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7.1 Introducción
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7.1 INTRODUCCIÓN
Los sistemas de pensiones son políticas públicas, implementadas y supervisadas por el Estado, cuyo propósito es suavizar el consumo a lo largo del ciclo de vida de las personas, protegiéndolas de la pérdida de ingresos al momento del retiro del mercado laboral y minimizando la pobreza entre los adultos mayores. Todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con sistemas previsionales para cumplir con tales objetivos. Sin embargo, una característica distintiva de la región es el elevado grado de heterogeneidad entre ellos, no sólo en cuanto a sus niveles de desarrollo socioeconómico sino también en el diseño, la estructura y el alcance de sus sistemas de pensiones.
Como mencionó en la introducción de este libro, el desempeño de los sistemas de pensiones es relevante por su relación con dos dimensiones específicas del envejecimiento poblacional. Por un lado, los sistemas enfrentan un desafío en cuanto a la sustentabilidad financiera, producto del mayor número de adultos mayores. Por otro lado, un segundo aspecto, de igual importancia, se relaciona con el primer y segundo dividendo y los impactos macroeconómicos del envejecimiento: a medida que las poblaciones envejecen, el tamaño de la fuerza laboral tiende a disminuir y crecen las tasas de dependencia. Si los sistemas de pensiones promueven la jubilación anticipada y limitan la participación de las personas mayores en el mercado laboral, no sólo serían un programa costoso, sino también que generarían una restricción sobre posibles fuentes de financiamiento.
Los sistemas de pensiones se ven afectados de forma directa por el envejecimiento poblacional, ya que una mayor cantidad de adultos mayores involucra una mayor demanda para los sistemas, que deberá ser financiada con recursos fiscales. Si bien la mayoría de los estudios diferencia a los sistemas públicos administrados a partir de un régimen de reparto de los esquemas de capitalización administrados por compañías privadas, es importante considerar que ambos regímenes tienen un desafío común frente al envejecimiento poblacional: una mayor población de adultos mayores implica que la sociedad deberá destinar un mayor porcentaje de su PIB al financiamiento de su consumo, y no a otros fines, como la acumulación de capital físico y humano.
