para entender mejor la realidad social y política de México, América Latina y el mundo. Las colaboraciones publicadas serán: 1. Artículos de investigación: productos de investigaciones empíricas con el adecuado fundamento teórico. Deberán tener la siguiente estructura: introducción, metodología empleada, marco conceptual, desarrollo, resultados obtenidos, conclusiones y bibliografía.

El periódico está dirigido a un amplio y variado público, entre los que destacan: académicos, investigadores, estudiantes universitarios, funcionarios públicos, actores sociales y representantes populares.

Normas de publicación 1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos.

2. Todas las colaboraciones deberán entregarse en versión electrónica bajo las siguientes características: a. Extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 12; escrito con letra Arial

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de 12 puntos, con interlineado de 1.5; márgenes: izquierdo y derecho de 3 centímetros; superior e inferior de 2 centímetros.

3. Las citas y referencias bibliográficas deberán incluirse en el cuerpo del texto, bajo el estilo de redacción de la American Psychological Association (APA). De manera ilustrativa, se ofrecen los siguientes ejemplos: Entre paréntesis: Apellido(s) del autor(es), año de edición de la obra y número de página. Ejemplo: Sobre la nulidad de las elecciones hay muchos autores que ofrecen argumentos convincentes, sin embargo “es Andreas Von Thur quien ofrece una mejor defini-ción de la naturaleza de la nulidad, alejada de las nociones de sanción o pena, para fines electorales” (Ackerman, 2012:46).

Cuando en el cuerpo del texto se mencione algún elemento de la ficha, en la referencia sólo se asentarán los datos complementarios. Ejemplo:

Respecto a la democracia, Sartori (2008) ha escrito…

También Norberto Bobbio (2000) ha escrito sobre la relación entre democracia y liberalismo.

Respecto a las notas a pie de página, éstas deberán ser exclusivamente explicativas.

4. Al final del texto deberá incorporarse un listado completo de la bibliografía empleada, alfabéticamente ordenada y con sangría francesa, en el siguiente orden: a. Libros: Apellido(s), Nombre(s) (año de publicación). Título de la obra en cursiva, Ciudad de publicación y editorial(es). b. Capítulos de libros: Apellido(s), Nombre(s) (año de publicación).

“Título del capítulo entre comillas”, en Nombre(s) (ed. o eds. / comp. o comps.), Título de la obra en cursivas, Ciudad de publicación, editorial(es) y páginas que comprende.

c. Artículos en revistas: Apellido(s), Nombre(s) (año de publicación).

“Título del artículo entre comillas”, Título de la publicación en cursivas, vol., núm., periodo de la edición y páginas que comprende el artículo. d. Páginas electrónicas: al igual que los artículos en revistas, agregar la fecha de consulta después de la dirección electrónica del sitio consultado. Ejemplo: Müller Creel, Oscar A. (2012). “La responsabilidad civil del servidor público en el combate a la corrupción”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año LVII, núm. 214, enero-abril de 2012, pp. 165-185. Disponible en http:// http://www.revistas.unam.mx/ index.php/rmspys [7 de noviembre de 2012].

Las colaboraciones deberán enviarse al Consejo Editorial del Partido Verde Ecologista de México, Estado de México, al correo electrónico: hola@partidoverdeedomex.org, indicando que desean ser publicados en El Ecologista.