Estado Emprendedor

A lo largo de la historia las concepciones y roles del Estado han estado en constante cambio. En muchos países alrededor del mundo la actividad de innovación, desarrollo e investigación tecnológica es vista como una responsabilidad directa de la iniciativa privada o las empresas, por lo que el Estado asume un rol solamente regulatorio, a fin de enfrentar las fallas o distorsiones del mercado.

Los Estados modernos emergieron en Europa occidental y en sus territorios coloniales en los siglos XVIII y XIX. Inicialmente se distinguían de otras formas anteriores de dominación política reclamando una simetría y una correspondencia distintiva entre soberanía, territorio y legitimidad. La explicación del concepto soberanía era crucial, pues incorporaba una pretensión espacial del legítimo derecho del poder político sobre un dominio circunscrito, es decir, un derecho a la dominación exclusiva en un territorio determinado.

Los Estados modernos se desarrollaron como Estados-nación –cuerpos políticos separados tanto del gobernante como del gobernado, con suprema jurisdicción sobre un área territorial demarcada, respaldados por el derecho al monopolio del poder coercitivo, y con la legitimidad que les otorga la lealtad o el consentimiento novaciones del Estado-nación moderno – territorialidad que fija fronteras precisas, control monopolístico de la violencia, estructura interpersonal del poder político y reclamación de legitimidad sobre la base de la representación – marcaron sus propiedades definitorias. (Held & Mazzuca, 1997).

El poder regulador de estos Estados se expandió durante todo el período moderno, creando sistemas de poder unificado en territorios delimitados, una administración centralizada, mecanismos concentrados de administración fiscal y distribución de sus ciudadanos–. Las principales in-

de recursos, nuevos tipos de legislación y de ejecución de la ley, ejércitos profesionales permanentes, una capacidad bélica concentrada y, de forma concomitante, complicadas relaciones formales entre Estados mediante el desarrollo de la diplomacia y de instituciones diplomáticas (Held & MacGrew, 2003).

Todos estos factores característicos de los Estados-nación de la Europa occidental de esa época, con la llegada de las prácticas globalizadoras, dieron un giro trascendental en las dimensiones de las instituciones estatales y sobre todo en la redefinición del papel del Estado, que veremos más adelante.

Bajo esta tesitura, el Estado es percibido como un agente ralentizado y burocrático de manera que se convirtió en una profecía auto-cumplida. La distorsión en el discurso económico dominante sobre el rol del Estado ha llegado a considerarlo como enemigo del sector privado, como un agente económico que inhibe y desplaza (crowding-out) las acciones del sector privado. (Mazzucato, 2014).

Durante mucho tiempo se ha relegado al Estado a ser, meramente, un ente regulador, que no es capaz de generar productos sofisticados, con valor agregado o innovadores. En este rol regulatorio e incapaz, el Estado, limita su acción a la construcción de un espacio público en el cual el sector privado se desarrolla en libre competencia, con igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad, sin que éste deba realizar inversiones arriesgadas e inciertas para fomentar la innovación.

En el caso mexicano, el rol inactivo del Estado en la inversión de nuevas tecnologías y en la creación de nuevos mercados, es lo que ha estancado la innovación y el crecimiento económico. “No es probable que se supere la intensa crisis económica con medidas de austeridad ni con la expectativa de que la “normalidad” volverá con el rescate de los bancos”. (Pérez, 2014). Debemos enfrentar el desafío adaptativo y transitar de un Estado paternalista a un Estado arriesgado, que innova y emprende.

Debemos pasar de la concepción clásica de Estado como: “organización política de la sociedad que se estructura y rige por un orden jurídico definido y aplicado por un poder soberano dentro de un territorio determinado” (Bobbio, Matteuci y Pasquino;1981:345), a lo que proponemos en estas líneas, como un Estado emprendedor; es decir, ver al Estado como un ente que asume el compromiso de desarrollar tecnologías novedosas. En palabras

de Mazzucato (2014) “el Estado no es mero corrector de las fallas del mercado, sino que es también creador de riqueza y motor de innovación”.

El concepto de Estado emprendedor acuñado por Mazzucato, va más allá de una organización política o social que garantiza la libre competencia de los mercados; es un Estado que se hace cargo de las inversiones más arriesgadas de la economía y apuesta todo por la innovación. Un Estado es emprendedor cuando puede y está dispuesto a invertir en áreas de extrema incertidumbre,

En el nuevo modelo de Estado emprendedor, la innovación es un proceso colectivo, no sólo económico, sino también social y cultural. Como actor fundamental en el desarrollo de innovación, el Estado genera inversiones en infraestructura física y humana que sería imposible desarrollar por medio de la fuerza laboral o empresarial, y además otorga subsidios de inversión a esos mismos actores para que ellos puedan participar del proceso de innovación. El Estado se convierte en un guía que crea, respalda y fomenta la inversión. (Mazzucato, 2015).

Hoy, los países de todo el mundo buscan un crecimiento económico impulsado por la innovación y la tecnología, buscan un crecimiento más inclusivo y sostenible. Esta hazaña requiere repensar el rol del Estado y generar un nuevo enfoque para la creación de las políticas públicas, como lo argumenta Mazzucato en su artículo titulado: “Building the Entrepreneurial State: A New Framework for Envisioning and Evaluating a Mission-oriented Public Sector”:

“El capitalismo moderno enfrenta grandes desafíos sociales, incluyendo el cambio climático, el desempleo juvenil, la obesidad, el envejecimiento y la creciente desigualdad. Estos cambios han creado una nueva agenda para la innovación y la política de crecimiento, lo cual requiere que los formuladores de políticas “piensen en grande” sobre qué tipo de tecnologías y políticas socioeconómicas pueden cumplir visiones ambiciosas para hacer que el crecimiento sea más inteligente, inclusivo y sostenible…”.

El Estado debe asegurar las condiciones necesarias para detonar el desarrollo. Pasar de un Estado interventor a un Estado emprendedor. Esto se logra cuando el gasto público se orienta a potenciar las competencias de sus poblaciones, e incorpora tecnologías que simplifican y mejoran los procesos productivos.

En esa tesitura, el Estado emprendedor representa la materialización del esfuerzo y la detonación del cambio institucional, por medio de incorporar variables de alta incidencia en el desarrollo. Es decir, un concepto y cambio que pretende ser sustentable, viable, incluyente e innovador.

A las interrogantes de ¿cómo podemos innovar desde el sector público? y ¿cómo emprendemos el viaje hacia un Estado emprendedor?; para responder estas interrogantes, las organizaciones del sector público adquieren una importante relevancia, para lo cual usaremos dos conceptualizaciones básicas propuestas por Ronald Heifetz y Marty Linsky, profesores de la Universidad de Harvard.

Para Ronald y Marty, todas las organizaciones atraviesan, mínimamente, por dos desafíos: los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos. Los primeros representan las disposiciones humanas o materiales que se requieren para cumplir o alcanzar un objetivo: computadoras, mobiliario, número de personal adecuado, servicios telefónicos o internet. En cambio, el desafío adaptativo representa los paradigmas que modulan la conducta del funcionario público o miembro de la

organización. Dicho de otra forma, el desafío adaptativo constituye un cambio de visión, una modificación en la inteligencia emocional de los miembros de la organización, e implica una salida de su zona de confort (R. Heifetz, Grashow, & Linsky, 2012; R. A. Heifetz & Linsky, 2003). En México existen sectores que requieren miendo las inversiones arriesgadas, es una

Podemos decir entonces, que el Estado tiene en sus manos la generación de proyectos estratégicos, a través de la innovación y simplificación de procesos administrativos, desarrollos de aplicaciones web o móviles, y el uso de nuevas tecnologías más eficientes y económicas. Algo en lo que pocas entidades federativas han incursionado por el miedo al rechazo o la falta de aplicación por parte de los usuarios. Pero la buena voluntad de inversionistas, socios y del propio gobierno no es suficiente para realizar un cambio social innovador y profundo. Se requiere más.

Es por ello, que debemos poner atención en aquellos proyectos cuyo desafío central implique un cambio de paradigmas, es decir: un desafío adaptativo. En este sentido, el Estado debe incentivar a los agentes económicos para la creación de nuevos métodos de producción y distribude subsidios o exenciones fiscales para la creación de nuevas empresas, en esta etapa, el Estado se convierte en promotor de la innovación por medio de inversiones en tecnología y en áreas que necesitan modernizarse.

de una inversión directa del Estado para su modernización. Es una realidad que la misión de nuestro país aún no recae en sectores como la biotecnología, la nanotecnología o la carrera espacial, pero esto no significa que el Estado no tenga la capacidad para desarrollarlos, sino que existen sectores más inmediatos que demandan la innovación del Estado. Por ejemplo, la infraestructura para el tratamiento y distribución del agua potable, la inversión en energías limpias y renovables, el manejo y disposición de los residuos sólidos, entre otros. Apostar por estos desafíos, asución. Dichos incentivos deben ir más allá

forma de innovar desde el sector público.

Un Estado emprendedor debería enfocarse en cómo transformar los desafíos sociales –la inequidad, el cambio climático, el envejecimiento poblacional– en metas concretas que la innovación pueda resolver.

Esquema 1. Institucionalización de la innovación

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez, C. (2014). Prólogo.En M. Mazucato (Ed.), El Estado Emprendedor (pp. 12). Barcelona: Anthem Press.

El camino a la innovación en el sector público requiere emprender, financiar y desarrollar investigaciones que sirvan para ofrecer nuevos bienes y servicios en los mercados. Como lo demuestran los argumentos de Mazzucato (2014), el Estado ha generado actividad económica que de otro modo no habría tenido lugar.

Eje3. Instituciones sólidas con alianzas duraderas.

Objetivos del Desarrollo Sostenible que lo integran.

Uno de los problemas que más aqueja a la sociedad y a las instituciones públicas en la actualidad es la desconfianza de la población hacia sus autoridades e instituciones, derivado principalmente del fenómeno de la corrupción. La corrupción no sólo afecta los recursos económicos del Estado, de igual forma genera una inequidad de oportunidades para los individuos.

Los ODS contemplados en este eje constituyen un compromiso de coordinaciónentrelos gobiernos, el sector privado y la sociedad civilpara lograr el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos.

Siendo así, la integridad pública como estrategia para combatir la corrupción pretende ponderar los intereses del Estado y de la colectividad por encima de aquellos intereses individuales que pueden causar graves perjuicios a los derechos de una sociedad.