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Escuela Popular de Medios Comunitarios “La Ley que nos parió”

se presentó en el Centro Mozé

El Acto de Cierre de la Escuela Popular de Medios Comunitarios, que cumplió sus actividades a lo largo de 2012 producto de un Convenio entre el Centro Miguel Ángel Mozé y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Programa Formación Continua), no podía haber sido mejor. Con nuestra casa de Brandsen 441 colmada de público, los docentes Alexis Oliva y Carolina Rojo presentaron el “trabajo final”, realizado junto a los alumnos Esteban Cabrera, Facundo Piai, Daniel Varela, Gonzalo Figueroa, Claudia Ávalos, Martín Rueda y Lucas Zaragoza. El documental titulado “La Ley que nos parió″ es un aporte más por la plena vigencia de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí va parte del guión.

El camino de la Ley

Desde octubre de 2009, la Argentina cuenta con una nueva Ley que regula las comunicaciones en el país: la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A tres años de su aprobación, esta norma no se encuentra en plena vigencia, porque enfrenta a poderes importantes, que ponen obstáculos a su efectiva aplicación y reconocimiento del derecho humano a la comunicación.

¿Por qué una ley de medios ha afectado a tal punto los intereses del poder económico?

La respuesta a esta pregunta, tiene que ver con un proceso político que se inició en 2003 y significó para la Argentina un cambio en las coordenadas ideológicas por las que veníamos transitando.

En la historia que precede a 2003, todo estaba concentrado: poder, riqueza y cultura. Y dentro de la cultura, los medios de comunicación.

Fue la herencia de las políticas neoliberales impuestas desde 1976, que -además de reprimir y empobrecer al pueblo argentino- intentaron fragmentar el tejido social, individualizar el sujeto político, desestructurar toda organización popular y desprestigiar la política.

Este proceso desembocó en una profunda crisis económica e institucional, que tuvo su desenlace en el estallido social de diciembre de 2001.

En los años ‘90, el poder mediático fue un actor principal del proceso de concentración y liberalización económica. Vincula-

pensar un pais con justicia social

dos con el poder económico (por no decir que eran los mismos dueños) y con el poder político, los medios de comunicación cumplieron un rol estratégico para generar consenso social y legitimar el modelo neoliberal.

Una Ley de la dictadura puesta en cuestión por la democracia

Pero en 2003 hubo un cambio de paradigma, que se basó, entre otras cosas, en trabajar con las herramientas de la política y no de la economía de mercado, para definir un proyecto de nación más autónoma y justa.

Así, muchos derechos y demandas de la sociedad argentina pudieron transformarse en políticas de Estado.

Ya en 1977, el célebre informe Mc’Bride de la UNESCO -una de las fuentes inspiradoras de la actual ley- alertaba sobre el desequilibrio informativo generado a nivel mundial por la concentración empresarial y los oligopolios de la comunicación.

En nuestro país, los medios hegemónicos no sólo fueron cómplices de la dictadura, avalando sus crímenes y la mentirosa versión oficial sobre la guerra de Malvinas. Ya en democracia, potenciaron la crisis económica que precipitó la renuncia de Raúl Alfonsín y durante los 90 se convirtieron en difusores del dogma privatizador.

Fue recién en 2008, cuando el conflicto protagonizado por el agro-empresariado puso en evidencia el poder desestabilizador de los medios hegemónicos y llevó al gobierno de Cristina Fernández a asumir como propias las demandas por una ley de comunicación de la democracia. Era necesario poner en cuestión el poder mediático vigente, porque ninguna democracia es posible si existe una propiedad monopólica de los medios masivos de comunicación.

Una verdadera ley de medios de la democracia debía en primer lugar garantizar el acceso a quienes hasta entonces habían estado excluidos por el decreto-ley de radiodifusión 22.285 de la última dictadura. Y por otra parte, revertir el proceso de concentración empresarial.

Para lograr ese cometido, se convocó al conjunto de actores sociales que históricamente habían luchado por una comunicación democrática, nucleados en la Coalición que en el año 2004 presentó los 21 puntos de la “iniciativa ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia”.

Uno de ellos, afirmaba que “la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial”.

Además, el texto reivindicaba la diversidad cultural y el pluralismo informativo; proponía el estímulo a la producción nacional y local; reclamaba una reserva del 33 por ciento de las frecuencias para las entidades sin fines de lucro, y postulaba el carácter eminentemente anti-monopólico que debía tener una nueva ley, propuestas que fueron acogidas por la norma sancionada en 2009.

Durante la presidencia de Fernando De la Rúa, el Comité Federal de Radiodifusión llamó a concurso público en el marco del decreto-ley de la dictadura.

La radio comunitaria cordobesa “La Ranchada” rechazó este concurso y presentó un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2003, el máximo tribunal declaró inconstitucional al artículo 45, en lo que significó un hito en la lucha por democratizar la comunicación.

La nueva ley propició un marco legal de contención y reconocimiento a numerosos proyectos de radiodifusión comunitaria en el país, que venían trabajando desde hacía ya muchos años en situación de semi clandestinidad.

En este sentido, Córdoba cuenta con algunas experiencias emblemáticas de comunicación popular, gestadas en el conflictivo contexto de fines de la década del ‘80.

El aspecto más resistido de la ley, que dio lugar a numerosas trabas judiciales, fue justamente el que procura poner límites a la concentración empresarial.

El artículo 161, demonizado por el grupo Clarín y sus aliados políticos, establece que las empresas que posean más licencias de radiodifusión que las permitidas por la ley, simplemente deben adecuarse a las nuevas reglas de juego, que contienen un criterio más igualitario.

Los desafíos para la comunicación popular

Los medios gráficos están obviamente exentos de los alcances de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Pero sin duda que la ley 26.522, por ser una herramienta para revertir la concentración, tendrá el efecto indirecto de estimular la conciencia crítica y democratizar el escenario de los medios impresos.

Para avanzar en este camino, es indispensable la recuperación de la fábrica Papel Prensa, que la dictadura cedió a los diarios Clarín y La Nación.

Con la sanción de otra norma antimonopólica -la ley 26.736- se declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel de diarios.

De esta manera, se abre una oportunidad para la creación y el sostenimiento de nuevos proyectos de periodismo escrito.

Las asignaturas pendientes, los desafíos populares y los sueños colectivos están atravesados por la lucha por una comunicación más democrática, más igualitaria, más humanista...

Si lo que hasta no hace mucho parecía impensado, hoy es real, tal vez lo que todavía nos falta sea igualmente posible.

Hay hacia adelante un largo camino para transitar, pero ya dimos el primer paso. Ahora, hay que seguir caminando…

El buen “cordobesismo”

En una paradoja típicamente cordobesa, conviven en la provincia mediterránea una concentración empresarial más acentuada que en el resto del país, con una de las definiciones constitucionales más claramente anti-monopólicas.

Dice el artículo 51 de la Constitución Provincial: “Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión. Se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial”.

Sin embargo, la realidad lo convierte en un simple enunciado declarativo.

La Escuela Popular de Medios Comunitarios dispondrá, a partir del 20 de diciembre, de copias del documental “La Ley que nos parió”. Aquellos que deseen contar con este material para su difusión, pueden dirigirse por correo electrónico a revistaelavionnegro@gmail.com o comunicarse por teléfono al 0351 4743503.