7.5 Opciones de política pública

es probable que se incremente el esfuerzo financiero que realiza el sector público, a fin de afrontar la mayor demanda de beneficios previsionales. Este desafío a la sustentabilidd del sistema requerirá acciones de política pública.

7.5 OPCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

El proceso de transición demográfica hacia una población más envejecida genera una presión a través de la mayor cantidad de población que depende de transferencias de terceros. Las proyecciones presentadas y discutidas previamente indican que, en las próximas décadas, los países de la región deberían llevar a cabo iniciativas que aseguren la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones.

La mejora de la sustentabilidad de los esquemas de pensiones debe tomar en cuenta sus tres dimensiones: financiera, fiscal y económica. La sustentabilidad financiera de los regímenes de capitalización puros está asegurada por diseño, pero en detrimento de cumplir con los objetivos de sustitución de ingresos y protección contra la pobreza. Por el lado de los regímenes de reparto, o aquellos con componentes de financiamiento público, es posible mejorar la sustentabilidad financiera por medio de la asignación de recursos tributarios específicos, pero no mejoraría el aspecto fiscal, ya sólo se están reasignando recursos. La opción de crear nuevos tributos puede mejorar la sustentabilidad fiscal, pero tendrá efectos sobre la producción y el nivel de actividad y, a su vez, sobre la sustentabilidad económica.

Parece fundamental encontrar mecanismos que extiendan la vida activa de los trabajadores, mediante un incremento de su productividad y, en consecuencia, de los recursos que el sistema previsional deberá repartir entre distintas generaciones. En este sentido, los sistemas de pensiones deberían tender hacia regímenes flexibles con una estructura de incentivos que propicie cambios conductuales voluntarios. En esta línea, las dos áreas clave a considerar para la definición de un cambio institucional que regule los esquemas de pensiones en los países de la región son: cobertura y nivel de beneficios.

La informalidad laboral es, como se señaló anteriormente, predominante en América Latina y el Caribe. El actual diseño contributivo de la mayoría de los sistemas de pensiones en la región establece una determinada cantidad de cotizaciones como condición de elegibilidad. dado que la mayoría de los trabajadores pasan períodos significativos en el sector informal, pueden no ser elegibles para los beneficios una vez alcanzada la edad jubilatoria. En contextos en los cuales la transición entre el empleo informal y formal es frecuente, los sistemas de pensiones podrían moverse hacia esquemas multipilares compuestos por una pensión básica contra la pobreza financiada con rentas generales, complementada por una pensión contributiva proporcional a la cantidad de años de aportes y una pensión voluntaria para aquellos trabajadores de mayores ingresos laborales (diagrama 7.1).

Este tipo de reglas y de definición de beneficios no solo mejorar equidad horizontal al interior de la población beneficiaria sino que también genera incentivos para que los trabajadores permanezcan en el mercado de trabajo, aportando su productividad a la economía, ya que una mayor cantidad de cotizaciones se traducirá en una mejor pensión en el futuro.

Cabe señalar que esto no requiere la modificación las leyes para aumentar la edad de retiro. Por el contrario, el objetivo es diseñar una estructura de incentivos que otorgue flexibilidad al trabajador para retrasar su retiro del mercado de