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6 MARTES, 25 DE JULIO DE 2023
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintinueve (29) de marzo de 2023 212º y 163° ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2023-000251 EDICTO SE HACE SABER: A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble, constituido por un terreno con una casa de madera y bloques, ubicado en la prolongación de la Calle El Manguito o Los Manguitos, lugar denominado Los Castaños, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador, Entidad Federal: Distrito apital, el mismo cuenta con una superficie de SIETE METROS FRENTE POR VEINTICINCO DE FONDO, y sus linderos: NORTE: Parcela prometida en venta a Humberto Carlos Jiménez; SUR: Parcela prometida en venta a Carmen Torres; ESTE: al cual da su frente, calle pública, llamada prolongacion de la Calle El Manguito o Los Manguitos; y OESTE: Fondo de temeno del Banco Obrero. Que este Tribunal por auto de esta misma fecha acordó librar el presente EDICTO, a fin de empla arlos para que comparezcan por ante este Juzgado, en el lapso de sesenta (60) días continuos contados a partir de la constancia en autos de la publicación, consignación y fijación que del presente edicto se haga en la cartelera de este juzgado, con el objeto que se hagan parte en el presente juicio en el estado en que se encuentre. El presente EDICTO deberá ser publicado en los diarios “ULTIMAS NOTICIAS Y EL UNIVERSAL”, por lo menos durante sesenta días, dos veces por semana todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 692 del Código de Procedimiento Civil. Todo ello en la pretensión que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, ha incoado el ciudadano LUIS ALBERTO BRICEÑO, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad N° V- 6.013.029, en contra del ciudadano HUMBERTO HERNANDEZ MARTINEZ, en el expediente asignado bajo le Nº AP11-V-FALLAS-2023-000251, nomenclatura interna de este Circuito Judicial. EL JUEZ NELSON GUTIERREZ CORNEJO NGC/LAAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 17 de mayo de dos mil veintitrés (2023) Años: 213º y 164° ASUNTO: AP31-V-2019-000160 EDICTO SE HACE SABER: A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana SABATINA MARTINO DE BARRA, quien en vida era de nacionalidad Italiana y titular de la cédula de identidad Nro. E-804.749, quien falleció 18 de marzo de 2023, cuyo último domicilio conocido fue en lo Calle 12 con 14, Residencia Macai, Apartamento 6, Piso 6, La Urbina, Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, parte actora en el presente juicio, que por TACHA DE DOCUMENTO PÚBLICO, seguía en contra del ciudadano ANTONIO LEMA SANTOS y la Sociedad Mercantil INVERSIONES LESCARP 3000, C.A., que se sustancia en el expediente distinguido con el Nro. AP31-V-2019-000160, que se ha ordenado emplazarlos, a fin de que compare can por ante este tribunal ubicado en el dificio entro os ortijos, piso , situado en la venida Principal de Los Cortijos de Lourdes, con calle Bernardette, en una de cualesquiera de las horas destinadas para despachar comprendidas entre las ocho y treinta de la mañana (8:30a.m.) y las tres y treinta de la tarde (3:30p.m.), a darse por citados en el término de sesenta (60) días calendarios siguientes a la consignación, fijación y ltima publicación que del presente edicto se haga, advirtiéndoseles que transcurrido el lapso fijado para la comparecencia, sin verificarse sta, se les designará un defensor judicial, con quién se entenderá la citación, hasta que según la ley cese su encargo. Se ordena la publicación del presente edicto dos (02) veces por semana, consecutivamente por sesenta (60) días, una (01) vez por semana en el Diario “Ultimas Noticias” y otra vez por semana en el Diario ‘El Universal”, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 231 y 144 del Código de Procedimiento Civil. Dicho edicto deberá ser publicado en las dimensiones que permitan su fácil lectura, destacándose mediante el uso dei tipo de letra de imprenta denominada negritas, el nombre de las partes y el motivo del juicio. DIOS Y FEDERACION LA JUEZ SUPLENTE Abg. AMARILIS NIEVES BLANCO.
CARTEL DE CITACIÓN TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, trece de julio de dos mil veintitrés. 213° y 164° Al ciudadano JOSÉ LUIS SALAS CASTILLO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-4.702.583, en su carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DARKAST C.A., domiciliado en: La Urbanización San Antonio, calle 5, quinta La Castellana de la ciudad de Mérida, estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil. Que este Tribunal por auto dictado en el expediente N° 9772. DEMANDANTE: FERNANDO JOSÉ CASTILLO BUSTILLO. DEMANDADO: SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DARKAST C.A. MOTIVO: DENUNCIA DE IRREGULARIDADES. Acordó su citación por carteles y en tal sentido deberá comparecer por ante este Tribunal dentro del término de quince (15) días siguientes a la publicación que del presente cartel se haga en periódico de circulación nacional, con intervalo de tres (03) días para su publicación nuevamente, a la consignación y fijación del respectivo cartel a darse por citado en horas de despacho, para el acto de la contestación de la demanda. Dicho lapso de comparecencia comenzará a contarse el día siguiente a que conste en auto la última formalidad cumplida de las ya indicadas. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. El presente cartel será librado por triplicado, para ser entregado el original y una copia a la parte demandante a los fines de su publicación, y la otra copia para que la secretaria de este tribunal lo fije en su morada u oficina del demandado. EL JUEZ TEMPORAL, ABG. VÍCTOR D. PALENCIA LA SECRETARIA, ABG. YAJAIRA RANGEL
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ACUSACIÓN ◗ DOCUMENTO CONSIGNADO ANTE EL TRIBUNAL ESPECIAL SEGUNDO
DESPLIEGUE
FGR pidió juicio para 22 de operación antiguisos
Buscan a siete presos fugados del retén Boleíta
Desfalco a Pdvsa suma $5.550.544. 290,74 ELIGIO ROJAS
Caracas. El Ministerio Público solicitó abrir un juicio para 22 personas detenidas en el marco de la operación Anticorrupción iniciada por el sistema de justicia el 17 de marzo pasado. En esa fecha se dictaron 81 órdenes de aprehensión de las cuales se materializaron 61 correspondientes a igual número de personas, presuntamente incursas en hechos de corrupción detectadas en el Poder Judicial, alcaldías, así como las empresas estatales Pdvsa, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (Cartoven). La mayor cantidad de detenidos proviene o están vinculados con la industria petrolera, los cuales suman 41, según cifras ofrecidas en distintas ocasiones por el fiscal, Tarek William Saab. De esos 61 privados de libertad, el Ministerio Público concluyó la investigación respecto a 22: 13 empresarios y nueve funcionarios públicos. Los 22 trabajaron segmentados en tres grupos que se concertaron para desfalcar a Pdvsa, según la investigación del Ministerio Público sustanciada con insumos preparados por la Policía Nacional contra la Corrupción. Ese desfalco suma $5.550.544.290,74, de acuerdo a los datos vertidos por Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados para solicitar el juicio contra los 22. La Fiscalía dice en el
Personas capturadas desde el 17 de marzo pasado.
LAS DÁDIVAS DEL TREN El diputado Hugbel Roa es otro de los que aparece mencionado en el escrito de acusación interpuesto por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente. Roa actuaba como intermediario entre empresarios y Pérez Suárez, según Fiscalía. En otro documento, la Fiscalía solicitó
enjuiciar a Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, ex presidente del Circuito Judicial Penal Caracas y ex juez 4º antiterrorista. Ambos son acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada a favor de Oswaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano.
escrito acusatorio al cual tuvimos acceso que esas 22 personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control”. El fruto de las ventas de ese petróleo asignado no ingresó a la República sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles. Como jefe de esa red de corrupción, la Fiscalía coloca al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de la estatal
petrolera y quien mandó a construir una oficina “de forma irregular en Pdvsa-La Campiña”. La oficina fue denominada Unidad de Trabajo Especial, desde donde despachaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, “manejando información clasificada de Pdvsa sin ser personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde solo podía ingresar estos ciudadanos, manejando además altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de operadores financieros”, dice Fiscalía. El Ministerio Público detalla con nombre y apellido quienes integraban esa red de corrupción y
para los cuales solicita se les abra un juicio. Entre ellos figuran Joselit Ramírez (ex jefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de Pdvsa-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro. Igualmente, la Fiscalía solicita enjuiciar a Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip. Estos funcionarios operaban conjuntamente con los empresarios Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Yépez Jaimes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Olvany Gaspari, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo. Los funcionarios que trabajaban con Pérez Suárez no reportaban a las cuentas de Pdvsa los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo. Por el contrario, “las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria (subsidiadas e integrales) y efectivo. De igual manera este ciudadano (Pérez Suárez) autorizaba la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el Sistema SAP, permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano”, dice el Ministerio Público. ●
Caracas. Autoridades policiales y militares están tras la búsqueda de siete privados de libertad que se fugaron este domingo del Centro de Control y Resguardo del Detenido ubicado en Boleíta, municipio Sucre (Miranda). Ese establecimiento depende de la Policía Nacional Bolivariana. De acuerdo a fuentes policiales, los siete sujetos amordazaron a los funcionarios de servicio despojándolos de su arma orgánica. Posteriormente, salieron y un grupo de ellos huyó en un Toyota Balita. Dos de los evadidos están procesados por terrorismo: Jorge Luis Páez Cordero y Derwen Isaías Chávez Mora. Otros dos por robo: Jean Carlos Dávila y Junior Araque Añez. Mientras que tres son investigados penalmente por el delito de homicidio: Wilfredo Gregorio Viera Lara, Roger Torrealba Castillo y Jhon Gallego Rodríguez. Esta es la segunda fuga de presos que se produce en las últimas horas. La semana pasada se fugaron 13 privados de libertad del Centro Penitenciario Agroproductivo 26 de Marzo, ubicado en Guanare (Portuguesa). Pero antes de ese evento, un grupo de presos mantuvo secuestrados por tres días a cuatro policías dentro del retén La Morita (Aragua). ● ER
Jorge Luis Páez Cordero.