El Ecologista Vol. 25

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES, QUÉ VOLUMEN 25

EL ECOLOGISTA 25

2DO TRIMESTRE 2024

ÍNDICE 3 INTRODUCCIÓN 4 7 11

Proceso Electoral Concurrente

Retos del proceso electoral ¿Conoces qué Cargos se Renovaron con las Elecciones del 2 de Junio?

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¿Cuál es el futuro de la democracia?

Promesas a cumplir u Olvido, el después de una elección Transición Democrática en México

EL Ecologista año VII, N° 25 Abril - Junio 2024 Periódico oficial del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México.

Consejo editorial: José Alberto Couttolenc Buentello Paulina González Cuadros María Roxana García García Edgar Medrano Flores Jaqueline Arzave Cordova Alejandra Paola Hernandez Perdomo El ecologista, año 7, número 25 Abril - Junio 2024 Es una publicación Trimestral, diseñada por MV MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD, con dirección en Cda 2 de Marzo, MZA F LT 4, Casa 104c, Fracc Valle de Lerma, C.P. 52004, Lerma, Estado de México. Diseñado en México.

Septiembre 2022 Correo: info.mvmkt@gmail.com Es una publicación Trimestral editada y distribuida por el Partido Verde del Estado de México con dirección en República de Belice, número 109, Col. Las Américas. C.P. 50103, Toluca, Estado de México.

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DESPUÉS DE LAS ELECCIONES, QUÉ

1. INTRODUCCIÓN Nos reunimos nuevamente para la edición 25 de la revista “El Ecologista”, y ponemos sobre la mesa diferentes temas de interés con respecto al proceso electoral que se vivió el pasado 2 de junio de 2024, en el que como bien recordaras, elegimos para nuestra entidad diputados y presidentes municipales con la integración de su planilla completa; además la renovación de la persona titular del poder ejecutivo y el legislativo federal.

Por cuanto hace a los retos que se enfrentaron en dicho proceso, los más importantes fueron lograr una verdadera paridad de género y tutelar derechos de minorías; así que aprovecho la breve mención para agradecer al Consejo General del IEEM por velar incansablemente la procuración y respeto de los derechos político electorales de las mujeres y de los grupos históricamente discriminados; por otro lado, la inseguridad de la que fueron víctima muchos de los contendientes así como la de sus familiares estuvo presente en el desarrollo de las campañas electorales.

Sin embargo, aún con todo lo ocurrido la jornada electoral se llevó a cabo en un clima de respeto y paz; por lo que más adelante podrás conocer la integración de los cargos por los que votaste en nuestro querido Estado de México, así como un breve recorrido por la evolución de lo que ha sido la transición democrática en nuestro país.

Y sirva este espacio para darte las gracias por cada voto verde que emitiste; estaremos realizando campañas de reforestación en todo nuestro querido Estado de México para que de la misma manera que poco a poco lo vamos pintando de Verde, también lo podamos llenar de nuevos espacios con árboles.

Una vez más reconocemos el interés que tienes por cada edición y esperamos sea de tu agrado la información que vertimos para ti. ¡A leer!

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1. PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE La forma de gobierno que impera en nuestro país es la de una República Representativa, Democrática, Laica y Federal como se establece en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que se requiere de la ejecución de un proceso electoral; que se puede concebir como el conjunto de actos realizados en fases en los que de acuerdo a las leyes de nuestro país, se mandata a las autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos para renovar periódicamente mediante elecciones libres, auténticas y periódicas a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativos federal y en las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República Mexicana o alcaldías de la Ciudad de México.

Es un mecanismo en el cual se ponderan derechos e intereses de personas físicas, entidades de interés público o partidos políticos y órganos electorales, a efecto de garantizar y ejercer derechos civiles y políticos, en el desarrollo de una serie de etapas que desembocan en la elección de representantes en los diversos niveles de gobierno.

Como es bien sabido, cada tres y seis años se renuevan cargos a nivel Municipal, Local y Federal respectivamente, de tal suerte que para este proceso electoral 2023-2024, concurren procesos electorales para renovación de Ayuntamientos, Diputaciones Locales, Federales, Senadores y Presidente de la Republica, es por lo que este proceso comicial se constituyó como uno de los más grandes en la historia de nuestro país, ello en atención a que se renovaran 128 Senadurías, 500 Diputaciones Federales, 8 Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 31 Congresos Locales, 1580 Ayuntamientos, 16 Alcaldías y 24 Juntas Municipales, situación que además impacta de manera considerable en la organización y ejecución de la jornada electoral, que tuvo verificativo el domingo 2 de junio del 2024.

Dicho proceso impone una ardua labor, no solo a autoridades en la materia, también a los partidos políticos y la ciudadanía. Siendo el punto de partida para la materialización de dicho proceso, la organización interna por parte de las autoridades electorales, que proveen a los ciudadanos y partidos políticos el parteaguas para participar en dicho proceso, –emitiendo, en primera instancia– el calendario para la celebración del periodo electoral 2023-2024; en el que el Instituto Nacional Electoral estableció que en septiembre de 2023 dio inicio el proceso electoral concurrente a nivel nacional, con la finalidad de que el dos de junio la ciudadanía acudiera a las casillas a emitir su voto y con ello, elegir a quienes habrán de acceder al ejercicio del poder público.

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Desde que en nuestro país se logró la estabilidad política, al suscribir la Constitución General de la República que nos rige desde 1917, se instituyeron las elecciones periódicas como la vía para que los ciudadanos puedan acceder al ejercicio del poder público y, a la par, se dieron los primeros pasos para garantizar la participación política de los ciudadanos. Como toda nación en desarrollo, en México tuvieron que pasar varias décadas más para que se reconociera el sufragio como un derecho universal de hombres y mujeres.

Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada uno de ellos colabora de distinta manera en éste. Entre ellos se encuentran las autoridades electorales como el INE a nivel federal, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a nivel local, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales, como el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM); partidos políticos a nivel nacional y local; electores, funcionarios de mesa directiva de casilla, observadores electorales y candidatos independientes.

En atención a lo anterior, comenzando a nivel federal, la labor organizacional compete al INE, autoridad autónoma encargada de celebrar y regular los procesos electorales federales en nuestro país, y que a su vez coordina a los organismos electorales de cada entidad que realizan las labores concernientes a los procesos locales; para nuestro caso específico, el encargado es el IEEM. Dichas autoridades no solo tienen a su cargo la organización y ejecución del proceso, sino la labor más complicada y que da vida al sufragio –incentivar el voto– pues depende de la participación ciudadana la vida política de nuestro país, labor compleja dada la incertidumbre, apatía y descontento que impera en la ciudadanía respecto al tema en comento.

Posteriormente la organización compete a los partidos políticos, mismos que generando alianzas y estrategias, definen la manera en la que serán representados, atravesando para ello un proceso interno de convocatoria, pre registro y selección, para posterior registrar a sus candidatos ante la autoridad competente en las fechas establecidas para ello, sin soslayar en ningún momento los requisitos que para ser candidato la ley exige en los diferentes órdenes de gobierno y que es menester vigilar por parte de los órganos electorales. Todo ello para –ya una vez aprobada la candidatura– estar en posibilidad de realizar actos de campaña, durante la cual, todos los aspirantes a un cargo político tendrán la labor de promover su candidatura, dando a conocer las propuestas y sus plataformas electorales, con el afán de ganarse la confianza de la ciudadanía y con ello, ser merecedor de su voto el día de la jornada electoral.

Es así que, los partidos políticos, como aquel grupo de personas con ideales en común, son parte fundamental de todo proceso electoral, ya que recae en ellos de manera impactante el desarrollo del mismo, pues de sus filas –en su mayoría– emanan las personas que representarán a nuestro país o a nosotros como ciudadanos.

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Otro desafío que en pleno 2024 sigue latente es que, en determinados territorios, aún existe resistencia por incluir a las personas de género femenino, con preferencias sexuales diversas o con capacidades diferentes, pertenecientes a comunidades indígenas o afromexiquenses, coartando sus derechos políticos, y obstaculizando su participación en el ámbito público, situaciones que las autoridades electorales han pugnado por erradicar, creando normas que incluyan la participación de esos grupos segregados, y castigando a quienes las incumplan; es por ello que en el presente proceso electoral –como ya te lo habíamos mencionado en el ejemplar anterior– se realizó la implementación de acciones afirmativas en pro de los grupos antes mencionados con la finalidad de que pudieran estar presentes en los cargos políticos en representación de ellos.

Es importante hacer hincapié que la vida política nos inmiscuye a todos, pues de ella depende el desarrollo de nuestro país, y que así como los organismos públicos electorales y partidos políticos se esmeran en mantener activa la participación democrática, buscando herramientas para que la ciudadanía tenga a la mano las propuestas y los datos de los candidatos para conocerlos; se incluyen nuevos criterios en el desarrollo de estos procesos

que promuevan la inclusión y el respeto a los derechos político electorales de la ciudadanía, es también sustancial concientizar la responsabilidad que como individuos tenemos en este proceso, y darle la importancia al papel que nos toca desenvolver el día de la jornada electoral, y valorar el esfuerzo que se realiza en conjunto para lograr materializar las acciones que se requieren en un proceso electoral.

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El pasado 7 de septiembre de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, dio inicio al Proceso Electoral Federal 2023-2024 más grande de la historia.

Las elecciones 2024 implicaron la renovación de más de 20 mil cargos públicos, 629 del ámbito federal y 20,265 correspondientes a las entidades federativas.

Ante estas cifras, las autoridades electorales, partidos políticos, candidatas y candidatos llevaron a cabo una estrategia de comunicación y difusión con la finalidad de convocar alrededor de 170 mil casillas, y 98 millones 409 mil 061 ciudadanos registrados en las listas nominales al corte del 27 de marzo de 2024 en territorio nacional.

Los números del pasado Proceso Electoral conllevan una magnitud nunca antes vista; pero, sobre todo, es un llamado para que todos los involucrados en la organización ejecuten las actividades correspondientes para brindar a la ciudadanía las garantías mínimas de respeto al voto.

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Es innegable que en la actualidad nos seguimos enfrentando a retos añejos que requieren ser observados y tratados con la experiencia probada de elecciones anteriores, sin embargo, también nos enfrentamos a desafíos importantes que nos colocan ante un escenario de incertidumbre.

Por ejemplo, en las elecciones de este año se implementó, por primera vez a nivel nacional, el voto anticipado para personas impedidas físicamente para acudir a su casilla, además del voto anticipado para personas en prisión preventiva. Estos programas tuvieron sus antecedentes en procesos electorales locales como pruebas piloto, en las que las autoridades electorales idearon e implementaron los respectivos modelos operativos con el propósito de acercar el derecho al voto a todas y todos los ciudadanos con derechos político-electorales vigentes.

El resultado de la implementación de dichos programas fue la creación de una lista nominal para voto anticipado de 4,002 ciudadanas y ciudadanos que tuvieron la posibilidad de votar desde su hogar debido a una limitación física o incapacidad.

Por lo que respecta al voto para personas en prisión preventiva, tenemos como antecedente –que surgió como acatamiento– de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC352/2018 y acumulado. A partir de ello, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo su implementación, en coordinación con 216 distintos Centros Penitenciarios del país, de lo que se creó una lista nominal de 30,391 ciudadanas y ciudadanos, que pudieron ejercer su sufragio por primera vez para una elección presidencial, a pesar de encontrarse en estado de reclusión y en espera de una ejecutoria.

No obstante, los aspectos novedosos que han surgido y mediante los cuales se pretende potencializar el derecho al voto, a fin de volverlo universal, persisten problemáticas a las que nos topamos en el curso de la renovación de los cargos de elección popular de manera periódica, como son: violencia y participación creciente del crimen organizado, así como la desinformación.

La violencia en la que se encuentra gran parte del territorio nacional ha prendido señales de alarma en las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Ante tales circunstancias, el 5 de diciembre de 2023 se instaló la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, con la participación de distintas autoridades del gobierno de México (Secretaría de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Unidad de Inteligencia Financiera), el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República.

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Con la instalación y puesta en marcha de la Mesa de Seguridad se pretendió dar seguimiento y vigilancia a las actividades de los comicios del 2 de junio, para que las mismas se desarrollen en paz y de manera ordenada.

Posterior a ello, el día 23 de abril del presente año suscribieron un convenio de colaboración el IEEM, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que tuvo por objeto establecer las bases para atender las solicitudes de medidas de protección para los candidatos en el presente proceso electoral 2023-2024.

Se podría recalcar que el día 3 de mayo del 2024, a través del comunicado de prensa 0382/2024 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se informó que de 1,579 candidaturas solamente 33 habían solicitado medidas de protección de tipo preventiva, sirva aclarar que en los últimos días (del 17 al 21 de mayo del presente año) se han reportado al menos 3 atentados con armas de fuego en contra de –sobre todo– candidatos a presidencias municipales en nuestra Entidad; y una candidata a dicho cargo en Santo Tomás de los Plátanos realizó su renuncia directamente en el Instituto Electoral del Estado de México por temas de seguridad.

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Estas cifras ponen en la mesa una grave crisis del Estado de Derecho, además de poner en riesgo las elecciones en determinadas zonas, las cuales deben ser atendidas de manera prioritaria por la autoridad electoral, a fin de garantizar el derecho al voto y preservar las condiciones óptimas para su ejercicio.

El principal efecto de la violencia electoral lo apreciamos en la participación ciudadana. Está comprobado que en ambientes hostiles y pocos seguros, la ciudadanía muestra resistencia para acudir a votar originado por amenazas, agresiones directas o por el simple temor a ser blanco de persecución, especialmente por el crimen organizado.

Otro desafío en los comicios es la desinformación, a través de noticias falsas enfocadas en desacreditar a alguna candidatura o autoridad electoral. Este tipo de acciones tienen el efecto de crear desconfianza en la organización de las elecciones, desincentivar la participación, así como de restar adeptos a alguna candidatura.

Ante este tipo de actos, lo pertinente es verificar todo tipo de información que se reciba, privilegiar canales de comunicación institucionales y que compartan información verificada.

En resumen, es evidente que cada uno de los comicios conlleva determinados retos que las autoridades electorales y actores políticos deben asumir con responsabilidad, a fin de brindar elecciones libres y auténticas. De ahí que es dable concluir que cada comicio representa una oportunidad para poner en marcha los aprendizajes de las experiencias pasadas, además de identificar y dar seguimiento a los nuevos obstáculos y desafíos que se presentan, puesto que al final nos encontramos frente al ejercicio de derechos constitucionales de los cuales se debe garantizar el ejercicio pleno.

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3. ¿CONOCES QUÉ CARGOS SE RENOVARON CON LAS ELECCIONES DEL 2 DE JUNIO? Como bien sabes, el 2 de junio del 2024 hubo elecciones concurrentes en las 32 entidades de la República Mexicana, en su mayoría se eligieron diputados locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías; hubo estados en los que eligieron gobernadores o jefe de gobierno –para el caso de Ciudad de México– a nivel federal elegimos Presidente de la República, e integrantes del Congreso de la Unión.

Para ahondar un poco más en el tema, empecemos con las conformaciones y los fundamentos de la elección de todos y cada uno de los que se eligieron en nuestra entidad federativa y a nivel federal.

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·PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Por primera vez tuvimos en su mayoría candidatas mujeres, siendo ellas 2 y un solo candidato hombre; la persona que resultó electa será encargada de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y las leyes; y fue elegida mediante voto universal, secreto y directo Encontramos el fundamento en el Capítulo III “Del Poder Ejecutivo”, de la CPEUM, específicamente en su artículo 80 señala que “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará –Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.–” por otro lado, en el artículo 81 detalla que la elección a dicho cargo será directa en los términos de las leyes electorales –que como bien sabemos– establece la renovación del cargo cada 6 años, y de conformidad al artículo 83 de la CPEUM con la reforma del 10 de febrero del 2024, se adelanta 2 meses la entrega y recepción del mandato, éste año tendrá verificativo el día martes 1° de octubre; (como bien recordaras, anteriormente se realizaba los días 1° de diciembre) además, la persona que haya desempeñado dicho cargo, por ningún motivo podrá volver a desempeñarlo, es decir, no hay reelección.

Dentro de sus facultades, perfectamente bien detalladas en el artículo 89 de la CPEUM, establece de entre las más importantes:

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I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; […]

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. […] […] XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. […] […] XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado; […]

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Además, se apoya de las secretarías pertenecientes a su gabinete que son Secretaría de Gobernación, Energía, Educación Pública, Agricultura y Desarrollo Rural, Turismo, Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, Cultura, de la Defensa Nacional, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Marina, Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bienestar, Salud, y Relaciones Exteriores; sus titulares son nombrados por el Presidente en turno.

· Congreso de la Unión El Poder Legislativo a nivel Federal se deposita en un Congreso general compuesto por dos cámaras, una alta o mejor conocida como Cámara de Senadores y la otra, baja o Cámara de Diputados. La primera se integra de 128 Senadores y la segunda por 500 diputados que se distribuyen de la siguiente manera:

ESTRUCTURA CONGRESO DE LA UNIÓN CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE DIPUTADOS

MAYORÍA RELATIVA

PRINCIPIO DE PRIMERA MINORÍA

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

MAYORÍA RELATIVA

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

64

32

32

300

200

TOTAL

TOTAL

128 SENADORES

500 DIPUTADOS

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 de la CPEUM y 2 párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el ejercicio de las funciones de la Cámara de Diputados serán de 3 años que constituye una Legislatura y se computará del 1° de septiembre hasta el 31 de agosto del año en que se renueven, y el artículo 56 de la CPEUM párrafo tercero establece que la Cámara de Senadores será renovada en su totalidad cada 6 años.

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El artículo 71 de la CPEUM nos indica quienes pueden presentar una iniciativa de ley o decreto, como se menciona a continuación: “I. Al Presidente de la República; II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.”

“Son facultades exclusivas Cámara de Diputados:

de

la

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; […] […] III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, […];

Ahora bien, todos creemos que el poder legislativo solo se encarga de la creación de leyes, pero ¿realmente sabes qué otras funciones cumplen?

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. […]

El artículo 73 de la CPEUM desglosa todas las facultades con que cuenta el Congreso, que son muy amplias y sería difícil describir todas y cada una de ellas en éste artículo; por ello si realmente estás interesado en conocerlas, te invito a que te tomes un tiempo y leas dicho artículo de nuestra Carta Magna.

[…] VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. […]

Por otro lado, te enumero algunas de las facultades que la CPEUM le designa en específico a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en los artículos constitucionales 74 y 76 respectivamente:

[…] VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, […]”

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“Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; […] […] III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional; […] […] VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario; […] […] XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; […] […] XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, […]”

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Por lo que respecta a las sanciones para dichos cargos a nivel federal, aún a pesar del fuero constitucional que los ampara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la CPEUM, podrán ser sujetos de juicios políticos y las sanciones consistirían en la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Será la misma Cámara de Diputados quienes conozcan en primera instancia del asunto y procederá con la acusación ante la Cámara de Senadores después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado; será la Cámara alta quien erija un Jurado de sentencia y aplicará la sanción correspondiente; cabe aclarar que las declaraciones y acusaciones de ambas Cámaras son inatacables.

Así que, incluso ellos como servidores públicos de la Nación son sujetos de procedimientos que los sancionen por la mala administración o desempeño de sus actividades; y recuerda que al momento de hacer sus tomas de protesta ellos mismos lo dicen: “Que la Nación se los demande.”

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• Municipios del Estado de México Por lo que respecta a ésta forma de organización, el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (CPELSM) enuncia que “La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre.” Recordemos que nuestra Entidad se conforma por 125 municipios, y cada uno de ellos cuenta con su propia denominación, cabecera y se encuentran enlistados en el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento elegido mediante elección popular directa que será renovado cada 3 años, iniciarán su periodo el 1° de enero del año inmediato siguiente al de las elecciones a las 9:00 horas y concluirán el 31 de diciembre del año de las elecciones para su renovación (Artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México); es decir, las y los candidatos electos éste 2 de junio iniciarán labores el 1° de enero del 2025 y concluirán el 31 de diciembre del 2027.

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Cada ayuntamiento será integrado de la siguiente manera, dependiendo del número de habitantes con que cuente:

ESTRUCTURA POR MUNICIPIOS PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO POR MR

SÍNDICO POR RP

REGIDORES POR MR

REGIDORES POR RP

municipios con menos de 150 mil habitantes

1

1

N/A

4

3

municipios con más de 150mil habitantes pero menos de 500 mil

1

1

N/A

5

4

1

1

11

7

5

Subtotal

125

125

11

511

415

Total

125

municipios con más de 500 mil habitantes

137

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966

El artículo 128 de la CPELSM enlista las atribuciones de los presidentes municipales, entre las cuales encontramos: “I. Presidir las sesiones de sus ayuntamientos; […] III. Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, las leyes federales y del Estado y todas las disposiciones que expidan los mismos ayuntamientos; […] V. Asumir la representación jurídica del Municipio, conforme a la ley respectiva; VI. Rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe por escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio; […] […] IX. Presentar al Ayuntamiento la propuesta de presupuesto de egresos para su respectiva discusión y dictamen; X. Asumir el mando de la policía preventiva municipal; XI. Realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento e informar sobre el particular en los términos que la Ley señale; XII. Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del ayuntamiento; XIII. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida, a la Legislatura o a la Diputación Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del viaje e informar de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso. […]”

El artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México enlista más atribuciones al titular de la presidencia municipal, sin embargo, te exhorto a que conozcas nuestra Ley y leas dicho artículo para tu mayor conocimiento. Por lo que hace a las atribuciones de los ayuntamientos, son bastante amplias y puedes encontrarlas en el artículo 31 de dicha Ley, pero si tenías dudas de quién expide y reforma cada año el Bando de tu Municipios, ¡Son ellos!

Respecto de los Síndicos, el artículo 52 de la multicitada Ley establece que “[…] tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos.”

Y los artículos 53 y 55 de dicha Ley establecen las atribuciones de los síndicos y regidores respectivamente.

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Es importante resaltar que, de los 125 ayuntamientos del Estado de México, el pasado 2 de junio los ganaron 54 planillas encabezadas por mujeres, destacando entre ellos Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Almoloya de Alquisiras, Coyotepec, Jocotitlán, Tianguistenco y Tenango del Aire, ya que eran municipios que históricamente siempre habían sido encabezados por hombres; por otro lado, Otumba, Calimaya, Tejupilco, Cocotitlán, Ozumba, Temascalapa, Coatepec Harinas, Tepetlixpa, Atizapán, Ocuilan, Xonacatlán, Xalatlaco, San Martín de las Pirámides, Valle de Chalco Solidaridad y Tonanitla son los únicos municipios en los que falta lograr la alternancia de género en el titular de la Presidencia Municipal.

Te invito a conocer a nuestras futuras presidentas municipales mexiquenses, así que te dejo su nombre y el partido político que representarán para que sigas de cerca su trabajo y las apoyes:

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Por lo que respecta a la equidad en la repartición de los ayuntamientos, aún hay mucho en qué trabajar, ya que 54 municipios solo es el 43.2% del total; y para el siguiente proceso electoral debe haber otras medidas por parte de las autoridades, así como de los partidos políticos para logar obtener ese 6.8% que nos sigue haciendo falta para que las mujeres logren detentar el poder paritariamente en nuestro Estado de México.

Cabe resaltar, además, que el Partido Verde también ganó postulando candidatos verdes, los ayuntamientos de Temamatla, Ozumba, Atlautla y Ecatzingo.

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CÁMARA DE DIPUTADOS, ESTADO DE MÉXICO De conformidad con los artículos 38 y 39 de la CPELSM, el Congreso se renovará cada 3 años mediante sufragio universal, libre, secreto y directo y se conforma de la siguiente manera:

ESTRUCTURA CÁMARA DE DIPUTADOS

MAYORÍA RELATIVA

45

I I

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

30

TOTAL 75 DIPUTADOS El artículo 46 de la CPELSM establece que la legislatura se reunirá en sesiones ordinarias 2 veces al año iniciando el primer periodo el 5 de septiembre, concluyendo el 18 de diciembre; el segundo periodo comprenderá del 31 de enero hasta el 15 de mayo.

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A diferencia del Congreso de la Unión, en nuestro estado hay más autoridades con facultades para iniciar leyes o decretos, tal cual se estipula en el artículo 51 de la CPELSM: “I. A la Gobernadora o al Gobernador del Estado; II. A las diputadas o diputados; III. Al Tribunal Superior de Justicia; IV. A los ayuntamientos; V. A las ciudadanas y ciudadanos del Estado; VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos.

VII. A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en materia de su competencia.

VIII. Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en las materias de su competencia.”

Y de la misma manera, al ser bastante la información vertida en el artículo 61 de la CPELSM que nos habla de las facultades y obligaciones de la legislatura; te exhorto a leerlo y conocer todo lo que hacen tus diputados a nivel local.

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Me gustaría resaltar que por primera vez en la historia el Partido Verde se convirtió realmente en una fuerza política en nuestro estado, ocupando actualmente el segundo lugar; lo que nos deja pensando en los análisis políticos respecto a la convergencia que puede existir en las corrientes políticas, estando un partido durante uno o varios procesos electorales con gran impacto social, lo que le da la pauta para ganar adeptos y con ello votos efectivos y así la mayoría en un Congreso; pero la misma facilidad con la que se ganan, se pueden perder; situación que ocurrió en el pasado proceso electoral; pues como te lo mencioné, la familia verde nunca había estado entre los primeros partidos políticos con mayor representación; y actualmente quienes antes tenían esa mayoría, pasaron a ser minoría.

Si no me crees, revisa la siguiente imagen de la nueva conformación del Congreso loca:

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De esos 75 curules, 38 serán ocupados por mujeres y 37 por hombres; lo que acredita una legislatura paritaria después de un largo análisis y reajustes que realizaron las consejeras y el consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para acatar el mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el precedente SUP-REC-1524/2021 para que, cada legislatura –al estar conformada por número impar– sea alternada en cuanto a mayormente hombres o mujeres. Ésta Sexagésima Segunda Legislatura corresponde a las mujeres, lo que de cierta manera comienza a saldar la deuda histórica que se tiene con los derechos político electorales de las mujeres; aunque ello no significa que el trabajo está realizado y ya no debemos proteger, defender y salvaguardar dichos derechos de las mujeres, pues han sido años y años de invisibilizarlas en la política haciendo mención de que solo sirven para lo que socialmente nos fue enseñado por las generaciones pasadas, lo que constituye violencia política en razón de género (tema que abordamos en el número anterior) y que en nuestras filas verdes no descansaremos hasta erradicar.

Como te podrás dar cuenta, fueron bastantes los cargos que se renovaron con las elecciones del 2 de junio, todos son importantes y para todos contó tu voto; así que gracias a todos y cada uno de los que salieron a ejercer su derecho y votaron por los candidatos y propuestas que mejor se adaptaban a sus necesidades e intereses.

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4.¿Cuál es el futuro de la democracia?

Las elecciones son, sin duda, la representación por excelencia de la palabra “democracia”. Así, la mayor parte del tiempo cuando se habla de democracia se vincula directamente con el voto, que, si bien es cierto, tiene una amplia relación con ello, debemos advertir que esta no se limita al hecho de acudir a las urnas a emitir un sufragio.

Por lo que hace al cargo de presidencia de la República, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lleva el cómputo con base en los resultados reportados por los consejos distritales, sin embargo, corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elaborar el dictamen con el cómputo final y la declaración de validez de la elección.

Previo a entrar de lleno al tema de análisis de este artículo, conviene mencionar cuáles son las etapas del proceso electoral, las cuales de acuerdo con el artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son: 1.

Preparación de la elección; 2. Jornada electoral; 3.

Resultados y declaraciones de validez de las elecciones y 4. Dictamen y declaración de validez de la elección.

Con ello queda expuesto que al concluir la jornada electoral y con el cierre de las casillas, se desarrollan por parte de las autoridades electorales una serie de actividades para brindar resultados definitivos y certeros.

Una vez concluido el proceso electoral, es común llegar a pensar que las obligaciones ciudadanas se han agotado, por lo que es necesario cuestionarnos sobre cuál es el rol de la ciudadanía durante el periodo que transcurre entre procesos electorales.

Aunado a lo anterior, se tiene que la normatividad mandata que el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, se realice el conteo de cómputos de las elecciones en una sesión que se debe llevar de manera ininterrumpida, en los cuales se suman los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de cada uno de los cargos que se elijan, según corresponda.

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La respuesta a dicha interrogante se puede reducir a un concepto – participación ciudadana. – Este concepto resulta ser muy amplio, por lo que es bastante recurrido en distintos campos y de maneras diversas. En ocasiones se vincula con aspectos de rendición de cuentas, por ejemplo, una vez que las autoridades electas toman protesta del cargo, año con año rinden informes de actividades que tienen el propósito de dar a conocer a la ciudadanía las acciones que se han ejecutado para atender las demandas sociales. Esto reduce la participación al hecho de informarse y dar seguimiento a las actividades gubernamentales.

Para dar respuesta, hay que remitirnos a los valores que promulga la democracia como forma de gobierno: responsabilidad, libertad, tolerancia, solidaridad, igualdad y justicia.

Todos estos valores que la democracia engloba reflejan su aspecto comunitario y social; ya que es imposible entenderla en un ambiente de aislamiento, puesto que lo que ella busca es regular y brindar condiciones mínimas de una sana convivencia en la sociedad que permita facilitar la toma de decisiones para atender los problemas que nos aquejan y así buscar el bien común.

En una sociedad democrática, todos sus miembros están llamados a contribuir en su continua construcción, así como ser beneficiarios de sus frutos. Para que esto sea posible, se tienen que garantizar las condiciones de sana convivencia, es decir, que exista tolerancia y responsabilidad de las partes involucradas para que a través del diálogo se compartan y debatan las propuestas y acciones de mejora, en donde la escucha, participación y respeto a las distintas posturas permitan el intercambio de argumentos y la consolidación de decisiones.

Para entender a cabalidad lo que implica la participación ciudadana, es necesario partir del término – democracia– que viene de las raíces griegas “demos”, que significa pueblo y “cratos” que significa gobierno; esto quiere decir “gobierno del pueblo”. En México los ciudadanos podemos elegir por medio del voto a las personas que, según pensamos, nos van a gobernar mejor; por ejemplo, al presidente, los senadores y los diputados. El día de las votaciones los diferentes candidatos compiten entre sí y ganan aquellos que hayan obtenido más votos. A eso le llamamos democracia.

Sin embargo, en este punto nos hacemos otra interrogante, ¿qué quiere decir que la democracia debe estar presente en la vida de los ciudadanos?

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Así, la democracia no solo se debe pensar como una forma de gobierno, en cambio es necesario ponerla en práctica en ambientes más cercanos a nuestra esfera personal, como son el familiar, escolar, laboral y comunitario.

Hablar de nuestros problemas comunes y pensar en soluciones eficaces para atenderlos son prácticas que realizamos con cierta regularidad y que de manera inconsciente llevamos a cabo de manera activa para tomar parte en un tema que nos concierne. Esto es la democracia, expresarse, dialogar, tomar decisiones y continuar manifestando nuestras ideas y opiniones acerca de los asuntos comunes.

Con base en lo anterior, es que la participación es la respuesta a lo que estamos convocados día con día una vez que concluye el proceso electoral y que nuestras autoridades toman posesión del cargo.

La tarea asignada es titánica, pues requiere de un compromiso claro y tangible, demandante de tiempo y espacio. Por lo que es poco probable encontrar ciudadanos involucrados de tiempo completo en todos los aspectos públicos, dadas las exigencias de la vida profesional, personal y familiar, pero ello no es limitante para que los valores democráticos sean practicados dentro de los círculos más cercanos.

La tolerancia, libertad y solidaridad son máximas que se pueden aplicar a cualquier campo de entendimiento social. Al momento de interrelacionarnos en sociedad, el intercambio de ideas y la comunicación deviene un hecho natural en el que la libre expresión juega un papel primordial, en los márgenes del respeto.

En resumen, las elecciones son el espacio por excelencia en el que expresamos nuestra voluntad y ejercemos la soberanía popular. Pero la participación ciudadana es el ambiente en el que nos debemos mover con cotidianidad con la finalidad de dar seguimiento a la voluntad tomada en las urnas, exigir el cumplimiento de promesas y velar porque las autoridades ciñan su actuar a la ley.

Es a través del involucramiento de todas y todos que la democracia se convierte en más que una boleta marcada, para convertirse en un estilo de vida para el mejoramiento constante de nuestra vida en sociedad.

Entonces bien, cada vez que pensemos en el futuro de la democracia, primeramente, se necesita realizar un análisis intrapersonal sobre las acciones de cada uno y la manera en la que se proyectan en nuestro entorno. Partiendo de ello, se requiere plena conciencia de aplicar aquellos valores y principios en los que se basa la sana convivencia social y que alimentan la vida democrática.

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5. Promesas a cumplir u Olvido, el después de una elección Las promesas electorales desempeñan un papel crucial durante las campañas políticas, ya que son el principal medio a través del cual los candidatos comunican sus visiones y propuestas a los votantes. Estas promesas no solo establecen la agenda y las prioridades del candidato, sino que también sirven como un contrato implícito con el electorado, creando expectativas y generando confianza.

La claridad y la viabilidad de las promesas pueden influir significativamente en la percepción pública del candidato, movilizando a los votantes y asegurando su apoyo en las urnas. Además, las promesas electorales permiten a los ciudadanos comparar diferentes plataformas políticas y tomar decisiones informadas sobre cuál candidato representa mejor sus intereses y valores.

El dilema entre las promesas realizadas durante la campaña y su cumplimiento tras la elección radica en la discrepancia frecuente entre las expectativas creadas y la realidad política post-electoral. Durante las campañas, los candidatos tienden a hacer promesas ambiciosas para ganar el apoyo del electorado, muchas veces subestimando los desafíos y restricciones inherentes al proceso de gobernar. Estas promesas generan grandes esperanzas entre los votantes, quienes depositan su confianza en los candidatos esperando cambios tangibles y mejoras en sus condiciones de vida.

Sin embargo, una vez en el poder, los gobernantes se enfrentan a una serie de obstáculos que pueden dificultar o impedir el cumplimiento de sus promesas.

Factores como limitaciones presupuestarias, oposición política, cambios en la economía global, crisis imprevistas y la complejidad de implementar políticas públicas pueden desviar a los gobernantes de sus objetivos iniciales.

Este desajuste entre promesas y acciones reales puede llevar a una pérdida de confianza en el liderazgo político, desencanto con el sistema democrático y una percepción de que los políticos no son responsables ni transparentes. Así, el dilema central es cómo equilibrar las promesas electorales con la realidad de la gobernanza efectiva y mantener la credibilidad y confianza del electorado.

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El incumplimiento de las promesas electorales tiene serias consecuencias para la relación entre los ciudadanos y sus representantes, llevando a la desilusión, la apatía y una creciente desconfianza hacia el sistema democrático. Cuando los políticos no cumplen con los compromisos adquiridos durante la campaña, los votantes se sienten traicionados y pierden la motivación para participar en futuros procesos electorales, erosionando así la participación cívica y el interés por los asuntos públicos. Esta desconfianza puede deslegitimar las instituciones democráticas y fomentar un clima de cinismo y descontento.

En respuesta a estos desafíos, México ha implementado diversas reformas políticas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Entre las más significativas se encuentran la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar elecciones más justas y transparentes, la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para mejorar la vigilancia ciudadana, y las modificaciones al sistema de financiamiento de campañas para reducir la influencia del dinero en la política. Estas reformas buscan restaurar la confianza en el sistema democrático, promoviendo una mayor participación ciudadana y asegurando que los gobernantes sean responsables y cumplan sus promesas.

Para abordar el dilema del incumplimiento de promesas electorales, es esencial que los políticos adopten mejores prácticas al hacer promesas más realistas y alcanzables, basadas en un análisis honesto de las capacidades y limitaciones gubernamentales. Los ciudadanos deben ser capaces de discernir entre propuestas viables y promesas populistas, lo que fortalecerá la democracia y la transparencia.

Asimismo, resulta crucial invertir en la educación y el empoderamiento del electorado, promoviendo una ciudadanía informada y crítica capaz de participar activamente en la política, vigilando a los gobernantes, exigiendo cumplimiento de sus compromisos, o incluso involucrándose directamente en el proceso político.

Solo a través de la participación cívica y comprometida podemos construir un sistema político más justo y eficiente, donde las promesas electorales se traduzcan en acciones concretas y beneficios reales para la sociedad.

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6. Transición Democrática en México.

La democracia en nuestro país, como forma de gobierno, ha sido un proceso complejo de consolidación que ha implicado una serie de esfuerzos por parte de diversos actores políticos y de la ciudadanía en general en una constante búsqueda de robustecer el sistema democrático en nuestro país con el fin de brindar certeza y legalidad a la población de que nuestras autoridades gubernamentales han sido seleccionadas en función del poder que emana del pueblo mexicano.

Reforma de 1977 y 1986 Uno de los cambios más relevantes que se concentraron en esta reforma fue el reconocimiento que se les otorgó a los partidos políticos en la Constitución Política como “entidades de interés público”. Este cambio significó dotar de validez a los partidos políticos y hacerlos sujetos de derechos y prerrogativas que, a su vez, modificaban su actuar y su participación en la consolidación de nuestro sistema democrático. A su vez, se propuso incrementar el número de diputados en 1977 de 300 a 400 (300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional), pero en 1986 el umbral se incrementó aún más al pasar de 400 a 500 (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional).

La transición democrática en nuestro país puede ser enunciada desde el periodo de evolución del viejo caudillismo (concentración del poder en una sola persona) al nuevo institucionalismo mexicano (nacimiento del primer partido político en nuestro país). Este precedente instauró en el artificio la creación de un régimen de instituciones; sin embargo, en el fondo la toma de decisiones se seguía concentrando en una minoría dominante que tenía como objetivo principal la concentración del poder y su legitimación a través de la consolidación de un partido hegemónico.

En este periodo también se introduce el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un órgano autónomo administrativo encargado de resolver diversos medios de impugnación, pero con múltiples limitaciones que generaron posteriormente su desaparición.

Reformas de 1990 y 1996 Las modificaciones que se impulsan en este periodo marcan el inicio de la creación de un órgano autónomo encargado de llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país siendo el Instituto Federal Electoral (IFE), con goce de patrimonio propio y personalidad jurídica. También se crea el padrón electoral y se emite por primera vez una credencial para votar que buscaría robustecer la lista nominal de electores en nuestro país y otorgar un documento que permitiera la identificación oficial de los ciudadanos.

El proceso de democratización también ha sido un proceso lento pero gradual que, a través de la promoción de instrumentos jurídicos y proyectos de iniciativas de reforma, se ha logrado transitar hacia el ideal de consolidar instituciones democráticas capaces de cimentar confianza entre sus ciudadanos. A continuación, enunciaremos brevemente algunos elementos y cambios relevantes que se produjeron con el impulso de reformas electorales que tenían por objeto la legitimación del sistema electoral y la apertura gradual de nuevas fuerzas políticas en el sistema de partidos.

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La reforma también planteaba la transición del Tribunal de lo Contencioso Electoral al Tribunal Federal Electoral, una modificación que consistía en cambiar la naturaleza de este órgano, es decir, pasar de una labor administrativa y de observancia a una donde la autoridad electoral pudiese calificar y ser juez de los procesos electorales. En 1993 se establece que este órgano será la máxima autoridad en materia electoral a nivel constitucional, es decir, las decisiones que emita este órgano serán definitivas e inatacables.

En 1996 se consolida la autonomía del IFE ya que el poder ejecutivo federal dejaba de tener presencia en el Consejo General al retirarse el secretario de gobernación.

En este mismo periodo se establece que ningún partido político puede tener más de 300 diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional.

Se contempla también que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado y se establecen por primera vez los topes de gastos de campaña.

Reformas 2000-2014 En el 2002, por primera vez, se impulsa una cuota de género que obligaba a los partidos políticos a no postular a más del 70% de sus candidatos del género masculino a los diversos cargos de elección popular.

En el 2014, con la reforma, se introduce la figura de gobiernos de coalición que aprueben un programa de gobierno y una agenda legislativa y tenga un gabinete de coalición para cumplir con el programada de gobierno. También se incorpora la reelección legislativa hasta por 4 periodos consecutivos para los diputados y dos para los senadores. El IFE transita al Instituto Nacional Electoral (INE) y se eleva a rango constitucional su autonomía.

El INE también será el encargado de fiscalizar los recursos de los partidos políticos a nivel local y durante el transcurso de las campañas, sin duda un cambio significativo al realizar antes esta actividad posterior a la elección.

El breve recorrido histórico por las reformas electorales previamente mencionadas permite mostrar el largo camino que se efectuó para consolidar un sistema democrático capaz de representar a cualquier fuerza y corriente política que desee formar parte de la vida pública y democrática de nuestro país.

La democracia como forma de gobierno se construye a partir de consensos y disensos que se producen entre la ciudadanía y sus gobernantes; la transición, entendida como el efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto (RAE), implica tomar riesgos que pueden producir la pérdida del control de la situación como le sucedió al Partido Revolucionario Institucional en los noventa, pero a su vez, son importantes para legitimar su actuar dentro de la vida democrática del país.

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La transición democrática que vivió nuestro país por largas décadas llena de esfuerzos políticos y sociales no solo implica un cambio en el sistema electoral como menciona José Woldenberg en su obra “Historia mínima de la transición democrática en México”, sino que también marca un cambio en el sistema político y de partidos en nuestro país al tener que producirse una mayor apertura a nuevas corrientes ideológicas que den certeza que nuestro país es plural y permite la participación de nuevas corrientes ideológicas.

La transición, en el ideal, siempre debe prevalecer un avance en el robustecimiento democrático en nuestro país que signifique impulsar beneficios externos en materia de gobernanza y gobernabilidad, ya que garantizar un sistema democrático sólido en el país que brinde plena certeza puede impulsar sectores como el económico al presentar un mensaje que la transición es constante y la renovación de los cargos es permanente.

Se concluye mencionando que los esfuerzos para la consolidación de una democracia deben ser permanentes y esta labor no solo debe ser exclusiva de las autoridades gubernamentales y/o actores políticos, sino que también debe existir la participación de las y los ciudadanos porque la democracia la hacemos todas y

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“Cuando votamos, nuestros valores son puestos en práctica y nuestras voces son escuchadas. Tu voz es un recordatorio de que importas porque sí, y mereces ser escuchado".

Meghan Markle