Democracia sustentable

El Partido Verde Ecologista tiene una historia de lucha, de persistencia y de esfuerzo; dentro de un país con tantas necesidades y carencias que requieren de atención inmediata no ha sido fácil permear en la agenda política temas medio ambientales, sin embargo, quienes luchamos por un México sustentable sabemos que no cuidar el medio ambiente es generar aún más pobreza, más desigualdad y más crisis que en algún punto serán irreversible. bate a las desigualdades.

Existe una ruta clara para el futuro de los verdes ecologistas en México, basados en la Agenda 2030, al ser el instrumento internacional vinculante que está acorde con nuestra ideología, principios y principios de acción.

La Agenda 2030contempla17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)queinciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Asimismo, buscanponer fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Esta agenda sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la comuniorganismos de la sociedad civil, academia y el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Para los efectos de este documento, con la finalidad de vincular y alinear nuestros objetivos como partido político con lo establecido por la Agenda 2030 a nivel internacional, hemos organizado los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en cuatro ejes: 1. Decidir y elegir para otras formas de vida; 2. Crecimiento económico sostenible; 3. Instituciones sólidas con alianzas duraderas; 4. Inclusiónequitativa y comdad internacional, los gobiernos, así como

Eje 1.Decidir y elegir para otras formas de vida.

Objetivos del Desarrollo Sostenibleque lo integran.

En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que ha sufrido el medio ambiente, debido, principalmente, al aumento de la población humana y la falta de regulación y estrategias gubernamentales para garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas encaminadas a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Los ODS que integran el eje de sostenibilidad ambientalconsideran acciones para lograr el desarrollo sostenible de las sociedades, velando siempre por la protección y el cuidado del medio ambiente.

En este orden de ideas, la democracia sustentable, como propuesta conceptual para el Futuro Verde, pretende asegurar la supervivencia humana y el reconocimiento de derechos a otras formas de vida no humanas, como los animales. Buscamos garantizar el desarrollo sustentable a través de la toma de decisiones enfocadas en la preservación de la diversidad biológica y ambiental, mediante la incorporación de tecnologías limpias, una mejor planificación y gestión urbana, así como el consumo y la producción sostenible.

Como toda sociedad, la idea sobre la democracia ha evolucionado desde su concepción original. Históricamente la humanidad ha sido testigo de cómo el concepto de democracia y muchos otros conceptos, se han ido adjetivando paulatinamente. El concepto de democracia evolucionó hasta llegar al término que hoy proponemos de “democracia sustentable”. En ese vaivén histórico, las relaciones entre la política y el mercado, así como las relaciones entre la política y la sociedad, han determinado la creación de “modelos de democracia” cuyo énfasis cambia de acuerdo con el periodo histórico en cuestión. En ese sentido, el modelo de democracia si bien está impregnado de sus versiones anteriores, el modelo emergente como el que proponemos busca integrar las problemáticas actuales y aquellas situaciones coyunturales a las cuales los modelos anteriores no logran responder.

El concepto de democracia sustentable surge a partir de una serie de fenómenos globales que modificaron la forma en la que decidimos y elegimos (Pérez, 2014; Ugarte, 2007). Los espacios donde lo hacemos, también se han visto afectados: pasamos del Ágora al Facebook (Serrano, 2014). Asimismo, las causas por las cuales decidimos y elegimos han evolucionado en tanto que la ciencia y las instituciones gubernamentales logran prolongar la esperanza de vida y superar los problemas del pasado (Harari, 2018).

Los avances científicos y las estructuras institucionales han permitido que acalorados debates que anteriormente eran el trending topic de la agenda pública, hoy sean un programa más de los que ofrece cada gobierno. El crecimiento y cambio de organización de las comunidades políticas, la sofisticación de la toma de decisiones, la aparición de la web 2.0 y los problemas medioambientales, así como los fenómenos de la globalización (Stiglitz, 2002), son algunas de las causas que han modificado la concepción “moderna” o “tradicional” sobre la democracia. ¿Pero cuál es la democracia “tradicional” o “moderna”?

La democracia tiene dos clasificaciones genéricas: la democracia como método; y la democracia como régimen político (Morlino, 2005).

La democracia como método es el modelo de toma de decisiones más próximo al ciudadano (Bobbio, 2001; Held, 2007; Sartori, 2007). Busca que los individuos agrupados en comunidades políticas (cabildos, cámaras, partidos, parlamentos o simplemente familias), elijan y decidan a partir de la regla de la mayoría, en un contexto: pacífico, incluyente, igualitario, escrutable e informado (Morlino, 2005; Przeworski, 2010; Schmitter & Karl, 1991). Desde esta visión, la democracia tradicional o moderna se entiende como un método para decidir y elegir, en un contexto pacífico, incluyente, igualitario, escrutable e informado.

Antes de continuar con la segunda clasificación de democracia como régimen democrático, es necesario analizar la definición sobre régimen político. Porque el concepto de régimen democrático está integrado por el concepto de “régimen político” más el concepto de democracia como “método”. En ese sentido, también es importante el conocimiento de las condiciones necesarias que se requieren para implementar un régimen democrático.

Régimen político en lo general. Para Guillermo O’Donnell (2013), un régimen político es:

“Por régimen entiendo los estándares formales e informales, explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones del gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de dicho acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales se produce dicho acceso y por las cuales se toman decisiones gubernamentales”.

La democracia moderna de manera absoluta es el régimen político donde todos, o la mayoría, deciden y eligen (ya sea directamente o a través de intermediarios, a quienes también eligen). De aquí que el demos u organización política básica, está ampliamente representada y delimitada por las condiciones de la ciudadanía.

Segundo. El demos ¿en qué espacios puede decidir y elegir? Para los teóricos modernos de la democracia, el demos que cumpla con las condiciones de la ciudadanía puede decidir y elegir en todos aquellos espacios que se consideran públicos (Fernández, 2003). El demócrata prome-

dio, preferirá siempre que las organizaciones públicas (es decir aquellas que tienen como principio procurar el bien común), se circunscriban bajo el método democrático. A mayor penetración del método democrático en las organizaciones públicas, mayor estabilidad del régimen (Linz, 2009). No obstante, esto no es limitativo del espacio público, la esfera económica, la esfera social, e incluso realidades virtuales y aumentadas exigen que las decisiones y elecciones que toman los ciudadanos se sometan a un método democrático.

No obstante, quienes eligen y dónde lo hacen, no determina un régimen democrático en su totalidad. Existe una tercera condición necesaria para poder diferenciar un régimen democrático del que no lo es.

Tercero. ¿Bajo qué diseño institucional el demos elige y decide? Esta respuesta, a diferencia de las anteriores, cuenta con amplio debate académico. Las teorías dominantes, así como las diferentes propuestas emanadas de las ciencias sociales, debaten para lograr identificar aquellos contextos que favorecer o permiten la decisión por medio del método democrático.

En una democracia, el demos debe contar con un conjunto de contextos mínimos para poder decidir y elegir. Estos contextos, pueden ser resultado de procesos históricos de liberalización o consecuencia de la decisión directa de la propia organización política. Son procesos y condiciones derivadas de otros movimientos ideológicos y sociales; o por adaptación racional del legislativo dentro del cuerpo normativo supremo. Es decir, gracias a la teoría del cambio institucional, podemos identificar dos formas para alcanzar los contextos institucionales (formales o informales) que pueden determinar la existencia o caída de un régimen democrático. Primero, tenemos contextos que son resultado de acciones disruptivas, tales como revoluciones o guerras civiles; o segundo, por el proceso reformador natural de las propias instituciones políticas (North, 1993; Panebianco & Trinidad, 1990).

Independiente del origen (disruptivo o reformador), estas situaciones contextuales son acumulativas, es decir: una vez identificado y adoptado el criterio contextual dentro del diseño normativo supremo, se orienta la conducta para que los individuos se obliguen a cumplir o guiarse de acuerdo con el propio criterio adoptado. Para el lenguaje jurídico estos criterios contextuales representan los principios de los derechos humanos, los cuales son: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (CNDH, 2016). ¿Bajo qué criterios institucionales lo hacen? Obliga a revisar el nivel de liberalización de las sociedades (Berlin, 2001; Bobbio, 1989; Linz, 2009). En ese sentido, y hablando exclusivamente de los criterios contextuales producto de la liberalización, el demos debe contar con:

1. División de funciones de gobierno. El poder del Estado debe ser distribuido a partir de sus funciones en diferentes individuos y/o grupos de ellos. La función ejecutiva, legislativa y judicial debe tener plena autonomía para poder generar políticas y en ningún caso debe compartir de jure el poder con otros órganos. 2. Reconocimiento y protección de libertades mínimas. El proceso democrático (entendido este como el conjunto de etapas institucionalizadas para deliberar) requiere que la ciudadanía o demos tenga: libertad de asociación, pensamiento, expresión, tránsito y, sobre todo, total seguridad de que sus libertades, así como su dignidad e integridad física, no se verán afectadas si una parte del demos o un sujeto en específico decide disentir de la posición mayoritaria. Asimismo, la misma dinámica democrática exige pluralidad en cuanto a los medios de comunicación e información a los cuales el individuo puede acceder para argumentar una mejor posición. El cambio de posturas, así como el reconocimiento de los derechos de quienes piensan diferente es una condición necesaria para poder introducir un método democrático.

Este criterio contextual liberal, nos permite identificar aquellos regímenes propensos a la democratización o incluso a la no-democratización. Cuando las libertades individuales comienzan a verse sofocadas por poderes fácticos, grupos de individuos o incluso por los propios órganos o titulares de los poderes del Estado, se enuncia una transición a regímenes no democráticos. Asimismo, la propia Ciencia Política determina que, sin liberalización, no puede existir democratización (Bobbio, 1989; Linz, 2009).

Antes de continuar con la cuarta dimensión que determina las características de un régimen político (¿para qué deciden o eligen?), a esta altura el lector puede vislumbrar la receta para construir un régimen democrático. En primera cuenta es donde deciden y eligen todos o la mayoría; donde los espacios para decidir y elegir no se limitan a los espacios públicos, sino que tienen un crecimiento paulatino a las diferentes esferas humanas; donde existe una división de poderes y existe una amplia inclusión de libertades individuales en los cuerpos normativos. Todo ello, independiente del motivo para lo cual deciden o eligen. Por tanto, un régimen democrático se entiende como el conjunto de instituciones o reglas formales que permiten el acceso y permanencia de los diversos actores políticos al ejercicio del gobierno por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas a partir de la regla de la mayoría donde existe competencia política y las libertades del demos están plenamente reconocidas y protegidas (Dahl, 2009; O’Donnell, 2013; TEPJF, 2002; Tovar, 2009).

El rompecabezas está completo y que sin importar la razón o causa para lo cual el demos decide o elige, mientras sea el mayor número de individuos quien decida y elija (ya sea de forma directa o indirecta), en la mayor cantidad de espacios (físicos o virtuales) y con pleno reconocimiento y protección de sus libertades (formales e informales); el modelo estará terminado. Lamentablemente esto no es así. La cuarta pregunta “¿para qué deciden o eligen?” por insignificante que parezca es la piedra angular de los regímenes democráticos, así como las funciones cognitivas son del método democrático.

La calidad de las elecciones y decisiones, así como las consecuencias que estas conllevan son condiciones necesarias en el régimen democrático.

Tener contextos institucionales favorables, no implica decisiones o elecciones que mejoren las condiciones de vida para el demos en general. Aquí es donde se pueden observar regresiones a modelos no democráticos y donde se pueden tomar decisiones contrademocráticas. El régimen democrático es muy frágil y requiere que los científicos y filósofos sociales tengan plena conciencia sobre ¿para qué se decide o elige?

Cuarto. ¿Para qué deciden o eligen? Como se comentó al inicio de este capítulo, las relaciones entre la esfera política y las otras esferas de la vida determinan la creación de conceptos dentro de las ciencias. En cambio, cuando hablamos de un régimen político, estas mismas relaciones configuran el motivo de la decisión y elección. Lo que para la ciencia representa una nueva categoría conceptual, para el régimen democrático representa una nueva justificación para decidir y elegir. A partir de ello, se generan modelos de democracia. Por ejemplo: cuando las relaciones entre la esfera política y la esfera económica cambian, además de generarse un nuevo concepto, se crean dentro del régimen democrático nuevas causas para decidir y elegir. Así entonces, la socialdemocracia buscaba en su momento orientar las decisiones y elecciones en pro de los derechos sociales y de los trabajadores ante las crisis que se generaron a principios del siglo XX, lo cual orientó que los

poderes del Estado decidieran y eligieran en pro de modelos de economía política intervencionistas.

En esa tesitura, la cuarta pregunta encuentra sus respuestas en los métodos de distribución de bienes, posesiones, servicios y derechos que el sistema político tiene a su alcance para aumentar el estatus quo de la población general (Colomer, 2009; Swift, 2016). Los sistemas de distribución que están enmarcados en los modelos de justicia representan la forma por medio de la cual se distribuye de forma obligatoria (a partir de los esquemas coercitivos del Estado) los recursos.

Como consecuencia del anterior análisis, la propuesta conceptual que hacemos sobre la democracia sustentable necesariamente pone énfasis en la cuarta pregunta: ¿para qué decidimos y elegimos? La justificación natural de la existencia del régimen político democrático radica en el mejoramiento del status quo de la población. No obstante, frente a una posible catástrofe ecológica global:

“Desde que se publicara por primera vez el informe del estado general del medio ambiente ha seguido deteriorándose en todo el mundo, pese a los esfuerzos en materia de política ambiental desplegados en todos los países y regiones. Esos esfuerzos se ven dificultados por diversos factores, en particular, por las modalidades de producción y de consumo insostenibles en la mayoría de los países y por el cambio climático. En el sexto informe se llega a la conclusión de que las actividades antropogénicas insostenibles realizadas en todo el mundo han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad” (PNUMA, 2019)

La democracia sustentable, como toda propuesta conceptual, pone énfasis en las siguientes variables al momento de decidir y elegir:

a. Reconocimiento de la ampliación geográfica del demos.

b. Priorización de soluciones públicas en pro de la conservación de ecosistemas y medio ambiente.

c. Ampliación del contexto institucional a seres sintientes (no humanos).

d. Reconocimiento de la necesidad de innovación e incorporación de tecnologías.

La ampliación geográfica del demos reconoce una de las condiciones naturales intervinientes en los fenómenos globales: las decisiones en materia medioambiental que se toman en China, por ejemplo, afectan a otros países, por no decir el equilibrio global. Esta dimensión medioambiental de la globalización exige que reconozcamos que las decisiones y elecciones del demos traspasa las fronteras nacionales (Stiglitz, 2002; Swift, 2016). En ese mismo sentido, es completamente necesario que la comunidad global decida avanzar a partir de un desarrollo económico y social ambientalmente inclusivo y sostenible. Esto implica poner al desarrollo humano, la equidad social y la salud ambiental en el centro de la agenda pública (Castillo, 2019).

Otra de las variables que dan vida a la democracia sustentable, radica en la ampliación del reconocimiento de derechos a formas no humanas (animales). Los animales en estado natural no requieren como tal un reconocimiento de derechos, pues el equilibrio biológico de las cadenas de reproducción y selección natural, disponen de los mecanismos necesarios para la preservación y supervivencia. El reco-

nocimiento de los derechos a los animales es completamente necesario cuando un conjunto de especies depende parcial o totalmente de la intervención humana para su supervivencia. En ese sentido, es obligación de los tomadores de decisiones, elevar a rango de ley “las acciones necesarias a efecto de que cualquier especie animal en contacto con el hombre pueda recibir la protección inherente a sus derechos” para así asegurar su supervivencia y bienestar (Fuentes, 2013).

En esa tesitura, la democracia sustentable requiere el reconocimiento del uso de las tecnologías e innovación en los procesos de toma de decisiones. La complejidad del mundo moderno ha dado pauta para que el trabajo legislativo sea cada día más especializado. Si bien hay un conjunto de temas “superados” por la agenda pública, existen muchos otros que requieren la alta especialización de los tomadores de decisiones. ¿Debemos permitir la modificación genética para el mejoramiento de las condiciones de vida humana? ¿Podemos permitir que la inteligencia artificial nos gobierne en un binomio: aI y seres humanos? La incorporación de tecnologías para el desarrollo sustentable como: nanotecnologías y agua potable, infonanobiotecnología en agricultura, sistemas híbridos de energía eléctrica, generación distribuida y movilidad eléctrica, biocombustibles en el transporte, economía circular, soluciones digitales, tecnologías de la información y comunicación, así como el uso accesible de satélites (Castillo, 2019).

Finalmente, la democracia sustentable se plantea la necesidad de una nueva categoría conceptual basada en la preservación de la diversidad biológica y ambiental para mantener la integridad actual y futura de los ecosistemas mundiales de los cuales depende la propia supervivencia de la especie humana. Donde la respuesta a la pregunta ¿para qué deciden y eligen? se centre en el mejoramiento de los sistemas socioecológicos (diversidad biológica, océanos, agua, tierra y atmósfera) y que busque continuar con los derechos humanos y animales históricamente adquiridos, pero a su vez tenga como fin último la búsqueda de una población sana en un planeta sano.

Eje2. Crecimiento económico sostenible.

Objetivos del Desarrollo Sostenible que lo integran.

Hasta hace unos años, las actividades relacionadas con la innovación, desarrollo e investigación tecnológica estaban relacionadas principalmente con el sector privado y las empresas, dejando a un lado la intervención de los Estados. Hoy en día, los Estados modernos, además de la función regulatoria, se ven envueltos en la necesidad de fomentar la investigación e innovación tecnológica.

En el caso de nuestro país, la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que elEstado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella.

En este sentido, el concepto de Estado emprendedor busca garantizar las condiciones necesarias que propicien el crecimiento, no sólo económico, sino también social y cultural de las naciones, impulsado por la innovación y lasnuevas tecnologías.