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Una política de seguridad democrática
En Córdoba se presenta una paradoja: un gobernador de pobre discurso, ajustado a los titulares que todos los días proveen los medios de comunicación hegemónicos, repite sin cesar su reclamo por la falta de dialogo y acusaciones al gobierno nacional por autoritario, cuando en su distrito poco se discuten ciertos temas y el debate aparece clausurado. Es el caso de la política de seguridad.
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Al cumplirse un año de la desaparición de un joven, Facundo Rivera Alegre, es imperioso poner en cuestión las políticas provinciales en materia de seguridad, teñidas de un autoritarismo por concepciones que se suponía superadas. La desaparición de un ciudadano –que nos remite a nuestra historia reciente, a tiempos del terrorismo de estado- indefectiblemente es asociada a la participación activa o por omisión de algún poder del Estado; la institución policial en primer lugar es puesta en la mira.
Marcelo Saín, el diputado bonaerense y especialista en seguridad, estuvo en Córdoba a propósito de una charla sobre “Violencia Institucional y Seguridad Democrática” organizada por el Movimiento Evita y Nuevo Encuentro. Y en declaraciones a CBA24N dijo: “En Córdoba se están reiterando episodios de violencia institucional. Una policía brava. Cuando veo que policías de Córdoba paran militantes políticos y les dicen ‘zurditos de mierda’ me pone los pelos de punta (…) ciertas tendencias no han pasado de moda en estas instituciones y eso tiene que ver con una decisión política de los sucesivos gobiernos de darle a la policía una impronta determinada”.
Para Saín, la Policía de Córdoba ejerce el “control de la marginalidad de una manera impulsiva y de la criminalidad participando en ella. “En Córdoba nunca se ha puesto en tela de juicio esta policía y en discusión qué tipo de policía se quiere (…) De la Sota lleva a uno de los policías más duros a ministro de Seguridad (por Alejo Paredes)”.
Y es que para el gobernador cordobés, la policía es quien debe conducir la política de seguridad de la provincia además, claro, también a la propia fuerza policial.
Cada día se repite en las calles cordobesas, producto de la aplicación del cuestionado “Código de Faltas”, escenas de abuso policial: las detenciones arbitrarias por aspecto físico o portación rostro es algo cotidiano y lo padecen principalmente los jóvenes de los barrios periféricos, sobre todo cuando transitan las zonas céntricas o más coquetas de las ciudades.
Algunos casos que adquirieron trascendencia pública por su final trágico, donde intervino la policía, las sospechas de que se pueden enmarcar en la categoría de violencia institucional y abuso policial son por demás fundadas.Lucas Funes, de 24 años, fue asesinado de un disparo policial en diciembre en Río Tercero. Álvaro Zarandón, de 16 años, fue asesinado en un operativo policial en el barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye, el pasado 8 de febrero.
La política de seguridad de José Manuel De la Sota, dista mucho de los puntos enumerados en el “Acuerdo por una Seguridad Democrática”, firmado por todo –hay que remarcárselo a De la Sota que reclama permanentemente consensos: TODO- el arco político en diciembre de 2009.
Las autoridades provinciales –y en particular los responsables de dictar y ejecutar las políticas de seguridad- deberían releer los diez puntos enumerados en dicho acuerdo. O, al menos, el párrafo introductorio: “El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad. Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad. Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.”
En este febrero, a un año de la desaparición de un joven en la provincia de Córdoba, vale asumir por parte de toda la militancia que a diario brega por una sociedad más democrática, más equitativa y donde se respeten los derechos humanos, el compromiso de romper con la lógica de seguridad vigente. Otro paradigma es posible más allá de la persecución y acoso a la juventud. Como siempre decimos, militar para transformar la sociedad, por un Proyecto Nacional y Popular,UNIDOS Y ORGANIZADOS.
