público en educación, pensiones y salud

(uSd 14.000 per cápita). Asimismo, el ingreso per cápita es dos veces más variable en América Latina que en la oCdE. La mitad de los países latinoamericanos se encuentran dentro de +/- 32% de la mediana, a diferencia de la mitad de los países de la oCdE que se ubican dentro de +/- 17% de la mediana. Por su parte, los ingresos en América Latina fluctúan desde un mínimo de uSd 5.000 en Honduras hasta un máximo de uSd 23.000 en Chile; y, los ingresos en los países de la oCdE varían desde un mínimo de uSd 26.000 en grecia hasta un máximo de uSd 69.000 en Irlanda.

3.2 EL ROL DE LA DEMOGRAFÍA Y LA POLÍTICA EN LA

DEFINICIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN,

PENSIONES Y SALUD

El gasto público en educación, pensiones y salud como porcentaje del PIB puede ser dividido en dos dimensiones: una de preferencia de política pública y otra demográfica. El impacto de la demografía en el gasto público se mide a través de una única variable: el índice de dependencia demográfica (Idd). Este mide el tamaño de la población beneficiaria (es decir, la población “en riesgo”) con respecto al de la población en edad de trabajar. Por ejemplo, la relación de dependencia demográfica para el sistema de educación se define como la relación entre la población en edad escolar y la población en edad de trabajar. Para facilitar el análisis, el Idd se expresa por cada cien personas en edad de trabajar. Por ejemplo, una tasa de dependencia demográfica del sistema educativo equivalente a 30 sugiere que hay treinta personas en edad escolar por cada cien personas en edad de trabajar.

El impacto de las preferencias de política se mide a través de la relación de generosidad de los beneficios (rgB). Este índice muestra el impacto combinado de dos dimensiones de la política sectorial: la cobertura y el beneficio promedio. La rgB mide el costo relativo del beneficio público por persona en riesgo. La “generosidad” es un concepto relativo, ya que se mide comparando el nivel de los beneficios con la productividad promedio de los trabajadores en la economía. Por ejemplo, la rgB de la educación pública es el nivel de gasto público en educación dividido por la población en edad escolar expresado como una proporción de la productividad promedio de la población en edad de trabajar (PIB/población en edad de trabajar). una rgB del 10% en educación indica que el gasto público anual por persona en edad escolar es el 10% del total producido por cada adulto en edad de trabajar.

Por lo tanto, el gasto público agregado puede expresarse como el producto de dos factores: la rgB, que representa el impacto de las políticas públicas, y el Idd, que refleja el impacto demográfico:

S PIB = × RGB IDD

S PIB

S = × B PIB W B W

donde: S = gasto público total en educación, pensiones o salud

B = población “en riesgo” de recibir el beneficio (población en edad escolar, adultos mayores, población con probabilidad de necesitar servicios de salud);

W = población en edad de trabajar (definida como la población de entre 20 y 64 años);

El gasto público agregado en cada uno de estos tres sectores como porcentaje del PIB y los Idd son valores conocidos. Por lo tanto, la rgB puede ser calculada a través del residuo. Los índices de dependencia demográfica se definen utilizando grupos de edad específicos: para el sector de educación, de 6 a 22 años; para el sistema de pensiones, los mayores de 65 años; para el sistema de salud de personas no adultas mayores, de 0 a 64 años; para el cuidado de la salud de los adultos mayores, personas de 65 años y más; y, para los cuidados de largo plazo, personas mayores de 85 años. ni las especificaciones alternativas para estos grupos de edad ni para la población en edad laboral (20-64) afectan significativamente los resultados.

La proyección del gasto público social requiere de supuestos, tanto de la evolución de las variables demográficas como la de las preferencias de política pública. Con relación a la demografía, los supuestos de las próximas décadas están definidos: los adultos mayores y los individuos en edad de trabajar del año 2045 ya han nacido. una de las consecuencias a largo plazo de la desaceleración del crecimiento poblacional, será el considerable descenso en la proporción de jóvenes, si bien persiste la incertidumbre con respecto a la velocidad y la magnitud de dicho descenso. Pero la demografía es solo una parte de la historia ¿Qué podría pasar con las políticas futuras? El supuesto principal detrás del pronóstico inicial sostiene que a medida que los países latinoamericanos se vuelvan más ricos; la generosidad de los beneficios del sector público se irá asemejando a la de las naciones de la oCdE. En el presente análisis se observa y utiliza la relación transversal de los 48 países entre el PIB per cápita y la rgB como base para elaborar proyecciones. Este método supone que, en el futuro, el sector público en América Latina será similar al de los países de la oCdE. Esto significa que el rol clave del sector público en la promoción de la igualdad y la cobertura y el acceso universal a la salud, educación y contención para los adultos mayores en los países de la oCdE también será adoptado en América Latina. Sin embargo, esta igualdad y universalidad ha sido alcanzada por cada país miembro de la oCdE a través de diversos medios, debido a las distintas elecciones sociales en cuanto a las funciones relativas del sector público y privado en el financiamiento de la educación, la salud y las pensiones. también es de esperar que los países latinoamericanos elijan una variedad de abordajes, con diferentes combinaciones de financiamiento público y privado. En el caso de las pensiones, el rumbo de dicha elección social se manifiesta a través de las decisiones sobre el financiamiento de las pensiones para los trabajadores. La elección de un plan de contribuciones definidas sugiere una preferencia por una menor participación estatal que un plan de beneficios definidos. En el caso de la salud y la educación, es posible suponer que las preferencias se verían reflejadas en la relación entre el PIB per cápita y los beneficios públicos. Se parte del supuesto que los países latinoamericanos con un beneficio público por encima del promedio, dado el nivel de PIB per cápita, se asemejan a los países de la oCdE con altos niveles de beneficios públicos. y que, por el contrario, aquellos países latinoamericanos, cuyos beneficios públicos son inferiores al promedio, dado su nivel de PIB per cápita, se asemejan a los países de la oCdE con menores niveles de beneficios públicos. no obstante, se prevé que los niveles de beneficios públicos promedio