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Por Miguel Apontes y Facundo Madoery / Página
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Designado a cargo de la flamante Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, tendrá el difícil trabajo de investigar uno de los delitos más complejos: el económico. Tarea nada sencilla teniendo en cuenta que este tipo de ilícitos se encuentra vinculado a sectores del poder económico y también político. Por ello mismo, y en diálogo con El Avión Negro, Gonella hace especial hincapié en la voluntad política para combatirlos, pero también en la necesaria democratización de la justicia y su independencia del poder económico.
por Facundo Madoery, Miguel Apontes y Nahuel Nieto - Fotografia Facundo Madoery
Con apenas 37 años, el joven fiscal fderal Carlos Gonella tiene en su haber un hecho histórico y fundamental para la provincia de Córdoba: sentar en el banquillo de los acusados a represores y asesinos de la última dictadura militar en una de las causas más grandes del país: Megacusa La Perla. Pero también fue quien promovió el juzgamiento a ex jueces, fiscales, magistrados y secretarios que actuaron como cómplices civiles del Terrorismo de Estado.
Como si fuera poco, tuvo a su cargo la causa por las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, y fue el fiscal del caso “Altamira”, donde se condenó por primera vez en la Argentina el lavado de dinero. También condenó a los directivos de la empresa Southern Winds por evasión, en un hecho casi inédito.
Sin embargo, y con antecedentes tan importantes como emblemáticos, su designación en la PROCELAC fue cuestionada, obviamente, por los sectores vinculados al poder concentrado y hegemónico de la Argentina. Por ello mismo es que las propias palabras de Gonella pueden tomarse como una respuesta a estos embates, que con claridad y precisión nos hablan de una nueva idea en la concepción de justicia, su democratización e independencia del poder económico. Es decir, ni más ni menos que un cambio cultural, un nuevo paradigma.
-Recientemente fuiste asignado en un nuevo organismo…
Yo fui asignado el 20 de diciembre de 2012 por la Procuradora General (Alejandra Gils Carbo) a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), con sede en Buenos Aires. Lo que me obliga a dejar mi función en la Fiscalía Número Dos ante los Tribunales Orales. Este cargo ha sido asignado al doctor Facundo Trotta, que
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era el Fiscal General de Villa María, y que formaba parte de mi equipo de trabajo en Córdoba en las causas por delitos de lesa humanidad. Como tiene un conocimiento acabado de estas causas, y tiene un compromiso también con esta problemática, salió la propuesta desde acá, y la Procuradora lo designó a él a cargo de la fiscalía y para todas las causas, sin perjuicio de continuar yo viniendo para estas causas de relevancia, porque las facultades mías de intervención no han cesado.
-¿Cómo se llega a este nuevo organismo?
Esta nueva función es un desafío muy grande. La procuradora antes se desempeñó como fiscal en la Cámara Comercial de Buenos Aires. Ella ahí, durante muchos años, vio cómo las grandes empresas cometían ilícitos en perjuicio de intereses de los trabajadores. Por ejemplo cómo en una empresa que tenía su quiebra se hacían acuerdos con fraudes a los acreedores laborales, es decir a los trabajadores. Muchas veces esos fraudes no solamente implicaban perjuicios económicos para los trabajadores sino también el cierre de la empresa. Entonces cuando a ella se le pedía opinión en los juicios de este tipo ella se oponía y denunciaba este tipo de operaciones.
Ella intervenía en los procesos de fusión de las grandes empresas. Custodiando las reglas de competencia e igualdad en esta materia, también se opuso en más de una oportunidad. En una de ellas en contra de la fusión de Cablevisión y Multicanal del Grupo Clarín, cuando el gobierno, en ese momento a cargo de Néstor Kirchner, había habilitado la continuidad de Clarín en determinadas señales. Teniendo en cuenta esta experiencia acumulada en su función, creo que fue un gesto de la presidenta, porque justamente una fiscal se oponía a todo esto, siendo garante de la legalidad.
Esa entre otros tantos casos en donde ella se oponía a este tipo de maniobras, en algunos casos delictivas y en algunos casos violatoria de normas de igualdad de trato en el mercado de los medios. Siempre se opuso al monopolio y la concentración.
Ella con toda esta experiencia es designada procuradora. Esa actitud de ella, esta defensa de los intereses de la libertad de competencia y reparto en el ámbito de los medios y también la defensa de los intereses de los trabajadores de las empresas le ocasionó grandes tensiones con la corporación judicial. Producto de esa experiencia, ahora como procuradora, ella me manifestó que quería crear una unidad para el diseño y ejecución de una política criminal para investigar o promover las investigaciones de delitos económicos.
Pero criminalidad económica en un sentido amplio, donde hay una variada gama de ilícitos vinculados al poder económico. Desde el lavado de activos, que significa el blanqueamiento del dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la evasión fiscal, la corrupción pública; también las quiebras fraudulentas, delitos cometidos en el mercado de capitales, delito de tráfico de bienes culturales, que es un fenómeno que mueve mucho dinero (porque los bienes culturales arqueológicos o paleontológicos están protegidos
por leyes que impiden que sean exportados; leyes que exigen que las personas que trafican con eso estén registradas; se mueve mucho dinero en estos bienes culturales, por eso también es una fuente de ingresos ilícitos).
Todos estos delitos están integrados a la estructura de la Procuraduría a mi cargo. Hay seis unidades operativas, cada una a cargo de un funcionario que se encarga de analizar, sistematizar e investigar este tipo de ilícitos.
-¿Antes o hasta ahora, este tipo de delitos había quedado soslayado? ¿No estaban dotados de estructura suficiente o presupuesto? ¿Que es lo que ha cambiado?
No había una política criminal seria. O por lo menos con la entidad con la cual se lo ha tomado la procuradora. De hecho, las estadísticas nos muestran que el porcentaje de condenas en los juzgamientos de estos ilícitos están por debajo del 10%.
-También duración de los procesos…
También. Son delitos complejos. Hay dificultades de investigación. Pero no ha habido tampoco una decisión política firme de investigar. Los índices más abultados de delitos eran para investigar personas marginales. Se está proponiendo un cambio cultural. Estamos asistiendo a un interesante debate en un sector de magistrados que propone, entre otras cuestiones, cosas que tienen que ver con la dinámica interna del sistema de la justicia, la necesidad de trasparentar la toma de decisiones, el ingreso por concurso. También hay una mirada hacia el enfoque de una política criminal que se encargue de investigar y juzgar a los crímenes que más daño social generan: los crímenes económicos.
En este sentido la procuradora ha creado esta unidad dotada de personal, estructura, recursos. Falta definir y ajustar, por ejemplo, la creación de un cuerpo de investigadores, que es una tarea a la que estamos abocados. Necesitamos personal de fuerzas de seguridad comprometidos con este tipo de trabajo, con un perfil distinto al cuadro clásico, que está muy cuestionado por hechos de corrupción o complicidad. Necesitamos cuadros de fuerzas de seguridad que estén en el nuevo paradigma, como por ejemplo gente de la PSA (Policía Seguridad Aeroportuaria) u otras fuerzas.
Hay una decisión política muy firme de la procuradora.
La PSA fue creada en el 2010 y tiene un paradigma totalmente distinto. Es una de las fuerzas que mejor trabaja. Por eso para investigar corrupción en las fuerzas de seguridad se convoca a la PSA.
Y también hay un muy buen trabajo de la ministra Nilda Garré en renovar las fuerzas de seguridad, descabezar a las cúpulas por hechos de corrupción, e impulsar la formación de cuadros con otro perfil que es el que se requiere para investigar este tipo de delitos. Eso es en grandes rasgos la tarea que se me ha encomendado, un desafío muy grande porque son delitos en donde no aparece una víctima identificada. No aparece una víctima de un robo denunciando un delito económico. La víctima somos todos. La víctima son las políticas públicas que debe llevar adelante el Estado, porque se lo priva de recursos con una gran maniobra de evasión. Grandes sumas de dinero que se evaden.
-¿Y ahí vos actúas de oficio?
Absolutamente. Nosotros queremos darle una nueva dinámica de trabajo a esta procuraduría. Una dinámica de trabajo en equipo, interdisciplinario, ni remotamente queremos reproducir la lógica de una gestalía con sus distintos niveles burocráticos. Nosotros queremos proponer y promover una dinámica de trabajo en equipo interdisciplinario, donde hay profesionales de distintas aéreas y una actitud proactiva. Salir a buscar casos, hacer análisis de lo que sale en la prensa o cualquier información como para generar una punta de investigación para después volcarla en un proceso judicial. Es necesario aclarar que nosotros no somos una superfiscalía que va a ir interviniendo en los juicios y desplazando a los fiscales naturales, sino que nosotros vamos a promover investigaciones preliminares, juntar información, presentar la denuncia ante el fiscal que corresponde y acompañar al fiscal en los actos procesales, asesorándolo, dotándolo de recursos técnicos como contadores, economistas , técnicos informáticos, que son el soporte técnico necesario para investigar estos ilícitos y que siempre están un paso adelante en las investigaciones judiciales porque hay mucha tecnología, son sectores poderosos.
-¿Por que cuesta tanto investigar el delito económico?
Hay múltiples factores. Hay un diseño
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del proceso penal que está desfasado. Que tiene 60 años. Se necesita tener una herramienta procesal normativa más ágil y dinámica, adecuada a los nuevos paradigmas. Pero esto no es el principal argumento, porque cuando hay voluntad política de los operadores judiciales las cosas pueden tener otros resultados. Es un factor. El es esto que les decía, que es un delito complejo porque no aparece una víctima siempre que denuncie. La víctima son todos los sectores, porque por ejemplo en un delito de evasión fiscal el damnificado es la hacienda pública, que se ve privada de recibir sumas de dinero para volcarlo en políticas públicas. En el ámbito del narcotráfico la víctima es la salud pública, que se ve amenazada por la proliferación del consumo y el tráfico a gran escala de estupefacientes. En el tema de trata de personas se afecta la dignidad humana de un colectivo de personas que son víctimas de explotación (aunque ahí si tenemos una víctima tangible). Pero te quiero decir que hay dificultades porque, en términos generales, en delitos económicos no hay una víctima individual, no hay alguien que esté clamando en el sistema. Es un aspecto.
El otro aspecto es la falta de capacitación en el ámbito de la justicia para investigar este tipo de ilícitos, que trabaja mucho con tecnología, con estructuras económicas, con el asesoramiento de profesionales del derecho y las ciencias económicas. Entonces es necesario darle capacitación a una estructura para investigar estos ilícitos. Otro factor, la corrupción. El delito económico, por las grandes sumas de dinero que hay detrás, tiene un alto poder corruptor. Corruptor al funcionario público que tiene que investigar, y en este caso los funcionarios judiciales no están ajenos. Corruptor de los funcionarios políticos también, que tienen a su cargo una cartera de manejo de dinero. Hay hechos de corrupción en la propia AFIP, cuyos inspectores tienen que caer en una inspección, y levantan el teléfono y le avisan al evasor que están por llegar y ven cómo pueden arreglar. Este factor está presente, y hace a una de las aristas problemáticas que se presentan al momento de investigar. Por eso hablo de un cambio cultural. Esto se puede revertir con voluntad política del operador judicial, con el compromiso de investigar a grandes fenómenos criminales dañinos como estos, con el diseño de una dinámica de trabajo distinta a la burocracia con la cual se ha trabajado en la justicia.
Por suerte hay una nueva corriente de ruptura y cuestionamiento público de estas prácticas, que concluyen en una reunión que se convoca para el 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional, donde va a haber muchos compañeros. Más de 600 que nos hemos convocado y vamos a estar ahí para plantear este y otros temas. Es un interesante momento para avanzar en este tipo de acciones del delito penal y económico.
-Se está hablando de la independencia de la justicia, hay un debate en torno a esto…
El tema de la independencia de los jueces y del sistema judicial tiene que ver con la forma en que están concebidos los poderes del Estado. En los diseños políticos del poder que hace la Constitución se necesita que el sistema republicano, que en este caso implica la división del poder del Estado, no en tres como era la división clásica, sino en cuatro, porque en nuestro caso, a partir del año ´94, el Ministerio Público es un cuarto poder, o un órgano extra poder. Además del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, está el Ministerio Público, que tiene una función muy clara y definida en el artículo 120 de la Constitución, que es actuar promoviendo la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Entonces, es necesario que cada una de las porciones en que se divide el poder del Estado trabaje libre de diferencias el uno del otro. Pero quienes sostenían un discurso aséptico dentro de la justicia diciendo que los jueces, fiscales o cualquier operador somos apolíticos e independientes del poder político, o debemos serlo, en realidad está encubriendo un discurso político dentro de la justicia. Lo han demostrado los hechos. Por ejemplo en las causas donde se investiga que un juez de la Cámara Comercial de Buenos Aires fue subvencionado por el Grupo Clarín para una actividad académica en Miami está hablando claramente de que ciertos sectores son permeables a la influencia de los grandes poderes económicos. El mismo juez que habilitó la cautelar, justamente a favor de estos grupos económicos, en contra de una ley, que debe ser la ley que más legitimidad goza de toda nuestra historia por el proceso de cómo fue gestada.
Entonces necesitamos para trabajar independencia del resto de los poderes, pero también y especialmente, y esto es lo que no se dice, de los grupos de incidencia, de los grupos fácticos del poder económico.
Esta es la propuesta que llevamos con muchos compañeros a la Biblioteca Nacional el 27 y 28 de febrero.
-¿Es factible avanzar sobre alguna reforma para mayor transparencia? ¿Romper con el poder aristocrático?
Absolutamente. Yo pienso que este proceso de apertura y puesta en discusión de cuestiones que atraviesan a toda la sociedad también está atravesando al sistema de la justicia. Son cambios culturales que se están dando en estos últimos tiempos, a lo cual el poder judicial no puede ya escapar. Antes se ha intentado escapar y se ha alimentado un sistema absolutamente corporativo y elitista, que ha estado en manos siempre de grandes linajes; que desde hace años y años maneja la justicia. Entonces eso hace que hoy el poder judicial tenga un componente fuertemente elitista y corporativo. Ahora se está poniendo en cuestión eso. Justamente nuestras demandas tienen que ver con la transparencia y la democratización en el sistema de acceso a los cargos; no solo a los cargos altos, que están democratizados porque existen los concursos, sino también a los cargos bajos, a los primeros pasos ante la justicia, porque hoy están en manos de los parientes de los jueces o fiscales.
Ahí quedó la visión de la justicia, no como un servicio público. Nosotros entendemos, desde este sector, que la justicia es un servicio público que tiene que resolver problemas de la gente que se ve involucrada en un conflicto de naturaleza civil o penal. Por supuesto que nuestras demandas van orientadas hacia eso. Hacia la necesidad de transparentar las decisiones en todos los niveles, hacia adentro de la justicia: ejecución del gasto, designaciones, acceso por concurso, publicidad de nuestros dictámenes y nuestras sentencias. Me parece que este proceso ha generado que esta discusión, que existía hacia adentro, hoy se haga pública; y me parece que es muy saludable, y que esto va encaminado hacia una mayor democratización, mayor transparencia y mayor cercanía de esta estructura cerrada y elitista con el ciudadano que tiene su crítica a la justicia absolutamente fundada.
-Un cambio cultural, para superar una cultura de creencias en términos de una justicia impoluta, incuestionable.
Sí, yo pienso que hablar de la democratización de la justicia implica que los operadores judiciales seamos conscientes que nuestro rol es político. Porque se sostuvo un discurso de que somos apolíticos y, justamente, lo que alimenta esto de impoluto e independiente fue mas allá de todos los intereses que están en la sociedad. Y esto ha alimentado una forma de administrar justicia que hoy está siendo puesta en crisis. Yo sostengo que nosotros somos sujetos políticos, porque recién mencionaba que somos parte del poder del Estado, y el poder del Estado es de naturaleza política por definición, porque lo dice la Constitución. Entonces, en la medida en que nosotros asumamos que nuestro rol es político vamos a estar más cerca de la realidad que vivimos, porque no podemos nosotros dirimir un conflicto de intereses civiles o penales si no somos conscientes de nuestro rol político dentro de un sistema que está concebido para brindar solución, en términos jurídicos, a un problema social.
pensar un pais con justicia social
-Vos estuviste a los juicos a los Magistrados por su participación durante la dictadura. Hoy al tribunal del caso de Marita Verón, se le promueve juicio político.
Bueno, es la democratización de la justicia. Nosotros habíamos pensado en esos término antes de que lo dijera la presidenta. Y tiene que ver, justamente, con la necesidad de dar luz sobre gente que está en la justicia desde hace muchos años, y que proviene de la época del proceso con vínculos con los represores. Democratizar la justicia implica que esto salga a la luz, como lo que espero que salga acá en Córdoba, donde espero poder llegar a juicio oral y público pronto en esto (el Juicio a los Magistrados). Para que la sociedad sepa y empiece un proceso de depuración en el buen sentido, no en el sentido de extirpar, sino en el sentido de un proceso de saneamiento y renovación, que vaya depurando de todas estas personas, que si algo no tienen es, justamente, una educación democrática.
-En estas cuestiones de delito económico desde el sentido común hablamos de corrupción, pero todo queda ahí.
Justamente por la complejidad, porque son crímenes del poder; entonces utilizan todos los mecanismos a sus disposición para presionar en el sistema, para no ser descubiertos, para cooptar las voluntades que tienen que cooptar para no ser juzgados. Y lo que queda siempre visible son los sectores marginales, que muchos cometen delitos por necesidad, y esa problemática tiene que tener una respuesta de la justicia. No quiero decir con esto absolver de culpa y cargo a toda persona que vende droga, porque es difícil justificar una conducta de ese tipo, pero son los sectores vulnerables a los mecanismos de impunidad los que tiene los crímenes del poder. Por eso es difícil eso que ustedes dicen que la sociedad pueda incidir, y que el sistema por otros motivos pueda procesarlos. Bueno, se trata de voluntad política, de transformar una cultura y desde nosotros, de la justicia, también entrar en diálogo con organizaciones, con colectivos, con ONGs, para también poder ir detrás del objetivo común con otros actores del sistema, como el sistema de bancos. Por ejemplo, nosotros consideramos que hay muy buena voluntad de Marcó del Pont, a cargo del Banco Central, que tiene gente joven, que tiene otro enfoque y otra mirada sobre el rol social que tiene que tener un banco. El sistema bancario siempre ha encubierto grandes operaciones que han perjudicado económicamente intereses de la nación. Entonces tenemos que iniciar el dialogo con estos sectores, y también con la sociedad para ir detrás del objetivo común.
-Es como vos decís, implica un cambio cultural porque la sociedad siempre que piensa en un delincuente, no piensa en el gran delincuente de guante blanco, siempre piensa en sectores populares o vulnerables.
El sistema tiene que dar respuesta a la criminalidad de poca monta, sea el juzgamiento, las alternativas a la prisión, u otros mecanismos; pero también tiene que dar respuestas en serio, pero en serio, al diseñar una política criminal orientada a perseguir a la criminalidad económica. Me parece que eso es un paso que habría que dar hacia adentro del Ministerio Público y hacia afuera, y por eso vamos a acompañar con mucho compromiso a la procuradora en esta decisión que ella ha tomado.
Lo que pasa con la delincuencia económica argentina no escapa a grandes rasgos de lo que sucede a nivel global. Los fenómenos criminales que más magnitud de dinero mueven tienen que ver con el tráfico de armas, el tráfico de personas, el narcotráfico y el tráfico de bienes culturales. Y todo lo que implica eso: el lavado de activos que es un tipo de delito económico, que es el blanqueamiento del dinero que se produce detrás de estos entramados delictivos. Y en nuestro país sí hay, y producto de evasiones. Por ejemplo, en la producción agropecuaria o inmobiliaria, hay una problemática muy grave allí, en el delito de evasión fiscal que luego se lava y se blanquea, y se introduce al mercado legal. Ese es el modus operandi típico del lavado de activos. Ahora tenemos un problema grave con los fraudes cambiarios, con las denominadas cuevas o el dólar blue….
-Es una operación ilegal…
Absolutamente. Es un mercado de divisas paralelo, que escapa al régimen regulatorio del Banco Central, que es la autoridad que se encarga de regular eso. Vemos en los grandes medios que amenaza a la economía argentina, cuando en realidad la incidencia del flujo del dinero que se mueve en estas cuevas, o en la dinámica del fraude cambiario, no tiene entidad tal como para incidir en la economía argentina. Lo que pasa, es que esto que se publica en los grandes medios esconde maniobras de sectores vinculados a fondos buitres que quieren desestabilizar nuestra economía como sea. Es un problema grave porque es un sistema cambiario paralelo que se hace al margen de la ley, y se llega a un tipo de cambio ilegal absolutamente distorsivo con el tipo cambio legal.
Esa es una de las líneas que tenemos para desarrollar dentro de la procuraduría.
Esto va a molestar, vamos a estar en la mira de muchos.
-Justamente, se cuestionó tu designación porque iba a remover gente que estaba investigando…
Esa fue una operación de Raúl Pleé, que era un fiscal que estaba en la unidad, que en 10 años no hizo ninguna causa y que tenía vínculos con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). El GAFI es el grupo de acción financiera que se encarga de monitorear el tema de lavado, y sabemos bien a qué intereses responde. Nosotros formamos parte del GAFI, y nos puso en lista roja porque no había sentencias. Y, justamente, ahora me voy a Francia a la reunión del GAFI a poner la cara. Pleé sacó esa nota, y a través de sus vínculos con el GAFI, la hizo llegar, cuestionando que esta nueva procuraduría se deshacía de una estructura que ya estaba montada para eso. Si, la deshicimos porque no hizo absolutamente nada.
-Aparte también tenía vínculos con Clarín…
Si, si. La hija de él forma parte de un estudio que se encarga de atender a grandes empresas. Y sí, mi designación fue cuestionada. Yo estoy ahora en el tramo final de mi designación como titular en el cargo de fiscal general, gané 5 concursos. Ya están mandando el pliego a la presidencia luego de este concurso. Hubiese sido bueno que esto se lanzara una vez que yo tuviera el cargo titular. Va a salir ahora, pero también me pegaron por ese lado. Por ejemplo en La Voz, Sergio Suppo sacó que yo accedo al cargo sin concurso, como intenté hacerlo otras veces en la Justicia Federal . Yo soy docente universitario por concurso, entré a la Justicia de la Provincia por concurso y rendí cinco concursos para fiscal, y fui primero en los cinco. Obviamente con toda la mala leche van a entrar por ahí.
